Fuentes del Ordenamiento Jurídico Español - Banco FOJE

Las clases de fuentes en el ordenamiento jurídico español son: Leyes autonómicas y legislación estatal. Normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Fuentes estatales y autonómicas. Fuentes del ordenamiento comunitario, fuentes del ordenamiento estatal y fuentes del ordenamiento autonómico.

Señala la respuesta incorrecta en relación con el sistema de fuentes: El sistema de fuentes se refiere al proceso de producción del derecho. El sistema de fuentes se limita a contemplar las diversas categorías normativas por su origen. El sistema de fuentes analiza las normas en virtud de su relación con otras categorías. El sistema de fuentes se refiere al proceso de aplicación del derecho.

Señala la respuesta incorrecta sobre la expresión 'fuentes del derecho': La expresión fuentes indica el origen de las normas. De un mismo órgano pueden surgir diferentes fuentes. Fuentes sometidas a un mismo régimen jurídico pueden tener un origen distinto. La fuente es solo el soporte de una norma concreta dictada para disciplinar una materia.

Señala la respuesta incorrecta: Las categorías normativas del OJ comunitario se dividen en derecho originario y derivado. El régimen general de las fuentes viene determinado en la Constitución en tanto última norma sobre la producción de normas. Según el concepto de fuentes estudiado, la fuente y la norma que contiene vienen a ser lo mismo. Los tratados internacionales no forman parte del sistema de fuentes de los ordenamientos autonómicos.

¿Cuál de los siguientes no es un rasgo esencial del ordenamiento jurídico español?. Unidad. Interdisciplinariedad. Coherencia. Plenitud.

Los caracteres del ordenamiento jurídico español son: Completo, complejo y transversal. Multinivel, complejo y completo. Flexible, complejo y completo. Unidad, coherencia y plenitud.

¿Qué autor desarrolló la concepción normativista del ordenamiento jurídico?. Kelsen. Bobbio. Savigny. Santi Romano.

El catálogo de fuentes se contiene en el sistema jurídico español en el art. 1 del Código Civil; a esos efectos: Establece una prelación determinada entre las diferentes fuentes que prevé. No establece prelación determinada de las fuentes que prevé, pudiendo el operador jurídico optar por la que considere más idónea. Es el único artículo que, en el Código Civil, trata todo lo relativo a las fuentes. Todas las anteriores son falsas.

La sustitución de la Ley por la Constitución como fuente suprema del ordenamiento jurídico se produjo: Desde los inicios del constitucionalismo. Como consecuencia de las reformas constitucionales operadas en el último cuarto del s. XX. Con la implantación de las Constituciones normativas, en Europa, después de la II Guerra Mundial. Todas las anteriores son falsas.

En lo referente a la vinculación de la Constitución española de 1978 respecto de los poderes públicos y de los ciudadanos: No vincula a los poderes públicos. Vincula por igual a poderes públicos y ciudadanos. Vincula a los ciudadanos, pero sólo de forma negativa. Ninguna es correcta.

¿Posee la Constitución una disposición derogatoria?. No, su poder derogatorio es implícito a la naturaleza de esta norma. Sí, la contiene expresamente y deroga aquellas normas precedentes que se opongan a ella o la contradigan. El poder derogatorio fue reconocido exclusivamente en la jurisprudencia del TC. Todas las anteriores son falsas.

La vinculación de los poderes públicos a la Constitución es: Positiva. Negativa. Ambas. Ninguna.

La Constitución establece un régimen político estatal y fundamenta el ordenamiento jurídico. Es, pues: A la vez, un concepto político y un concepto jurídico. Exclusivamente un concepto político. Exclusivamente un concepto jurídico. Todas las anteriores son falsas.

La supremacía formal de la Constitución presupone que: La flexibilidad de la misma en cuanto a su reforma. Goza de una especial rigidez, por cuanto no puede modificarse si no es por procedimientos especiales. Es fuente de fuentes, desde el momento en que define las formas de producción de las normas jurídicas. Todas las respuestas son correctas.

