La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos nacionales e internacionales sobre derechos humanos entre los que destaca: La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en Diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. Artículo 14 y artículo 9.2 de la Constitución Española. El Tratado de Amsterdam. Todas las respuestas son correctas.
La mayor novedad de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre radica: En la prevención de las conductas discriminatorias. En la previsión de políticas pasivas para hacer efectivo el principio de igualdad. Ambas correctas Ambas incorrectas.
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo, se estructura en: Un Título Preliminar, ocho Títulos, treinta y una Disposiciones Adicionales, once Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y ocho Disposiciones Finales. Un Título preliminar, siete Títulos, treinta y una disposiciones adicionales, once Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y ocho Disposiciones Finales. Un Título Preliminar, siete Títulos, treinta Disposiciones Adicionales, once Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y ocho Disposiciones Finales. Un Título Preliminar, ocho Títulos, treinta Disposiciones Adicionales, once Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y ocho Disposiciones Finales.
Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, serán de aplicación: A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe fuera del territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe dentro del territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. A toda persona, física o jurídica que se encuentre o actúe fuera del territorio español, de nacionalidad española. Todas las respuestas son correctas.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone: La presencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. La ausencia de toda discriminación directa por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. La ausencia de toda discriminación indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
Se considera discriminación directa por razón de sexo: La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Ambas correctas Ambas incorrectas.
El sistema educativo incluirá entre sus fines: La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. La eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El fomento de la igualdad plena entre unas y otros. Todas las respuestas son correctas.
Según la Ley 3/2007, de 22 de Marzo, entre la Políticas Públicas de Igualdad, no se encuentra alguno de los siguientes criterios: La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia. El establecimiento de medidas que aseguren la separación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares.
Se someterán a la aprobación del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 3/2007, de 22 de Marzo: Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que deberán incorporar un informe sobre su impacto presupuestario. Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que deberán incorporar un informe sobre su impacto económico. Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. Ninguna de las respuestas es correcta.
Al objeto de que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: Incluir sistemáticamente las variables económicas en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo. Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de la igualdad en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar. Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de igualdad múltiple en los diferentes ámbitos de intervención. Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.
Constituye discriminación directa por razón de sexo: Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad + La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
Acorde con la LO. 3/2007, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo: Se considerarán nulos y sin efecto. Se considerarán nulos y sin efecto y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido. Darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido. Ninguna de las respuestas es correcta.
Las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones: La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su discriminación. Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural. Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres, propiciando N el intercambio cultural, intelectual y artístico, tanto nacional como internacional, y la suscripción de convenios con los organismos competentes. En general, todas las acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres.
En referencia al "Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades", sería incierta la siguiente afirmación: Se adscribe a través de la Secretaría de Estado de Igualdad. Tiene rango de Subdirección General. Está adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Ninguna de las respuestas es incierta.
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 3/2007 de 22 de Marzo, el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda: De las mujeres y hombres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión. De las que mujeres hayan sido víctimas de la violencia de género. Ambas correctas Ambas incorrectas.
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: Establecer los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. Fomentar la no igualdad, en el acceso al empleo público y en la carrera profesional. Promover la presencia desequilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.
La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género: En todo caso Salvo en casos de urgencia Salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo Ninguna de las respuestas es correcta.
Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una Funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse: [A] Licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. Se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia de la respuesta a), de acuerdo con lo establecido en la legislación específica. Se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante la mitad del tiempo concedido en la licencia de la respuesta a). [A] Licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable + Se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia de la respuesta a), de acuerdo con lo establecido en la legislación específica.
Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones Públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación que comprenderá los siguientes principios: El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Establecer los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. Fomentar la no igualdad, en el acceso al empleo público y en la carrera profesional. .
El órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los Departamentos Ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad corresponde a: La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. La Comisión Ministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. La Comisión Interministerial para la Igualdad de las mujeres. La Comisión Ministerial para la Igualdad de las mujeres.
La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores: A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo A la movilidad geográfica. Al cambio de centro de trabajo. Todas las respuestas son correctas.
