Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Los contratos gratuitos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Los contratos gratuitos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades excluidas en la relación enumerada en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades excluidas en la relación enumerada en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. .
Conforme al artículo 22 del Código Penal no es circunstancia agravante de la responsabilidad criminal: Ejecutar el hecho con premeditación. Ejecutar el hecho con alevosía. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. Obrar con abuso de confianza.
Según el artículo 33 del Código Penal, son penas menos graves: Las inhabilitaciones especiales hasta ocho años. La multa de más de tres meses. La multa proporcional en todo caso. Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta días a un año.
Según el artículo 36 del Código Penal, la clasificación del condenado a prisión permanente revisable en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse: Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VIII del Título XXIII del Libro 11 del Código Penal. Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VI del Título XXI del Libro 11 del Código Penal. Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro 11 del Código Penal. Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en todos los casos. .
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad y de Localización Permanente en Centro Penitenciario, de determinadas medidas de Seguridad, así como, de la suspensión de, ejecución de penas privativas de libertad y sustitución de penas, señale la opción correcta: El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración Penitenciaria, debiendo remitir mensual mente al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio. Al citar al penado, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas le advertirán de las consecuencias de su comparecencia En los supuestos de incomparecencia no justificada los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, remitirán los testimonios oportunos a las Fuerzas de Seguridad para que procedan a la detención del penado. Realizada la valoración por los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, se elaborará el plan de ejecución dándose traslado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para su control, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. .
A tenor de lo establecido en el artículo 96 del Código Penal, no es una medida de seguridad: La inhabilitación profesional. La expulsión del territorio nacional de extranjeros residentes legalmente en España. La custodia familiar. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. .
De acuerdo con el artículo 115.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la interposición de un recurso se deberá expresar, entre otros: La calificación jurídica del recurso. El acto que se recurre y la razón de su impugnación. Índice de documentos en los que basa el recurrente su petición. Órgano y funcionario al que se dirige y sus correspondientes códigos de identificación. .
Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser: Desconcentradas en otros no jerárquicamente dependientes de aquéllos, en cualquier caso. Desconcentradas en otros no jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. Desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos, en cualquier caso. Desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. .
Indique la respuesta correcta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 139 del Código Penal, es reo de asesinato el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. Para herir los sentimientos religiosos de la comunidad. Mediando premeditación. El fallecido sea una persona discapacitada. .
A tenor de lo establecido en el artículo 130 del Código Penal no es causa de extinción de la responsabilidad criminal: La remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87. El indulto. La prescripción de la medida de seguridad. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica. .
Señale la respuesta incorrecta. A los efectos del artículo 181.2 del Código Penal se consideran abusos sexuales no consentidos. Los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido. Los que se ejecuten sobre persona de cuyo trastorno mental se abusare Los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos. Cuando se cometan sin prevalerse de una situación de superioridad. .
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, la acción penal puede ser ejercida por: El Ministerio Fiscal, que tiene el monopolio de dicha acción. Los ofendidos del delito únicamente. Cualquier persona que no sea el ofendido del delito, ya que su representación la asume siempre el Ministerio Fiscal. Todos los ciudadanos españoles, con arreglo a las prescripciones de la Ley. .
Conforme a la teoría del condicionamiento operante de Skinner, la aplicación del refuerzo negativo: Provocará la extinción de la conducta. Provocará el incremento de la frecuencia o tasa de ocurrencia de la conducta. Provocará la disminución de la frecuencia o tasa de ocurrencia de la conducta. No afecta a la tasa base de la conducta. .
Indique la respuesta correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, los gastos de traslado de personas condenadas correrán a cargo de: Cada Estado abona la parte correspondiente al traslado en su territorio. Del Estado de emisión. Del Consejo de Europa.
Del Comité de Asistencia Judicial Europea. .
Indique la respuesta correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, la detención de una persona afectada por una orden europea de detención y entrega se practicará en la forma y con los requisitos y garantías previstos por: La Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y la legislación en materia de responsabilidad penal de menores. El artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La normativa reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad propios de cada Estado miembro. .
Indique la respuesta correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 223 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, ¿por qué motivo no se permitirá la entrada de alimentos perecederos por aquellos conductos que pudieran alterar sus características y comprometer la salud de los consumidores?: Para evitar la manipulación y deterioro en los cacheos. Por razones de seguridad interior. Por razones de salud pública. Para salvaguardar el control y calidad de los suministros de los productos que se expenden en los economatos del centro penitenciario.
