Examen Complexivo Derecho

Un grupo de ciudadanos presenta una acción de inconstitucionalidad contra un decreto ejecutivo que permite la transferencia definitiva de la propiedad de un campo petrolero a una empresa estatal extranjera. El Ejecutivo argumenta que, al ser una transacción entre Estados soberanos, no se vulnera la soberanía nacional. Con base en la Constitución de 2008, ¿qué característica jurídica de los recursos naturales no renovables desvirtúa la posición del Ejecutivo?. El Ecuador se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada, lo que impide que el Ejecutivo tome decisiones sobre recursos territoriales. Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado, lo que prohíbe cualquier transferencia de dominio, incluso entre Estados. La soberanía radica en el pueblo y cualquier decisión sobre el patrimonio debe ser aprobada mediante formas de participación directa previstas en la Constitución. El carácter intercultural y plurinacional del Estado obliga a que la propiedad de los recursos sea compartida con los pueblos y nacionalidades donde se encuentran los yacimientos.

En un proceso judicial relativo a la aplicación de una costumbre ancestral, un juez de unidad judicial, decide ignorar dicha práctica alegando que, al ser el Ecuador un Estado “unitario”, debe prevalecer un sistema único de justicia para salvaguardar la unidad e independencia nacional. Al tenor de la Constitución de 2008, ¿qué definición constitucional de la estructura del Estado ignora el magistrado al sustentar su decisión?. El principio de descentralización administrativa y la autonomía de los gobiernos seccionales. El carácter plurinacional e intercultural del Estado que fundamenta el pluralismo jurídico. La supremacía de la ley ordinaria sobre los tratados internacionales de derechos humanos. La facultad del Ejecutivo para dirimir conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la indígena.

El Ejecutivo, mediante un decreto de emergencia, decide suspender temporalmente las atribuciones de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) y transferir la toma de decisiones presupuestarias a un comité de expertos designados directamente. El argumento oficial es que la “eficiencia técnica” debe prevalecer sobre la voluntad popular local para salvaguardar la “unidad del Estado”. Un grupo de ciudadanos impugna la medida alegando que se vulnera el principio de autonomía de los gobiernos descentralizados y el carácter democrático del Estado. La medida vulnera el carácter unitario del Estado, el cual impide que el Ejecutivo intervenga en cualquier decisión de los órganos del poder público. La medida ignora que el Ecuador se gobierna de manera descentralizada y que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. El decreto es válido porque el Ecuador es un Estado soberano e independiente, lo que faculta al Ejecutivo a reorganizar la república según la necesidad técnica. La contradicción radica en que el Estado ecuatoriano es laico, lo que prohíbe que expertos técnicos tomen decisiones sobre la organización social y democrática.

El Estado ecuatoriano suscribe un contrato de explotación minera a largo plazo con una multinacional. En una de las cláusulas se estipula que, en caso de controversia, el Estado podría transferir la propiedad del yacimiento a la empresa como forma de pago por daños y perjuicios. Además, se pacta que los derechos sobre dicho recurso prescribirán a favor de la empresa tras 50 años de explotación ininterrumpida. Con base en el Artículo 1 de la Constitución de 2008, ¿por qué son jurídicamente inválidas estas cláusulas?. Porque la transferencia de recursos estratégicos requiere el consentimiento previo e informado de los GAD y comunidades locales. Porque los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado. Porque la Constitución prohíbe contratos mineros que excedan un plazo máximo de 30 años sin renovación. Porque cualquier transferencia de activos del Estado debe ser autorizada por una mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional.

Ante una severa crisis fiscal, el Estado decide suspender el presupuesto destinado a los programas de alimentación escolar y al mantenimiento de las redes de agua potable, argumentando que estos recursos son necesarios para fortalecer exclusivamente el equipamiento de defensa militar y así “garantizar y defender la soberanía nacional” frente a posibles amenazas externas. El Estado sostiene que el cumplimiento de un deber primordial (soberanía) justifica la postergación de los derechos sociales. Según el orden de los deberes primordiales establecidos en el Artículo 3 de la Constitución de 2008, ¿por qué es jurídicamente inválida esta decisión?. Porque el numeral 1 del Art. 3 establece que garantizar el goce de los derechos (salud, educación, alimentación) es el primer deber primordial, sin que la defensa de la soberanía (numeral 2) pueda anularlos. Porque la Constitución prohíbe taxativamente que el presupuesto de las Fuerzas Armadas supere el gasto social acumulado en situaciones de emergencia económica. Porque la soberanía nacional solo puede ser defendida mediante el uso de recursos provenientes de excedentes petroleros y no del presupuesto general del Estado. Porque las decisiones de seguridad nacional deben ser validadas previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no afectar derechos sociales.

El Gobierno Central diseña un Plan Nacional de Desarrollo que centraliza la administración de todos los recursos naturales y financieros, dejando sin efecto las competencias autonómicas de prefecturas y municipios. El plan sostiene que solo una administración unificada puede “erradicar la pobreza y promover la redistribución de la riqueza”, omitiendo criterios de sostenibilidad ambiental en favor de una explotación acelerada de recursos. ¿Qué principio o regla constitucional vulnera primordialmente este Plan Nacional?. El principio de subsidiariedad y la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La competencia exclusiva del Gobierno Central sobre todos los recursos naturales no renovables. El deber del Estado de priorizar la redistribución económica por sobre los derechos de la naturaleza. La facultad del Ejecutivo para modificar la división territorial por razones de seguridad nacional.

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de una provincia amazónica, alegando su facultad de gobernarse de manera descentralizada, firma un contrato con una empresa transnacional para vender a perpetuidad los derechos de explotación de un yacimiento de cobre (recurso no renovable) ubicado en su territorio. El GAD argumenta que, al ser un Estado plurinacional e intercultural, las decisiones sobre los recursos locales radican exclusivamente en la voluntad de la población de dicha provincia, sin necesidad de consultar a los órganos del poder público central. Pregunta: Al contrastar este caso con los elementos constitutivos del Estado en la Constitución de 2008, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe la validez jurídica de esta actuación?. La venta es nula porque los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado, y la soberanía se ejerce a través de los órganos del poder público conforme a la Constitución. El contrato es válido ya que el Ecuador es un Estado descentralizado, lo que faculta a los gobiernos locales a disponer de los recursos naturales no renovables como parte de su patrimonio propio e irrenunciable. La actuación es legítima porque la soberanía radica en el pueblo de la provincia, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad para enajenar recursos naturales en un Estado que es plurinacional e intercultural. La venta es legal siempre que el Estado sea laico, ya que esto permite que las decisiones económicas sobre recursos no renovables se tomen de forma independiente a los dogmas centrales del poder público.

