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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEEXAMEN DERECHO ADMINISTRATIVO I

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Título del test:
EXAMEN DERECHO ADMINISTRATIVO I

Descripción:
JUNIO 2013

Autor:
lgarcia30
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Fecha de Creación:
26/04/2022

Categoría:
UNED

Número preguntas: 20
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Temario:
un decreto-legislativo es una norma: que aprueba el gobierno, que tiene rango de ley, y que se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa en determinados supuestos que aprueba el gobierno, que tiene rango inferior de ley, y que se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa en todo caso Que aprueba el Parlamento, que tiene rango de Ley, y que solo se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional Que aprueba el Parlamento, que tiene rango inferior a la Ley, y que se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional.
Los Reglamentos de la Unión Europea Son directamente aplicables en España Son directamente aplicables en España, salvo que vayan en contra de una Ley española. Son aplicables en España, una vez que hayan sido incorporados o traspuestos a Derecho español mediante un acto formal de recepción Son directamente aplicables en España, salvo que el Estado español desista unilateralmente de su aplicación. .
En cuanto a la capacidad normativa del Gobierno, y de acuerdo con la Constitución Española de 1978 El Gobierno puede regular cualquier materia, pues no hay materias reservadas a la Ley El Gobierno sólo puede regular aquellas materias que han sido objeto de reserva reglamentaria por la Constitución En nuestra Constitución no hay reserva de Ley ni reserva reglamentaria En nuestra Constitución hay determinadas materias cuya regulación está reservada a la Ley.
¿Puede la Administración desvincularse de su práctica anterior o precedente al resolver un asunto nuevo y análogo a otro anterior? Sí puede, pero debe motivarlo Sí puede, sin ningún requisito No puede, el precedente le vincula en todo caso No puede, porque supondría una ruptura del principio de seguridad jurídica.
De acuerdo con la Ley 30/1992, las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales Son nulas de pleno derecho Son anulables Son convalidables Son válidas .
Diga cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, conforme establece la Ley 30/1992 Los órganos administrativos no pueden dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos y a la responsabilidad disciplinaria correspondiente. Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos, aunque en ningún caso a responsabilidad disciplinaria. Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento no afecta por sí sólo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir .
La transferencia tanto de la titularidad como del ejercicio de una competencia se denomina, en nuestro ordenamiento Desconcentración Delegación Encomienda de gestión Avocación .
De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local Sólo las normas o disposiciones del Estado con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. Una norma o disposición del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. Una norma o disposición del Estado rango reglamentario que lesione la autonomía local constitucionalmente garantizada. Una norma o disposición del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de ley o con rango reglamentario que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. .
La asistencia y cooperación requerida en virtud del principio de lealtad institucional, de acuerdo con el contenido de la Ley 30/1992 Sólo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté facultado para prestarla Sólo podrá denegarse cuando el ente del que se solicita no disponga de medios suficientes para ello Sólo podrá denegarse cuando el de lo contrario el ente del que se solicita causaría un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. Ninguna de las anteriores es correcta.
De acuerdo con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establece mediante Un Real Decreto del Presidente del Gobierno Real Decreto del Consejo de Ministros Ley ordinaria Ley Orgánica .
De acuerdo con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), la dirección de los denominados “servicios comunes” del Ministerio correspondiente corresponde Al Secretario de Estado Al Subsecretario Al Secretario General Técnico Al Secretario General.
El control de las normas con rango de Ley elaboradas y aprobadas por las Comunidades Autónomas se realizará, conforme queda señalado en la Constitución española Por el Tribunal Constitucional Por el Defensor del Pueblo Por la jurisdicción contencioso-administrativa Por el Tribunal de Cuentas.
De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, en los municipios de régimen común, la aprobación del reglamento orgánico del Ayuntamiento corresponde Al Pleno Al Alcalde A la Junta de Gobierno Local A ninguno de los anteriores .
Son municipios de gran población, de acuerdo con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) realizada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos Los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos Los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas, en todo caso.
De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico Podrán anular dicho acto o acuerdo directamente Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, o bien impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, pero no impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa Podrán suspender dicho acto o acuerdo y, posteriormente, una vez instruido el correspondiente procedimiento, podrán anularlo.
De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, los acuerdos de las Corporaciones locales se adoptan Siempre, por mayoría simple de los miembros presentes. Siempre, por mayoría absoluta Como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Como regla general, por mayoría absoluta.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), las Entidades Públicas Empresariales Son Organismos públicos, que se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. Son Organismos públicos, que se rigen por el Derecho público, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. Son Organismos privados, que se rigen por el Derecho privado ,excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. Son Organismos privados, que se rigen por el Derecho público, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En todo caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En todo caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.
En cuanto a los honorarios profesionales entre las profesiones colegiadas y de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales La regla general es que los Colegios Profesionales podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales. La regla general es que los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, aunque sí unos baremos orientativos. Los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, ni siquiera criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas de los abogados Los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, aunque sí criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas de los abogados.
La composición y competencia del Consejo de Estado se encuentra regulada En una Ley Orgánica específica, que regula estas materias En la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado En la Ley del Gobierno En la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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