Indique la respuesta correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 230 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, la Autoridad Penitenciaria facilitará que los fieles, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la seguridad y vida del centro y los derechos fundamentales de los restantes internos: Puedan respetar la alimentación y su reparto horario en la forma prescrita por su respectiva confesión. Puedan respetar la alimentación, los ritos y los días de fiesta de su respectiva confesión. Puedan respetar el reparto horario de racionados de manera acorde con su confesión. Puedan respetar la elaboración del racionado y reparto del mismo en la manera que disponga su respectiva confesión.
Indique la respuesta correcta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, a los detenidos y presos: Se les formula un programa individualizado de tratamiento. Se les elabora un modelo individualizado de intervención. Se les formula una propuesta de derivación tratamental. Se les incluye en un grupo terapéutico multidisciplinar. .
Indique la respuesta correcta. La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria regula los derechos de los internos en el: Artículo 2. Artículo 3. Artículo 4. Artículo 7. .
En relación a la emisión de informes en el seno del procedimiento administrativo, de acuerdo con el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición en contrario, indicar el carácter de los informes: Determinante. Vinculante y preceptivo. Facultativo y vinculante. No vinculante y facultativo. .
De acuerdo con el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de carácter ! sancionador el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, acordando el archivo de las actuaciones sin formular propuesta de resolución, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: La existencia de los hechos que pudieran constituir la infracción. Los autores no estén exentos de responsabilidad. Los hechos probados constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa. No exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables. .
Conforme al artículo 73.3, de la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General Presupuestaria, ¿cuál es la fase del procedimiento de la gestión de los gastos mediante la que se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado o determinable?: Reconocimiento de la obligación. Compromiso de gasto. Ordenación del pago. Aprobación del gasto.
Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 180 del Código Penal, se agravará la pena impuesta en los delitos de agresión sexual cuando: La violencia o intimidación revista un carácter particularmente degradante o vejatorio. Los hechos se comentan por la actuación conjunta de dos o más personas. Para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima. Interviniere engaño o se abusare de una posición reconocida de confianza o influencia sobre la víctima. .
El psicólogo social E. Goffman, (1961) considera a las prisiones como "Instituciones totales", cuyas características son: Sometimiento a una sola autoridad, separadas del entorno habitual y dependencia en todos los aspectos de la vida del recluso. Sometimiento a una sola autoridad, asunción de responsabilidades personales y capacidad de decisión de cada recluso en todos los aspectos de su vida. Sometimiento a diferentes autoridades, dependencia de ellas pero con capacidad de decisión sobre los aspectos más relevantes de la vida. Sometimiento a una sola autoridad, incluidas en el entorno habitual e independencia en los aspectos de la vida del recluso. .
Comete un delito contra la libertad individual tipificado en el artículo 533 del Código Penal: El funcionario penitenciario que impusiere a los internos sanciones en contra de su voluntad. El funcionario penitenciario que usare con los internos el rigor necesario. El particular que en un centro penitenciario impusiere a los internos privaciones indebidas. El funcionario penitenciario que impusiere a los internos sanciones indebidas. .
Conforme al artículo 506 del vigente Código Penal, la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, comete un delito de: Prevaricación. Obstrucción a la Justicia. Usurpación de atribuciones. Realización arbitraria del propio derecho.
De los que se indican a continuación, ¿cuál no es un delito de los incluidos en el Título XIX (Delitos contra la Administración Pública) del vigente Código Penal?: Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Violación de secretos. Omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.
¿Quién puede ser sujeto activo del delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal?: El Juez o Magistrado. La autoridad o funcionario público. Las autoridades y los abogados, exclusivamente. Autoridades judiciales y fedatarios públicos. .
De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, a otros órganos o Entidades de Derecho Público de: La misma Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades. La misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades. Cualquier Administración, siempre que suponga cesión de titularidad de los elementos sustantivos del ejercicio de la competencia. Distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades. .
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 468.3 del Código Penal, no llevar consigo el dispositivo técnico que hubiera sido dispuesto para controlar el cumplimiento de la pena: No es constitutivo de delito. Es constitutivo de un delito de quebrantamiento de condena. Es constitutivo de un delito de desobediencia. Es constitutivo de un delito de obstrucción a la justicia. .
Indique la respuesta correcta. Que las instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados, se recoge en el: Artículo 25 de la Constitución Española. Artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Artículo 1 del vigente Reglamento Penitenciario. Artículo 9 de la Constitución Española y Artículo 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. .
Indique la respuesta correcta. El conjunto de relaciones jurídicas entre la administración penitenciaria y las personas que se encuentran detenidas, presas o penadas en el interior de los centros penitenciarios se denomina: Relación de sujeción sumisiva. Relación de supremacía jurídica. Relación de sujeción especial. Relación de dependencia funcional.