En una unidad judicial de la Amazonía, un juez se niega a recibir una demanda escrita íntegramente en idioma shuar, argumentando que, según la Constitución, el único idioma oficial del Ecuador es el castellano. Simultáneamente, en una ceremonia oficial del municipio local, se decide reemplazar el Escudo Nacional por un emblema diseñado por un artista local que representa mejor la biodiversidad de la zona, alegando que el Estado es intercultural y descentralizado. Pregunta: Al contrastar estos hechos con el contenido literal de la Constitución de 2008, ¿qué afirmación describe la validez jurídica de estas actuaciones?. Ambas actuaciones son inconstitucionales: el shuar es idioma oficial de relación intercultural y debe ser reconocido, mientras que el escudo nacional es un símbolo de la patria establecido por la ley que no puede ser sustituido discrecionalmente. El juez actúa legalmente porque el castellano es el único idioma oficial de uso obligatorio, y el municipio puede cambiar el escudo basándose en el principio de conservación de los idiomas ancestrales. La demanda en shuar es inválida porque ese idioma solo es de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan, sin tener el carácter de relación intercultural que tiene el castellano. El cambio del escudo es constitucional siempre que se respete el himno nacional, ya que la Constitución permite que cada GAD cree sus propios símbolos de la patria en ejercicio de su autonomía.

El Gobierno Central presenta su Plan Nacional de Desarrollo, en el cual propone: 1) Priorizar la inversión en educación, salud y agua como derechos fundamentales; 2) Suspender el proceso de descentralización para centralizar los recursos en la capital y así ser más eficiente; y 3) Eliminar los programas de lucha contra la corrupción, argumentando que la seguridad nacional es el único deber primordial que importa en tiempos de crisis. Pregunta: Al contrastar estas propuestas con el listado de deberes primordiales del Estado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe la validez de estas acciones gubernamentales?. La inversión en educación, salud y agua es un mandato constitucional, pero la suspensión de la descentralización y la eliminación de los programas contra la corrupción son inconstitucionales, ya que el Estado tiene el deber primordial de promover el desarrollo mediante autonomías y garantizar una sociedad libre de corrupción. Los únicos deberes primordiales son la defensa de la soberanía nacional y la ética laica, por lo que el Estado no tiene obligación constitucional de garantizar el derecho al agua o la seguridad social de sus habitantes. La promoción del desarrollo equitativo es una facultad opcional de la Función Ejecutiva, por lo que el fortalecimiento de las autonomías no se considera un deber primordial frente a la protección del patrimonio natural. La inversión en educación, salud y agua es un mandato constitucional, pero la suspensión de la descentralización y la eliminación de los programas contra la corrupción son inconstitucionales, ya que el Estado tiene el deber primordial de promover el desarrollo mediante autonomías y garantizar una sociedad libre de corrupción.

En el marco de un acuerdo de cooperación científica, una potencia extranjera solicita al Ecuador la concesión permanente de una porción del subsuelo en la región amazónica y el control exclusivo de un segmento de la órbita sincrónica geoestacionaria sobre el territorio continental. Al mismo tiempo, un grupo de ciudadanos en una provincia fronteriza propone iniciar un proceso de secesión para convertirse en un Estado independiente, argumentando que el territorio es una unidad social y cultural que les pertenece por herencia ancestral. Pregunta: Al contrastar estos hechos con las normas constitucionales sobre el territorio, ¿qué afirmación describe la validez jurídica de estas pretensiones?. La concesión del subsuelo es legal siempre que se mantenga la soberanía sobre el suelo, y la secesión es un derecho derivado de la naturaleza del territorio como legado de los antepasados y pueblos ancestrales. Las pretensiones son inconstitucionales porque el territorio es inalienable e irreductible, abarca desde el subsuelo hasta el espacio suprayacente y la órbita geoestacionaria, y existe una prohibición expresa de fomentar la secesión. Ecuador solo ejerce derechos sobre el espacio continental y marítimo, por lo que la órbita sincrónica geoestacionaria y la Antártida no forman parte del patrimonio territorial protegido contra la enajenación. La unidad territorial puede ser reducida mediante tratados internacionales de cooperación científica, permitiendo que la capital, Quito, sea la única zona declarada como inviolable e irreductible.

Para combatir el crimen organizado transnacional, el Ministro de Defensa propone firmar un convenio que autorice el establecimiento de una instalación extranjera con propósitos militares en la costa ecuatoriana durante diez años. Adicionalmente, se plantea que una base militar nacional ya existente sea cedida temporalmente a fuerzas armadas de otro país para que estas realicen operativos de seguridad interna, argumentando que el Ecuador, al ser un territorio de paz, debe apoyarse en fuerzas extranjeras para mantener dicha condición. Pregunta: Al contrastar esta propuesta con el contenido literal de la Constitución de 2008, ¿qué afirmación describe la validez jurídica de estas acciones?. El convenio es legal siempre que la instalación extranjera sea temporal, ya que la prohibición constitucional solo aplica para bases militares permanentes que afecten la soberanía. La cesión de la base nacional es permitida por el principio de territorio de paz, siempre que las fuerzas extranjeras se comprometan a no realizar maniobras bélicas dentro del espacio continental. Ambas acciones son inconstitucionales: la Constitución prohíbe el establecimiento de instalaciones extranjeras con propósitos militares y prohíbe taxativamente ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas extranjeras. La prohibición de bases extranjeras es una facultad que el Presidente puede suspender mediante decreto ejecutivo para garantizar la seguridad integral y la unidad territorial del Estado.

Un ciudadano ecuatoriano por nacimiento contrae matrimonio con una ciudadana extranjera y, tras residir varios años en el país de su cónyuge, decide adquirir la nacionalidad de ese Estado. Meses después, se divorcia. Al intentar renovar su pasaporte ecuatoriano en el consulado, un funcionario le informa que su nacionalidad ecuatoriana ha sido revocada automáticamente por dos razones: primero, por haber adquirido voluntariamente otra nacionalidad; y segundo, porque el vínculo matrimonial que lo unía a una persona extranjera se ha disuelto. Pregunta: Al contrastar esta situación con las normas constitucionales sobre la nacionalidad y ciudadanía, ¿qué afirmación describe la validez jurídica de la información entregada por el funcionario?. El funcionario actúa legalmente, pues la Constitución establece que la nacionalidad es un vínculo exclusivo que se rompe al jurar lealtad a otro Estado mediante la naturalización extranjera. La pérdida de la nacionalidad es válida únicamente por la disolución del matrimonio, ya que el vínculo jurídico-político con el Estado depende de la estabilidad del estado civil del ciudadano. La nacionalidad ecuatoriana se pierde automáticamente si la persona no pertenece a una de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional, según el principio de identidad. La información es incorrecta: la nacionalidad ecuatoriana no se pierde por la adquisición de otra nacionalidad ni por el matrimonio o su disolución; además, todas las y los ecuatorianos son ciudadanos y gozan de sus derechos.

