1. Según HAURIOU el Derecho administrativo: a) Es el derecho de la “puissance publique” o el ejercicio de poderes a través de actos de la administración en conflicto con los derechos de los particulares. b) Es el derecho de los servicios públicos entendidos como la nueva actividad de la administración para la prestación de los servicios sociales. c) Es el derecho que rige las relaciones entre la Administración y sus funcionarios.
3. En la doctrina alemana clásica de las relaciones de supremacía especial (centros penitenciarios y escuelas por ej.): a) Todos los actos que se dicten por la administración en el marco de este tipo de relaciones son recurribles ante los tribunales. b) Los actos derivados de las relaciones fundamentales son recurribles ante los tribunales, mientras que los actos dictados en las relaciones funcionales no lo son. c) Ningún acto es en ningún caso recurrible ante los tribunales.
4. La Constitución española: a) Es una norma abierta que permite y permitirá en el futuro introducir innovaciones en nuestro ordenamiento de forma y en los contenidos materiales. Por ello, no se refiere siquiera indirectamente a los principios de la organización administrativa, a los contratos administrativos, a la audiencia en el procedimiento administrativo etc... cuya regulación queda en manos del legislador ordinario que actúa con completa libertad para establecer el diseño dela administración. b) Contiene las bases para un diseño de la administración que en el cumplimiento de sus fines debe ser conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación y desconcentración (art. 103 CE) pero no menciona el modelo de función pública cuyo diseño queda por completo a la discrecionalidad del legislador. c) Se refiere entre otras cuestiones a las bases de la organización de la administración y los principios que le permiten el cumplimiento de sus fines generales; el modelo de función pública basado en el mérito y capacidad y la neutralidad del funcionario, a la participación en el procedimiento administrativo y en la elaboración de disposiciones generales, el acceso a archivos y registros.
5. El principio de buen gobierno: a) No ha recibido una mención expresa en la Constitución ni en ninguna ley ordinaria, de manera que su regulación está contenida en un reglamento europeo. b) No ha recibido una mención expresa en la Constitución pero ha sido expresamente mencionado y regulado en la Ley de incompatibilidades de los funcionarios públicos. c) Este principio ha sido desarrollado expresamente por La ley 19/2013, de 9 de diciembre, que tiene un título II denominado “Buen Gobierno”.
6. El título II de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: a) Está destinado a funcionarios y gobernantes. b) Está destinado a gobernantes entendiendo por tales los titulares del poder ejecutivo, del legislativo y del poder judicial incluyendo todos los cargos electos. c) Está destinado a los miembros del gobierno y altos cargos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, incluidos los concejales miembros de las Juntas de Gobierno.
7. La Ley 19/2013: a) Solo tipifica una clase de infracciones que son las consistentes en el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades y de las que regulan las declaraciones que han de realizar los altos cargos a los que les es de aplicación. b) Distingue entre dos tipos de infracciones. Las que se producen en materia de conflicto de intereses y las relativas a la materia de gestión económico y presupuestaria. c) Distingue tres tipos de infracciones según que afecten a los conflictos de intereses, a la gestión económica y financiera, o a las disciplinarias prácticamente coincidentes con las reguladas en el Estatuto Básico del empleado público.
8. Las relaciones entre normas: a) Se articulan exclusivamente a través del principio de jerarquía normativa que las ordena de la forma siguiente: Constitución, ley orgánica, ley ordinaria, reglamento. b) Se articulan, en algunos casos, aunque no siempre, a través del principio de competencia. Se explica por este principio la relación que existe entre las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. c) El principio de competencia no explica las relaciones entre normas y sólo es aplicable a los actos administrativos.
9. El principio de publicidad de las normas a) Se predica únicamente de las disposiciones reglamentarias que deben ser publicadas para que produzcan efectos. b) Se predica de todas las normas sean de naturaleza legal o reglamentaria de manera que la falta de publicación afecta a su validez: una norma no publicada es ilegal o inconstitucional porque incumple la exigencia de publicación en el Boletín oficial correspondiente. c) Exige que las normas sean publicadas en el instrumento de publicidad creado al efecto, de modo que en nuestro derecho cada uno de los poderes que tienen otorgada potestad normativa deben publicar sus normas en instrumentos sujetos a reglas rígidas.
10. El principio de prohibición de la arbitrariedad a) Es un principio sólo aplicable a la administración pública (art. 103 CE) pues el legislador, en cuanto que representante de la soberanía popular, puede adoptar cualquier norma aunque sea arbitraria. b) Es un principio predicable de la actividad de todos los poderes públicos ya sean el ejecutivo, legislativo o judicial. c) La prohibición de arbitrariedad es equivalente al principio general de igualdad: es arbitraria una actuación que trata de forma desigual situaciones iguales aun cuando esté motivado el trato desigual, esta desigualdad obedezca a un interés general y no afecte a los elementos señalados en el art. 14 CE.
