FUNDAMENTOS DERECHO ADMINISTRATIVO - TEST CAPÍTULO 1

1.El concepto de “buen gobierno” se regula expresamente en: (21-22). La Constitución Española. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

2.Indique la afirmación correcta: (21-22). a) Los valores de la Constitución no tienen carácter normativo. b) Los valores de la Constitución, aunque tienen carácter normativo, deben ser concretados para ser efectivos. c) Los valores de la Constitución solo se pueden concretar mediante Ley Orgánica.

3.En la Constitución de 1978, el sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho significa que la Administración: (21-22). a) Puede hacer todo lo que no esté prohibido en una norma. b) Puede hacer todo lo que esté autorizado en una norma con rango suficiente. c) Puede hacer todo lo que autorice el Gobierno.

4.En el ámbito subjetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno se incluyen: (21-22). a) Los miembros de las Cortes Generales. b) Los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y el resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. c) La totalidad de los cargos y empleados públicos.

5.El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: (21-22). a) Es un principio constitucional explícito. b) Es un principio constitucional implícito. c) Es un principio legal.

6.En la Constitución de 1978, la vinculación de la Administración a la Ley y al Derecho es: (21-22). a) Negativa. b) Positiva. c) Negativa a la Ley y positiva al Derecho.

7.En el régimen sancionador de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno se incluyen: (21-22). a) Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria. b) Infracciones en materia de paridad. c) Infracciones en materia de acceso a la información.

8.Si una Ley vulnera un principio constitucional del art. 9.3 CE: (21-22). a) Es necesaria la reforma constitucional. b) Es posible la declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional. c) Es posible la declaración de inconstitucionalidad por los Tribunales ordinarios.

9.Las bases de la administración española y del Derecho administrativo. a) Única y exclusivamente se recogen en la Norma fundamental los principios que presiden la actuación de la administración: el servicio al interés general, la eficacia, la jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Ningún otro aspecto ha merecido un tratamiento constitucional. b) La Constitución no solo contempla los principios que rigen la actuación de la administración, reconoce además los derechos que ostentan los individuos frente a los poderes públicos, el modelo territorial (administración estatal, autonómica y local) y las bases y principios del derecho administrativo como es el caso del reconocimiento al Estado de las competencias del art. 149.1.18 CE (procedimiento administrativo, responsabilidad, expropiación, etc.). c) La Constitución cierra por completo las bases de la administración y del derecho administrativo de manera que impiden la evolución del derecho administrativo y de la organización administrativa sobre la que en modo alguno puede regular el legislador para innovarla.

10.El título II de la Ley 19/2013, de transparencia información pública y buen gobierno, titulado “buen gobierno”: a) Incluye en su ámbito de aplicación todo tipo de altos cargos, los elegidos democráticamente, los que ejercen la función judicial, los Magistrados del Tribunal Constitucional, los funcionarios, es decir, todos aquellos que son retribuidos con los presupuestos públicos. b) Los cargos públicos excluidos del ámbito subjetivo del título II de la Ley de transparencia también se rigen por la obligación de buen gobierno, pero las normas de conducta que les afectan están contenidas en otras leyes que les resultan aplicables. c) Define de forma exhaustiva y sin posibilidad de desarrollo por las Comunidades Autónomas los altos cargos de la administración autonómica que están incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley estatal.

11.El buen gobierno: a) Se identifica por la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por su relación con la finalidad que deben perseguir las políticas públicas. De ahí que el art. 2 de la ley citada supedite o sacrifique el principio de estabilidad presupuestaria del art. 135 CE al cumplimiento de las misiones que la Constitución asigna a los poderes públicos. b) Es única y exclusivamente una obligación de resultados, pero no de medios, de manera que resulta indiferente la licitud o ilicitud de los medios empleados, lo que importa es exclusivamente el fin con el que se gobierna. c) Ha sido regulado por el legislador de forma especialmente pobre en la Ley 19/2013, pues se ha limitado a regular las normas de conducta que han de seguir los cargos públicos, sin introducir grandes novedades sobre lo ya establecido en otras leyes y sin prestar la menor atención a la finalidad que han de seguir las políticas públicas.

