201. De entre los siguientes requisitos que se refieren a continuación, se-
ñale cuál de ellos no es un requisito exigible para que pueda demandarse
la responsabilidad patrimonial a la Administración Pública:
La efectiva realidad de un daño material, individualizado con relación
a una persona o grupo de personas y económicamente valuable, en
cualquiera de sus bienes y derechos. Que el daño material no sea consecuencia del funcionamiento, normal o
anormal, de los servicios públicos, en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (reglamento, acto administrativo legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión). Que no se haya producido por fuerza mayor, es decir, por un suceso,
previsible o imprevisible, pero en cualquier caso inevitable. Que no haya prescrito el derecho a reclamar por el transcurso del tiem-
po que fija la Ley.
202. El plazo de que se dispone para reclamar la posible responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas es:
Un mes, desde que se produjo el acto o hecho que motive la indemni-
zación o de manifestarse su efecto lesivo. Dos años, desde que se produjo el acto o hecho que motive la indem-
nización o de manifestarse su efecto lesivo.
Un año, desde que se produjo el acto o hecho que motive la indemni-
zación o de manifestarse su efecto lesivo. Un año, desde que se produjo el acto o hecho que motive la indemniza-
ción o tres años desde que empiece a manifestarse su efecto lesivo.
.
203. El régimen de protección de los datos de carácter personal que se
establece en la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, será de aplicación a los siguientes ficheros:
Ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de activida-
des exclusivamente personales o domésticas. Ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasi-
ficadas. Ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas
graves de delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos
el/la responsable del fichero comunicará previamente la existencia del
mismo, sus características generales y su finalidad a la Agencia de
Protección de Datos.
La LO 15/99 es de aplicación a los datos de carácter personal regis-
trados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento,
y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores
público y privado.
.
204. Cuál de las siguientes definiciones no se ajusta a la regulación que
contiene la Ley 15/99 de Protección de datos: Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a perso-
nas físicas identificadas, identificables o que no se puedan identificar. Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cual-
quiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamien-
to, organización y acceso. Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de ca-
rácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, con-
servación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como
las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, in-
terconexiones y transferencias. Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de na-
turaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre
la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
205. La Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter
Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Pro-
tección de Datos, dispone que será aplicable a los ficheros de datos de ca-
rácter personal creados o gestionados, para el ejercicio de potestades de
derecho público: Y que estén sometidos a la normativa sobre protección de materias
clasificadas. Establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de
delincuencia organizada. Que hubieren sido creados o gestionados, para el ejercicio de potesta-
des de derecho público, por la Administración General de la Comuni-
dad Autónoma. Y que sean ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.
206. Por lo que se refiere a las reclamaciones ante la Agencia Vasca de
Protección de Datos por actuaciones contrarias a lo dispuesto en la Ley
2/2004, el plazo máximo en que se debe dictar y notificar la resolución ex-
presa de tutela de derechos es: De tres meses, entendiéndose el silencio administrativo como desesti-
matorio de la tutela pedida. De seis meses, entendiéndose el silencio administrativo como desesti-
matorio de la tutela pedida. De cuatro meses, entendiéndose el silencio administrativo como des-
estimatorio de la tutela pedida. De seis meses, entendiéndose el silencio administrativo como estima-
torio de la tutela pedida.
207. Conforme al Decreto 175/1989, de 18 de julio, por el que se aprue-
ba la Carta de Derechos y Obligaciones de los Pacientes y Usuarios del Ser-
vicio Vasco de Salud, es falso que sea función de los Servicios de Atención
al Paciente y Usuario: Recibir información y orientar a los/las pacientes y familiares cuando
acuden o ingresan en los centros sanitarios del Servicio Vasco de Sa-
lud/Osakidetza.
Tutelar el cumplimiento de los derechos de los/las pacientes y usua-
rios regulados en la Ley General de Sanidad y en este Decreto. Resolver las quejas o reclamaciones presentadas. Velar por el cumplimiento de las obligaciones y de las normas dictadas
por la Dirección del centro respecto a los/las pacientes y familiares.
.
208. La implantación y la puesta en funcionamiento del Servicio de Aten-
ción a la Ciudadanía-Zuzenean, están enmarcadas en:
El Plan Estratégico de Administración y Gobierno Electrónicos-PEAGE.
El Plan Estratégico para la ciudadanía-PEPC.