Para que una norma jurídica aparezca y sobreviva en el ordenamiento jurídico produciendo efectos, precisa: Que la norma haya sido discutida, en todo caso, en foro parlamentario. Que la norma sea eficaz en todo caso. Que sea válida, formal y materialmente, y además que se encuentre vigente. Todas las anteriores son falsas.

Respecto de la naturaleza y efectos de la actual Constitución española de 1978: Está basada en el modelo constitucional liberal francés. Posee carácter normativo, según, entre otros, el art. 9.1 y su disposición derogatoria. Posee carácter meramente programático o político. Posee carácter normativo, aunque no se refleja en ningún artículo del texto constitucional.

La eficacia derogatoria de la Constitución: Sólo alcanza a las normas que sean incompatibles con ella desde un punto de vista material. Sólo alcanza a las normas que sean incompatibles con ella desde un punto de vista formal. Supone la completa eliminación del sistema jurídico anterior. Sólo alcanza a las normas que sean declaradas incompatibles por la jurisdicción ordinaria.

Señale la afirmación correcta respecto de nuestra norma constitucional: Ninguno de los preceptos constitucionales puede ser directamente alegado ante un juzgado o tribunal. Todas las normas constitucionales presentan un contenido abierto y susceptible de concreción. La Constitución, en tanto norma superior y fundamentadora del ordenamiento, se constituye en su parámetro de validez tanto formal como material. Todos los derechos constitucionales pueden ser directamente exigidos ante un juzgado o tribunal.

Señala la respuesta incorrecta respecto a la Constitución: Establece un régimen político estatal. Fundamenta el ordenamiento jurídico. No es un concepto político. Es un concepto político.

Atendiendo a la dificultad de modificación de sus preceptos, nuestra Constitución se clasifica como: Semiflexible. Rígida. Flexible. Intangible.

¿Qué mayoría se exige en el procedimiento especial para aprobar la reforma de la Constitución?. Mayoría cualificada del Congreso y del Senado. Mayoría absoluta del Congreso y del Senado. Tres quintas partes del Congreso y del Senado. Dos terceras partes del Congreso y del Senado.

La titularidad de la iniciativa en la reforma constitucional no está reconocida a: Al Senado. A las Cortes Generales. Al Gobierno. A la ciudadanía.

La reforma de la Constitución española: Se encuentra prevista en el Título X, arts. 166 a 169. Se prevé exclusivamente en el art. 167. Se prevé exclusivamente en el art. 168. Todas las anteriores son falsas.

El Poder Constituyente es un poder: Originario. Ordinario. No permanente. Divisible.

Cuando en una norma constitucional se produce un cambio de significado y contenido sin que haya sido alterado el texto escrito, nos encontramos ante una: Quiebra constitucional. Reforma constitucional. Mutación constitucional. Destrucción constitucional.

La iniciativa de reforma constitucional en España se atribuye al Gobierno, Congreso, Senado y: Defensor del Pueblo. Tribunal Constitucional. Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Gobiernos Autonómicos.

En un Estado social y democrático como el español, el poder constituyente reside en: El Presidente del Gobierno. El Pueblo. El Rey. El Parlamento.

El procedimiento legislativo ordinario: Comienza en el Senado. Se tramita exclusivamente en el Congreso. Comienza en el Congreso. Se tramita simultáneamente en ambas cámaras.

Las Leyes Orgánicas: Se encuentran previstas en el art. 81 de la Constitución. Son, exclusivamente, las que desarrollan los Derechos fundamentales. Cuentan con esta naturaleza, exclusivamente, los Estatutos de Autonomía. Todas las anteriores son falsas.

Las leyes orgánicas: Son jerárquicamente superiores a las leyes ordinarias. Sólo regulan los órganos del Estado. Requieren de mayoría absoluta para su aprobación. Requieren de mayoría simple para su aprobación.