12.Sobre los fundamentos constitucionales de la Administración y del Derecho administrativo: a) En la Constitución se encuentran las bases para un diseño de la administración, entre otras regula los principios conforme a los que debe someterse para el cumplimiento de sus fines (art. 103.1 ) y un modelo laboral de empleo público similar en todo a las relaciones laborales inter privatos salvo en lo que atañe a los principios de mérito y capacidad (art. 103.2 CE). b) En la Constitución, por ser una norma abierta, no se encuentran las bases de la organización de la Administración y del Derecho administrativo, de manera que el legislador es completamente libre a la hora de diseñar y reformar el derecho administrativo o incluso eliminarlo por completo. c) Conforme a lo establecido en los arts. 103 y 106 CE la Administración sirve con objetividad a los intereses generales y actúa con sumisión plena a la ley y al derecho y su actividad está sometida al control de los tribunales.

13.Sobre la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: a) Quedan sometidos al Título II relativo al “Buen Gobierno”, todos los altos cargos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales incluidos los parlamentarios estatales y autonómicos. b) Para determinar lo que debe entenderse por alto cargo la ley se remite a la legislación sobre conflicto de intereses que contiene un código de conducta mucho más extenso que el contemplado en la Ley 19/2013. c) La ley se limita a enunciar un único principio de buen gobierno: los altos cargos deben cumplir con la Constitución y las leyes.

14.El concepto de buen gobierno: a) El término buen gobierno no tiene precedentes en nuestra legislación, ni en la Constitución, ni en la Ley del Gobierno, ni en la legislación de incompatibilidades. Se trata de un concepto novedoso en el ordenamiento jurídico español. b) Es un concepto puramente finalista sin que de modo alguno pueda defenderse que además del resultado incluye el modo de gobernar. c) Se ha interpretado hasta ahora que los márgenes de los gobernantes a la hora de gobernar (los límites del buen gobierno) son tan estrechos que solo cabe una única política económica.

15.La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: a) Incluye en su ámbito subjetivo de aplicación tanto los altos cargos de todas las administraciones, como los jueces, los empleados públicos y los representantes de los ciudadanos, pues todos ellos han de regirse por normas de buen gobierno. b) Clasifica las infracciones en dos únicos grupos: las que se cometen en materia de gestión económica presupuestaria y las infracciones disciplinarias. c) Prevé, en el caso de las infracciones muy graves, que se impongan las sanciones previstas para las infracciones graves debiendo ser los sancionados destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubieran sido cesados y no podrán ser nombrados para ocupar ningún otro puesto de alto cargo durante un periodo de entre cinco y diez años.

16.El principio de transparencia: a) Los principios de transparencia y de imparcialidad son los dos únicos principios generales que comprende el principio de buen gobierno en cuanto que el resto de principios bastante numerosos ( dedicación al servicio público, eficiencia, etc.) se denominan principios de actuación. Ambos tipos de principios son claramente diferenciables. b) Tiene como manifestación la obligación de los altos cargos de dar a conocer al público los hechos o informaciones que han conocido con motivo de su actuación pública cuando consideran que pueden ser de interés público. c) Tiene como manifestación el principio de publicidad activa y el acceso a la información pública en los términos previstos en la Ley 19/2013.

17.La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: a) Contiene un catálogo cerrado de infracciones y sanciones a altos cargos y funcionarios por el incumplimiento de los principios de buen gobierno que no están reguladas en ninguna otra ley. De ahí su utilidad. b) En lo que respecta a las infracciones que se cometen con motivo del incumplimiento de las reglas que regulan la administración de los fondos públicos, ha aprovechado para establecer instrumentos que permiten sancionar a los altos cargos responsables de administrar el dinero público, aunque poco aporta en relación con el resto de infracciones. c) Se permite sancionar con la destitución del alto cargo, la inhabilitación por un periodo de hasta veinte años para ser nombrado alto cargo aunque cuando la conducta haya supuesto un detrimento económico para la hacienda pública no se contempla la restitución.

