EXAMEN MODELO A 5 ADM

En qué casos procede interponer recurso administrativo: Contra las resoluciones y actos de trámite. Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Contra las resoluciones que agotan la vía administrativa y contra los actos de trámite si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

Las infracciones graves: Caducan a los dos años. Prescriben a los dos años. Prescriben al año. Caducan al año, salvo que una ley establezca otro plazo.

La duración máxima del ingreso de una persona extranjera en un centro de internamiento durante la tramitación de un procedimiento de extranjería en el que se puede acordar su expulsión es de: 60 días como máximo. 60 días, prorrogables por otros 60. 30 días. dos meses, prorrogables.

¿Qué es la capacidad procesal en el orden judicial contencioso-administrativo?. La relación de la parte procesal con el objeto del proceso. La facultad para poder realizar actos con eficacia jurídica dentro de un proceso judicial. La necesidad de comparecer con procurador ante algunos tribunales de lo contencioso-administrativo. El derecho a comparecer sin procurador ante algunos tribunales de lo contencioso-administrativo.

En el procedimiento ordinario de expropiación forzosa ¿Cuándo puede llevarse a cabo la ocupación de la finca o bien expropiado?. Cuando el Jurado de Expropiación Forzosa haya dictado resolución sobre el justiprecio. Cuando se haya hecho efectivo el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. De inmediato tras la declaración de urgencia. Después de la declaración de necesidad de ocupación.

En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, el silencio administrativo: Es siempre positivo. Es negativo únicamente cuando la solicitud pretenda la adquisición de facultades sobre el dominio público. Es positivo, salvo que se refiera a solicitudes sobre el dominio público, servicio público o reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Es positivo siempre que una norma sectorial así lo disponga.

¿Es posible la solicitud de medidas cautelares con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo?. No. Deben solicitarse con el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo. Sólo en el supuesto de recurrir contra la inactividad material de la Administración. Sólo en los supuestos de inactividad o de vía de hecho de la Administración. Sólo si ya se habían acordado medidas provisionales en sede administrativa.

Deben tramitarse por el procedimiento abreviado los recursos contencioso-administrativos sobre los siguientes asuntos: Todos los asuntos que correspondan a los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo. Dominio público, servicio público y separación de funcionarios. Materias de extranjería y asilo político. Materias de extranjería, asilo político, disciplina deportiva y todos aquellos asuntos de cuantía inferior a 30.000 euros.

La declaración de una causa que haga imposible, legal o materialmente, ejecutar una sentencia corresponde: Al órgano administrativo encargado de la ejecución de la sentencia. Al Juez o Tribunal que hubiere dictado la sentencia. Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando el acto o disposición anulados por la sentencia fuere de una entidad local sita en su territorio. A la Administración que dictó el acto o disposición que fue impugnado en el proceso contencioso-administrativo en el que recayó la sentencia a ejecutar.

Para que se declare la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es preciso que exista un daño: Efectivo, patrimonial, evaluable y antijurídico. Potencial, económicamente evaluable y antijurídico. Efectivo, económicamente evaluable, individualizable y antijurídico. Efectivo, individualizable y antijurídico.

El contratista tendrá derecho a instar la resolución del contrato y el reconocimiento de los perjuicios sufridos frente a la Administración cuando ésta se demore en el pago debido más allá del siguiente plazo: diez meses. seis meses. ocho meses. tres meses.

Respecto de las técnicas de intervención administrativa, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo, salvo: Cuando se trate de actividades vinculadas a la defensa nacional. Exclusivamente cuando se trate de actividades sobre el dominio público o sobre servicios públicos sometidos a tarifas reguladas. Cuando las instalaciones o infraestructuras físicas no sean desmontables. Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad.

La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional: Conoce de los recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. Conoce de los recursos contra actos de los Ministros y Secretarios de Estado. Conoce de los recursos contra los actos y disposiciones del Consejo de Ministros. Conoce de los recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico.

En el proceso contencioso-administrativo ¿en qué momentos es posible proponer prueba?. Exclusivamente en los escrito de demanda y contestación. En los escritos de demanda y de contestación, y tras la contestación cuando ésta introdujera hechos nuevos. En los escritos de demanda, de contestación y en los de conclusiones. En los escritos de demanda, de contestación, de alegaciones complementarias y por hechos nuevos introducidos en la contestació, así como en el trámite de interposición y oposición al recurso de apelación.

En la contratación del sector público los contratos sujetos a regulación armonizada se caracterizan por: Quedar excluidos de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. La participación de un poder adjudicador y superar ciertos umbrales económicos en función del tipo contractual de que se trate. Ser encomendados siempre a un medio propio de la Administración, de los regulados en los artículos 32 y 33 de la Ley de Contratos del Sector Público. Consistir en las modalidades de contratos atípicos y/o mixtos.

