FUNDAMENTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

2. La distinción entre las relaciones de supremacía general y especial alumbrada por MAYER y seguida por FORSTOFF: a) tiene por finalidad excluir las relaciones de supremacía especial del recurso ante la jurisdicción, pues los actos que afectan a funcionarios, presos, estudiantes etc… se consideran actos internos o relaciones funcionales. b) sigue teniendo predicamento en la actualidad ya que, por ejemplo, las sanciones disciplinarias que se imponen a los funcionarios están excluidas por el art. 106 CE del recurso contencioso administrativo. c) ninguna de las anteriores es correcta.

3. La evolución de las actividades de la administración en el Estado social que consagra la Constitución española: a) ha supuesto que la administración pueda utilizar indistintamente el derecho administrativo o privado para conseguir el cumplimiento de los fines generales con la mayor eficacia. b) ha convertido a la administración interventora en administración exclusivamente prestadora de servicios, de manera que no hay ninguna actividad que necesariamente deba estar sujeta al derecho administrativo. c) ninguna de las anteriores es correcta.

4. El principio de buen gobierno: a) exige el cumplimiento de los fines constitucionales (eficacia en la gestión) con independencia de los medios que se empleen para conseguirlos. b) consiste en la exigencia de códigos éticos para los gobernantes, es en definitiva una obligación de medios. c) ninguna de las anteriores es correcta.

5. Las sanciones que contempla la Ley 19/2013: a) consisten en la amonestación, destitución del cargo con pérdida de la indemnización, inhabilitación para un nuevo nombramiento durante un periodo de tiempo y declaración de incumplimiento con publicidad en el Boletín oficial. b) no contemplan la publicidad de la declaración del incumplimiento por cuanto supondría la vulneración del derecho fundamental a la intimidad y de la protección de los datos personales. c) ninguna de las anteriores es correcta.

6. Las relaciones entre normas: a) se articulan exclusivamente por el principio de jerarquía normativa: la Constitución es la norma superior, las leyes están sometidas a la Constitución y los reglamentos están sometidos a la Constitución y a las leyes. b) se articulan únicamente por el principio de competencia: cada ley tiene una función y el reglamento tiene la suya pues existen materias que la Constitución reserva al reglamento en las que el legislador no puede entrar. c) ninguna de las anteriores es correcta.

7. El principio de legalidad: a) debe entenderse en sentido amplio como sujeción de la actividad de la administración no sólo a la ley sino en general al ordenamiento. b) se predica también al poder legislativo, que está vinculado por las leyes que previamente ha dictado, sin que pueda aprobar una ley singular con una regulación contraria para un caso concreto. c) ninguna de las anteriores es correcta.

8. Son principios generales constitucionales que sólo se aplican a la administración pública. a) El principio de prohibición de arbitrariedad. b) Los principios que se refieren a la organización de la administración: descentralización, jerarquía, eficacia, etc. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

9. Conforme a la Ley 40/2015: a) las administraciones públicas son la administración general del Estado, la administración de las Comunidades Autónomas, de las entidades locales, y los organismos de derecho público y de derecho privado vinculados o dependientes de los anteriores. b) las administraciones públicas son la administración general del Estado, la administración de las Comunidades Autónomas, y de las entidades locales, que son también las tres mencionadas expresamente en la Constitución por su nombre y apellidos. c) ninguna de las anteriores es correcta.

10. La autonomía local es: a) el conjunto de competencias que la Constitución reserva expresamente a las entidades locales que deben ser en todo caso respetadas por las leyes estatales y autonómicas. b) tiene un núcleo irreductible no muy preciso según el cual las entidades locales tienen derecho a participar a través de sus propios órganos en el gobierno y administración de cuantos asuntos les atañen. c) ninguna de las anteriores es correcta.

11. La legislación básica: a) son las leyes y reglamentos que dicta el Estado en materias de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, para coordinar su regulación. b) son las leyes que puede dictar el Estado en materias en que la competencia esta compartida, y que determinan el mínimo común uniforme a desarrollar por las leyes autonómicas, lo que implica que no puede en ningún caso contener una regulación acabada que no deje espacio a la Comunidad Autónoma para adoptar su propia regulación. c) ninguna de las anteriores es correcta.