El concepto de Ley en la Constitución: Se contiene expresamente en el art. 2. Se contiene expresamente en su art. 5. Se contiene expresamente en su art. 12. No se contiene expresamente entre su articulado, aunque se encuentran múltiples alusiones a la misma.

La iniciativa legislativa en la Constitución: Se regula en los arts. 87 a 89 de la Constitución. Identifica como titulares al Congreso y al Senado. Identifica como titulares al Gobierno, a las Asambleas Legislativas de las CCAA y a los ciudadanos. Todas las anteriores son verdaderas.

¿Qué singularidades presenta el procedimiento de elaboración de las leyes orgánicas frente al procedimiento legislativo ordinario?. La necesaria calificación del proyecto o proposición de ley como orgánico por la Mesa del Congreso. La aprobación del Congreso por mayoría cualificada. La A y B son correctas. Ninguna es correcta.

Señala cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las leyes orgánicas no es cierta: La iniciativa popular no procede en materia propia de ley orgánica. Son leyes orgánicas las que aprueban los Estatutos de Autonomía. La aprobación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Senado. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con las iniciativas legislativas gubernamentales?. Gozan de prioridad en la tramitación frente a las de cualquier otro origen. Deben superar en todo caso la toma en consideración por el Congreso. Reciben el nombre de proyecto de ley. A y C son incorrectas.

En el procedimiento legislativo ordinario, las enmiendas presentadas por los diputados pueden ser: Al articulado. A la totalidad. Las respuestas A y B son correctas. Ninguna es correcta.

¿Qué efecto se deriva del ejercicio del derecho de veto por parte del Senado en el procedimiento legislativo ordinario?. La conclusión del procedimiento sin posibilidad de aprobar el proyecto. La disolución automática de la comisión mixta Congreso-Senado. El texto vuelve al Congreso y el veto queda levantado si vota a favor la mayoría absoluta, o la mayoría simple transcurridos dos meses. Ha de repetirse la tramitación del proyecto en el Senado.

En caso de veto por parte del Senado a un proyecto de ley, ¿qué mayoría necesita el Congreso para levantarlo inmediatamente?. Mayoría absoluta. Mayoría de tres quintos. Mayoría cualificada. No se presupone mayoría alguna.

La potestad legislativa en España es: De los parlamentos; no existe la iniciativa legislativa popular. Únicamente recae en las Cortes Generales. De las Cortes Generales y los Parlamentos Autonómicos. Recae principalmente en las Cortes Generales, aunque también el Gobierno puede dictar actos normativos con rango de ley, y los parlamentos y gobiernos autonómicos disponen de capacidad legislativa en el marco de sus competencias.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación con los decretos-leyes?. Están regulados por la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad. No requieren una previa autorización parlamentaria. Son normas con rango de ley emanadas del Gobierno. Pueden regular cualquier materia, incluidas las reservadas a ley orgánica.

El presupuesto habilitante del Decreto-ley es: La extraordinaria y urgente necesidad. La oportunidad de la norma. No requiere de presupuesto habilitante alguno, pues se trata de una facultad discrecional del Gobierno. Todas las anteriores son falsas.

El acto de convalidación preceptuado por la CE para los decretos-leyes (señale la respuesta correcta): Debe ser refrendado por el Congreso y por el Senado. Supone un control de oportunidad política. Convierte al decreto-ley en una ley parlamentaria. Sana los posibles vicios que pudiera tener el decreto-ley respecto a las limitaciones constitucionales.

Las normas que elabora el Gobierno en caso de urgencia y necesidad se denominan: Decretos-ley. Decretos legislativos. Leyes ordinarias. Leyes orgánicas.

Los decretos-ley: Los elabora el gobierno siempre que exista un hecho habilitante. Tienen rango de ley. Se convalidan por el Congreso en un plazo de 30 días. Todas son correctas.