18.La Constitución española: a) Es una norma abierta que permite y permitirá en el futuro introducir innovaciones en nuestro ordenamiento de forma y en los contenidos materiales. Por ello, no se refiere siquiera indirectamente a los principios de la organización administrativa, a los contratos administrativos, a la audiencia en el procedimiento administrativo etc... cuya regulación queda en manos del legislador ordinario que actúa con completa libertad para establecer el diseño dela administración. b) Contiene las bases para un diseño de la administración que en el cumplimiento de sus fines debe ser conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación y desconcentración (art. 103 CE) pero no menciona el modelo de función pública cuyo diseño queda por completo a la discrecionalidad del legislador. c) Se refiere entre otras cuestiones a las bases de la organización de la administración y los principios que le permiten el cumplimiento de sus fines generales; el modelo de función pública basado en el mérito y capacidad y la neutralidad del funcionario, a la participación en el procedimiento administrativo y en la elaboración de disposiciones generales, el acceso a archivos y registros.

19.El principio de buen gobierno: a) No ha recibido una mención expresa en la Constitución ni en ninguna ley ordinaria, de manera que su regulación está contenida en un reglamento europeo. b) No ha recibido una mención expresa en la Constitución pero ha sido expresamente mencionado y regulado en la Ley de incompatibilidades de los funcionarios públicos. c) Este principio ha sido desarrollado expresamente por La ley 19/2013, de 9 de diciembre, que tiene un título II denominado “Buen Gobierno”.

20.El título II de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: a) Está destinado a funcionarios y gobernantes. b) Está destinado a gobernantes entendiendo por tales los titulares del poder ejecutivo, del legislativo y del poder judicial incluyendo todos los cargos electos. c) Está destinado a los miembros del gobierno y altos cargos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, incluidos los concejales miembros de las Juntas de Gobierno.

21.La Ley 19/2013: a) Solo tipifica una clase de infracciones que son las consistentes en el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades y de las que regulan las declaraciones que han de realizar los altos cargos a los que les es de aplicación. b) Distingue entre dos tipos de infracciones. Las que se producen en materia de conflicto de intereses y las relativas a la materia de gestión económico y presupuestaria. c) Distingue tres tipos de infracciones según que afecten a los conflictos de intereses, a la gestión económica y financiera, o a las disciplinarias prácticamente coincidentes con las reguladas en el Estatuto Básico del empleado público.

22.El principio de buen gobierno. a) Debe considerarse exclusivamente como una obligación de resultados. b) Es sólo una obligación de medios: incluye el modo de gobernar. c) Es una obligación de medios y resultados pues los fines legales y constitucionales son más relevantes que los medios pero no son indiferentes los medios con que se alcancen estos fines.

23.Forman parte del ámbito subjetivo de aplicación del título II de la Ley 19/2013, relativo al buen gobierno. a) Los miembros del gobierno, los secretarios de Estado y el resto de altos cargos del sector público estatal, autonómico y local incluidos los concejales miembros de la Junta de Gobierno local. b) Los concejales no están en ningún caso incluidos en el ámbito del principio de buen gobierno pues están excluidos todos los cargos electos: concejales, diputados, senadores, y diputados autonómicos. c) Sólo los altos cargos del sector público estatal, pues la Ley 19/2013 sólo es aplicable al Estado, por ser una ley estatal.

24.El art. 26 ( título II) de la Ley 19/2013, de transparencia, derecho a la información y buen gobierno: a) Distingue de forma superflua entre principios generales y principios de actuación pues todos los que enuncia son realmente principios de actuación. b) Contempla principios generales y principios de actuación cuya vulneración conlleva siempre responsabilidad penal. c) Contempla distintos tipos de principios cuyo incumplimiento no conlleva sanción alguna.