Se presentan tres solicitudes ante el Registro Civil para la inscripción de la nacionalidad ecuatoriana: Caso A: Un niño nacido en España, cuyo abuelo es ecuatoriano por nacimiento (los padres del niño son españoles). El abuelo es el pariente más cercano con vínculo ecuatoriano. Caso B: Una persona nacida en Colombia que pertenece a una nacionalidad indígena reconocida por el Ecuador, cuya comunidad tiene presencia ancestral y actual en la zona de frontera amazónica. Caso C: Un joven nacido en Francia, cuya bisabuela nació en Ecuador. El joven alega ser descendiente en cuarto grado de consanguinidad de una ecuatoriana. Pregunta: Al contrastar estos casos con el contenido literal de la Constitución de 2008, ¿cuál de las siguientes conclusiones determina correctamente quiénes tienen derecho a la nacionalidad por nacimiento?. Los casos A y B tienen derecho a la nacionalidad por nacimiento: el primero por ser descendiente hasta el tercer grado de un ecuatoriano nacido en Ecuador, y el segundo por pertenecer a una nacionalidad indígena con presencia en zonas de frontera. Únicamente el caso B es válido, ya que la Constitución exige que para la nacionalidad por nacimiento ambos padres deban haber nacido obligatoriamente en territorio ecuatoriano. Los tres casos tienen derecho, puesto que la Constitución de 2008 no establece límites de consanguinidad para los descendientes de ecuatorianos nacidos en el extranjero. Solo el caso A es válido, debido a que las comunidades indígenas de frontera deben naturalizarse obligatoriamente mediante un proceso de residencia mínima de cinco años.

En la Dirección de Soberanía Nacional se analizan cuatro expedientes de personas extranjeras: Expediente 1: Un adolescente de 16 años, nacido en el extranjero, cuyo padre obtuvo la nacionalidad ecuatoriana por naturalización hace dos años. Expediente 2: Una ciudadana francesa que desea obtener la nacionalidad por matrimonio, pero se niega a renunciar a su ciudadanía de origen. Expediente 3: Un científico extranjero que recibió la nacionalidad por “servicios relevantes”, pero que ahora desea renunciar a ella de forma expresa para asumir un cargo diplomático en su país natal. Expediente 4: Una niña extranjera adoptada legalmente por una pareja de ecuatorianos. Pregunta: Al contrastar estos expedientes con el contenido literal del Artículo 8 de la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la situación jurídica de estas personas?. El adolescente del Expediente 1 pierde la nacionalidad automáticamente al cumplir los 18 años, pues la naturalización por consanguinidad de padres naturalizados es temporal y no se conserva en la mayoría de edad. La ciudadana francesa no puede naturalizarse si no renuncia primero a su nacionalidad de origen, ya que la Constitución prohíbe la doble nacionalidad para quienes se naturalizan por matrimonio o unión de hecho. Todas las personas pueden ostentar la nacionalidad ecuatoriana sin renunciar a la de origen; el adolescente y la niña adoptada la conservarán mientras no expresen voluntad contraria, y el científico la perderá únicamente si presenta una renuncia expresa. La niña adoptada y el científico son los únicos que adquieren la nacionalidad de forma irrevocable, ya que la Constitución no prevé la pérdida de la nacionalidad por naturalización bajo ninguna circunstancia.

Un grupo de personas extranjeras con residencia legal en Ecuador presenta una solicitud ante el Ministerio de Salud para acceder a un tratamiento especializado de alto costo. Simultáneamente, otro grupo de extranjeros es notificado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la obligación de declarar impuestos por sus actividades comerciales en el país. Ambos grupos se oponen: los primeros afirman que, al no ser ciudadanos ecuatorianos, el Estado no tiene la obligación de garantizarles el derecho a la salud; los segundos sostienen que, por su condición de extranjeros, están exentos de cumplir con los deberes tributarios que corresponden a los nacionales. Pregunta: Al contrastar estos hechos con el contenido literal de la Constitución de 2008, ¿qué afirmación describe correctamente la situación jurídica de estas personas?. Las personas extranjeras tienen razón en ambos casos, pues la Constitución establece que la igualdad de derechos solo aplica para quienes han obtenido la nacionalidad por naturalización. El Estado solo está obligado a garantizar derechos civiles, pero las personas extranjeras no están sujetas a los mismos deberes tributarios o legales que los nacionales. Ambas posturas son erróneas, ya que las personas extranjeras en territorio ecuatoriano tienen los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución. La igualdad de derechos es parcial, ya que los extranjeros gozan de protección internacional pero no están obligados a cumplir los deberes establecidos en la Constitución nacional.

Ante una severa crisis económica, la Asamblea Nacional aprueba una ley que permite la venta definitiva de los yacimientos petroleros de la Amazonía a una corporación extranjera, con el fin de obtener liquidez inmediata. La ley establece que, una vez realizada la transacción, el Estado no podrá reclamar la propiedad de dichos yacimientos en el futuro. Un grupo de juristas demanda la inconstitucionalidad de esta ley. ¿Qué precepto constitucional debe aplicarse para resolver la validez de esta ley?. La ley es válida porque el Ecuador es un Estado soberano e independiente que puede disponer de sus bienes para garantizar la estabilidad social. La ley es inconstitucional porque los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado. La ley es válida siempre que la decisión se haya tomado de forma descentralizada y cuente con el apoyo de los gobiernos locales. La ley es inconstitucional porque solo el pueblo, en quien radica la soberanía, puede autorizar la enajenación de recursos a través de una consulta popular directa.

El Director de una entidad pública emite una resolución que restringe el acceso a la información sobre el uso de recursos estatales, argumentando que su autoridad emana del nombramiento otorgado por el Ejecutivo y que, por lo tanto, no debe rendir cuentas a la ciudadanía. Un colectivo social impugna la resolución afirmando que el Director desconoce el origen de su potestad. Al aplicar las normas sobre la soberanía, ¿cuál es el fundamento constitucional de la autoridad de dicho funcionario?. La voluntad del Ejecutivo, dado que el Ecuador se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La autonomía administrativa del órgano, puesto que el Estado es independiente y soberano en sus decisiones internas. La voluntad del pueblo, la cual es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público. La ética laica del Estado, que permite a los funcionarios actuar con independencia de las presiones de los grupos sociales.