Señale la respuesta incorrecta en relación con el decreto-ley: El decreto-ley no puede regular materias que la CE reserva a la Ley Orgánica. El decreto-ley entra en vigor y produce efectos jurídicos a partir de su convalidación en el Congreso. El acto de convalidación no cambia la naturaleza jurídica del decreto-ley, esto es, no lo convierte en una ley parlamentaria. El Congreso sólo puede aceptar o rechazar el decreto-ley en su conjunto.

Un decreto-ley puede ser modificado en el siguiente supuesto: En cualquier momento por el Gobierno después de su convalidación en el Congreso. Mediante su convalidación en el Congreso. Mediante su conversión en ley. En ningún caso puede ser modificado.

La convalidación de los Decretos-ley corresponde: A las Cortes Generales. Al Gobierno derivada de sus competencias legislativas. Exclusivamente al Congreso de los Diputados. Al Tribunal Constitucional.

Señala la respuesta incorrecta respecto al decreto-ley: Es una disposición legislativa dictada por el Gobierno. Se prevé para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Tienen carácter provisional y excepcional. No requieren la colaboración del Congreso de los Diputados para obtener vigencia indefinida en el ordenamiento jurídico.

Cuando la delegación legislativa tenga por objeto la formación de textos articulados en una materia determinada, sobre la cual no existe ninguna regulación o se quiere modificar la ya existente, dicha delegación deberá otorgarse mediante una: Ley marco. Ley de bases. Ley de comisión. Ley orgánica.

La Constitución establece que la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea: La transferencia de competencias a los gobiernos de las CCAA. La formación de textos articulados en una materia determinada, sobre la cual no existe regulación o se quiere modificar bajo una nueva dirección la ya existente. Reconducir a un único texto legal una normativa dispersa y fragmentaria sobre una materia concreta. Ninguna de las anteriores es correcta.

¿Puede el Gobierno crear normas con rango de Ley?. No, pues sólo tiene reconocida la potestad reglamentaria. Sí, pero exclusivamente leyes orgánicas. Sí, pero exclusivamente Decretos Legislativos. Todas las anteriores son falsas.

Los decretos legislativos: Requieren para su elaboración de la existencia de una extraordinaria y urgente necesidad. Tienen carácter provisional. Requieren de su convalidación por el Congreso para adquirir vigencia indefinida. No tienen un carácter provisional.

El control jurisdiccional de los decretos legislativos corresponde: Al Tribunal Constitucional. A la jurisdicción ordinaria. Las respuestas A y B son correctas. No existe control jurisdiccional sobre los decretos legislativos. Sólo es posible el control parlamentario.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación con la delegación legislativa?. Se produce siempre en favor de una Comunidad autónoma. Debe ser efectuada por las Cortes Generales y exclusivamente al Gobierno. No puede hacerse sobre materias reservadas a ley orgánica. No puede ser revocada por las Cortes.

La delegación legislativa se agota por el uso que haga de ella el Gobierno mediante: La publicación de la norma correspondiente. La motivación de la norma correspondiente. La notificación de la norma correspondiente. Todas las anteriores son ciertas.

Las normas reglamentarias dictadas por ministros que afecten a varios departamentos reciben el nombre de: Reglamentos interministeriales. Decreto ministerial. Ordenanza ministerial. Orden del ministro de la Presidencia.

Señala la afirmación más acertada respecto de los reglamentos parlamentarios: Se consideran disposiciones normativas con fuerza de ley. Son parámetro de constitucionalidad formal de las leyes. Son normas ad extra y no exclusivamente ad intra. Todas son correctas.

El reglamento tiene en común con el Decreto-ley y el Decreto Legislativo que: Todos emanan del Poder Ejecutivo. Todos carecen del valor formal de ley. Todos llevan la firma del Rey. Todos carecen de refrendo, sólo aplicable a las leyes.

La potestad reglamentaria: Es la capacidad atribuida al Gobierno para dictar normas subordinadas a las leyes. Se atribuye al Gobierno por el art. 97 de la Constitución. Su objeto se dirige al desarrollo o aplicación de las Leyes. Todas las anteriores son verdaderas.