Según la conducta socialmente habilidosa, definida por V. Caballo (1993) se consideran actuaciones profesionales correctas con el interno que presenta riesgo suicida: No preguntarle por sus intenciones o ideas suicidas. Adoptar una actitud distante, crítica y restarle importancia. Descalificar o criticar las intenciones o acciones manipuladoras que suelen emplear. Animar al interno a expresar ideas y sentimientos, analizar el problema y plantear soluciones y acordar un seguimiento y derivación a profesionales especializados. .
Las técnicas verbales de aserción más importantes son: La escucha activa. La utilización de los gestos, las miradas y la postura. La disposición del cuerpo y las manos. El disco rayado, uso de la primera persona, punto de coincidencia, preguntar las razones, presentar los propios sentimientos y la secuencia hechos-consecuencias y finalizar la discusión. .
Indique la respuesta correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 230.4 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en todo lo relativo a la asistencia religiosa de las diferentes confesiones religiosas de los internos se estará a lo establecido en: La normativa interior del centro penitenciario. Los acuerdos firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas. Los acuerdos alcanzados entre las diferentes confesiones religiosas y el Centro Directivo. Los convenios suscritos entre las diferentes confesiones religiosas y los centros penitenciarios, que deberán quedar plasmados en la normativa interior de cada uno de los establecimientos. .
La entrevista al ingreso previa a la propuesta de clasificación interior que, conforme al artículo 20 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, han de emitir el Educador y el Trabajador Social respecto a los detenidos o presos una vez admitidos en un establecimiento penitenciario, habrá de realizarse: En todo caso, respetando los criterios recogidos en el artículo 98 del Reglamento Penitenciario. Exclusivamente en los supuestos recogidos en el artículo 99 del Reglamento Penitenciario. En el plazo de cinco días salvo motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad. En todo caso, pero respetando lo establecido en los supuestos de incomunicación por orden judicial. .
Los efectos psicológicos que se han descrito como consecuencia de la prisionización, según CLEMMER son: Aumento del grado de dependencia, despersonalización, devaluación de la propia imagen y la autoestima, aumento de los niveles de dogmatismo y estados de ansiedad generalizada. Aumento del nivel de madurez personal, aprendizaje de nuevas capacidades. Aumento del grado de dependencia, mejora de la autoimagen y el autoconcepto. Aumento de grado de independencia social, madurez y responsabilidad personal.
En cuales de los siguientes supuestos el Jefe de Servicios no podrá ordenar la suspensión de las comunicaciones orales, en uso de la facultad que le atribuye el apartado 1 del artículo 44 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario: Cuando la comunicación oral se celebre con los Adjuntos o Delegados del Defensor del Pueblo. Cuando la comunicación oral se celebre con los representantes diplomáticos o consulares que correspondan a la nacionalidad del interno. Cuando la comunicación oral se celebre con profesionales acreditados conforme al artículo 49.5 del Reglamento Penitenciario. El Reglamento Penitenciario sólo exime de la posibilidad de ser suspendidas a las comunicaciones. .
El uso de los medios coercitivos recogidos en el artículo 72 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, requiere: Autorización previa por el Director, salvo que razones de urgencia no lo permitan y su inmediata comunicación al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Haber sido ordenado previamente por el Director y autorizado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Sólo cabe cuando haya sido ordenado previamente por el Director y comunicado con posterioridad al Juez de Vigilancia Penitenciaria. Autorización previa del Jefe de Servicios, salvo que razones de urgencia no lo permitan. .
¿En qué supuesto permite la normativa penitenciaria el uso de armas de fuego por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias?: En los supuestos previstos en la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria. En todos los supuestos de graves alteraciones del orden recogidos en el artículo 72.5 del Reglamento Penitenciario. El artículo 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria no prevé excepciones a la prohibición de uso de armas de fuego por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. En el supuesto de graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas del artículo 72.5 del Reglamento Penitenciario. .
El acuerdo de aplicación del régimen cerrado a detenidos y presos será objeto de revisión conforme a lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, no podrá demorarse más de: Tres meses. Seis meses. Dos meses. Un mes. .
En el artículo 110, apartado b) del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, está regulado que para la consecución de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad, la Administración Penitenciaria: Contará con la conformidad del interno para diseñar los programas formativos orientados a desarrollar sus aptitudes. Utilizará los programas y técnicas de carácter psicosocial orientadas a la cura de la personalidad. Utilizará los programas y técnicas psicosociales orientadas a mejorar las capacidades del interno y abordar las problemáticas específicas que han influido en el comportamiento delictivo. No necesitará diseñar programas formativos, bastando con fomentar las capacidades que ya posee el interno. .
