Examen Complexivo N° 2

Un alcalde adjudica directamente, sin concurso, un contrato municipal a la empresa de su hermano alegando falsamente una situación de emergencia. En este caso hipotético concurren varias infracciones: se vulneran los principios de transparencia e igualdad de la contratación (falta administrativa), existe un posible perjuicio al Estado (responsabilidad civil) y, de verificarse el dolo al favorecer a un familiar con fondos públicos, podría configurarse indicio de responsabilidad penal por peculado. A. VERDADERO. B. FALSO.

Durante una auditoría a un proyecto estatal, la Contraloría descubre que funcionarios aprobaron pagos por obras no ejecutadas, generando un desembolso injustificado de fondos públicos. En tal situación, la Contraloría está facultada para predeterminar responsabilidad civil culposa contra los funcionarios involucrados por el monto del perjuicio y, adicionalmente, tiene el deber de comunicar a la Fiscalía la existencia de un posible delito de peculado. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Constitución ecuatoriana proclama que ningún servidor público está exento de responsabilidades por sus actos u omisiones en el manejo de fondos o bienes del Estado, debiendo responder administrativa, civil y penalmente según corresponda; por tanto, un mismo hecho puede dar lugar simultáneamente a sanciones administrativas, al pago de indemnizaciones (glosas) y a un proceso penal si configura delito. A. VERDADERO. B. FALSO.

Un servidor público que ejecutó una orden ilegal de su superior jerárquico no puede exonerarse de responsabilidad alegando obediencia debida, ya que la normativa vigente dispone que la responsabilidad es personal y no se extingue por seguir órdenes superiores. A. VERDADERO. B. FALSO.

Para que exista responsabilidad civil culposa determinada por la Contraloría, debe probarse que el servidor actuó u omitió con negligencia causando un perjuicio económico al Estado; la consecuencia típica es la emisión de una glosa u orden de reintegro por el monto del daño, que el responsable deberá pagar. A. VERDADERO. B. FALSO.

La responsabilidad administrativa determinada por la Contraloría se refiere a infracciones de normas o deberes funcionariales y puede conllevar sanciones como multas o destitución; esta responsabilidad es independiente de la esfera penal, por lo que una sanción administrativa no impide que por los mismos hechos se inicie un proceso penal si constituyen delito. A. VERDADERO. B. FALSO.

Las sanciones impuestas por la Contraloría General del Estado (como destituciones, multas o glosas) se ejecutan de forma inmediata, aun cuando el servidor afectado conserve el derecho de impugnarlas ante el Contralor (en sede administrativa) y posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Contraloría General del Estado evalúa los sistemas de control interno de las entidades públicas como parte de su función rectora: emite Normas de Control Interno de obligatorio cumplimiento, supervisa su aplicación a través de las Unidades de Auditoría Interna de cada institución y puede disponer medidas correctivas o incluso determinar responsabilidades a la máxima autoridad de la entidad que incumpla con implementar un adecuado control interno. A. VERDADERO. B. FALSO.

Los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, al estar considerados delitos contra la administración pública, son imprescriptibles según la Constitución ecuatoriana, lo cual significa que la acción penal para perseguirlos no caduca con el tiempo. A. VERDADERO. B. FALSO.

Un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría vincula a la Fiscalía General del Estado, la cual está obligada a acusar formalmente al funcionario implicado en base a dicho informe. A. VERDADERO. B. FALSO.

Si la Contraloría determina responsabilidad administrativa con destitución en contra de un Ministro de Estado en funciones, corresponderá al Presidente de la República ejecutar dicha destitución, dado que es la autoridad nominadora del ministro; en este sentido, la orden de destitución de la Contraloría se canaliza a través de la máxima autoridad competente. A. VERDADERO. B. FALSO.

La responsabilidad administrativa disciplinaria, regulada por la LOSEP y el COA, se sustancia en procedimientos administrativos internos en cada institución pública y sus sanciones (amonestaciones, suspensiones, destitución, etc.) son impuestas por la propia entidad empleadora, sin intervención directa de la Contraloría General en ese proceso. A. VERDADERO. B. FALSO.

Las faltas leves o de carácter puramente disciplinario (por ejemplo, incumplimiento de horarios o negligencias menores) cometidas por un servidor público son materia del régimen disciplinario interno de su institución y no de la Contraloría, cuyo control se enfoca en irregularidades que comprometen el interés público o los recursos estatales. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Función de Transparencia y Control Social, establecida como “quinto poder” por la Constitución de 2008, agrupa organismos autónomos (Contraloría General, CPCCS, Defensoría del Pueblo, Superintendencias) dedicados a la vigilancia de la gestión pública; sus titulares integran un Comité de Coordinación que formula políticas de transparencia y planes anticorrupción, sin que ello suponga subordinación jerárquica entre dichos órganos, pues cada cual mantiene independencia en el ejercicio de sus competencias. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Constitución y la ley facultan al CPCCS para impulsar la participación ciudadana y el control social, incluso investigando denuncias de corrupción: el CPCCS puede coordinar veedurías ciudadanas, requerir información a cualquier entidad pública y emitir informes con indicios de responsabilidad; es más, está legitimado para actuar como parte procesal e impulsar acciones judiciales en casos de corrupción, aunque carece de potestad para sancionar directamente a los funcionarios involucrados. A. VERDADERO. B. FALSO.