La capacidad de dictar normas reglamentarias: Pertenece en exclusiva al Gobierno. Pertenece en exclusiva al Gobierno y al Tribunal Constitucional. Además del Gobierno, otros órganos del Estado tienen reconocida esta facultad, tales como el CGPJ, las Universidades Públicas, etc. Todas las anteriores son falsas.

La potestad reglamentaria del Gobierno: Es exclusiva del Presidente del Gobierno. Se establece en la CE y se puede ejercer por parte del Gobierno como órgano colegiado o por cada uno de sus miembros. Viene consagrada en la CE, y es una facultad exclusivamente del Gobierno como órgano colegiado. Todas las respuestas son incorrectas.

Un reglamento puede modificar o derogar: A todas las normas emanadas del ejecutivo. A otro reglamento. A una ley. A un decreto-ley.

¿Cómo se denominan los reglamentos emanados del gobierno autonómico?. Órdenes. Decreto. Decretos-leyes. Todas las respuestas son incorrectas.

Cuando un juez ordinario no perteneciente a la jurisdicción contencioso-administrativa se encuentre con un reglamento que entienda contrario a una norma de rango superior, procederá a su: Derogación. Inaplicación. Anulación. Ninguna de las anteriores es correcta.

Los reglamentos que desarrollan, complementan o precisan el texto de una ley son: Reglamentos de necesidad. Ad intra o administrativos. Ejecutivos. Independientes.

Respecto de las materias constitucionalmente reservadas a la ley: No está prohibida la colaboración del reglamento. Siempre debe existir una regulación básica y sustancial por parte del legislador. El reglamento no puede entrar a regular esa materia en ausencia de ley. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La relación entre la Ley y el Reglamento se rige: Por el principio de temporalidad. Por el principio de competencia. Por el principio de jerarquía. Por el principio de reserva reglamentaria.

Señale la respuesta incorrecta respecto de la relación entre la ley y el reglamento: Los reglamentos independientes regulan materias sobre las que no existe regulación legal siempre que no haya reserva de ley. Respecto de las materias reservadas a la ley no cabe la colaboración del reglamento. La ley puede innovar el ordenamiento jurídico en todo momento regulando cualquier materia, puesto que en nuestra CE no existe una reserva reglamentaria. Sin perjuicio de su función de desarrollo y colaboración con la ley, se prohíbe al reglamento la tipificación de delitos, faltas o infracciones administrativas.

Respecto de las materias constitucionalmente reservadas a la ley, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es errónea o incorrecta?. La intervención del reglamento sobre el ámbito reservado a la ley no está vedada, pero depende estrictamente de ésta. La ley puede innovar el ordenamiento jurídico en todo momento regulando cualquier materia, puesto que en nuestra CE no existe una reserva reglamentaria. Siempre debe existir una regulación básica y sustancial por parte del legislador. Respecto de las materias reservadas a la ley no cabe la colaboración del reglamento.

El rango de ley, como expresión del principio de jerarquía normativa, significa: El reglamento puede contradecir la ley. Las leyes sólo pueden ser modificadas o derogadas por otra ley. La resistencia de las leyes frente a las normas inferiores posteriores que las contradigan. Las leyes están supraordenadas a los reglamentos dentro de la escala normativa.

La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, ¿suspende la vigencia y aplicación de la ley impugnada?. En ningún caso. Sólo en el caso de que la ley impugnada tenga carácter estatal. En todos los casos. Sólo en el caso de que el Presidente del Gobierno impugne leyes o normas con fuerza de ley de las comunidades autónomas.

El planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del órgano legitimado provoca: La suspensión provisional del proceso judicial, pero no de la ley impugnada. La suspensión definitiva de la ley cuestionada. La suspensión provisional del proceso judicial y de la ley impugnada. La suspensión de la ley impugnada, pero no del proceso judicial.