El Plan de Inclusión de las nuevas tecnologías-PINT.
Ninguna es correcta.
.
209. En cuál de los casos que se citan no se nombra personal interino de
acuerdo con la regulación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público: La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura
por funcionarios/as de carrera. La sustitución permanente de los/as titulares. La ejecución de programas de carácter temporal.
El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un periodo de doce meses.
210. Respecto del ámbito subjetivo y del contenido material del derecho
a la protección de la salud en la comunidad autónoma de Euskadi, refiera
cuál de las afirmaciones siguientes no es correcta:
El derecho a la protección de la salud tiene carácter universal en el te-
rritorio de Euskadi para todas las personas residentes, pero en ningún
caso para las transeúntes. El sistema sanitario de Euskadi garantiza las prestaciones sanitarias
individuales conforme a la ordenación básica del sistema nacional de
salud. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de acceso, adminis-
tración y régimen de prestación de los servicios sanitarios. El Gobierno Vasco podrá ampliar, en el territorio de Euskadi, el catá-
logo de prestaciones sanitarias individuales, determinando su ámbito
subjetivo y las condiciones de acceso y cobertura financiera, bien con
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi o con cargo a las personas que las soliciten.
211. Entre las atribuciones del Consejo de Administración del ente públi-
co Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, no se encuentran: La planificación estratégica de medios adscritos al ente. Las facultades necesarias para dirigir e impulsar el proceso e intensi-
dad con la que se configurarán las organizaciones últimas de servicios
sanitarios dependientes del ente, también en lo relativo al otorgamien-
to de personalidad jurídica. La dirección de sus actuaciones. El control superior de la gestión.
212. De entre las funciones que se exponen a continuación, señale la que
no corresponderá a la presidencia del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud al/a la Consejero/a de Sanidad: Aprobar la propuesta de Presupuestos, Estados Financieros Previ-
sionales y Memoria anual de actividades del Ente Público, así como
la información orientativa desagregada de todas sus organizaciones
dependientes. Asimismo le corresponderá formular la liquidación de
cuentas del Ente Público y de sus organizaciones. Ejercer la representación del Ente Público y de su Consejo de Admi-
nistración, sin perjuicio de la que corresponde a los directivos superio-
res de todas las organizaciones dependientes del Ente. Supervisar las operaciones del Ente Público y presentar al Consejo de
Administración los informes que considere oportunos. Ejercer toda clase de acciones, excepciones y recursos judiciales y ad-
ministrativos en defensa de los derechos e intereses del Ente Público,
sin perjuicio de las actuaciones ordinarias directamente vinculadas al
ejercicio de las facultades que se atribuyen a las distintas organizacio-
nes del Ente Público.
.
213. Al frente de cada organización de servicios sanitarios del Ente Públi-
co se encontrará un Director/a-Gerente, considerado/a como cargo direc-
tivo sujeto al régimen del artículo 27 de la Ley de Ordenación sanitaria,
al/a la que le corresponderán una serie de funciones, entre las que no se
encuentra: Ostentar la representación oficial de la organización y ejercer la auto-
ridad directa dentro de la misma, todo ello de acuerdo con las faculta-
des encomendadas a la organización correspondiente. Suscribir el contrato-programa en representación de la organización
respectiva, así como aprobar la propuesta que corresponde formular a
cada organización sobre su presupuesto individualizado y sus planes Presidir los Consejos Técnicos de participación profesional y promover
su eficaz funcionamiento. Dirigir, impulsar y coordinar la organización, gestión, evaluación y
control interno de los servicios sanitarios y de administración corres-
pondientes a su organización, velando por el cumplimiento de los ob-
jetivos asignados.
.
214. La creación de nuevas unidades asistenciales y de gestión para la
Atención Primaria se realizará por;
Resolución del Consejero de Sanidad.
Decreto del Consejero de Sanidad.
Circular del Consejero de Sanidad Orden del Consejero de Sanidad.
215. Conforme a la regulación que se contiene en el Decreto 195/1996,
sobre Estructura Organizativa de los recursos adscritos a Osakidetza/Servi-
cio Vasco de Salud para la Atención Primaria, las Comarcas Sanitarias de
Atención Primaria deberán dotarse, al menos, de los siguientes órganos de
Participación: El/la Gerente. El Consejo Técnico.
El Consejo de Dirección.
El Equipo directivo de la Gerencia.