Un Prefecto provincial decide crear su propio sistema de justicia y una moneda local, argumentando que, como la Constitución establece que el Ecuador se “gobierna de manera descentralizada”, las provincias tienen la facultad de autogobernarse con total independencia del marco jurídico nacional y de los órganos del poder público central. ¿Por qué la pretensión del Prefecto es jurídicamente inviable según la definición del Estado?. Porque el Ecuador es un Estado unitario, lo que implica que la descentralización no faculta la ruptura de la unidad del ordenamiento jurídico ni de la organización republicana. Porque el carácter intercultural y plurinacional del Estado solo permite la creación de sistemas de justicia propios a las nacionalidades indígenas, no a las prefecturas. Porque al ser un Estado laico, las decisiones sobre justicia y moneda deben ser aprobadas previamente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque la soberanía es irrenunciable e imprescriptible, y solo puede ser ejercida de forma directa por el pueblo sin la intermediación de los gobiernos autónomos descentralizados.

En un cantón de la provincia de Pastaza, con alta densidad de población Kichwa y Shuar, el Concejo Municipal aprueba una ordenanza que establece que todas las resoluciones administrativas y notificaciones de coactiva se emitirán únicamente en castellano. La ordenanza argumenta que el castellano es el “único idioma oficial del Ecuador” y que el uso de otros idiomas en documentos públicos generaría inseguridad jurídica y nulidad procesal. Al aplicar el régimen de oficialidad previsto en la Constitución, ¿cuál es la situación jurídica de esta ordenanza?. Es válida, puesto que el carácter de “relación intercultural” del Kichwa y el Shuar no les otorga el estatus de idiomas oficiales para actos administrativos de obligatorio cumplimiento. Es inconstitucional, ya que el Kichwa y el Shuar ostentan el estatus de idiomas oficiales de relación intercultural, lo que obliga al Estado a integrarlos en la gestión pública. Es parcialmente válida, siempre que la municipalidad garantice traductores únicamente para los procesos judiciales, mas no para los administrativos. Es constitucional, pues la oficialidad de los idiomas ancestrales se limita exclusivamente a las zonas donde habitan los pueblos indígenas y no afecta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Con el objetivo de modernizar la imagen país, la Asamblea Nacional aprueba una resolución legislativa para modificar el diseño del Escudo Nacional, eliminando el Chimborazo e incorporando elementos de la industria tecnológica. Un grupo de juristas presenta una acción de inconstitucionalidad, alegando que un símbolo de la patria no puede ser modificado por una simple resolución legislativa. ¿Qué requisito constitucional se ha omitido en este procedimiento de modificación?. El requisito de que los símbolos de la patria deben estar establecidos por la ley y no por meras resoluciones o decretos. La obligatoriedad de realizar una consulta popular previa para cualquier cambio en la bandera o el himno nacional. El principio de inmutabilidad histórica, que impide que los símbolos de la patria sean alterados bajo ninguna circunstancia legal. La necesidad de que el cambio sea aprobado por las nacionalidades indígenas en ejercicio de la interculturalidad.

Un miembro del pueblo Zápara intenta inscribir el nombre de su hijo en su lengua ancestral en una oficina del Registro Civil ubicada dentro de su territorio ancestral. El funcionario se niega, argumentando que el idioma Zápara no es “oficial de relación intercultural” (como el Kichwa o el Shuar) y que, por tanto, carece de validez para actos de registro civil o documentos de identidad oficial. ¿Cuál es el sustento jurídico para impugnar la negativa del funcionario?. Que el Kichwa y el Shuar absorben legalmente a los demás idiomas ancestrales para facilitar la administración pública. Que el Estado debe respetar el uso de idiomas ancestrales únicamente en el ámbito privado y educativo, mas no en el registral. Que todos los idiomas ancestrales del Ecuador tienen el mismo rango de oficialidad nacional que el castellano. Que los idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley.

El Estado como Garante y la No Discriminación Caso: Ante una crisis fiscal, un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) decide suspender el servicio de agua potable a los asentamientos informales de su jurisdicción que no han regularizado su tenencia de tierras, argumentando que la inversión pública solo debe beneficiar a quienes cumplen con sus obligaciones legales de propiedad. Un colectivo de derechos humanos demanda al GAD, alegando que el acceso al agua es un derecho humano fundamental que el Estado debe asegurar a todos sus habitantes. ¿Qué mandato constitucional sobre los deberes primordiales del Estado fundamenta técnicamente la pretensión de los demandantes?. El deber de promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza. El deber de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos, en particular el agua para sus habitantes. El deber de fortalecer la unidad nacional en la diversidad mediante el proceso de descentralización. El deber de proteger el patrimonio natural del país frente a la expansión de los asentamientos informales.

Un grupo de legisladores propone una reforma al Código Civil para prohibir el divorcio vincular, fundamentando su propuesta en preceptos de una doctrina religiosa mayoritaria que considera al matrimonio como indisoluble. Los proponentes argumentan que la ley debe reflejar los valores espirituales de la mayoría de la población para fortalecer la unidad nacional. ¿Bajo qué precepto constitucional de los deberes primordiales del Estado se debe rechazar esta reforma?. Bajo el deber de garantizar a sus habitantes el derecho a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Bajo el deber de fortalecer la unidad nacional en la diversidad y la cultura de paz. Bajo el deber de planificar el desarrollo nacional y promover el desarrollo equitativo del territorio. Bajo el deber de garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico.

El Ejecutivo decide centralizar todas las competencias de planificación y ejecución de obras viales en una sola entidad nacional radicada en la capital, eliminando las asignaciones presupuestarias directas a las prefecturas de las provincias con menor densidad poblacional. El argumento oficial es que esta centralización permite una redistribución más “rápida” de la riqueza nacional para acceder al buen vivir. ¿Qué principio de los deberes primordiales del Estado vulnera esta decisión técnica y administrativa?. El deber de proteger únicamente el patrimonio cultural y natural de las zonas con mayor densidad poblacional. El deber de promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. El deber de garantizar la seguridad integral y la soberanía nacional frente a las amenazas de fragmentación territorial. El deber de erradicar la pobreza exclusivamente a través de la planificación centralizada del desarrollo nacional.

Una empresa internacional de telecomunicaciones solicita al Estado ecuatoriano una concesión exclusiva para la colocación de satélites en un segmento específico sobre el espacio aéreo del país. El Ministerio de Telecomunicaciones niega la solicitud, argumentando que el Estado no tiene potestad legal sobre el espacio exterior. La empresa demanda al Estado, alegando que la soberanía nacional se detiene en el límite del espacio suprayacente y no alcanza la órbita donde operan los satélites. ¿Qué fundamento constitucional técnico valida la posición del Estado ecuatoriano en este conflicto?. Que el Estado ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, además de los espacios marítimos y la Antártida. Que la capital del Ecuador es Quito, y desde allí se coordina la administración de todo el espacio suprayacente continental e insular. Que el territorio comprende únicamente el espacio continental y marítimo, dejando la órbita geoestacionaria fuera de la jurisdicción nacional. Que los límites del Estado son determinados por los tratados internacionales de telecomunicaciones y no por la Constitución interna.