¿Suspende la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad la ley impugnada?. Únicamente en las normas con rango de ley de las Cortes Generales o del Ejecutivo Central. Siempre. Nunca. Solo en el caso de que el Presidente del Gobierno impugne leyes o normas con fuerza de ley de las CCAA.

El control constitucional jurisdiccional de las normas con rango de Ley se lleva a cabo: Por juzgados y tribunales ordinarios (modelo difuso). Exclusivamente por el Tribunal Supremo. Exclusivamente por el Tribunal Constitucional. Todas las esferas jurisdiccionales pueden declarar la inconstitucionalidad de una Ley.

La cuestión de inconstitucionalidad puede ser presentada: Por las Cortes Generales, el Gobierno Central, además de los ejecutivos y parlamentos autonómicos cuando afecte a sus competencias. Por el Defensor del Pueblo y la magistratura. Por jueces y magistrados. Todas las respuestas son correctas.

¿Tienen los jueces y tribunales ordinarios la potestad de enjuiciar las leyes y de expulsar del ordenamiento aquéllas que contradigan los mandatos constitucionales?. Sí, aunque sólo afectará al caso que están resolviendo. Sí. No, pero están facultados para inaplicarlas. No, sólo pueden aplicarlas o, en caso de duda, plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.

Los mecanismos previstos constitucionalmente para controlar la constitucionalidad de las leyes son: No existen mecanismos previstos expresamente en la CE; han sido desarrollados por la jurisprudencia del TC y la LOTC. Son el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad. La CE solo recoge la autocuestión de inconstitucionalidad. Todas las anteriores son falsas.

¿Cuál de los siguientes órganos está legitimado para interponer una cuestión de inconstitucionalidad?. La iniciativa legislativa popular. El Presidente del Gobierno. El Defensor del Pueblo. El órgano jurisdiccional ordinario que conozca del caso.

El control de constitucionalidad: Todas las respuestas son correctas. Es un control concreto y particular previsto en la LOTC. Es un juicio de naturaleza abstracta que persigue un interés público objetivo, para garantizar la primacía de la Constitución. Es un juicio de naturaleza política.

Las sentencias del TC en las que no se limita a una interpretación conforme de la ley sino que introduce nuevas normas en el ordenamiento se conocen como: Sistemáticas. Manipulativas. De mera inconstitucionalidad. Meramente interpretativas.

¿En qué Título de la Constitución se regula la figura del Tribunal Constitucional?. Título VII. Título VIII. Título IX. Título X.

¿Cuál de estos procedimientos de control de la constitucionalidad tiene su origen en un proceso judicial concreto?. Control de constitucionalidad. Recurso de inconstitucionalidad. Autocuestión de inconstitucionalidad. Recurso de amparo.

La competencia para resolver sobre los recursos de inconstitucionalidad recae sobre: El pleno del TC. Las salas del TC. Las secciones del TC. Todos los anteriores son correctos.

El recurso de inconstitucionalidad tiene por finalidad la declaración de inconstitucionalidad: De una norma con o sin fuerza de ley, total o parcialmente. De una norma con fuerza de ley, total o parcialmente. De una norma sin fuerza de ley, parcialmente. Todas las anteriores son ciertas.

Señala la respuesta incorrecta respecto al Tribunal Constitucional: Interviene indicando solo qué interpretaciones son constitucionalmente intolerables. Delimita el campo dentro del cual resulta admisible la interpretación política de la CE por parte del legislador. Sus sentencias tienen fuerza ejecutiva. Sus sentencias operan directamente sobre el conjunto del ordenamiento en cuanto a la interpretación de las normas constitucionales y legales.

¿Cuáles son los tratados que necesitan la autorización de las Cortes mediante una ley orgánica para su válida conclusión?. Tratados que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. Tratados de carácter político o militar. Tratados que supongan una transferencia del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a una organización o institución supranacional. Tratados de la Unión Europea.