25.El "Buen gobierno": a) Ese concepto, al que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dedica su título segundo, figuraba ya en la propia Constitución, tanto en el Preámbulo como varias veces a lo largo de su articulado. b) Solo y únicamente puede considerarse de caracter finalista. Es buen gobierno aquél que persigue valores tales como democracia, justicia, libertad y seguridad, pero le resultan absolutamente irrelevantes los medios que se utilicen para alcanzar dichos fines. c) La Constitución puede leerse desde la perspectiva del buen gobierno pues gobernar bien es cumplir los valores, misiones y principios constitucionales de acuerdo con las potestades y técnicas otorgadas a los poderes públicos.

26.El ámbito subjetivo del título segundo "buen gobierno" de la Ley 19/2013: a) Comprende todos los gobernantes titulares del poder ejecutivo, los representantes del poder legislativo democráticamente elegidos, los jueces y cualesquiera otros dirigentes de órganos constitucionales. b) Comprende a los miembros del Gobierno, los secretarios de estado y el resto de altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, los altos cargos y asimilados de las Comunidades Autónomas, y los altos cargos locales incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las entidades locales. c) Comprende todos los cargos citados en el apartado b) y los empleados públicos.

27.Las infracciones previstas en la Ley 19/2013: a) Responden a tres tipos según se trate de infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria, y las infracciones disciplinarias. b) Las infracciones disciplinarias responden a la necesidad de sancionar a los altos cargos por el incumplimiento de las normas que determinan como administrar los recursos y demás derechos de la hacienda pública, en concreto de la Ley General Presupuestaria, la ley de estabilidad presupuestaria, etc. c) Solo contempla un tipo de infracciones clasificadas en leves y muy graves.

28.El principio de buen gobierno: a) Exige el cumplimiento de los fines constitucionales (eficacia en la gestión) con independencia de los medios que se empleen para conseguirlos. b) Consiste en la exigencia de códigos éticos para los gobernantes, es en definitiva una obligación de medios. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

29.Las sanciones que contempla la Ley 19/2013: a) Consisten en la amonestación, destitución del cargo con pérdida de la indemnización, inhabilitación para un nuevo nombramiento durante un periodo de tiempo y declaración de incumplimiento con publicidad en el Boletín oficial. b) No contemplan la publicidad de la declaración del incumplimiento por cuanto supondría la vulneración del derecho fundamental a la intimidad y de la protección de los datos personales. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

30.¿Dónde se encuentran las bases del diseño de la Administración española?. a) La Constitución no contiene mandato alguno que determine cómo debe ser y actuar nuestra Administración, de manera que queda por completo al libre diseño del legislador, con la única excepción de la consagración de ciertos derechos fundamentales. b) Aunque la Constitución no es una norma cerrada y permite la evolución, existen en ella bases de directa aplicación a la Administración, como es el caso de los principios establecidos en el art. 103 CE, o el derecho de audiencia consagrado en el art. 105. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

31.En la Ley 19/2013, el título Il correspondiente al buen gobierno se aplica a: a) los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella y a los altos cargos de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales. b) altos cargos de la Administración del Estado y a todo tipo de empleados públicos de la administración del Estado. c) solo a los altos cargos de la administración territorial pero no a los de las entidades instrumentales, por no ser administración territorial y tratarse de personas jurídicas en muchos casos privadas.

32.Las infracciones disciplinarias de los altos cargos se regulan en: (22-23). a) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. b) La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. c) El Estatuto Básico del Empleado Público.

33.En el ámbito subjetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno se incluyen, por lo que respecta a las entidades locales: (22-23). a) La totalidad de los concejales. b) La totalidad de los empleados públicos locales. c) La totalidad de los altos cargos de las entidades locales.