216. Para la gestión de los servicios sanitarios públicos de atención especia-
lizada adscritos a Osakidetza, las Áreas Sanitarias podrán contar con los si-
guientes centros asistenciales y de gestión, entre los que no se encuentran:
Centros asistenciales y de gestión, establecidos para el desarrollo de
sus actividades de atención especializada en ámbitos territoriales su-
periores al Área sanitaria, tales como las Unidades Territoriales de
Emergencia y los Servicios Extrahospitalarios de Salud Mental. Instituciones hospitalarias, que tendrán la denominación común de
hospital y asumirán la provisión de prestaciones sanitarias de asisten-
cia hospitalaria y especializada. Los Complejos Hospitalarios formados por los Hospitales y/o Unidades
organizativas que se determinen en cada caso, con objeto de propor-
cionar al/a la usuario/a una asistencia sanitaria hospitalaria y especia-
lizada de calidad mediante la coordinación y aprovechamiento de las
sinergias producidas por la agrupación de las mismas. Los demás centros asistenciales y de gestión, establecidos o que pue-
dan establecerse, para el desarrollo de sus actividades de atención
especializada en ámbitos territoriales iguales o inferiores al Área sani-
taria, tales como las Unidades Territoriales de Emergencia y los Servi-
cios Extrahospitalarios de Salud Mental.
.
217. Cuál de las que citamos a continuación es una obligación de los/as
pacientes según la normativa aplicable: A poner en conocimiento de los/as responsables de las Instituciones
Sanitarias las irregularidades que observe en el funcionamiento de los
Centros. A formular quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el funciona-
miento de los servicios sanitarios y a recibir respuesta de la Adminis-
tración Sanitaria sobre las mismas en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes. A recibir el informe de alta médica hospitalaria.
A conocer los gastos originados por el uso de recursos hospitalarios
en el centro sanitario, con independencia de que no sean abonados
directamente.
218. Respecto del sistema de tramitación de quejas y reclamaciones en
el Servicio Vasco de Salud/Osakidetza, a continuación realizamos una se-
rie de afirmaciones entre las que se encuentra una que no es correcta, se-
ñale cuál es: Mediante Orden del Departamento de Sanidad y Consumo se desarro-
llará el Sistema de Tramitación de Quejas y Reclamaciones ajustándo-
se a criterios de celeridad y sencillez. Los Servicios de Atención al Paciente y Usuario vendrán obligados
a transcribir las quejas presentadas verbalmente cuando se trate de
personas con dificultades de escritura o de expresión. Los/as firmantes de las Quejas y Reclamaciones recibirán comuni-
cación verbal sobre el trámite en que se encuentra su queja y de la
solución adoptada dentro de los plazos que se determinen. Los Servicios de Atención al Paciente y Usuario registrarán todas las re-
clamaciones que ante ellos se formulen, con independencia del centro
destinatario de la queja, al que será remitido por éstos con posterioridad.
.
219. Respecto del acceso a la tramitación telemática con el Sistema Sani-
tario de Euskadi, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
Las personas interesadas en realizar la tramitación telemática con el Sis-
tema Sanitario de Euskadi no será preciso que dispongan del Certificado
electrónico reconocido, incorporado a la Tarjeta Sanitaria Electrónica.
No será necesaria la utilización del Certificado electrónico reconocido,
incorporado a la Tarjeta Sanitaria Electrónica, cuando se trate del ac-
ceso a información de interés general.
En los casos de minoría de edad o incapacitación de la persona usua-
ria, no se emitirán Certificados de Asegurado Representado del Siste-
ma Sanitario de Euskadi, en los términos recogidos en el artículo 11
de la Ley de firma electrónica.
No se podrá admitir la relación telemática para los usos autorizados
con otros certificados electrónicos incorporados a tarjetas sanitarias
electrónicas emitidas por otras autoridades sanitarias, tanto en el ám-
bito del Sistema Nacional de Salud como en otros Sistemas Sanitarios
de la Unión Europea.
.