Señale la respuesta correcta en relación con los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico español: Los tratados internacionales disponen de rango reglamentario. Los tratados internacionales están subordinados a la Constitución. Los tratados internacionales como normas internacionales no pueden aplicarse a nivel estatal. Los tratados internacionales son jerárquicamente superiores a la Constitución.

Los Tratados Internacionales se encuentran previstos en la Constitución: En el capítulo III, del Título III, arts. 93 a 96. No se encuentran previstos expresamente. Se encuentran en el art. 5 de la Constitución. Todas las anteriores son falsas.

La posición de los Tratados Internacionales en el sistema español de fuentes: Cuentan con posición supraconstitucional. Cuentan con posición infraconstitucional. Se sitúan al mismo nivel que la CE, aunque sólo en el caso de los Tratados de la Unión Europea. Se mantienen en el ámbito internacional y no forman parte del sistema jurídico interno.

La declaración de inconstitucionalidad de un tratado conlleva: Su nulidad. Su inaplicación. Su denuncia. Un tratado, al ser un acuerdo regido por el derecho internacional y celebrado entre estados, no puede ser declarado inconstitucional.

Las normas contenidas en los tratados internacionales comienzan a ser vinculantes en el ámbito interno a partir de: La adopción de una norma interna de transformación o de ejecución del tratado. Que el Estado español, a través del Rey y, en su caso, tras la pertinente autorización de las Cortes, presta su consentimiento para obligarse internacionalmente. Su publicación oficial. Todas son correctas.

¿Cuál de las siguientes fuentes de derecho derivado no producen efecto directo vertical y horizontal?. Los dictámenes. Las directivas. Los reglamentos. Las decisiones.

¿Cuál de las siguientes fuentes de derecho derivado se caracteriza por precisar de una transposición por cada Estado miembro?. Todas las respuestas son correctas. Los dictámenes. Los reglamentos. Las directivas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve los problemas interpretativos de una norma de derecho de la Unión que deba aplicar un juez nacional mediante: El recurso de incumplimiento. El recurso de anulación. La excepción de ilegalidad. La cuestión prejudicial.

¿Cuál de las siguientes fuentes de derecho derivado se caracteriza por tener alcance general, ser obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro?. Los dictámenes. Los reglamentos. Las directivas. Todas las respuestas son correctas.

¿Cuál de las siguientes fuentes de derecho derivado se caracteriza por obligar al estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios?. Las recomendaciones. Los dictámenes. Los reglamentos. Las directivas.

El primer sistema de justicia constitucional europeo aparece en: La Constitución francesa de 1879. La Constitución española de 1876. La Constitución austriaca de 1920. La Constitución alemana de 1949.

Señale la afirmación incorrecta en relación con los Estatutos de Autonomía: Los Estatutos reformados pueden contener derechos. Son la norma institucional básica de la comunidad autónoma. Son aprobados por los parlamentos autonómicos. Incluyen las competencias de la Comunidad Autónoma.

La cláusula de supletoriedad, prevista en el art. 149.3 de la Constitución, implica: La supletoriedad del Derecho autonómico, respecto del estatal. La supletoriedad del Derecho estatal, respecto del autonómico. La cláusula de supletoriedad no se encuentra en la CE pues sólo se introduce en los Estatutos de Autonomía. La cláusula de supletoriedad no se dirige a la relación entre el derecho autonómico y el estatal.

Las leyes que aprueben los estatutos de autonomía deberán ser: La Constitución. Reales decretos. Leyes orgánicas. Leyes ordinarias.

¿Cuál de las siguientes características de la ley autonómica la diferencia de la ley estatal?. La ley autonómica no está sometida al principio de jerarquía. La suspensión de la aplicabilidad de la ley autonómica en caso de impugnación ante el Tribunal Constitucional. Que no tiene límites de regulación material en su relación con el reglamento, dentro de su ámbito competencial. Que procede de un órgano de representación popular, dotado de potestad legislativa.

