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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEFUNDAMENTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

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Título del test:
FUNDAMENTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

Descripción:
EXAMEN 2018 SEPTIEMBRE MODELO B UNED

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
15/01/2022

Categoría:
UNED

Número preguntas: 30
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Temario:
1. Hauriou caracteriza el derecho administrativo a través de: a) Los tres razonamientos siguientes: es el derecho de la desigualdad entre partes, el derecho de los servicios públicos sociales y el derecho común no excepcional. b) Los tres razonamientos siguientes: es el derecho de la desigualdad entre partes, el de la acción ejecutoria capaz de crear una nueva situación jurídica, y el derecho excepcional frente al derecho común. c) Un único razonamiento: es el derecho de las garantías, de la igualdad y del consenso.
2. La distinción entre los actos de autoridad y actos de gestión: a) Responde al intento de clasificar la actividad de la administración según que actúe mediante actos revestidos de autoridad, o que sean los particulares los que actúen a encargo suyo. b) Responde al intento de clasificar la actividad de la administración según que actúe mediante actos revestidos de autoridad o se relacione con los operadores jurídicos en un marco jurídico igualitario. c) Permite explicar con absoluta claridad la totalidad de la actividad de la administración en cuanto que el ordenamiento jurídico responde fielmente a la distinción entre actos de autoridad y de gestión.
3. Para Duguit: a) El derecho administrativo está construido a partir de la noción de las potestades públicas y de la puissance publique. b) Basa el derecho administrativo en su concepto de servicio público que define como toda actividad cuyo cumplimiento debe ser asegurado, regulado y controlado por los gobernantes porque es de tal naturaleza que solo realizarse completamente con la intervención del Estado. c) Ninguna de las anteriores es correcta.
4. El art. 103.1 Constitución: a) Establece los principios conforme a los que la administración debe actuar para servir a cualquier tipo de interés público o privado. b) Cita expresamente sólo y únicamente tres principios, los de jerarquía, eficacia y coordinación a partir de los que se tiene que organizar la administración, quedando el resto en manos del legislador ordinario. No añade nada más. c) Consagra, entre otras cuestiones, el servicio de la administración pública al interés general, su actuación objetiva así como su sometimiento pleno a la ley al derecho.
5. El principio de buen gobierno: a) Debe considerarse exclusivamente como una obligación de resultados. b) Es sólo una obligación de medios: incluye el modo de gobernar. c) Es una obligación de medios y resultados pues los fines legales y constitucionales son más relevantes que los medios pero no son indiferentes los medios con que se alcancen estos fines.
6. Forman parte del ámbito subjetivo de aplicación del título II de la Ley 19/2013, relativo al buen gobierno. a) Los miembros del gobierno, los secretarios de Estado y el resto de altos cargos del sector público estatal, autonómico y local incluidos los concejales miembros de la Junta de Gobierno local. b) Los concejales no están en ningún caso incluidos en el ámbito del principio de buen gobierno pues están excluidos todos los cargos electos: concejales, diputados, senadores, y diputados autonómicos. c) Sólo los altos cargos del sector público estatal, pues la Ley 19/2013 sólo es aplicable al Estado, por ser una ley estatal.
7. El art. 26 (título II) de la Ley 19/2013, de transparencia, derecho a la información y buen gobierno: a) Distingue de forma superflua entre principios generales y principios de actuación pues todos los que enuncia son realmente principios de actuación. b) Contempla principios generales y principios de actuación cuya vulneración conlleva siempre responsabilidad penal. c) Contempla distintos tipos de principios cuyo incumplimiento no conlleva sanción alguna.
8. La Constitución: a) Se refiere al principio de solidaridad como vertebrador de la organización territorial del Estado (art. 2) pero ni especifica en qué consiste, ni atribuye su responsabilidad a un poder concreto. b) Reconoce el principio de solidaridad como límite al principio de autonomía y atribuye al Estado la responsabilidad de su realización efectiva, aunque no concreta, siquiera indirectamente, en qué consiste, de ahí la discusión política que existe en torno al mismo. c) Enuncia el principio de solidaridad, atribuye al Estado la responsabilidad su realización efectiva y determina su concreto contenido: el establecimiento de un equilibrio económico y justo entre las diversas partes del territorio y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
9. El principio de legalidad: a) Debe entenderse en nuestro ordenamiento positivo como la sumisión de la administración únicamente a las leyes formales o leyes aprobadas por las Cortes. b) En su faceta de vinculación positiva, implica que la administración puede hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido. c) En su faceta de vinculación negativa implica que la actuación de la administración encuentra sus todo aquello que no está prohibido, concepto este que permite a la doctrina alemana explicar las potestades discrecionales.