Conforme a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, serán de aplicación a los internos preventivos las normas previstas para los Establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado, a propuesta de la Junta de Tratamiento y con la aprobación del Centro Directivo, para lo que se requerirá, al menos, los informes del: Subdirector de Régimen y del Equipo Técnico. Jefe de Servicios y del Equipo Técnico. Director y del Subdirector de Seguridad. Subdirector de Tratamiento y del Subdirector de Seguridad. .
Según lo dispuesto en el artículo 76.3 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en los Establecimientos de régimen ordinario, tendrán la consideración de actividad básica en la vida del Centro: La seguridad, orden y disciplina. Las actividades culturales, deportivas y recreativas El trabajo y la formación. La búsqueda de un medio de subsistencia para el futuro. .
Queda recogido en el artículo 116.4, del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que la Administración Penitenciaria podrá realizar programas específicos de tratamiento para internos condenados por delitos contra la libertad sexual, cuyo seguimiento: Será siempre voluntario y no podrá suponer la marginación de los internos afectados en los Centros Penitenciarios. Será obligatorio si es recogido por el programa de intervención tratamental y atendiendo a la gravedad del delito. En una primera parte del desarrollo será obligatorio y posteriormente será voluntario. Será obligatorio o voluntario dependiendo de la personalidad del interno y atendiendo a la gravedad del delito.
En el artículo 118.1 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, se establece que las actividades educativas, formativas, socioculturales y deportivas, se determinarán: Por el Consejo de Dirección, teniendo en cuenta los planes del Centro Directivo a partir de los programas individualizados elaborados por la Junta de Tratamiento. Por la Junta de Tratamiento de cada Centro. Por el Centro Directivo para todos los Establecimientos Penitenciarios. Por la Junta de Tratamiento, teniendo en cuenta los planes del Centro Directivo a partir de los programas individualizados elaborados por el Equipo Técnico. .
El Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, en el artículo 154 establece sobre los permisos de salida que: Se podrán autorizar por la Junta de Tratamiento, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos ordinarios y extraordinarios, de hasta siete días de duración, como preparación para la vida en libertad. Se podrán autorizar por la Junta de Tratamiento permisos ordinarios de hasta ocho días de duración, como preparación para la vida en libertad, siempre que los internos hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta. Se podrán conceder permisos ordinarios, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, de hasta siete días de duración, como preparación para la vida en libertad a los condenados clasificados en segundo o tercer grado, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta. Se podrán autorizar por la Junta de Tratamiento permisos ordinarios y extraordinarios siempre que exista un informe preceptivo del Equipo Técnico. .
Entre los requisitos que se señalan en el artículo 155 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, para la concesión de permisos extraordinarios de salida se requiere: En el Reglamento Penitenciario no se establecen requisitos, ya que por importantes y comprobados motivos familiares, se podrán conceder a todos los internos, siempre que sea autorizado por el Tribunal Sentenciador. Solo se podrán conceder a los internos preventivos por no poder disfrutar estos internos de permisos ordinarios. Se podrán conceder permisos extraordinarios tanto a los preventivos como a los penados, siempre que no se superen los dos días de duración, previa comunicación al Centro Directivo. Cuando se conceda un permiso extraordinario a internos clasificados en primer grado será necesaria la autorización expresa del Juez de Vigilancia. .
El Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en su artículo 130.2, establece que, respecto a la Formación profesional y ocupacional, se organizarán cursos: Siguiendo los criterios establecidos por las Juntas de Tratamiento. Con arreglo a los planes existentes para los restantes ciudadanos en materia de formación profesional y ocupacional y de inserción social y laboral. Con arreglo a los planes propios de la Institución Penitenciaria en materia de formación profesional. En función del presupuesto y los recursos propios del Establecimiento Penitenciario. .
Quién adjudica en cada Establecimiento, los puestos de trabajo a los internos trabajadores, según establece el artículo 3 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios: La Junta de Tratamiento. La Junta Económico-Administrativa. El Equipo Técnico previo informe del coordinador de producción La entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. .
Según el artículo 21, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, señale cuál de las siguientes opciones no es causa del cese del mismo: Tras la celebración de Elecciones Generales. La enfermedad grave incurable del Presidente del Gobierno que le incapacite para el desempeño del puesto. La dimisión voluntaria del Presidente. Los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución. .
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de Octubre, del Tribunal Constitucional, el Tribunal en pleno no conoce: De la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los Tratados internacionales. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. De las anulaciones en defensa de la jurisdicción del Tribunal prevista en el artículo 4.3. De las impugnaciones previstas en el apartado 5 del artículo 161 de la Constitución española.
Según el artículo 72 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por: Real Decreto del Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública. Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas. Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública.
|