12. Una ley española contraria al derecho europeo: a) es una norma inconstitucional pues el derecho europeo forma parte de la Constitución española. b) es una norma inaplicable, debiendo los jueces proceder a la aplicación directa de la norma europea e inaplicar la ley nacional. c) ninguna de las anteriores es correcta.

13. Los conceptos jurídicos indeterminados: a) son actos discrecionales, pues requieren de una labor de interpretación que lleva varias soluciones igualmente justa. b) son actos reglados que requieren de una labor de determinación de su contenido en la que solo cabe una única solución justa. c) ninguna de las anteriores es correcta.

14. Los actos discrecionales: a) no están excluidos del control judicial por el art. 106 CE de manera que deben ser controlados como si de actos reglados se tratase. b) son actos sujetos al control judicial a partir de sus elementos reglados: hechos determinantes, competencia y procedimiento para dictarlos, finalidad, y principios generales del derecho. c) ninguna de las anteriores es correcta.

15. La potestad reglamentaria: a) es una potestad originaria que la Constitución atribuye al Gobierno sometida al principio de legalidad. b) es una potestad originaria que la Constitución reserva al Gobierno excluyendo en determinadas materias la regulación por ley. c) ninguna de las anteriores es correcta.

16. La Constitución: a) contempla la privación de la propiedad privada por causa de utilidad pública o interés social, siguiendo el procedimiento legalmente establecido siempre que medie la previa indemnización. b) recoge la propiedad privada como derecho fundamental que nace de la propia Constitución de manera que cualquier limitación que se le imponga, aunque sea de carácter general, debe indemnizada. c) ninguna de las anteriores es correcta.

17. La Constitución: a) consagración de la reserva de ley para la tipificación de las conductas constitutivas de delitos e infracciones administrativas tiene el mismo alcance y contenido. b) la reserva de ley del art. 25 CE para la tipificación de las infracciones y sanciones impide que el reglamento pueda colaborar con la ley, desarrollándola, para definir las infracciones y sanciones. c) ninguna de las anteriores es correcta.

18. El principio de autotutela declarativa: a) se predica de los actos administrativos que se presumen válidos hasta que un tribunal no los anule en un recurso contencioso-administrativo, de manera que el interesado no puede evitar su cumplimiento salvo recurriéndolos ante los tribunales. b) se predica de los actos administrativos y permite a la administración ejecutarlos aún en contra de la voluntad de los particulares sin tener que recurrir al juez. c) ninguna de las anteriores es correctas.

19. El procedimiento administrativo común: a) es el único procedimiento administrativo, de manera que todos los actos con independencia de la potestad que ejerzan o de la materia en que se dicten tienen siempre siguen el mismo procedimiento ( la misma forma de inicio, los mismos plazos, los mismos informes, etc…). b) es el procedimiento que regula el Estado en ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 149.1.18, aunque después, en cada materia, cada administración estatal, autonómica o local puede establecer sus peculiaridades. c) ninguna de las anteriores es correcta.

20. Todos los actos administrativos: a) Deben dictarse siguiendo un procedimiento que garantice los derechos de los particulares en el mismo y el acierto de la decisión administrativa pues así lo exige el art. 105 CE. b) Aunque debe seguirse un procedimiento para ser dictados su omisión es irrelevante pues en ningún caso la falta de procedimiento constituye un vicio de nulidad de los actos, sino todo lo más, una irregularidad no invalidante. c) ninguna de las anteriores es correcta.

21. Los procedimientos administrativos: a) sólo pueden finalizar con un acto expreso unilateral, pues cuando se trata del ejercicio de prerrogativas no cabe acuerdo con los particulares. b) en un estado democrático cualquier procedimiento puede concluir con un convenio o acuerdo que sustituye al acto expreso sin que sea necesario que la norma contemple esta forma de finalización y sin que ninguna materia esté excluida. c) ninguna de las anteriores es correcta.