Para pagar una deuda externa vencida, el Ejecutivo propone la “Dación en Pago” de una franja de terreno fronterizo, incluyendo su subsuelo y plataforma submarina, a favor de un Estado acreedor. El proyecto de ley sugiere que esta transferencia es legal porque no afecta la superficie donde habitan las personas, conservando así la “unidad histórica” del país. ¿Por qué esta propuesta es inconstitucional desde la perspectiva de la naturaleza del territorio?. Porque el territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable, lo cual prohíbe cualquier forma de enajenación de sus componentes, incluyendo el subsuelo. Porque el subsuelo pertenece únicamente a los pueblos ancestrales como legado de sus antepasados y no puede ser objeto de transacciones financieras. Porque los límites del Ecuador solo pueden modificarse mediante tratados de paz y no mediante acuerdos de dación en pago por deudas económicas. Porque la Antártida es el único espacio sobre el cual el Estado puede ceder derechos de propiedad para el pago de obligaciones internacionales.

Un movimiento político de una región insular del país redacta un “Estatuto de Independencia”, alegando que su geografía y cultura son distintas al continente. El estatuto propone que la región mantenga relaciones diplomáticas propias y se retire del control del Estado ecuatoriano. Los líderes del movimiento argumentan que la “autodeterminación de los pueblos” prevalece sobre cualquier norma interna de organización geográfica. ¿Qué prohibición constitucional directa impide la legalización de este Estatuto de Independencia?. La obligación de que los límites regionales sean determinados únicamente por tratados internacionales vigentes. El deber de mantener a Quito como la capital única y centro de todas las relaciones internacionales del país. La prohibición de que nadie atente contra la unidad territorial ni fomente la secesión. La disposición que establece que las islas adyacentes no forman parte de la unidad geográfica e histórica del Estado.

El Ministerio de Gobierno suscribe un convenio de cooperación técnica con una organización policial internacional para la construcción de un “Centro de Inteligencia y Monitoreo de Radar” en la región insular. El convenio estipula que la instalación será operada por personal militar extranjero para el control del narcotráfico, aunque formalmente no se le denomine “base militar”. Un grupo de ciudadanos presenta una acción de inconstitucionalidad contra el convenio. ¿Qué prohibición constitucional técnica fundamenta la impugnación de este convenio?. El deber del Estado de garantizar la seguridad integral únicamente a través de la Policía Nacional ecuatoriana. La prohibición de establecer instalaciones extranjeras con propósitos militares, independientemente de su denominación formal. La obligación de que toda instalación de radar sea administrada exclusivamente por el Gobierno Autónomo Descentralizado local. El principio de soberanía que impide cualquier tipo de cooperación técnica con organizaciones policiales internacionales.

Ante una amenaza de incursión armada en la frontera, el Ejecutivo autoriza mediante decreto que una Base Aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) sea utilizada como centro de operaciones logísticas y reabastecimiento para las fuerzas armadas de un país aliado durante seis meses. El decreto argumenta que no se está creando una base extranjera, sino simplemente “cediendo el uso temporal” de una instalación nacional para la defensa mutua. ¿Por qué este decreto vulnera el ordenamiento constitucional vigente?. Porque el uso de bases nacionales por extranjeros requiere la aprobación previa de la Corte Constitucional mediante dictamen de constitucionalidad. Porque la Constitución prohíbe expresamente ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Porque la soberanía nacional impide que las fuerzas armadas ecuatorianas colaboren con países aliados en temas de logística aérea. Porque la cesión de instalaciones solo es permitida para fines humanitarios y no para fines de seguridad o defensa fronteriza.

Una potencia extranjera solicita permiso para instalar un “Puesto de Avanzada de Seguridad” en territorio ecuatoriano, destinado exclusivamente a la protección de sus propias misiones diplomáticas y empresas privadas contra el terrorismo. El solicitante argumenta que esta medida no atenta contra la paz, sino que la garantiza al proteger la inversión extranjera y la integridad de sus ciudadanos. ¿Bajo qué argumento constitucional técnico debe el Estado ecuatoriano negar esta solicitud?. Bajo el deber primordial de garantizar la ética laica, que impide la protección de empresas privadas por parte de fuerzas armadas extranjeras. Bajo la regla de inalienabilidad del territorio, que prohíbe la ocupación de suelo nacional por ciudadanos extranjeros con fines comerciales. Bajo el principio de que el Ecuador es un territorio de paz, lo que excluye la presencia de cualquier instalación extranjera con propósitos militares o de seguridad armada externa. Bajo la facultad del Estado de planificar el desarrollo nacional, lo que requiere que toda seguridad sea provista por empresas públicas locales.

Un ciudadano ecuatoriano es sentenciado a una pena privativa de libertad por un delito de peculado. Tras la sentencia, una institución pública le niega el acceso a servicios de salud de emergencia, argumentando que, al haber sido condenado, ha “dejado de ser ciudadano” y, por lo tanto, ya no goza de los derechos establecidos en la Constitución. El afectado presenta una acción de protección para restablecer sus derechos. ¿Qué precepto constitucional técnico invalida el argumento de la institución pública?. Que todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y, por esa sola condición, gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. Que la ciudadanía se adquiere únicamente por nacimiento y no se pierde por la comisión de delitos contra la administración pública. Que el vínculo jurídico-político con el Estado es renunciable, pero la condición de ciudadano es imprescriptible e inalienable. Que el Estado debe garantizar la ética laica, lo que impide que las penas privativas de libertad afecten la condición de ciudadano.

Un miembro de la nacionalidad Shuar es electo para un cargo de elección popular. Un grupo de opositores impugna su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando que el candidato posee una “doble nacionalidad” prohibida, pues él mismo se identifica públicamente como perteneciente a la “Nacionalidad Shuar” y no únicamente a la “Nacionalidad Ecuatoriana”. ¿Bajo qué argumento constitucional técnico debe el CNE rechazar esta impugnación?. Bajo la regla de que la nacionalidad ecuatoriana se adquiere por nacimiento en zonas de frontera, lo que otorga inmunidad frente a impugnaciones electorales. Bajo el concepto de que la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico-político con el Estado, sin perjuicio de la pertenencia a nacionalidades indígenas en un Estado plurinacional. Bajo el principio de que los idiomas oficiales de relación intercultural permiten que los ciudadanos elijan la nacionalidad que prefieran ejercer. Bajo el deber del Estado de fortalecer la unidad nacional mediante la eliminación de las distinciones entre nacionalidad y ciudadanía.