220. Señale cuál de los colectivos que señalamos a continuación no se
encuentra dentro del ámbito personal de aplicación del Acuerdo regulador
de las condiciones de trabajo del personal de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, para los años 2007, 2008 y 2009:
El personal contratado laboral de las organizaciones de servicios de
Osakidetza. El personal estatutario fijo. El personal con relación de empleo estatutaria o funcionarial de ca-
rácter interino para la cobertura de necesidades que se encuentren in-
cluidas dentro de los límites de la autorización de efectivos de carác-
ter estructural, en tanto no sean objeto de cobertura ordinaria por los
mecanismos de acceso y provisión que establece la Ley de Ordenación
Sanitaria de Euskadi. El personal funcionario de carrera de las organizaciones de servicios
de Osakidetza.
221. De entre las afirmaciones que se realizan a continuación, señale cuál
de ellas no se corresponde con la regulación de los anticipos que se contie-
nen en el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, para los años 2007, 2008 y 2009: El personal en activo, tendrá derecho a la concesión de anticipos or-
dinarios sin interés alguno, de hasta el 100% de su salario líquido
mensual, más la parte proporcional devengada de Paga Extraordinaria,
siempre y cuando no se prevea la finalización de la relación contrac-
tual antes de fin de mes. El anticipo deberá ser compensado en la nómina correspondiente al
mes solicitado, con excepción de aquellos anticipos concedidos tras
el cierre mensual de la nómina, en cuyo caso serán compensados en
la nómina correspondiente al mes siguiente. Para aquellas personas a las que se les practique cualquier tipo de
retención mensual, la cuantía máxima del anticipo mensual será igual
al 100% del salario líquido mensual menos la retención anteriormente
señalada. El personal sujeto a expediente disciplinario tendrá, cautelarmente,
suspendido este derecho en tanto en cuanto no se proceda al archivo
del mismo.
222. En lo referente a los objetivos mínimos del uso del euskera en aten-
ción primaria, no es cierto que: Cuando los ámbitos o zonas de influencia o de actuación de los cen-
tros sanitarios tengan un porcentaje de euskaldunes superior al 45%
y hasta el 70%, los servicios de las áreas de atención al/a la cliente/a
y los servicios de atención infantil no hospitalaria ofertados por Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud serán bilingües. Cuando los ámbitos o zonas de influencia o de actuación de los cen-
tros sanitarios tengan un porcentaje de euskaldunes superior al 20%
y hasta el 45%, los servicios de las áreas de atención al/a la cliente/a
ofertados por Osakidetza-Servicio Vasco de Salud serán bilingües. Cuando los ámbitos o zonas de influencia o de actuación de los cen-
tros sanitarios tengan un porcentaje de euskaldunes igual o inferior al
20%, los servicios de las áreas de atención al/a la cliente/a ofertados
por Osakidetza-Servicio Vasco de Salud serán bilingües. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud informará a los/as pacientes sobre
las opciones existentes para, en su caso, poder elegir únicamente mé-
dico/a general bilingüe.
223. Diga cuál de las afirmaciones que se realizan a continuación no es
correcta: Las faltas muy graves prescribirán a los cuatro años. Las faltas graves prescribirán a los dos años. Las faltas leves prescribirán a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se
hubiera conocido y no se interrumpirá con el acuerdo de iniciación
del procedimiento disciplinario, volviendo a correr de nuevo si éste
estuviera paralizado más de seis meses por causa imputable al/a la
interesado/a.
224. Por lo que respecta a la elaboración y gestión, estructura y conteni-
do de las cartas de servicios, no es correcta una de las siguientes afirma-
ciones: La Secretaría General para la Administración Pública impulsará la im-
plantación generalizada de las cartas de servicios y colaborará con los
órganos y organismos que lo requieran en su elaboración. Los/as Subsecretarios/as de los Ministerios dispondrán lo necesario
para que los órganos del departamento y los organismos vinculados o
dependientes de él elaboren su correspondiente carta de servicios y
para que lleven a cabo su actualización periódica, de acuerdo con el
procedimiento establecido en este Real Decreto.
Corresponde a los superiores jerárquicos de los/as titulares de los ór-
ganos y organismos a los que se refiera la carta de servicios la respon-
sabilidad de su elaboración, gestión y seguimiento interno.
Las cartas se actualizarán periódicamente en función de las circuns-
tancias y, en cualquier caso, al menos cada tres años.
.