11. La efectividad de los derechos consagrados por la Constitución: a) Implica que los poderes públicos en general, y la administración en particular, tienen que intervenir siempre con la misma intensidad para procurar su satisfacción. b) Supone, dependiendo de su naturaleza, la prohibición de intervenir, su mera abstención, o la colaboración o intervención activa, bien sólo regulando, o bien regulando y además procediendo a su prestación. c) Siempre y en todo caso es necesaria la intervención de los poderes públicos realizando una actuación prestacional de mayor o menor alcance.
12. El art. 1 de la Constitución, al proclamar que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, dice: a) Que los poderes públicos se limitan a sujetarse al Derecho y que los representantes del poder legislativo deben elegirse de forma democrática por sufragio universal. b) Que, además de someterse al Derecho, los poderes públicos promueven, tutelan, promocionan, fomentan, organizan y garantizan el ejercicio de derechos y de actividades sociales y económicas de gran relevancia. c) Que el intervencionismo público que deriva del Estado social excluye en todo caso la iniciativa privada.
13. El intervencionismo de los poderes públicos: a) Encuentra sus límites en la propiedad privada y en la libertad de empresa que son derechos sobre los que en modo alguno puede incidir el legislador. b) Encuentra sus límites en la propiedad privada y en la libertad de empresa, aunque estos derechos no son ilimitados y su contenido puede ser determinado por los poderes públicos de acuerdo con su función social o por necesidades de la programación y planificación económica. c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
14. Los entes territoriales o de base territorial: a) Tienen competencia sobre la totalidad de la población de su territorio, universalidad de fines y potestades públicas superiores (expropiación por ej.). b) Se distinguen de los entes no territoriales porque estos últimos se caracterizan por ser agrupaciones forzosas de particulares (colegios profesionales, comunidades de regantes, juntas de compensación, cámaras de comercio) que ejercen funciones públicas. Cualquier entidad que no tenga base asociativa privada es una entidad territorial. c) Todas las entidades del sector público son entes territoriales porque todas ellas tienen un territorio sobre el que ejercen sus competencias: si son estatales en todo el territorio nacional, en la Comunidad Autónoma si son autonómicas o en el municipio si son locales.
15. Son, entre otras, entidades con personificación de derecho público: a) Los consorcios, los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales. b) Las sociedades mercantiles de capital íntegramente público ya que las mixtas tienen personalidad jurídico-privada. c) Las sociedades de capital íntegramente público y las fundaciones de las administraciones públicas.
16. Con respecto a la autonomía local: a) La Constitución recoge un listado de competencias que en todo caso corresponden a las entidades locales y que componen el núcleo esencial de la autonomía local. b) La Constitución no establece reserva de competencias en favor de los entes locales lo que hace que el contenido de la autonomía local tenga un carácter volátil que depende del Estado y las Comunidades Autónomas. c) Ninguna de las anteriores es correcta. .
17. Sobre la competencia estatal para dictar la legislación básica: a) La forma normal que tiene el Estado para ejercer las competencias de legislación básica es mediante la aprobación de leyes y reglamentos, pues ambos se utilizan con total normalidad. b) Las leyes que establecen la legislación básica pueden regular una materia con la extensión que decida el Estado aunque deje vacía la competencia de desarrollo de la Comunidad Autónoma, pues la legislación del Estado siempre prevalece sobre la autonómica. c) Se distingue la legislación básica de las leyes de armonización en que, en el primer caso, la competencia material está compartida entre el Estado (bases) y las Comunidades Autónomas (desarrollo), mientras que en el segundo caso el Estado no tiene reservada por la Constitución competencia alguna en esa materia y dicta leyes para “armonizar” las leyes dictadas por las Comunidades autónomas en una materia de su competencia exclusiva.
18. Los conflictos entre el derecho europeo y el derecho interno: a) La interpretación del derecho europeo se atribuye al Tribunal de Justicia de la Unión, de manera que cuando el juez nacional tiene dudas sobre la interpretación del derecho europeo para valorar si la norma interna se adecúa o no al mismo, debe plantear cuestión prejudicial ante la jurisdicción europea. b) Se atribuye al Tribunal Constitucional, pues el derecho europeo ha quedado integrado en la Constitución a través del art. 93 CE. c) Ninguna de las anteriores es correcta.
19. Las potestades discrecionales: a) Aunque la norma no define de forma precisa todas las condiciones de su ejercicio, las potestades discrecionales tienen en cualquier caso elementos reglados tales como existencia, extensión, competencia y misión o fin que se pretende alcanza. b) Son aquellas que contienen en sí mismas la vocación de determinación aunque es necesario una labor de integración o determinación. Tal es el caso de normas que se refieren a conceptos como premeditación, buena fe, etc… c) Las dos anteriores son correctas.
20. Los reglamentos: a) Son normas jurídicas que necesariamente han de tener la forma de Real Decreto legislativo o real decreto ley cuando proceden del Presidente del Gobierno, de Real Decreto cuando se dictan por el Consejo de Ministros u Orden ministerial cuando se trata de competencia reglamentaria de los ministros dentro del ámbito del Estado. b) Los Reales Decretos y órdenes ministeriales sólo pueden contener reglamentos de manera que siempre tienen contenido normativo. c) Ninguna de las anteriores es correcta.