Una ciudadana ecuatoriana se naturaliza en un país extranjero que exige, como requisito para dicho trámite, la renuncia formal a su nacionalidad de origen ante las autoridades de ese país. Años después, tras divorciarse de su cónyuge extranjero, regresa al Ecuador. El Registro Civil se niega a emitirle una cédula de identidad, argumentando que ella “perdió la nacionalidad” al renunciar formalmente en el extranjero y al disolver su matrimonio. ¿Cuál es el sustento constitucional técnico para exigir la restitución de su identidad ecuatoriana?. Que la nacionalidad por naturalización es la única que puede perderse por renuncia expresa, pero no la nacionalidad por nacimiento. Que el vínculo jurídico-político con el Estado es inalienable e irreductible, similar a la naturaleza del territorio nacional. Que el Estado debe promover el desarrollo equitativo de los ciudadanos que retornan del exterior mediante la recuperación automática de la ciudadanía. Que la nacionalidad ecuatoriana no se perderá por la adquisición de otra nacionalidad, ni por el matrimonio o su disolución.

Un ciudadano nacido en Francia es hijo de una mujer nacida en España, quien a su vez es hija de un hombre nacido en Guayaquil, Ecuador. El ciudadano francés solicita el reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento ante el consulado, argumentando que su abuelo es ecuatoriano y que el vínculo de sangre no se extingue por el paso de las generaciones en el extranjero. ¿Qué determinación técnica debe tomar el consulado basándose en la jerarquía de consanguinidad constitucional?. Debe otorgar la nacionalidad, ya que el peticionario es descendiente en segundo grado de consanguinidad de una persona nacida en el Ecuador. Debe negar la nacionalidad, pues el derecho solo alcanza a los hijos directos (primer grado) de padres nacidos en el Ecuador. Debe otorgar la nacionalidad únicamente si el peticionario renuncia a su ciudadanía francesa para mantener el vínculo jurídico-político único. Debe negar la nacionalidad, dado que la madre del peticionario nació en España y eso interrumpe la línea de descendencia ecuatoriana.

Una persona perteneciente a la nacionalidad indígena Shuar nace en un asentamiento ubicado en territorio peruano, cerca de la línea de frontera con Ecuador. Su comunidad está oficialmente reconocida por el Estado ecuatoriano y tiene presencia ancestral y actual en ambos lados de la frontera. Al intentar obtener su cédula ecuatoriana, el funcionario del Registro Civil le exige que presente una “Carta de Naturalización” alegando que, al haber nacido físicamente en Perú, es un extranjero que debe naturalizarse. ¿Cuál es el argumento técnico-jurídico para impugnar la decisión del funcionario?. Que todas las personas que nacen en países vecinos tienen derecho automático a la nacionalidad ecuatoriana por el principio de vecindad. Que la nacionalidad por naturalización es la única vía para los indígenas de frontera, pero el trámite debe ser gratuito por ser un grupo vulnerable. Que la persona es ecuatoriana por nacimiento por pertenecer a una nacionalidad reconocida por el Ecuador con presencia en zonas de frontera. Que el nacimiento en el extranjero siempre requiere una residencia mínima de tres años para que el ius soli sea reconocido en el Ecuador.

Un niño nace en un vuelo comercial de una aerolínea extranjera mientras sobrevolaba el espacio aéreo de la ciudad de Quito. Los padres son ciudadanos extranjeros sin residencia en el país. Al aterrizar, solicitan la inscripción del nacimiento en el Registro Civil del Ecuador, alegando que el niño nació en territorio nacional. El registrador duda de la validez del acto, pues considera que el nacimiento ocurrió en una “isla de jurisdicción extranjera” (el avión) y no en el suelo firme. ¿Cuál es la base técnica para reconocer la nacionalidad por nacimiento en este caso?. Que el territorio comprende el espacio suprayacente y, por tanto, las personas nacidas en el Ecuador (incluyendo su espacio aéreo) son ecuatorianas por nacimiento. Que el niño solo podría ser ecuatoriano si sus padres obtienen la nacionalidad por naturalización de forma inmediata tras el aterrizaje. Que la Constitución solo reconoce el nacimiento en el “suelo” o “mar territorial”, excluyendo los nacimientos ocurridos en el espacio suprayacente. Que el niño es ecuatoriano por nacimiento únicamente si la aerolínea posee bandera ecuatoriana, independientemente de la ubicación geográfica del parto.

Un ciudadano extranjero obtuvo la nacionalidad ecuatoriana por naturalización hace cinco años. El año pasado, tuvo una hija nacida en el exterior. Al intentar registrarla como ecuatoriana, el consulado le indica que, como él no es ecuatoriano “por nacimiento”, su hija no adquiere la nacionalidad automáticamente y debe esperar a cumplir la mayoría de edad para solicitar una carta de naturalización propia. ¿Qué determinación técnica debe tomarse sobre la nacionalidad de la menor según el ordenamiento constitucional?. La menor solo podrá ser ecuatoriana si nace en territorio nacional, ya que la naturalización de los padres no se transmite a los hijos nacidos en el extranjero. La menor es ecuatoriana por naturalización mientras sea menor de edad y conservará dicha nacionalidad si no expresa voluntad contraria. El consulado tiene razón, pues el derecho de sangre (ius sanguinis) se reserva exclusivamente para los hijos de ecuatorianos por nacimiento. La menor adquiere la nacionalidad por nacimiento de forma inmediata, debido a que la Constitución no distingue entre padres nacidos en Ecuador y naturalizados.

Una ciudadana extranjera mantiene una unión de hecho legalmente constituida y registrada con un ciudadano ecuatoriano. Ella solicita la nacionalidad ecuatoriana por naturalización. La autoridad migratoria le exige como requisito sine qua non la presentación de un documento de renuncia formal a su nacionalidad de origen, argumentando que la “lealtad al Estado ecuatoriano” exige exclusividad jurídica en casos de naturalización por vínculos sentimentales. ¿Cuál es el sustento técnico para impugnar la exigencia de renuncia a la nacionalidad de origen?. Que la unión de hecho no es una vía válida para obtener la nacionalidad, por lo que el proceso de naturalización es nulo desde el inicio. Que la renuncia a la nacionalidad de origen solo es obligatoria para quienes obtienen la nacionalidad por servicios relevantes al país. Que la Constitución prohíbe la doble nacionalidad únicamente en los casos de matrimonio, pero la permite en las uniones de hecho registradas. Que quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen por mandato constitucional.