Antes de dictar una resolución sancionatoria, la Contraloría General del Estado debe haber notificado al presunto responsable un oficio de predeterminación de responsabilidad, detallando los hechos observados y la norma presuntamente infringida, y otorgándole un plazo (por ejemplo, 30 días) para presentar sus pruebas de descargo y alegatos de defensa. A. VERDADERO. B. FALSO.

La fase de predeterminación en el procedimiento de la Contraloría actúa como un filtro jurídico: si el informe de auditoría carece de sustento técnico o legal suficiente, la Contraloría debe abstenerse de formular cargos y archivar el caso, garantizando que ningún servidor sea sancionado con base en evidencias débiles o obtenidas irregularmente. A. VERDADERO. B. FALSO.

Las resoluciones de la Contraloría que establecen responsabilidades tienen la calidad de actos administrativos ejecutivos: son obligatorias y ejecutables sin necesidad de intervención judicial previa, aunque puedan ser luego revisadas por jueces en sede contencioso-administrativa. A. VERDADERO. B. FALSO.

Si un servidor público notificado con una predeterminación de responsabilidad de la Contraloría no presenta descargos ni pruebas en el plazo previsto, la Contraloría puede presumir ciertos hechos como no controvertidos y continuar el proceso hacia la resolución final, sin que ello releve a la institución de motivar debidamente su decisión sancionatoria. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Constitución ecuatoriana de 2008 consagra que “el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público” y crea la Función de Transparencia y Control Social, que integra a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, las Superintendencias y el CPCCS con el fin de promover la transparencia y combatir la corrupción. A. VERDADERO. B. FALSO.

Conforme a la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designa a la Procuradora o Procurador General del Estado y a las primeras autoridades de las superintendencias, a partir de ternas enviadas por la Presidencia de la República. A. VERDADERO. B. FALSO.

Las veedurías ciudadanas, reconocidas por la ley e impulsadas por el CPCCS, permiten que ciudadanos fiscalicen determinados procesos públicos (como una contratación importante o la ejecución de una obra); aunque los informes de las veedurías no son vinculantes, sus hallazgos pueden servir para que las autoridades competentes (Contraloría, Fiscalía) inicien investigaciones formales. A. VERDADERO. B. FALSO.

El derecho de acceso a la información pública constituye una herramienta de control social: las instituciones estatales deben poner a disposición de la ciudadanía información veraz y completa sobre su gestión, y la negativa injustificada a entregar información puede derivar en la intervención de la Defensoría del Pueblo e incluso en sanciones para el funcionario renuente. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Defensoría del Pueblo actúa como organismo de control en materia de derechos: puede investigar de oficio o a petición de parte las quejas de ciudadanos por violaciones de derechos constitucionales cometidas por entidades públicas, y emitir resoluciones o recomendaciones para que se repare el derecho vulnerado, aunque carece de potestad para imponer sanciones materiales a los funcionarios responsables. A. VERDADERO. B. FALSO.

Las decisiones o recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo no son obligatorias como una sentencia judicial; si una institución pública no las cumple voluntariamente, la Defensoría puede instar un proceso constitucional (por ejemplo, una acción por incumplimiento) para que un juez ordene su acatamiento, pero la Defensoría en sí no puede destituir ni multar a los funcionarios renuentes. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Defensoría del Pueblo, al constatar la vulneración de un derecho por parte de una institución pública, puede sancionar directamente al funcionario responsable disponiendo su destitución o una multa indemnizatoria a favor del afectado, en virtud de su potestad de tutela de derechos. A. VERDADERO. B. FALSO.

Las Superintendencias, como organismos de control con autonomía, supervisan el cumplimiento de la normativa en sectores específicos (bancario, societario, telecomunicaciones, etc.) y pueden imponer sanciones administrativas (tales como multas, suspensión de licencias o intervención de entidades) a los sujetos bajo su control cuando infringen la ley. A. VERDADERO. B. FALSO.