225. En lo referente a la ampliación de los plazos en el procedimiento ad-
ministrativo, indique cuál de las respuestas siguientes es la correcta: La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de
oficio o a petición de los/as interesados/as, una ampliación de los
plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero. La Administración, en ningún caso, podrá conceder de oficio ni a pe-
tición de los/as interesados/as, una ampliación de los plazos estable-
cidos, que exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de ofi-
cio o a petición de los/as interesados/as, una ampliación de los plazos
establecidos, que no exceda del triplo de los mismos, si las circuns-
tancias lo aconsejan y aunque afecte a los derechos de tercero.
La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio
pero no a petición de los/as interesados/as, una ampliación de los plazos
establecidos, que no exceda de tres días en cada caso, si las circunstan-
cias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.
.
226. En lo referente al cómputo de plazos, la legislación administrativa
establece que:
Si el plazo se fija en meses o años, estos no se computarán a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación
del acto de que se trate.
Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación
del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se pro-
duzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.
Si el plazo se fija en meses pero no en añoss, estos se computarán a
partir del segundo día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifi-
cación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a
aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio
administrativo.
Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la realización del acto de que
se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto.
.
227. Con referencia a la revocación de los actos administrativos, señale
cuál de las siguientes opciones es la correcta:
Las Administraciones Públicas no podrán revocar sus actos de grava-
men o desfavorables.
Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento
sus actos de gravamen pero no los desfavorables, siempre que tal re-
vocación constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o
sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordena-
miento jurídico.
Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento
sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación
no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico.
Las Administraciones Públicas no podrán revocar en cualquier mo-
mento sus actos de gravamen ni los desfavorables, excepto si tal revo-
cación constituya dispensa o exención permitida por las Leyes, o sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico.
.
De entre las siguientes definiciones que ofrece la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter perso-
nal, señale cuál de ellas se refiere al concepto Responsable del fichero o
tratamiento: Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables. Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera
que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, or-
ganización y acceso. Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o
no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración,
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos
que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transfe-
rencias. Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano
administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tra-
tamiento.
229. Los artículos uno al nueve de la Constitución se incluyen en:
El Preámbulo de la Constitución.
En el Título Preliminar de la Constitución.
En el Título I de la Constitución.
En el Título II de la Constitución.
230. Según la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
reformada por la Ley 4/99, no son Administraciones públicas a los efectos
de determinar el ámbito de aplicación de esta Ley:
Las Entidades de Derecho Privado con personalidad jurídica propia no vinculadas ni dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Las Entidades que integran la Administración Local.
231. De acuerdo con el artículo 1.1 de la Constitución española, son va-
lores superiores del ordenamiento jurídico:
La libertad, la igualdad y la fraternidad.
La libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo ideológico.
La legalidad, la jerarquía normativa, la libertad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos.
La libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político.
.
232. De acuerdo con lo establecido en la Constitución española; ¿cuál es
la duración máxima de la prisión provisional?
El tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los
hechos.
Como máximo 72 horas. El plazo que determine la ley. Son correctas a y b.
.
233. El art. 3.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, supone una reproduc-
ción casi literal del art. 103 de la Constitución española, no obstante in-
cluye algunos principios que ésta no menciona como son:
Contradicción e igualdad.
Publicidad y concurrencia.
Contradicción e igualdad. Buena fe, confianza legítima y sometimiento pleno a la Constitución.
Confianza legítima y lealtad institucional.
.
234. La Administración competente inicia un expediente expropiatorio so-
bre un terreno propiedad de don/doña ABC. En tal supuesto don/doña ABC
ostenta la condición de interesado/a:
Pues promueve el procedimiento como titular de un derecho subjetivo.
Porque, aun sin promover el procedimiento, tiene un interés legítimo
que puede resultar afectado por la resolución final que se adopte.
Porque, aun sin promover el procedimiento, ostenta la titularidad de un
derecho que puede resultar afectado por la resolución final que se adopte.
Ninguna es correcta.
.
235. Para actuar como representante en nombre de otra persona, se precisa:
Ser español y mayor de edad.
Además de los requisitos señalados en la opción anterior, estar en
pleno uso de sus derechos civiles. Tener capacidad de obrar.
Ninguna es correcta.
.
236. Los actos que se producen en virtud del silencio administrativo se
denominan:
Actos expresos.
Actos presuntos.
Actos implícitos.
Todas son correctas.
.
237. Si en el mes de vencimiento de un plazo fijado en meses o años, no
existe día equivalente a aquel en que comenzó el cómputo:
Se entiende que el plazo termina el primer día del mes siguiente.
Se entiende que el plazo termina el último día del mes.
