De acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, se entenderá por Administraciones Publicas La administracion general del estado, las administraciones de las comunidades autonomas y las entidades que integran la administracion local, exclusivamente La administracion general del estado, las administraciones de las comunidades autonomas, las entidades que integran la administracion local, y las entidades de derecho publico que sean dependientes o esten vinculadas al Estado, las comunidades autonomas o las entidades locales Las entidades de derecho publica que sean dependientes o esten vinculadas al estado, las comunidades autonomas o las entidades locales, exclusivamente. En relacion con las leyes de trasnferencia o delegacion, la constitucion establece que el estado podra transferir o delegar en las comunidades autonomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegacion mediante Ley orgánica Ley ordinaria Real Decreto-ley. De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Union Europea, la directiva tendrá un alcance general. Sera obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, asi como en cuanto a la forma y de los medios para su consecución obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La reserva material de Ley comprende el conjunto de supuestos o materias respecto de los cuales la constitución exige su regulacion por norma reglamentaria por norma con rango de ley o norma reglamentaria por norma con rango de ley. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (en adelante, "Ley 39/2015"), las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dicto la disposición general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquellas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dicto la disposición general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. ¿Que es la revisión de oficio de un reglamento? Es un procedimiento por el que la Administración declara la nulidad de un reglamento Es un procedimiento por el que la Administración modifica un reglamento válido Es un procedimiento por el que la jurisdicción contencioso-administrativa declara la nulidad de un reglamento. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretaran y aplicaran las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en todo tipo de procesos el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico (en adelante, "Ley 40/2015), la adopción de disposiciones de carácter general podrá ser objeto de delegación en otro órganos de la misma administración, aun cuando no sean jercaquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquella podrá ser objeto de delegación en otros órganos de la misma administración, siempre que sean jerarquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquella no podrá ser objeto de delegación. El principio de jerarquía se aplica en las relaciones entre órganos administrativos en las relaciones entre órganos administrativos y también en las relaciones entre entes territoriales (por ejemplo, en la relación entre Estado y Comunidades Autónomas) exclusivamente en las relaciones entre entes territoriales (por ejemplo, en la relación entre Estado y Comunidades Autónomas). La legitimacion para plantear los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional corresponde siempre, a cualquier municipio, que está legitimado para plantear el conflicto por sí mismo siempre, a cualquier provincia, que está legitimada para plantear el conflicto por sí misma al municipio o provincia que sea destinatario único de la ley objeto del conflicto. Los Secretarios Generales Técnico de un Ministerio son nombrados y separados por Ley Real Decreto del Consejo de Ministros Orden Ministerial. De acuerdo con la Constitución, la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado corresponderá a los Entes Locales podrá corresponder al Estado o a los Entes locales. Son municipios de gran población, los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, siempre que presentes circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, siempre que presentes circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales y siempre que, además, asi lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. En los municipios de régimen común, la competencia para aprobar las ordenanzas municipales corresponde al Alcalde a la Junta de Gobierno Local al Pleno del Ayuntamiento. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, las competencias propias de los municipios se ejercen con sujeción a un control directo, intenso y generalizado por parte del Estado y las Comunidades autónomas en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad sin necesidad de atender a la coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones públicas. En relación con las entidades públicas empresariales de ámbito estatal puede afirmarse que el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas se rige por el Derecho público por el Derecho privado con carácter general por el Derecho privado, y excepcionalmente, por el Derecho público. De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, el Tribunal de Cuentas dependerá directamente de las Cortes Generales dependerá directamente del Gobierno dependerá directamente del Tribunal Supremo. De acuerdo con lo previsto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, puede afirmarse que, con carácter general, los Colegios Profesionales pueden establecer recomendaciones sobre honorarios no puede establecer recomendaciones sobre honorarios no pueden establecer recomendaciones sobre honorarios, pero si directrices, normas o reglas sobre este tema. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local puede afirmase de forma simplificada que, en caso de gestión gravemente dañosa que suponga el incumplimiento de obligaciones constitucionales por parte de las corporaciones locales, podrá procederse a la disolución de los órganos de las corporaciones locales por El consejo de ministros o el consejo de gobierno de la comunidades autónoma, previo acuerdo favorable del tribunal constitucional y del consejo de estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma El consejo de gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, previo acuerdo favorable del Senado El consejo de Ministros, previo acuerdo favorable del Senado. El Consejo de Seguridad Nuclerar no puede ser calificado de Administración Independiente es una Administración independiente prevista en la Constitución es una Administración independiente NO prevista en la Constitución. (RESERVA) De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, los miembros de un consorcio no tienen derecho de separación tienen derecho de separación en cualquier momento, siempre que ni se haya señalado término para la duración del consorcio o, dentro del plazo, si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatuarias sólo podrán separarse del consorcio si alguno de los miembros hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatuarias de carácter esencial. (RESERVA) De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los conflictos de atribuciones (es decir, de competencias) entre los distintos Departamentos ministeriales deberá ser consultado el Pleno consultada la Comisión Permanente consultada la Comisión de Estudios.