Un destacado deportista extranjero recibió la nacionalidad ecuatoriana por “servicios relevantes” debido a sus logros internacionales representando al país. Tras una controversia con la federación deportiva, el Ejecutivo emite un decreto revocando su nacionalidad, argumentando que el deportista ha dejado de prestar dichos servicios y que la nacionalidad por naturalización es un “beneficio revocable” por el Estado. ¿Qué principio técnico-jurídico impide la revocatoria unilateral de la nacionalidad en este caso?. Que la nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización solo se perderá por renuncia expresa del titular y no por decisión unilateral del Estado. Que los servicios relevantes otorgan una nacionalidad por nacimiento que es inalienable, irreductible e inviolable por parte del Ejecutivo. Que la nacionalidad por naturalización es irrevocable una vez que el ciudadano ha representado al país en eventos oficiales de carácter internacional. Que el Estado solo puede revocar la nacionalidad si el ciudadano adquiere una tercera nacionalidad sin autorización previa de la Asamblea Nacional.

Un grupo de ciudadanos extranjeros residentes en el Ecuador presenta una demanda colectiva contra el Estado, alegando que se les ha negado el acceso a programas de vivienda de interés social bajo el argumento de que dichos beneficios son exclusivos para ciudadanos ecuatorianos por nacimiento. La institución pública encargada sostiene que la Constitución permite priorizar a los nacionales en la asignación de recursos públicos limitados. ¿Qué principio técnico-jurídico invalida la restricción impuesta por la institución pública?. Que la igualdad de derechos solo aplica para extranjeros que hayan obtenido la nacionalidad por naturalización tras diez años de residencia. Que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución. Que el Estado debe garantizar la ética laica, lo que impide que la nacionalidad sea un criterio de selección en la política pública habitacional. Que los derechos de las personas extranjeras son limitados y dependen de los tratados de reciprocidad firmados con su país de origen.

Un ciudadano extranjero que ejerce actividades comerciales en Ecuador es sancionado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) por no presentar sus declaraciones de impuestos. El ciudadano impugna la sanción, argumentando que, al no ser ciudadano ecuatoriano y no tener derecho al voto, no está sujeto a los “deberes” que la Constitución impone a los nacionales, tales como el sostenimiento de las cargas públicas. ¿Cuál es la base técnica para ratificar la obligación tributaria del extranjero?. Que la obligación de pagar impuestos nace únicamente de la obtención de la cédula de identidad y no de la Constitución. Que los extranjeros solo tienen deberes si el Estado les garantiza el ejercicio de derechos políticos de forma plena. Que las personas extranjeras tendrán los mismos deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución. Que la nacionalidad por naturalización es el único vínculo que obliga al cumplimiento de deberes legales y tributarios en el país.

Ante una situación de conmoción interna, el Ejecutivo emite un decreto suspendiendo el derecho a la libertad de asociación únicamente para los ciudadanos extranjeros, permitiendo que solo los ecuatorianos puedan reunirse en espacios públicos. El decreto argumenta que la seguridad nacional permite restringir derechos a quienes no poseen un vínculo de nacionalidad con el Estado en momentos de crisis. ¿Bajo qué argumento constitucional técnico debe declararse la inconstitucionalidad de este decreto?. Bajo el principio de igualdad que otorga a los extranjeros los mismos derechos que a los ecuatorianos, prohibiendo la creación de regímenes de excepción basados en la nacionalidad. Bajo la regla de que los extranjeros tienen más derechos que los nacionales debido a su condición de vulnerabilidad por movilidad humana. Bajo el deber del Estado de fortalecer la unidad nacional en la diversidad únicamente a través del reconocimiento de las nacionalidades indígenas. Bajo la facultad del Estado de expulsar a los extranjeros que intenten ejercer derechos de asociación durante estados de excepción.

Un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal emite una ordenanza que establece la creación de un “Tribunal Ético de Justicia Ancestral” con facultad para dictar sentencias definitivas y obligatorias sobre la propiedad de tierras en su jurisdicción. La ordenanza justifica esta creación en que el Ecuador es un Estado “intercultural y plurinacional” que se “gobierna de manera descentralizada”, por lo que los municipios tendrían autonomía para organizar su propio sistema de justicia independiente del Poder Judicial central. Al analizar la estructura del Estado ecuatoriano, ¿qué elemento constitucional determina la invalidez de esta ordenanza?. Que el Ecuador es un Estado laico, lo que prohíbe que las tradiciones ancestrales se utilicen para resolver conflictos sobre la propiedad privada de la tierra. Que el Ecuador es un Estado unitario, lo que implica que la descentralización de funciones de gobierno no puede fragmentar la unidad de la administración de justicia nacional. Que el Ecuador es un Estado social, lo cual obliga a que toda decisión sobre la propiedad sea tomada exclusivamente por los órganos del poder público del Ejecutivo. Que el Ecuador es un Estado independiente, lo que faculta a cada cantón a ejercer soberanía plena sobre sus recursos naturales y su sistema legal interno.

Un movimiento ciudadano propone una iniciativa de consulta popular para que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, decida si se puede renunciar a la propiedad estatal de ciertos yacimientos mineros (recursos no renovables) a favor de comunidades locales, con el fin de que estas puedan venderlos a empresas privadas para salir de la pobreza. Los proponentes argumentan que, si la soberanía radica en el pueblo y su voluntad es el fundamento de la autoridad, el pueblo puede decidir libremente sobre el destino de cualquier bien del Estado. ¿Cuál es el resultado del análisis de constitucionalidad de esta propuesta frente a la definición de los recursos estatales?. La propuesta es inconstitucional, ya que los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado. La propuesta es constitucional, puesto que la soberanía del pueblo es absoluta y está por encima de cualquier otra clasificación de bienes del Estado. La propuesta es constitucional siempre que se garantice que el Ecuador siga siendo un Estado democrático y se cumplan las formas de participación directa. La propuesta es inconstitucional únicamente si afecta el carácter laico del Estado o la planificación del desarrollo nacional y la redistribución de la riqueza.

En un cantón de la Amazonía ecuatoriana, donde habita ancestralmente el pueblo Waorani, el Concejo Municipal aprueba una resolución que declara al idioma Wao Terero como la única lengua válida para la sustanciación de procesos administrativos y la atención al público en las dependencias municipales. La resolución sostiene que, al ser un territorio ancestral, el castellano pierde su carácter de oficialidad frente al idioma del pueblo indígena que allí habita. Al analizar el régimen lingüístico previsto en la Norma Suprema, ¿qué conclusión jurídica es la correcta sobre la validez de esta resolución?. La resolución es válida, pues la Constitución otorga a los idiomas ancestrales el carácter de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan, desplazando al castellano. La resolución es válida únicamente si el Concejo Municipal demuestra que el Wao Terero ha sido elevado por ley a la categoría de idioma de relación intercultural junto al Kichwa y el Shuar. La resolución es inconstitucional porque el Estado solo está obligado a estimular la conservación de los idiomas ancestrales, pero no a permitir su uso en la administración pública. La resolución es inconstitucional, ya que, si bien los idiomas ancestrales son de uso oficial en sus zonas, el castellano no pierde su condición de idioma oficial del Ecuador en todo el territorio.