10. El principio de irretroactividad de las normas: a) Se aplica sólo y únicamente al derecho penal y al derecho sancionador, de manera que nadie puede ser castigado por una conducta que en el momento de cometerse no constituyera infracción aunque posteriormente una ley la tipifique como tal. b) Se aplica a las sanciones y penas, pero también a los actos restrictivos de derechos individuales. c) No es un principio de rango constitucional aunque ha sido consagrado por el legislador ordinario, lo que implica que puede eliminarse por una ley del mismo rango.
11. Los derechos prestacionales: a) Están todos ellos reconocidos en la Constitución de manera que ni el legislador ni la administración pueden o deben reconocer otros distintos de los anteriores. b) La Constitución no contempla ningún derecho prestacional pues deja su reconocimiento a la libertad del legislador que debe tener en cuenta la disponibilidad presupuestaria. c) La Constitución reconoce directamente derechos prestacionales, pero nada impide que los derechos del capítulo III del Título primero de la Constitución se conviertan en derechos prestacionales.
12. El Estado del Bienestar: a) Es una construcción doctrinal que enlaza con el Estado Social que se construye sobre los tres pilares de las prestaciones sociales, sanitarias y educativas, aunque dependiendo de su alcance puede comprender otros derechos prestacionales. b) Tiene un alcance igual en todos los Estados avanzados. c) No tiene cabida en la Constitución española.
13. El derecho de propiedad privada: a) Es un derecho cuyo contenido viene determinado o delimitado por su función social, delimitación que debe contemplar la correspondiente indemnización. b) Es un derecho susceptible de expropiación conforme a un procedimiento reglamentariamente establecido y mediando una indemnización que siempre tiene que pagarse antes de la transmisión de la propiedad a la administración. c) La imposición de una servidumbre de paso de vuelo sobre una finca de propiedad privada, no es una delimitación del derecho sino una expropiación por cuanto implica la privación de algunas de sus facultades. La prohibición de construir en suelo urbanizable edificaciones de más de tres alturas es una delimitación del derecho y no una privación del mismo.
14. El ente público Radiotelevisión española: a) Es una entidad territorial porque ejerce sus competencias en todo el territorio nacional al igual que lo son las televisiones autonómicas para su ámbito territorial específico. b) No es una entidad territorial porque ha sido creado para el ejercicio de una determinada función y no tiene universalidad de fines. c) Ninguna de las anteriores es correcta.
15. Dentro del sector público: a) Todas las entidades tienen una personalidad de derecho público y, en consecuencia, actúan sometidas al derecho administrativo. b) Existen entidades de derecho público y de derecho privado. Las primeras que someten en todo caso al derecho público, las segundas al derecho privado. c) No existe identidad entre la forma de personificación y el derecho que se aplica: no todas las entidades de derecho público se sujetan al derecho público o derecho administrativo, y algunas entidades de derecho privado han de actuar sometidas al derecho público en algunas cuestiones como, por ejemplo, en el caso de los contratos públicos.
16. La Constitución española: a) Encomienda en exclusiva a una ley estatal la atribución de mayores o menores competencias a los municipios, para aumentar o disminuir su autonomía a fin de que sea exactamente igual en todo el territorio nacional. b) Encomienda tanto al legislador estatal como al de las Comunidades Autónomas la responsabilidad de establecer el sistema de competencias de los entes locales, de manera que dependiendo de la Comunidad Autónoma, los municipios podrán tener más o menos competencias con el límite del mínimo común uniforme fijado por la legislación básica del Estado. c) El problema de la autonomía local nada tiene que ver con las competencias que tienen atribuidas las entidades locales.