22. Iniciado el procedimiento a instancia del interesado, la administración comprueba que la documentación presentada junto con la solicitud es insuficiente: a) debe requerir al interesado para que la subsane en el plazo de diez días, y transcurrido este plazo sin que el interesado cumplimente el requerimiento debe desestimar o rechazar su petición. b) no tiene que requerir necesariamente al interesado para que la subsane y si no lo hace no comenzará a contar el plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa. c) ninguna de las anteriores es correcta.

23. La recusación y abstención del funcionario en un procedimiento administrativo: a) es la regla que pretende garantizar la objetividad de la resolución que en su día se dicte, por ello si se incumple, el acto es nulo de pleno derecho. b) las causas de recusación no están tasadas en la ley 39/2015, de manera que cualquier indicio de parcialidad del funcionario puede ser objeto de la solicitud de recusación por parte del interesado en el procedimiento. c) ninguna de las anteriores es correcta.

24. En un procedimiento selectivo para acceso a la función pública se producen una serie de irregularidades formales en la realización de una de las pruebas que perjudican a algunos de los aspirantes y benefician a otros. Quienes no resultan admitidos quieren recurrir la lista provisional de aprobados: a) cada uno de los que han resultado perjudicados debe recurrir la lista provisional de forma individual, pues cada uno es titular de un interés legítimo distinto. b) pueden ponerse de acuerdo y recurrir conjuntamente la lista provisional de aprobados, para lo que necesariamente deben nombrar un representante. A falta de ello, la administración deberá dirigirse a cada uno de ellos individualmente. c) ninguna de las anteriores es correcta.

26. Un particular presenta en el Ayuntamiento el 2 de febrero de 2017 una denuncia relativa a las obras que su vecino ha realizado en su vivienda, pues le producen ciertos perjuicios. A la vista de la denuncia el Ayuntamiento decide tramitar un procedimiento sancionador: a) el procedimiento se entiende iniciado el 2 de febrero de 2017 y es esta fecha la que debe contarse para declarar la caducidad del procedimiento una vez excedido el plazo máximo para resolver y notificar el acto sancionador. b) el procedimiento se inicia con el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador que es el que hay que tener en cuenta para entender que una vez transcurrido el plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa el silencio es negativo, por tratarse de un acto desfavorable. c) ninguna de las anteriores es correcta.

27. Una mercantil que está obligada a relacionarse con la administración por vía electrónica presenta un recurso de alzada contra la resolución que le había notificado el 10 de de enero, el 10 de febrero por escrito en el registro del órgano, y como es requerida por la administración para que lo haga electrónicamente, lo hace por vía electrónica el 15 de febrero: a) el recurso debe considerarse fuera de plazo puesto que la fecha que ha de tenerse en cuenta es la de la representación del recurso por vía telemática. b) el recurso esta dentro de plazo pues el requerimiento para presentarlo por vía electrónica se considera una simple subsanación del escrito, y no un escrito nuevo. c) ninguna de las anteriores es correcta.

28. El recurso de alzada: a) es un recurso siempre obligatorio pues la estructura jerárquica de la administración requiere que el órgano superior siempre pueda revisar lo que hace el inferior con la finalidad de evitar en la medida de lo posible los recursos judiciales. b) solo cabe contra los actos que no agotan la vía administrativa que son los establecidos en la Ley de procedimiento administrativo y en las normas autonómicas. c) ninguna de las anteriores es correcta.

29. Como consecuencia del cierre al tráfico de las calles del centro urbano aprobado por el Ayuntamiento cuando los índices de polución exceden el máximo permitido, un individuo se ve obligado a ampliar las horas de guardería del menor a su cargo, para llegar a tiempo al trabajo: a) no debe ser compensado por la administración por los perjuicios económicos que se le han ocasionado pues el funcionamiento normal de la administración no genera responsabilidad patrimonial. b) no debe ser compensado por la administración porque no todas los daños tienen que ser compensados, sino solo aquellos que no tiene obligación de soportar es decir, los daños antijurídicos. c) ninguna de las anteriores es correcta.

30. Como consecuencia del carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa: a) el interesado solo puede recurrir el acto administrativo. b) no es siempre necesario un acto administrativo, pues también es recurrible la inactividad y la vía de hecho. c) ninguna de las anteriores es correcta.