El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, decide modificar la letra del Himno Nacional para incluir estrofas que resalten los logros de la administración actual, argumentando que el Ejecutivo tiene la facultad reglamentaria para actualizar los símbolos de la patria de acuerdo con la realidad política del momento. Un grupo de ciudadanos impugna el decreto alegando que el Presidente carece de competencia para realizar dicha modificación. ¿Cuál es el elemento técnico-jurídico que determina la inconstitucionalidad de este acto administrativo?. Que los símbolos de la patria son inalienables e imprescriptibles, por lo que su modificación solo puede realizarse mediante una enmienda constitucional ratificada en referéndum. Que la modificación de los símbolos patrios requiere el consentimiento previo de los pueblos y nacionalidades indígenas debido al carácter intercultural del Estado. Que la bandera, el escudo y el himno nacional deben estar establecidos por la ley, lo que implica una reserva de ley que impide su modificación a través de un Decreto Ejecutivo. Que el Himno Nacional es un recurso natural no renovable del patrimonio histórico del Estado y su propiedad pertenece exclusivamente al pueblo.

Ante una crisis fiscal severa, el Ministerio de Economía emite una directriz para reducir el presupuesto destinado a la adquisición de medicamentos oncológicos y tratamientos de agua potable en zonas rurales, con el fin de priorizar el pago de intereses de la deuda externa. El Ministerio argumenta que el cumplimiento de las obligaciones financieras internacionales es un presupuesto necesario para la “soberanía nacional” y la “planificación del desarrollo”. Al analizar los deberes primordiales del Estado, ¿qué razonamiento técnico-jurídico determina la inconstitucionalidad de esta directriz?. Que el deber de garantizar el efectivo goce de derechos como la salud y el agua tiene un carácter preferente y obligatorio sobre otras asignaciones presupuestarias que no afecten directamente la vida. Que la planificación del desarrollo nacional exige que el Estado primero erradique la deuda externa antes de invertir en salud, alimentación o seguridad social. Que la soberanía nacional es el deber primordial jerárquicamente superior a todos los demás, lo que faculta al Ejecutivo a suspender derechos sociales en estados de crisis. Que el fortalecimiento del proceso de autonomías impide que el Ministerio de Economía intervenga en el presupuesto de salud de las zonas rurales y parroquias.

Con el objetivo de combatir la delincuencia transnacional, el Estado implementa un sistema de vigilancia masiva que permite la interceptación de comunicaciones de todos los ciudadanos sin orden judicial previa. El Gobierno justifica la medida basándose en su deber de “garantizar la seguridad integral” y “defender la soberanía nacional”, argumentando que la seguridad es la base de una sociedad democrática y que, en tiempos modernos, la privacidad es secundaria. ¿Qué elemento del análisis sistémico de los deberes del Estado invalida esta justificación?. Que la protección del patrimonio cultural y natural del país es un deber de igual jerarquía que impide la instalación de equipos de vigilancia en centros históricos. Que la ética laica prohíbe que el Estado utilice tecnología de vigilancia para intervenir en la moral privada de los ciudadanos y habitantes. Que el deber de garantizar la seguridad integral debe ejercerse necesariamente dentro de una sociedad democrática y libre de corrupción, respetando el marco constitucional de derechos. Que el desarrollo equitativo y solidario del territorio exige que las medidas de seguridad sean aplicadas únicamente en las provincias fronterizas y no a nivel nacional.

Un grupo de ciudadanos de una región insular del Ecuador redacta un “Estatuto de Autodeterminación” en el que proponen que la administración de su suelo, subsuelo y mar territorial sea transferida a una corporación internacional de conservación bajo un contrato de arrendamiento por 99 años. Argumentan que, dado que el territorio es un “legado de antepasados y pueblos ancestrales”, la comunidad local tiene la soberanía para decidir su gestión de forma independiente al Gobierno Central. Al analizar las propiedades constitucionales del territorio, ¿por qué este estatuto es jurídicamente nulo?. Porque el territorio nacional solo comprende el espacio continental y marítimo, dejando fuera a las islas adyacentes de la protección de inalienabilidad. Porque la capital del Ecuador es Quito y es la única ciudad con competencia legal para firmar contratos sobre el uso del subsuelo y la plataforma submarina. Porque los tratados vigentes prohíben expresamente que las comunidades ancestrales participen en la administración del espacio suprayacente y la Antártida. Porque nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión, y el territorio es inalienable, irreductible e inviolable.

Una agencia espacial extranjera lanza un satélite de vigilancia que se posiciona de manera permanente sobre un segmento de la órbita sincrónica geoestacionaria que corresponde a la proyección vertical del territorio continental ecuatoriano. Ante el reclamo del Estado ecuatoriano, la agencia extranjera sostiene que el “espacio suprayacente” termina en la atmósfera y que la órbita geoestacionaria es patrimonio común de la humanidad, por lo que el Ecuador no tiene base legal para reclamar derechos sobre dicha zona. ¿Qué elemento del análisis constitucional del territorio desvirtúa la postura de la agencia extranjera?. Que los límites del Ecuador son únicamente los determinados por los tratados internacionales de aviación civil y derecho del espacio exterior. Que el Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria y el espacio suprayacente. Que la Antártida y la plataforma submarina son las únicas áreas fuera del continente donde el Estado puede ejercer derechos de exclusividad absoluta. Que el Archipiélago de Galápagos es el único punto geográfico desde el cual se proyecta la soberanía sobre el espacio suprayacente marítimo.

Ante una grave crisis de seguridad regional, el Ejecutivo suscribe un “Protocolo de Cooperación Logística” que permite a la Fuerza Aérea de un Estado extranjero utilizar de forma permanente una pista de aterrizaje dentro de una base aérea ecuatoriana. El protocolo aclara que no se está creando una base nueva, sino que se otorga una “facilidad técnica de reabastecimiento” para aeronaves de combate extranjeras que patrullan aguas internacionales. El Gobierno sostiene que esto no vulnera la soberanía, sino que la fortalece mediante alianzas estratégicas. Al analizar la configuración del Estado como “territorio de paz”, ¿por qué este protocolo es inconstitucional?. Porque el Ecuador es un territorio de paz que solo permite la cooperación militar extranjera cuando existe una declaración de guerra previa autorizada por la Asamblea Nacional. Porque se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, sin distinguir si la cesión es parcial, técnica o temporal. Porque la soberanía nacional exige que los tratados de cooperación logística sean aprobados únicamente por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE). Porque el establecimiento de instalaciones extranjeras solo se permite en el Archipiélago de Galápagos por su condición de patrimonio natural y no en el territorio continental.