Todo documento que se presenta ante la Administración Tributaria en el que se reconoce o manifiesta un hecho relevante para la aplicación de tributos es: Una declaración tributaria. Una autoliquidación. Una comunicación. Una comprobación de datos.

En los supuestos de vía de hecho por la Administración pública, el recurso contencioso-administrativo debe interponerse: En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento por 10 días formulado por el interesado. En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento por 3 meses formulado por el interesado. En el plazo de 10 días siguientes al vencimiento del requerimiento previamente formulado por el interesado, o, de no mediar dicho requerimiento, en el plazo de 20 días desde que se produjo la vía de hecho.

Son supuestos que excluyen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: La concurrencia de culpa del perjudicado. La concurrencia de varias Administraciones en la causación del daño. El funcionamiento normal del servicio público. La fuerza mayor.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, en los procedimientos sancionadores la falta de resolución expresa dentro del plazo establecido dará lugar a: La caducidad y el archivo. La prescripción de la infracción. El silencio administrativo positivo. El silencio administrativo negativo.

El trámite de conclusiones: No puede servir para incluir argumentos nuevos. Solamente se celebra si se ha admitido el proceso a prueba. No tiene lugar en el procedimiento abreviado. Solamente se celebra si lo solicitan todas las partes personadas.

El proceso contencioso-administrativo especial sobre prohibición o propuesta de modificación de las reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión se caracteriza por: El plazo de 48 horas para la interposición del recurso ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo competentes por razón de la ubicación de la reunión. El plazo de 72 horas para la interposición del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. El plazo de 48 horas para la interposición del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. La competencia especial atribuida a los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo.

El incidente de falta de jurisdicción se puede tramitar en los siguientes momentos procesales: Alegaciones previas, contestación a la demanda y en la vista o conclusiones. Demanda, alegaciones previas, contestación a la demanda y en la vista o conclusiones. Alegaciones previas y contestación a la demanda, únicamente. Demanda y contestación a la demanda, únicamente.

La representación del recurrente a través de procurador en el proceso contencioso-administrativo: Es obligatoria en cualquier caso y procedimiento. Es potestativa ante los órganos judiciales unipersonales y obligatoria ante los órganos judiciales colegiados. Es obligatoria siempre, salvo en el caso de funcionarios que actúen en defensa de sus derechos estatutarios. Es potestativa ante los órganos judiciales unipersonales y obligatoria ante los órganos judiciales colegiados, salvo para los funcionarios en defensa de sus derechos estatutarios, siempre que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.

¿En qué supuestos se presume que existe interés casacional objetivo para interponer un recurso de casación?. Cuando el recurso pretenda fundarse en la infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo. Cuando la cuantía del recurso supere los 600.000 euros. Cuando la sentencia recurrible haya aplicado normas sobre las que no existe jurisprudencia. Cuando la sentencia se hubiere dictado en única o segunda instancia por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

La ejecución provisional de sentencias: No cabe cuando la sentencia haya declarado la nulidad de una disposición de carácter general. Se puede plantear en relación con sentencias que no hayan alcanzado firmeza. Conlleva, en todo caso, la prestación de garantías por la parte que la ha instado. Solamente cabe en relación con sentencias dictadas en procesos cuya cuantía sea superior a 30.000 euros.

La nota diferenciadora entre el contrato de concesión de obras o servicios y el contrato de obras y servicios es: Las distintas prestaciones que se obliga a realizar el contratista y el concesionario. La asunción del riesgo operacional en las concesiones. La exclusión del principio de riesgo y ventura en los contratos de obra y servicios. No existe un criterio definido, todo depende de la normativa sectorial o especial aplicable.

El procedimiento tributario para investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en su caso, su regulación, es: El procedimiento de comprobación. El procedimiento de inspección. El procedimiento de verificación. El procedimiento de apremio.

La potestad expropiatoria corresponde exclusivamente a: La Administración institucional y a las corporaciones de derecho público. La Administración General del Estado, como expresión de la competencia exclusiva del Estado en la materia. La Administración de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, incluidos los cabildos y consejos insulares. La Administración territorial.

En un proceso contencioso administrativo con una cuantía establecida en 29.000 euros ¿qué recurso cabe interponer contra la sentencia dictada en la instancia?. No cabe ningún recurso por razón de la cuantía establecida. Recurso de apelación, previa interposición del recurso de reposición. Recurso de queja, sin posibilidad de ulterior apelación en caso de ser desestimado. Recurso de apelación sólo en el supuesto de que la sentencia hubiera declarado la inadmisibilidad del recurso o se hubiera dictado en un proceso especial para la protección de los derechos fundamentales.