17. Las leyes de transferencia o delegación del art. 150.2 CE: a) Son leyes ordinarias por las que el Estado y las Comunidades Autónomas transfieren o delegan en las otras competencias que bien tenían reservadas por la Constitución, en el caso del Estado, o bien tenían asumidas en el Estatuto de Autonomía las Comunidades Autónomas. b) Son leyes orgánicas por las cuales el Estado transfiere a una Comunidad Autónoma competencias que tiene reservadas por la Constitución y en las que se habrá de prever las técnicas de control. c) No existen leyes de delegación pues el art. 150 solo contempla las leyes de armonización.
18. Sobre los conflictos entre el derecho europeo y el derecho interno: a) Cuando un juez español comprueba que una ley española es clara y manifiestamente contraria al derecho europeo, tiene que plantear una cuestión de inconstitucionalidad, para que el Tribunal constitucional valore la contradicción de la norma española con la europea y la declare inconstitucional. b) Cuando se recurre un acto administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativa y el juez español considera que el reglamento europeo que aplica es manifiestamente contrario al Tratado, tiene que inaplicar el reglamento europeo y anular el acto por ser contrario al derecho primario de la Unión europea. c) Cuando un juez español comprueba que una ley española es clara y manifiestamente contraria al derecho europeo, tiene que inaplicar la ley española y aplicar directamente el derecho europeo.
19. Las potestades: a) Algunas de ellas tienen su origen en la Constitución (es el caso de la potestad sancionadora, tributaria o expropiatoria) mientras que otras, como por ejemplo la de supervisión o policía tienen su origen en normas legales. b) Todas ellas están reconocidas en la Constitución pues el legislador ordinario no las puede crear ex novo. c) No están todas ellas reconocidas en la Constitución pues el legislador, y la propia Administración mediante un reglamento independiente cuando la ley no lo haya previsto puede completar las potestades con cualquiera que sea necesaria para el cumplimiento de los mandatos de la Constitución.
20. Los actos discrecionales: a) Están excluidos del control judicial ya que como la norma no especifica los términos exactos en que deben ejercerse las potestades, la administración puede elegir libremente cualquier opción. De ahí que los actos discrecionales no sean recurribles ante los tribunales. b) El ejercicio de una potestad discrecional puede y debe ser objeto de control por los tribunales, cuestión distinta es el alcance del control que sólo puede versar sobre los elementos reglados incluida la finalidad, los hechos determinantes y la aplicación de los principios generales del derecho. c) Los tribunales pueden controlar el ejercicio de las potestades regladas con la misma intensidad que las potestades discrecionales.
21. El principio de inderogabilidad singular del reglamento: a) implica que un reglamento es derogado por otro reglamento posterior si se dicta por el mismo órgano, pero un reglamento del Consejo de Ministros no puede derogar una disposición normativa del Presidente del Gobierno. b) Implica que un reglamento no puede (ser) inaplicado por un acto administrativo dictado en su aplicación aunque el acto y el reglamento procedan del mismo órgano. c) Implica que cuando la norma y el acto proceden del mismo órgano el acto posterior deroga el reglamento previamente dictado.
22. La potestad de autotutela: a) Tiene como única manifestación la autotutela declarativa que se traduce en que los actos de la administración pública se presumen válidos y por tanto tienen el mismo valor que una sentencia firme. b) Tiene dos manifestaciones, la autotutela declarativa según la cual los actos se presumen válidos y producen efectos, y la autotutela ejecutiva según la cual los actos pueden ser ejecutados forzosamente por la administración en contra de la voluntad de los interesados aunque en el caso de interposición de cualquier recurso administrativo o contencioso-administrativo, la ejecución del acto queda automáticamente suspendida hasta que recaiga sentencia firme. c) La autotutela declarativa supone la presunción de validez del acto y obliga al interesado a destruirla interponiendo los correspondientes recursos.
23. Los plazos en vía administrativa a) Cuando un plazo venza en un día inhábil, el plazo se prorroga hasta el siguiente día hábil salvo que el plazo se compute por meses, en cuyo caso el plazo vence el día hábil inmediatamente anterior al día de vencimiento. b) La fecha que debe tenerse en cuenta a los efectos de cumplir el plazo otorgado para realizar un trámite por el interesado es la fecha de presentación en la oficina de correos y no la de entrada en el registro del órgano competente. c) Cuando el interesado no se relaciona de forma electrónica con la administración, los recursos administrativos se pueden presentar antes de las quince horas del día inmediatamente siguiente a aquel en que haya vencido el plazo dado que los registros administrativos cierran al medio día.