¿A partir de qué principio se explican las relaciones entre el ordenamiento jurídico del Estado central y los autonómicos?. Principio de coherencia. Principio de reserva. Principio de jerarquía. Principio de competencia.

Las cláusulas de cierre del ordenamiento jurídico general son: La cláusula de intangibilidad establecida en la CE. La cláusula de separación y la cláusula de complementariedad. La cláusula de competencia y la cláusula de efecto directo. La cláusula de supletoriedad y la cláusula de prevalencia del derecho estatal.

La Ley autonómica que sea contraria a un Estatuto de Autonomía será: Antiestatutaria, lo que implica también su inconstitucionalidad. Antiestatutaria, lo que no implica su inconstitucionalidad. Esta situación no puede darse, pues las CCAA no pueden dictar normas con rango de ley. Todas las anteriores son falsas.

¿Cuál de las siguientes características no es propia de las leyes autonómicas?. En caso de impugnación ante el TC, se suspende su aplicabilidad. Se encuentran vinculadas a la legislación básica del Estado cuando se trata del ejercicio de una competencia compartida. Son jerárquicamente inferiores a las leyes estatales. La ley autonómica es, después del estatuto, la fuente superior dentro del ordenamiento autonómico.

Señale la respuesta incorrecta respecto de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas: Los estatutos son la norma básica competencial de las CCAA. El estatuto de autonomía es una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales. La Constitución regula el procedimiento de reforma de los estatutos, que es común a todos. La función de los estatutos es distribuir territorialmente el poder estatal y ordenar las fuentes del ordenamiento autonómico.

La regla o principio de jerarquía de las normas del OJ español rige en la relación entre: Estatuto de Autonomía y leyes autonómicas. Leyes estatales y leyes autonómicas. Leyes orgánicas y leyes ordinarias. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la derogación?. Conlleva la nulidad de la norma derogada. Hace decaer la vida de la norma y sólo significa el fin de la vigencia de la misma. Es consecuencia de la existencia de un vicio que afecta a la validez de la norma. Incide en los efectos que la norma válida haya producido.

El principio de supletoriedad del ordenamiento jurídico español significa: Que una norma de un subordenamiento se pueda y se deba aplicar a los vacíos existentes en otro subordenamiento. Que la norma supletoria se aplique con preferencia a la original. La aplicabilidad a un supuesto de hecho que carezca de regulación, de las consecuencias jurídicas de una norma que no prevé tal supuesto pero sí uno similar. Que el ordenamiento interno copia y hace suyo el texto de una norma de otro ordenamiento.

¿A qué mecanismo de autointegración del ordenamiento jurídico nos referimos cuando se aplica a un supuesto de hecho, que carece de regulación, las consecuencias jurídicas de una norma que no prevé tal supuesto pero sí uno similar entre los que se aprecia identidad de razón?. Analogía. Reenvío. Recepción. Supletoriedad.

En cuanto mecanismo para completar el ordenamiento, el reenvío consiste en: Aplicar una determinada norma jurídica de un sector del ordenamiento a supuestos que deberían estar regulados por otra norma correspondiente a otro sector. La validez que confiere un ordenamiento a otro distinto y externo para que algunas de sus normas puedan integrarse como norma interna. El ordenamiento interno copia y hace suyo el texto de una norma de otro ordenamiento y lo integra en el propio. Aplicar a un supuesto de hecho que carece de regulación las consecuencias jurídicas de una norma que no prevé tal supuesto pero sí uno similar.

Por validez formal de una norma debe entenderse la necesidad de que: La norma haya sido aprobada de acuerdo con la forma adecuada a la materia regulada. La norma haya sido adoptada mediante el procedimiento jurídico previsto. La norma haya sido generada por un órgano con competencia para ello. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Además del principio de separación y de competencia, entre los principios que explican las relaciones entre los ordenamientos autonómicos y el estatal también se encuentra el de: Primacía. Complementariedad. Jerarquía. Temporalidad.