Si el plazo se expresaba en meses se computará como si fuesen 30
días.
Ninguna es correcta.
.
238. Si en un procedimiento administrativo al que le es de aplicación la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se fija un plazo
en días, sin especificar si el cómputo se realizará en días hábiles o natura-
les, y en el supuesto de que el último día del plazo sea inhábil:
Se prorrogará el día siguiente en todo caso.
Se prorrogará al primer día hábil siguiente. Se entiende que el plazo expira el día anterior hábil.
Tal supuesto es imposible en la práctica.
.
239. El plazo máximo que se puede fijar por vía reglamentaria para la re-
solución de un procedimiento administrativo es de:
5 meses.
8 meses.
3 meses.
6 meses.
240. Si un procedimiento se inicia a solicitud del interesado, una vez se pro-
duce su entrada en el Registro del órgano competente para su tramitación:
Se notificará al interesado, en 10 días, el plazo máximo legalmente
establecido para la resolución y notificación del procedimiento, exclu-
sivamente.
Se notificará al interesado, en 20 días, el plazo máximo de resolución y
notificación y el sentido del silencio administrativo, exclusivamente.
Se notificará al interesado, en 10 días, la fecha de entrada de la so-
licitud en el Registro del órgano administrativo competente para su
tramitación, el plazo máximo de resolución y notificación y el sentido
del silencio administrativo.
Ninguna es correcta.
.
241. La conversión de los actos administrativos consiste en que:
La Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los ac-
tos administrativos. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. Los órganos administrativos dispondrán siempre la conversión de
aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual
de no haberse cometido la infracción.
Ninguna respuesta es correcta.
242. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar
dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos administrati-
vos será suficiente, a tenor de lo establecido en la Ley 30/1992, la notifi-
cación que contenga, cuando menos: Si el acto pone fin o no a la vía administrativa.
Los recursos que procedan contra la resolución o acto.
El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación
debidamente acreditado.
Son correctas b y c.
.
243. El órgano a quien competa resolver un recurso en vía administrativa
podrá suspender la ejecución del acto recurrido previa ponderación de los
siguientes criterios. Señalar la respuesta incorrecta:
El perjuicio que causaría al interés público la suspensión.
El perjuicio que se causa al recurrente con la eficacia inmediata del
acto.
El perjuicio que causaría a terceros la ejecución del acto.
Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
.
244. Contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados que no
pongan fin a la vía administrativa podrá interponerse, por los interesados,
dentro del plazo de un mes siguiente a la notificación de la resolución ex-
presa, el recurso:
De alzada.
Contencioso-administrativo. De alzada o reposición, potestativamente.
De alzada o extraordinario de revisión, si concurren las circunstancias
previstas en el art. 118 de la LRJ-PAC.
.
245. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por cualquier
lesión que sufran como consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos; ¿tiene alguna excepción esta afirmación?
Sí, los supuestos de caso fortuito.
Sí, que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de la
Administración.
Sí, los supuestos de fuerza mayor.
No.
.
246. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial, se es-
tablecerá:
Un procedimiento general y otro simplificado.
Un procedimiento general y otro abreviado.
Un procedimiento global y otro abreviado.
Un procedimiento global y otro simplificado.
.
247. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos, se entiende por dato de carácter personal:
Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas
identificadas o identificables.
Cualquier información concerniente a personas físicas, fallecidas o
no, identificadas o identificables.
Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables.
Ninguna es correcta.
.
248. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de
Datos, y salvo en determinados supuestos que la propia ley menciona, se
requerirá consentimiento expreso del afectado para el tratamiento de los
siguientes datos de carácter personal:
Aquellos que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida
sexual.
Aquellos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creen-
cias.
Son correctas a y b. Ninguna es correcta.
.
249. A tenor de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatu-
to Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera y funcionarios de empleo, estos últimos a su
vez podrán ser eventuales o interinos. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y funcionarios eventuales.
Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, funcionarios de em-
pleo y personal laboral.
Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y per-
sonal eventual.
.
250. De acuerdo con la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sa-
nitaria de Euskadi y sin perjuicio del mecanismo directo que tendrá lugar
tras la superación de un proceso selectivo, el sistema ordinario de acceso
a un puesto funcional y de adscripción a un destino será:
La oposición libre.
El concurso.
El concurso-oposición.
La promoción interna.
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