La Ley 1/2004, de 28 de Diciembre se estructura: En un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. En un título preliminar, seis títulos, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposicion derogatoria y siete disposiciones finales. En un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. En un título preliminar, seis títulos, veinte disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
Es objeto de la Ley 1/2004, de 28 de Diciembre: Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de pode de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. El establecimiento de medidas que aseguren la separación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. Actuar contra desigualdad, como manifestación de la discriminación, y las relaciones de poder de las mujeres sobre los hombres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.
Son fines de la Ley 1/2004 Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género. Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social. Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley. Todas las respuestas son correctas.
La Educación Infantil contribuirá: A desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. A desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. A desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. A desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá: A desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. Desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. Desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. A desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
La Educación Primaria contribuirá: A desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. Desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. Desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. A desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Las Administraciones Educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para: La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la intolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y el hombre. El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de diferentes derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.
El Título IV de la L.O. 3/2007, de 22 de Marzo, se refiere a: Políticas Públicas para la Igualdad. Derecho al Trabajo en Igualdad de Oportunidades. El Principio de Igualdad en el Empleo Público. Igualdad en la Responsabilidad Social de las Empresas.
El derecho a la información previsto en la Ley 1/2004, de 28 de Diciembre, implica: Derecho a la defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. Recibir asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los Servicios, Organismos u Oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas. Derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. Ninguna de las respuestas es correcta.
De la Secretaría de Estado de Igualdad, no depende con rango de Dirección General uno de los siguientes órganos directivos: La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. La Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad. La Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Todos los citados dependen de la Secretaría de Estado de Igualdad.
La situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer Funcionaria se considerarán: Ausencias totales justificadas en los términos que se determine en su legislación específica. Ausencias parciales justificadas en los términos que se determine en su legislación específica. Ambas correctas Ambas incorrectas.
El artículo 28 de la Ley 1/2004 dispone: Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable. Los hombres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable. Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos secundarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable. Las hombres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos secundarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.
Programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género, serán desarrollados: Por la Administración de Justicia. Por el Ministerio de Interior. Por la Administración Penitenciaria. Todas las respuestas son correctas.
Las Juntas de Tratamiento de II.PP. valorarán la realización positiva y aprovechamiento de programas específicos por los internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género: En las regresiones de grado. Para concesión de permisos y concesión de libertad condicional. Ambas correctas Ambas incorrectas.
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos: Los de filiación, maternidad y paternidad. Los de anulabilidad del matrimonio, separación y divorcio. Los que versen sobre maternidad. Ninguna de las respuestas es correcta.
En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género el Juez competente: De oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida, deberá pronunciarse en todo caso sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas. De oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida, deberá pronunciarse en todo caso sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas. A instancia de las víctimas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida, deberá pronunciarse en todo caso sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas. Ninguna de las respuestas es correcta.
Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, procede: El Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Juez de Violencia sobre la Mujer y, en todo caso, el Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Juez de Violencia sobre la Mujer y el Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Juez de Instrucción y en todo caso, el Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Juez podrá acordar, respecto de los inculpados en delitos relacionados con la violencia a que se refiere la L.O. 1/2004, de 28 de Diciembre y de conformidad con el artículo 68 de la misma: La suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas en los términos Establecidos por la normativa vigente. El derecho a la tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas en los términos Establecidos por la normativa vigente. Ambas correctas Ambas incorrectas.
A efectos 39/2006, 14 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se entiende por "dependencia": La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. Las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. Las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.
A efectos de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se entiende por "necesidades de apoyo para la autonomía personal": La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. Las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. Las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.
A efectos de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se entiende por "cuidados no profesionales": Las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. Las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad. La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada. Los prestados por una institución pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.
La Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se inspira en el principio de: La singularidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos en dicha Ley. La atención a las personas en situación de independencia de forma integral e integrada. La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de dependencia. La valoración de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de equidad para garantizar la desigualdad real.
Las personas en situación de dependencia y, en su caso, familiares o quienes les representen, así como los centros de asistencia: Estarán obligados a suministrar toda la información y datos que les sean requeridos por las Administraciones competentes, para la valoración de su grado y nivel de dependencia. A comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban. A aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas. Todas las respuestas son correctas.
Son titulares de los derechos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, los españoles que cumplan los siguientes requisitos: Encontrarse en situación de independencia en alguno de los grados establecidos en la misma Ley. Para los menores de 2 años se estará a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera de la misma Ley. Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Ninguna de las respuestas es correcta.