21. En relación con la potestad sancionadora y el principio de non bis in idem: a) El principio de non bis in idem ha de modularse cuando existe una relación de supremacía especial. b) El principio denon bis in idem es un principio absoluto que opera en todo caso, sea cual sea la naturaleza de la relación entre el particular y la administración. c) El principio de non bis in idem hace incompatible la imposición de una sanción administrativa con la exigencia al sancionado de indemnizar por los daños causados por su actividad ilícita.
22. La potestad de autotutela ejecutiva: a) Es la que habilita a la administración para que no tenga que acudir a un juicio para que sus actos sean coactivamente ejecutados (embargos sobre el patrimonio, por ejemplo). b) Es la que permite a la administración ejecutar forzosamente sus actos hasta que el interesado interpone el correspondiente recurso administrativo que supone la suspensión automática del acto. c) Es la que permite a la administración ejecutar forzosamente sus actos hasta que el interesado interpone el correspondiente recurso contencioso administrativo que supone la suspensión automática del acto.
23. Los plazos en vía administrativa: a) se cuentan por días naturales para evitar que surjan errores al tener cada Municipio y Comunidad Autónoma sus propios días feriados. b) se cuentan por días hábiles, salvo que se establezca expresamente que son días naturales, siendo días inhábiles los domingos y fiestas nacionales. c) cuando se presentan recursos, el incumplimiento del plazo o término supone el decaimiento en el derecho.
24. Las notificaciones: a) La Ley considera, con carácter general que las notificaciones electrónicas tienen carácter general preferente a la utilización de otros medios aunque en algunos casos la ley impone la notificación por este medio. b) Nunca la notificación electrónica es obligatoria pues la ley parte de la idea de que no todos los interesados tienen acceso a internet. c) Aunque sea obligatoria la notificación electrónica en determinados supuestos, es obligatorio que esa misma notificación se haga también en papel, debiendo tenerse en cuenta para el cómputo de los plazos la fecha de la notificación que llegara más tarde.
25. Para ser interesado: a) Hay que ser siempre titular de un derecho legítimo reconocido por la ley. b) Hay que ser titular de un derecho pero también pueden tener esa condición los titulares de intereses legítimos directos o indirectos, siendo estos últimos aquellos cuya situación jurídica se vería afectada por el acto administrativo y se han personado en el procedimiento. c) Basta en cualquier caso con tener un interés en el cumplimiento de la legalidad, aunque no se tenga un derecho o interés legítimo directa o indirectamente afectado por el acto.
26. La administración: a) tiene obligación de resolver cualquier procedimiento salvo aquellos que conducirían a un acto desfavorable o sancionador. b) tiene obligación de resolver los procedimientos que se inician por los interesados, no así aquellos que se inician por la propia administración. c) tiene obligación de resolver todos los procedimientos ya se hayan iniciado de oficio o a instancia de parte.
27. Los actos administrativos: a) Cuando no son notificados al interesado son actos nulos de pleno derecho. b) Pueden ser anulables o nulos de pleno derecho. La regla general es la sanción más grave, es decir, la nulidad de pleno derecho y sólo cuando se dan las causas tasadas contempladas en la ley los actos son anulables. c) Pueden adolecer de ciertas irregularidades, que se denominan no invalidantes, que por su escasa gravedad no permiten que el acto sea anulado.
28. La inembargabilidad de los bienes de dominio público: a) Es la prerrogativa por la cual los particulares no pueden adquirir su propiedad por mucho tiempo (más de 99 años) que estén poseyéndolos. b) Es la prerrogativa según la cual no pueden ser vendidos o transmitidos a particulares en tanto en cuanto mantengan esta condición. c) Ninguna de las anteriores es correcta.
29. ¿Qué actos ponen fin a la vía administrativa? a) Los actos dictados por un órgano con superior jerárquico nunca ponen fin a la vía administrativa, de manera que nunca el acto de un Ministro agotará la vía administrativa y siempre tendrá que ser recurrido en alzada ante el Consejo de Ministros. b) no existen reglas generales, por lo que solo es posible saberlo esperando a la notificación del acto donde se indicará si el acto pone o no fin a la vía administrativa. c) Entre otros, los actos dictados por los órganos que no tienen superior jerárquico.
30. Los actos declarativos de derechos o actos favorables: a) pueden anularse mediante un procedimiento de revisión de oficio cuando estén afectados por un defecto de nulidad de pleno derecho siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años desde que se notificaron al o los interesados. b) La única forma de que un particular pueda conseguir la anulación de un acto que beneficia a un tercero pero que le perjudica a él, cuando aún no haya transcurrido el plazo para interponer el recurso administrativo o contencioso administrativo, es solicitando a la administración que revise de oficio el acto. c) los interesados pueden instar la revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho que no hayan sido recurridos en plazo.
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