Las Superintendencias, al pertenecer a la Función de Transparencia y Control Social, están sometidas jerárquicamente a las directrices de la Contraloría General del Estado en materia de fiscalización, de modo que la Contraloría puede revocar o modificar las decisiones sancionatorias de una superintendencia si las considera improcedentes. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Asamblea Nacional ejerce control político sobre el Ejecutivo: puede llamar a ministros de Estado para interpelarlos e incluso destituirlos mediante juicio político si se comprueba incumplimiento de funciones, sin perjuicio de que las eventuales responsabilidades penales de esos ministros deban ser perseguidas por la Fiscalía de manera independiente. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Asamblea Nacional también puede fiscalizar a las autoridades de control del Estado (como el Contralor General, el Fiscal General, los Superintendentes y el Defensor del Pueblo) a través de juicios políticos, puesto que dichas autoridades, aunque autónomas, deben responder por el cumplimiento de sus funciones ante el Parlamento y pueden ser censuradas y destituidas si incurren en faltas graves. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Procuraduría General del Estado ejerce un control jurídico preventivo de la gestión pública: ciertos contratos estatales (por ejemplo, los de alta cuantía o sobre recursos estratégicos) requieren su dictamen favorable previo para ser válidos, lo que permite evitar compromisos contrarios a la ley o lesivos al interés nacional. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Procuraduría General del Estado no tiene atribuciones para establecer responsabilidades administrativas ni imponer sanciones a servidores públicos; su función en el sistema de control se centra en la asesoría y defensa legal del Estado (sus dictámenes legales son vinculantes para las entidades consultantes) y en ejercer acciones judiciales, como los juicios de repetición, para resarcir al Estado de perjuicios causados por funcionarios. A. VERDADERO. B. FALSO.

La auditoría de gestión, al igual que la auditoría financiera, concluye con un dictamen u opinión formal sobre los estados financieros auditados, puesto que evalúa la eficiencia en el uso de los recursos reflejada en dichos estados; por ello, ambas SA3Scomparten el mismo objetivo de certificar la razonabilidad de la información contable. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Procuraduría General del Estado, al detectar una actuación administrativa lesiva a la ley, puede dejarla sin efecto mediante un dictamen vinculante, e incluso sancionar económicamente al funcionario responsable dentro del mismo dictamen, ejerciendo así control correccional inmediato. A. VERDADERO. B. FALSO.

La Asamblea Nacional, en ejercicio de su atribución constitucional de fiscalizar, puede crear comisiones ocasionales para investigar presuntos actos de corrupción o mala administración; dichos comités especiales presentan informes que pueden recomendar la censura vía juicio político de altas autoridades o la remisión de antecedentes a la Fiscalía y la Contraloría; incluso sin iniciar un juicio político, el Pleno de la Asamblea puede aprobar resoluciones de censura o de exhorto respecto de la gestión de funcionarios, las cuales carecen de efectos jurídicos directos pero constituyen un pronunciamiento político que busca la rendición de cuentas. A. VERDADERO. B. FALSO.

En una entidad pública, un director encubre deliberadamente un desfalco cometido por un subordinado, omitiendo denunciarlo. Si la Contraloría descubre el hecho en una auditoría, ese director podría ser sancionado administrativamente por incumplir sus deberes de control (responsabilidad administrativa), sometido a proceso disciplinario interno por la falta cometida, e incluso investigado penalmente como encubridor si su omisión favoreció la impunidad del delito. A. VERDADERO. B. FALSO.

Un funcionario adjudica un contrato público saltándose los procedimientos legales exigidos, pero la obra se ejecuta correctamente, sin sobreprecio ni perjuicio económico para el Estado, y no existe evidencia de soborno ni de enriquecimiento ilícito. En este escenario, el servidor podría ser sujeto de responsabilidad administrativa (por la infracción a la normativa de contratación) e incluso de sanción disciplinaria interna, pero no habría lugar a responsabilidad civil (al no existir daño económico) ni penal (al no configurarse delito de corrupción). A. VERDADERO. B. FALSO.

¿Cuál es el principal cuerpo legal que rige la contratación pública en Ecuador?. A. La Ley de Compañías. B. El Código Orgánico Administrativo. C. Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). D. La Ley de Modernización del Estado.

¿Quién es el responsable de la planificación de las contrataciones en una entidad pública?. A. El Ministro de Economía y Finanzas. B. La máxima autoridad de cada entidad contratante. C. El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). D. La Contraloría General del Estado.

¿Qué documento de planificación anual debe elaborar cada entidad para sus contrataciones?. A. El Plan Anual de Contratación (PAC). B. El Plan Estratégico Institucional. C. El Presupuesto Anual de Inversiones. D. El Plan Operativo Anual (POA).

El Plan Anual de Contratación (PAC) debe ser publicado en el portal del SERCOP, ¿con qué fin principal?. A. Para recibir la aprobación de la Contraloría. B. Para garantizar la transparencia y la participación de la ciudadanía. C. Para que el Ministerio de Finanzas lo audite. D. Para uso interno de la entidad.

La fase de planificación de la contratación pública incluye: A. La adjudicación del contrato y la firma. B. La ejecución del contrato y el pago. C. La identificación de necesidades y la elaboración del presupuesto. D. La impugnación de ofertas.