24. Sobre las notificaciones de los actos y resoluciones a) Cualquier notificación debe contener el texto íntegro del acto, si son o no definitivas en vía administrativa los recursos que proceden y ante quien deben interponerse y el plazo. Si falta cualquiera de los extremos anteriores, incluido el texto íntegro del acto, la notificación es defectuosa por lo que el acto produce efectos diez días después de haber sido recibida por el interesado. b) El plazo para resolver y notificar la resolución en un procedimiento se entiendo cumplido cuando la notificación contiene el contenido íntegro del acto y se ha intentado notificar el acto en la forma legalmente prevista aunque el interesado hubiera rechazado la notificación. c) Cualquier notificación debe contener el texto íntegro del acto, la indicación de los recursos es optativa por parte del órgano que ha dictado la resolución.
25. Sobre la abstención a) Es una obligación para aquellos en quienes concurren las causas tasadas en la Ley de manera que la no abstención dará lugar a responsabilidad de la autoridad o personal de la administración y supondrá automáticamente la invalidez del acto administrativo por ellos dictado. b) No está configurada como una obligación, de manera que aun concurriendo las causas legales el alto cargo o funcionario afectado puede elegir entre abstenerse o no aunque ello implicará que existe una presunción de invalidez del acto que su autor debe acreditar no se ha producido en ese caso. c) Es una obligación para aquellos en quienes concurren las causas tasadas en la Ley de manera que la no abstención dará lugar a responsabilidad de la autoridad o personal de la administración pero no supondrá automáticamente la invalidez del acto administrativo por ellos dictado.
26. Sobre el silencio a) Cuando la administración no dicta y notifica resolución expresa en el plazo máximo establecido para cada procedimiento, la regla general es que el silencio es positivo, da igual que el procedimiento se haya iniciado de oficio o a instancia de parte. b) Cuando el silencio es positivo la administración sigue teniendo obligación de resolver expresamente pero no puede hacerlo desestimando la pretensión a la que ha accedido por silencio. c) Ninguna de las anteriores es correcta.
27. Un interesado recibe una notificación de una multa por infracción de tráfico. Siendo la primera noticia que tiene va a ver el expediente y se da cuenta de que el encargado de tramitar el expediente olvidó darle trámite de alegaciones. a) La sanción es nula de pleno derecho por haberse dictado con falta total y absoluta de procedimiento. b) La sanción es anulable porque se ha tramitado una parte del procedimiento y solo se ha omitido el trámite de audiencia. c) Como existían pruebas contundentes, la falta de audiencia debe considerarse una irregularidad no invalidante.
28. La propiedad de los bienes de dominio público a) No es siempre pública pues son también de dominio público bienes de propiedad privada que deben estar disponibles para que puedan ser disfrutados por todos, como es el caso, por ejemplo, de una obra de arte. b) Es la que afecta a los bienes de titularidad pública que están destinados al uso público, al servicio público, o al fomento de la riqueza nacional. c) Es idéntica a la propiedad que tienen los particulares sobre sus bienes con una única excepción: no pueden venderse o transmitirse a los particulares.
29. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas que consagra el art. 106 de la Constitución: a) Comprende la responsabilidad patrimonial de todos los poderes públicos y por tanto también la responsabilidad de los jueces cuando dictan sentencias que incurren en error judicial y la del poder legislativo por los daños que ocasiona al dictar las leyes. b) Se diferencia de la expropiación (art. 33 CE) en que en la expropiación el daño o privación de la propiedad es la finalidad directamente perseguida por la administración mientras que la responsabilidad pretende compensar el daño ocasionado por el funcionamiento de un servicio público cuya finalidad no era la de causar el daño aunque este se haya producido. c) Ninguna de las anteriores es correcta.
30. El recurso de revisión: a) Es, como el recurso de alzada, un recurso ordinario que se puede interponer contra los actos que no han agotado la vía administrativa cuando lo que se invoca es un defecto de nulidad de pleno derecho. b) Es un recurso que se interpone contra los actos firmes y consentidos cuando son nulos de pleno derecho y así se evita que por haber transcurrido el plazo para recurrirlos sigan produciendo efectos. c) En un recurso extraordinario que se interpone contra actos firmes en vía administrativa cuando concurren las causas tasadas contempladas en la ley.
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