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: Sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, en materia de promoción de la autonomía personal y la atención y protección a las personas en situación de dependencia. Optimiza los recursos públicos y privados disponibles, y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Ambas correctas Ambas incorrectas.
La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos: Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible. Establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención. Crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios, facilitando la debida acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad. Establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención + Crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios, facilitando la debida acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad.
Se encuentra entre los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia: Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal. Servicio de Teleasistencia. Servicio de Ayuda a domicilio. Todas las respuestas son correctas.
El grado I de la situación de dependencia implica: Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Ninguna de las respuestas es correcta.
El grado II de la situación de dependencia implica: Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Ninguna de las respuestas es correcta.
Según el artículo 29 Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia el programa individual de atención será revisado: Unicamente a instancia del interesado y de sus representantes legales. De oficio, en la forma que determine y con la periodicidad que prevea la normativa de las Comunidades Autónomas. Con motivo del cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma. De oficio, en la forma que determine y con la periodicidad que prevea la normativa de las Comunidades Autónomas + Con motivo del cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma.
A los efectos del Art. 4.2 del R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre, son personas con discapacidad: Aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 35 % . Aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 %. Aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 12 %.
El acceso de las personas con discapacidad al empleo público se inspirará en los principios de Igualdad de oportunidades, discriminación, accesibilidad universal y compensación de desventajas Igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de desventajas. Igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de ventajas. Igualdad de oportunidades, discriminación, accesibilidad universal y compensación de ventajas.
En las ofertas de empleo público: Se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. Se reservará un cupo no inferior al dos por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. Se reservará un cupo no inferior al 33 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al cinco por ciento. Se reservará un cupo no inferior al 33 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al dos por ciento.
Las convocatorias de pruebas selectivas para acceso por promocion interna a cuerpos, escalas o categorías de la Administración General del Estado que se encuentren previstas en el real decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público: Deberán incluir la reserva de un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. Deberá incluir la reserva de un cupo no inferior al dos por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. Deberá incluir la reserva de un cupo no inferior al 33 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al cinco por ciento. Deberá incluir la reserva de un cupo no inferior al 33 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al dos por ciento.
Según el principio de igualdad en el empleo público contemplado en la L.O. 3/2007, de 22 de Marzo, no será un criterio de actuación de la Administración Pública: Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo. Evaluar semestralmente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. Todas las anteriores son criterios de actuación de la Administración Pública según dicho.
La Comisión Ministerial Administración Digital del Ministerio Interior, actúa como Órgano de enlace: Con la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) y con otros Órganos o Comisiones especializadas en la materia. Con la Dirección de Tecnologías de la Información y digitalización (DTID) y con otros Órganos o Comisiones especializadas en la materia. Con la Subdelegación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (STIC) y con otros Organos o Comisiones especializadas en la materia. Con la Subdelegación de Tecnologías de la Información y digitalización (STID) y con otros Organos o Comisiones especializadas en la materia.
Por cada Vocal de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior, se nombrará: Cada Vocal titular podrá designar como suplente a un Funcionario con puesto de trabajo de nivel de complemento de destino 28 0 superior dependiente jerárquicamente de aquél. Un Vocal suplente, designado por la Subsecretaría del Departamento a propuesta de las personas titulares de los Órganos Superiores o Directivos de los que dependan los designados, que deberá ser Funcionario del Subgrupo Al. Dos vocales suplentes, designados por la Subsecretaría del Departamento a propuesta de las personas titulares de los Órganos Superiores o Directivos de los que dependan los designados, que deberán ser Funcionarios del Subgrupo A2. La Subsecretaría del Departamento podrá designar como suplente a un uncionario con puesto de trabajo de nivel de complemento de destino 28 o superior dependiente jerárquicamente de aquél.
El mantener un Directorio General de Aplicaciones para su reutilización, prestar apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsar el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad, compete a: La Dirección General de Información de Ministerio del Interior. La Secretaría General de Administración Digital. La Administración General del Estado. Los distintos Organismos y Entidades Públicas.
Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de: Sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por el Órgano Superior competente. Certificado basado en un sello electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Certificado basado en un sello electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por el Organo Superior competente.
Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza: Ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Cuando sean en el mismo formato a partir del que se originó el documento, que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Cuando sea en diferente formato a partir del que se originó el documento y que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para tramitarlo o conservarlo.
La disponibilidad de los datos de carácter personal obrantes en una Administración que deban transmitirse a otra Administración, estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para: La iniciación y resolución de los Procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. La tramitación y ordenación de los Procedimientos actuaciones d su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. La tramitación y resolución de los Procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. La tramitación e instrucción de los Procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos.
De conformidad con el Art. 2 del R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de Diciembre, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, se entiende por "accesibilidad universal": La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Los requisitos que deben cumplir los entornos, productos y servicios, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, con arreglo a los principios de accesibilidad universal de diseño para todos. Las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Ninguna de las respuestas es correcta.
De los siguientes, no es un Vocal de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior: El Gerente de la E.P.É.T.P.F.E. El Subdirector General de Servicios Penitenciarios de la S.G.I.P. El Subdirector General de Recursos Humanos de la S.G.I.P. El Gerente de la E.P.É.T.P.F.E. + El Subdirector General de Recursos Humanos de la S.G.I.P.
La Presidencia de la Comisión Ministerial Administración Digital del Ministerio Interior recaerá en: El titular de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Subsecretaría del Ministerio del Interior. La persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El titular de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Subsecretaría del Ministerio del Interior. La persona titular de la Subsecretaría del Ministerio del Interior.
En caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal de la persona que ocupa la Presidencia de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior, ejercerá esa función: La persona que ocupe la Vicepresidencia y, en su defecto, el miembro del Órgano Colegiado de mayor antigüedad, jerarquía y edad, por este orden, de entre sus componentes. La persona que ocupe la Vicepresidencia y, en su defecto, el miembro del Órgano Colegiado de mayor edad, jerarquía y antigüedad , por este orden, de entre sus componentes. a persona que ocupe la Vicepresidencia y, en su defecto, el miembro del Órgano Colegiado de mayor jerarquía, edad y antigüedad, por este orden, de entre sus componentes. La persona que ocupe la Vicepresidencia y, en su defecto, el miembro del Órgano Colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto: Establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada. Establecer la política de seguridad en la utilización de medios físicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada. Establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la tramitación de la información tratada. Establecer la política de seguridad en la utilización de medios físicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la tramitación de la información tratada.
Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares: Incluida la información a la que estén asociadas cuando sea objeto de especial protección. Incluida la información a la que esten asociadas cuando sea objeto de especial interés. Salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial interés. Salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma.
Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, deberán consultar en el Directorio General de Aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir: Cuando se realicen con medios propios. Tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes. Cuando se realicen por la contratación de los servicios correspondientes. Si se realiza con medios propios, y excepcionalmente, por la contratación de los servicios correspondientes.
Las personas en situación de dependencia tendrán los siguientes deberes: A disfrutar de los derechos humanos. A decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial. A las igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Ninguna de las respuestas es correcta.
De conformidad con el Art. 2 del R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, se entiende por "ajustes razonables": Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos. Los requisitos que deben cumplir los entornos, productos y servicios, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, con arreglo a los principios de accesibilidad universal de diseño para todos. Las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Ninguna de las respuestas es correcta.
El ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará de acuerdo con el principio, de: Libertad en la toma de decisiones. Libertad de autonomía. Igualdad de trato en las decisiones de la Administración. Protección real de los Poderes Públicos.
De los siguientes, no se encuentra recogido entre los "principios" del Art. 3 del R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre: Vida independiente y no discriminación. Igualdad entre Mujeres y Hombres e igualdad de oportunidades. El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Todos son principios recogidos en dicho artículo.
Se considera "publicidad ilícita" de conformidad con la L.O. 1/2004 Aquella que utilice la imagen de la mujer o el hombre con carácter vejatorio o discriminatorio. Aquella que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Aquella que utilice la imagen del hombre con carácter vejatorio o discriminatorio. Todas las respuestas son correctas.
Tienen reconocidos los derechos recogidos en la LO. 1/2004, de 28 de Diciembre: Todas las mujeres nacionales víctimas de violencia de género con independencia de su religión. Todas las mujeres con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Todas las mujeres víctimas de violencia de género con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ninguna correcta.
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