Fundamentos derecho administrativo UNED

Las administraciones públicas: Solo tienen capacidad de derecho público. Tienen capacidad de derecho público y de derecho privado. Las respuestas anteriores son incorrectas.

La autonomía local: Se reconoce expresamente en la Constitución. Se reconoce implícitamente en la Constitución. Se reconoce exclusivamente en las leyes ordinarias.

Los Estatutos de Autonomía: Son un instrumento de atribución de competencias a las CC.AA. No pueden atribuir competencias a las CC.AA. Solo la Constitución puede atribuir competencias a las CC.AA.

La Constitución española: Reguló varios sistemas de creación de CC.AA. Reguló un solo procedimiento de regulación de CC.AA. Derivó a una LO la regulación de los sistemas de creación de CC.AA.

En caso de conflicto entre la legislación del Estado y la de las CC.AA: Prevalece la legislación de las CC.AA en tanto que el TC no falle en contrario. Prevalece la legislación del Estado. La legislación del Estado y la legislación de las CC.AA no pueden, por principio, entrar en conflicto.

Las relaciones entre el Derecho de la UE y el Derecho interno: Son ordenadas por el principio de jerarquía. Son ordenadas por el principio de competencia. Las respuestas anteriores son incorrectas.

Los conflictos entre el Derecho de la UE y el Derecho interno: Se resuelven mediante el principio de cooperación. Se resuelven mediante el principio de primacía. Se resuelven mediante el principio de confianza legítima.

La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: Es obra de la primera constitución de los EE.UU. Es obra de la Revolución Francesa. Es obra de la ONU.

Los derechos públicos subjetivos: Algunos se pueden considerar derechos fundamentales. Nada tienen que ver con los derechos fundamentales. Solo operan en las relaciones entre particulares.

La ciudadanía de la UE: Se instauró en el Tratado de Niza. Se instauró en el Tratado de la Unión Europea. Se instauró por primera vez en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: Ha sido proclamada por las instituciones de la Unión, pero carece de eficacia jurídica. Tiene el mismo valor jurídico que los Tratados de la Unión. Para que entre en vigor es necesario que sea ratificada por varios Estados miembros de la Unión.

La potestad discrecional: Es una modalidad de concepto jurídico indeterminado. Es un concepto que se contrapone al de potestad reglada. Ha sido erradicada del ordenamiento jurídico español.

La potestad reglamentaria del Gobierno: Ha sido reconocida expresamente por la CE. Solo se reconoce y regula por leyes ordinarias. No está subordinada a la potestad legislativa.

Los reglamentos: Pueden tener forma de Real Decreto y de Orden Ministerial. Solo pueden tener forma de Reales Decretos. Tienen formas externas diferentes a los actos administrativos.

Los decretos-leyes: Son una manifestación de la potestad reglamentaria. No son una manifestación de la potestad reglamentaria. Las respuestas anteriores son incorrectas.

La potestad expropiatoria: Fue regulada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se creó por primera vez en la Constitución de 1978. No ha sido reconocida por la Constitución de 1978.

Los actos administrativos: Gozan de presunción de legalidad. No se presumen válidos desde que se dictan. No obligan a su cumplimiento inmediato.

El procedimiento administrativo: Es una manifestación del Estado de derecho. No es una técnica administrativa. En España ha sido introducido en el ordenamiento jurídico a principios de presente siglo.

Procedimiento administrativo: Es un concepto idéntico a expediente administrativo. Y expediente administrativo son conceptos diferentes. Las respuestas anteriores son incorrectas.

La Ley 39/2015: Regula como uno de los principios del procedimiento el de contradicción. No regula el principio de contradicción que solo tiene vigencia en el Derecho privado. Las respuestas anteriores son incorrectas.

Pueden ser interesados en el procedimiento: Solo las personas físicas mayores de edad. Los menores de edad siempre que actúen mediante representante. Los discapacitados.

El plazo para resolver los procedimientos administrativos: No puede ser suspendido por las Administraciones Públicas. Es posible suspenderlo en determinados casos. En todo caso es de 6 meses.

Las solicitudes dirigidas a las Administraciones Públicas: Tienen que presentarse solo en el órgano competente para resolverlos. No se pueden presentar en caso alguno en los consulados en el extranjero. Pueden presentarse en los lugares establecidos en el art.16 de la ley 39/2015.

El procedimiento electrónico: Todavía no se ha instaurado en España. Se instauró en la ley 11/2007. Se puede utilizar solo previa autorización del órgano competente de la AGE.

El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos: Es un principio de creación jurisprudencial. Es un principio de creación legal. Es un principio meramente doctrinal.