¿Cuál es la entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública en Ecuador?. A. La Fiscalía General del Estado. B. El Ministerio de Finanzas. C. El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). D. La Contraloría General del Estado.

El Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) es el medio por el cual: A. Se registran los proveedores del Estado. B. Se publican y ejecutan los procedimientos de contratación. C. Se resuelven las disputas contractuales. D. Se fiscaliza a las entidades contratantes.

La planificación de una contratación pública comienza con: A. La publicación del procedimiento en el portal del SERCOP. B. La declaración de la necesidad de un bien, obra o servicio. C. La firma del contrato. D. La adjudicación de la oferta ganadora.

¿Cuál es el propósito del presupuesto referencial en un proceso de contratación?. A. Es el valor final que se pagará por la contratación. B. Es el costo máximo que la entidad está dispuesta a pagar. C. Es el valor de la fianza que debe presentar el contratista. D. Es el valor de la oferta de la empresa ganadora.

La normativa de contratación pública en Ecuador busca, entre otros principios, la: A. La adjudicación directa sin competencia. B. La exclusión de proveedores extranjeros. C. La transparencia, la eficiencia y la participación nacional. D. El favoritismo a empresas del sector público.

La Subasta Inversa Electrónica se utiliza principalmente para la adquisición de: A. Obras de infraestructura complejas. B. Bienes y servicios normalizados. C. Servicios profesionales especializados. D. Consultorías de alto valor.

¿Qué procedimiento se utiliza para la contratación de obras, bienes o servicios cuyo presupuesto supera los montos establecidos para la Subasta Inversa?. A. Licitación. B. Menor Cuantía. C. Cotización. D. Contratación Directa.

¿Cuál es el procedimiento de contratación utilizado para la selección de consultores individuales o de equipos de trabajo?. A. Licitación. B. Menor Cuantía. C. Concurso de Méritos y Oposición. D. Concurso Público de Consultoría.

El procedimiento de Menor Cuantía se aplica para la adquisición de bienes o servicios de montos: A. Superiores a la Licitación. B. Muy bajos, de acuerdo con la tabla del SERCOP. C. Entre los montos de la Cotización y la Licitación. D. Solo para obras de infraestructura.

La Cotización es un procedimiento que se utiliza para la contratación de: A. Consultorías. B. Obras, bienes y servicios que superan el monto de Menor Cuantía. C. Adquisiciones de emergencia. D. Adquisiciones de catálogo electrónico.

¿En qué tipo de procedimiento los proveedores ofertan a la baja el precio de un producto o servicio normalizado?. A. Licitación. B. Subasta Inversa Electrónica. C. Concurso de Méritos. D. Menor Cuantía.

¿Para qué se utiliza el procedimiento de Ínfima Cuantía?. A. Para compras de bienes, servicios o consultorías por montos muy reducidos y específicos. B. Para la compra de vehículos. C. Para la contratación de bienes inmuebles. D. Para cualquier tipo de adquisición de bajo monto.

¿Qué procedimiento se usa para contratar servicios de comunicación social y artística?. A. Licitación. B. Menor Cuantía. C. Contratación por Giro Específico del Negocio. D. Contratación Directa.

La Contratación de Emergencia se puede aplicar cuando: A. Se requiere una contratación urgente por eventos catastróficos. B. Un procedimiento regular ha sido declarado desierto. C. La entidad no tiene un Plan Anual de Contratación. D. El presupuesto es muy alto.

En un Concurso de Méritos, la selección del proveedor se basa principalmente en: A. El precio más bajo. B. Las capacidades técnicas y la experiencia del oferente. C. La rapidez de la entrega. D. El lugar de residencia del oferente.

La fase preparatoria de un proceso de contratación inicia con: A. La publicación del procedimiento en el SOCE. B. La elaboración de los pliegos y la certificación de disponibilidad presupuestaria. C. La evaluación de las ofertas. D. La firma del contrato.

En la fase precontractual, uno de los documentos clave que se elabora es: A. El contrato definitivo. B. El informe de la ejecución. C. Los pliegos del proceso. D. El acta de recepción.

¿Qué documento acredita que la entidad contratante cuenta con los fondos necesarios para la contratación?. A. La certificación de disponibilidad presupuestaria. B. El Plan Anual de Contratación. C. El presupuesto del Estado. D. El informe de fiscalización.

La etapa de convalidación de errores de forma en las ofertas permite a los oferentes: A. Presentar una nueva oferta. B. Cambiar el precio de su oferta. C. Corregir errores subsanables que no afectan la validez de la oferta. D. Adicionar documentos que no se solicitaron inicialmente.

La evaluación de las ofertas se realiza en la fase: A. Preparatoria. B. Contractual. C. Precontractual. D. De ejecución.