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Las sentencias meramente interpretativas son aquellas: Que declaran la inconstitucionalidad de la norma impugnada. En las que el Tribunal Constitucional selecciona, entre las diversas interpretaciones posibles, aquella que es conforme a la Constitución. Que, aun declarando la inconstitucionalidad de la norma enjuiciada, el Tribunal no impone su nulidad. En las que el Tribunal no se limita solo a una interpretación conforme de la ley, sino que introduce nuevas normas en el ordenamiento.

El efecto de cosa juzgada material: No opera respecto de las sentencias estimatorias de la inconstitucionalidad. Queda a criterio del Tribunal Constitucional respecto de las sentencias desestimatorias de la inconstitucionalidad. Es solo atribuible a las sentencias que resuelvan sobre el fondo del litigio. La b y la c son correctas.

Las sentencias recaídas en los procesos de constitucionalidad contras leyes o normas con rango de ley: Son recurribles. Vinculan únicamente a los poderes públicos legitimados para intervenir en dichos procesos. Producen efectos generales. Todas las anteriores son correctas.

Señala la respuesta correcta: A. Una norma declarada constitucional en un recurso de inconstitucionalidad no puede volver a ser enjuiciada por el Tribunal Constitucional. B. La declaración de nulidad que lleva aparejada la inconstitucionalidad de la norma se produce siempre con efectos ex nunc, esto es, a partir de la publicación de la propia sentencia. C. En los procesos de constitucionalidad no se resuelven pretensiones subjetivas, sino cuestiones de interés público objetivo como la de garantizar la primacía de la Constitución. D. La a y la c son correctas.

Según la Constitución, ¿están legitimados para presentar un recurso de inconstitucionalidad?. El Consejo de Ministros. Los particulares. Cincuenta miembros de cualquier de los parlamentos autonómicos. El Defensor del Pueblo.

¿Es posible que un juez pueda elevar al Tribunal Constitucional la duda sobre la validez constitucional de una ley que debe aplicar para resolver el proceso que se sigue en su instancia jurisdiccional?. Sí, a través del recurso de inconstitucionalidad. Sí, a través de la autocuestión de inconstitucionalidad. Sí, a través de la cuestión de inconstitucionalidad. No, ya que está obligado a aplicar la ley siempre para resolver las controversias jurídicas planteadas en su instancia en virtud del principio de legalidad.

¿Qué plazo se establece para poder interponer el recurso de inconstitucionalidad?. A. Tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación oficial de la ley o norma con fuerza de ley. B. Nueve meses, cuando es presentado por el presidente del Gobierno estatal contra una ley o norma con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas. C. No está previsto ningún plazo, por lo que podrá plantearse en cualquier momento. D. La a y la b son correctas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con la autocuestión de inconstitucionalidad?. No está prevista en la Constitución. Se diferencia de la cuestión de inconstitucionalidad en que es planteada por los propios órganos internos del Tribunal Constitucional. El momento de plantearla es una vez dictada la sentencia estimativa de amparo constitucional que entienda que se ha producido la lesión de un derecho fundamental por la aplicación de una ley inconstitucional. Permite que sea el propio Tribunal Constitucional el que se plantee, ante sí mismo, la constitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley.

El mero planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad: Provoca la suspensión del proceso judicial a quo y, además, de la ley impugnada. Carece de efectos suspensivos. Suspende el proceso judicial a quo, pero no la ley impugnada. Suspende la ley impugnada, pero no el proceso judicial a quo.

¿Cuál o cuáles de las siguientes normas utiliza el Tribunal Constitucional como parámetro de constitucionalidad de las leyes o normas con fuerza de ley?. La propia Constitución. Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de estas. Los reglamentos parlamentarios. Todas son correctas.