Respecto de la exigencia de visado para la entrada en España señale el enunciado erróneo: Los ciudadanos de la Unión Europea están exentos del requisito del visado. El visado de residencia permite residir sin realizar actividad laboral o profesional. No se exige visado para estancias de hasta seis meses. No se exige visado para quienes dispongan de una tarjeta de identidad de extranjero.

Contra la resolución del Alcalde del Ayuntamiento denegando el otorgamiento de una licencia de obras, cabe interponer: Directamente el recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso competente por el territorio. Recurso de alzada ante el pleno del Ayuntamiento. Recurso de reposición, con carácter potestativo. Las respuestas A y C son correctas.

Señale la respuesta incorrecta respecto del cómputo de los plazos en vía administrativa: Para el cómputo por días se excluyen los sábados, domingos y festivos. Si el último día del plazo es inhábil se pasa al siguiente día hábil inmediato. Los plazos por meses se computan de fecha a fecha. El mes de agosto es inhábil excepto para el procedimiento para la defensa de los derechos fundamentales.

Señale el enunciado correcto respecto del recurso especial en materia de contratación pública (artículos 44 y ss. Ley de Contratos del Sector Público): Es posible interponerlo en cualquier modalidad de procedimiento de contratación (ordinaria, de urgencia y de emergencia). Su interposición conlleva la suspensión inmediata de la ejecución del contrato cuando se dirige contra el acto de adjudicación. Es potestativo y contra la resolución que se dicte cabrá recurso de reposición. Se interpone ante el Tribunal Económico Administrativo Central o Regional según corresponda.

En el proceso contencioso-administrativo, en el supuesto de producirse un allanamiento y según lo dispuesto por el art. 75 de la Ley 29/1998: El órgano judicial debe dictar sentencia conforme a lo solicitado por el recurrente ante la voluntad expresa de las partes. El órgano judicial debe dictar sentencia conforme a lo solicitado por el recurrente, salvo que aprecie una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. El órgano judicial debe recabar informe, no vinculante, de la Administración demandada con carácter previo a dictar sentencia. El órgano judicial debe acordar el archivo y sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal.

En el régimen especial de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia: Es preceptivo solicitar informe del Consejo de Estado (u órgano consultivo autonómico) si la cuantía es igual o superior a 50.000 euros. Es preceptivo solicitar informe de Consejo General del Poder Judicial. Es potestativa la solicitud de informe al órgano consultivo competente por la materia. Es preceptivo solicitar informe del Ministerio Fiscal.

En un procedimiento en el que entre en juego la institución del silencio administrativo, la Administración: Ya no puede dictar resolución expresa en garantía de los derechos del interesado. Debe instar la revisión de oficio o declaración de lesividad del acto presunto ganado por el interesado. Podrá resolver expresamente en cualquier sentido en caso de haberse producido el silencio negativo y sólo a favor del interesado en caso de silencio positivo. Sigue obligada a dictar resolución expresa, con plena libertad decisoria en el ejercicio de sus competencias y potestades.

En qué supuestos no es posible solicitar una extensión de efectos de una sentencia firme: Cuando se trate de una sentencia que declaró la inadmisibilidad del recurso. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración, o de unidad de mercado, una vez que existe una sentencia firme que reconoce una situación jurídica individualizada a una o más personas concretas, en la fase procesal de ejecución de sentencia. Cuando quien pretende la extensión de efectos de la sentencia firme, cuenta para sí ya con una resolución administrativa firme en la materia frente a la cual decidió no recurrir en sede judicial. Las respuestas A y C son correctas.

El plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo contra un acto presunto, al entrar en juego el silencio administrativo negativo, es de: Seis meses, si bien no es aplicable por doctrina expresa del Tribunal Constitucional. Dos meses. Seis meses por mandato legal. 20 días, tras el previo requerimiento a la Administración.

El derecho a la reversión tras los procedimientos expropiatorios queda excluido: Cuando han transcurrido 5 años de efectiva afectación a un uso público. Cuando han transcurrido 10 años de efectiva ocupación del bien expropiado. No se puede excluir nunca, es un derecho constitucionalmente protegido que nace con ocasión de la expropiación de la que trae causa. Cuando se altera el destino del bien expropiado pero se mantiene la utilidad pública o interés social.

Contra un auto que resuelve un recurso de reposición o aclaración: Cabe recurso de queja. Cabe recurso de apelación. No cabe ningún recurso. Sólo cabe el recurso de casación si el auto fue dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia.