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Cuando la Administración ejerce el servicio sin intermediarios y de modo exclusivo mediante sus funcionarios estamos ante un supuesto de gestión: Indirecta. Directa descentralizada. Mixta. Directa centralizada.

Las autorizaciones administraciones discrecionales: Son inconstitucionales, por vulnerar la libertad individual y el principio de seguridad jurídica. Han desaparecido como consecuencia de la entrada de España en las Comunidades Europeas. Pueden llegar a ser denegadas aunque el interesado cumpla los requisitos generales previstos para su obtención en la norma que las regula. Se caracterizan porque no pueden ser controladas por la jurisdicción contencioso-administrativa.

De las siguientes condiciones, cual NO es un requisito para ceder la concesión: Que el cedente mantenga la solvencia que resulte exigible. Que se haya ejecutado, al menos, un 20 % del importe del contrato. Que el órgano de contratación autorice la cesión. Que se formalice en escritura pública.

La orden de demolición de una construcción ilegal: Sólo puede revisarse de oficio por causa de nulidad de pleno Derecho. Ha de adoptarse con respeto al principio de culpabilidad porque constituye una sanción administrativa. Da lugar al nacimiento en el propietario de una pretensión indemnizatoria por el valor de lo demolido. Ha de adoptarse previa audiencia del interesado.

El establecimiento de la carga de prestar una fianza previa como un requisito para las empresas que realicen servicios de transporte de viajeros por carretera: Ha de realizarse en una norma con rango y fuerza de Ley. Debe adoptarse a través de un Decreto del Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma. No tiene por qué incorporarse a una norma jurídica, ya que constituye una carga normal de la vida social. Puede realizarse mediante una Orden del Ministro de Fomento.

Señale la respuesta correcta en relación con las potestades administrativas y los servicios públicos: En la actividad de ordenación las relaciones entre los administrados y los poderes públicos son de sujeción especial. En la actividad de servicio público las relaciones entre los administrados y los poderes públicos son de sujeción general. En la actividad de servicio público las relaciones entre los administrados y los poderes públicos son de sujeción especial. Las relaciones de sujeción de los ciudadanos a los poderes públicos son las mismas que en la actividad de ordenación.

El deber de un productor de energía eléctrica de comunicar a la Administración determinados proyectos de modificación de su proceso de producción: Puede imponerse directamente en una autorización, sin que la Administración deba contar con una habilitación previa al efecto. Debe estar previsto en una Ley. Es inconstitucional, por resultar contrario a la libertad de empresa de los productores de electricidad. No requiere ser definido expresamente, ya que, si la Administración pudo exigir previamente una autorización, debe poder ahora exigirle una carga menos intensa.

Los daños ocasionados por la actividad del contratista, serán indemnizados: Por la Administración aunque el daño sea imputable al contratista. Por éste en todo caso. Por el contratista cuando el daño no sea imputable a la Administración. Por la Administración en todo caso.

La potestad de reglamentación del servicio está incluida en la de: Ius variandi. Dirección. Control. General de policía.

Señale el contenido del principio de proporcionalidad: Es el mismo que el de la prohibición de la desviación de poder. Las actuaciones administrativas no deben vulnerar la confianza legítima de los ciudadanos. Los poderes públicos deben tratar a los ciudadanos en función de sus circunstancias personales. Está integrado por las exigencias de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto.

Se entiende por gestión directa de servicio público: La prestación de los servicios por la Administración, por sus propios medios y riesgo, cualquiera que sea la naturaleza del ente gestor, siempre que éste no tenga forma societaria. Únicamente la que realice la Administración a través de sus órganos administrativos. La actividad prestacional que realice la Administración exclusivamente con sus propios medios o mediante una corporación pública vinculada o dependiente de la misma. La prestación de los servicios de su competencia que realicen las Administraciones por sí mismas o mediante entidades jurídicas exclusivamente vinculadas o dependientes de ellas.

Indique cuál de los siguientes títulos habilitantes es transmisible: Una licencia municipal de obras. El permiso de conducción de vehículos de motor de clase B1. El título profesional de procurador de los Tribunales. Cualquiera que tenga un valor económico propio.

Son causas de resolución de la concesión: El incumplimiento de cualquier obligación imputable al contratista. El rescate de la concesión. La demora por tiempo superior a tres meses de la entrega al contratista de la contraprestación. La no prestación del servicio en condiciones de seguridad.

Cuando el servicio es prestado por una sociedad mercantil en la que la Administración tiene el 80% del capital y dos empresas privadas el 10 % cada una, nos encontramos ante una gestión: Directa centralizada. Mixta. Directa descentralizada. Indirecta.

Cuando la modificación del contrato de gestión del Servicio Público afecte a su régimen financiero: El contratista deberá asumir los riesgos por aplicación del principio de riesgo y ventura. La Administración deberá compensar al contratista. El contrato no puede ser objeto de modificación por aplicación del principio pacta sunt servanda. Se lleva a cabo en todo caso una ampliación de la duración del contrato para amortizar las pérdidas.

El concesionario puede ceder la concesión: Sólo en determinados supuestos previstos en el acto de otorgamiento. Siempre. Sólo con la autorización de la Administración concedente. Nunca.

El ius variandi tiene como fundamento: La cláusula de progreso. Los poderes implícitos. El servicio al interés general. El control que la Administración realiza sobre el concesionario.

Para suprimir un servicio público se requiere: La decisión de la Administración cuando la Ley sólo se haya limitado a autorizar la creación del mismo. Una ley. Un reglamento. Que haya desaparecido el interés general.

Los servicios que impliquen el ejercicio de autoridad: Sólo pueden gestionarse directamente. No se pueden prestar mediante gestión indirecta. Se pueden prestar por gestión indirecta. Se pueden contratar.

Se denomina publicatio: A la norma legal previa que habilita a actuar a la Administración. Cuando la norma legal previa permite a los particulares concurrir con la Administración en la prestación del servicio. A la norma previa, ya sea legal o reglamentaria, que habilita a actuar a la Administración. A la norma legal previa que habilita a actuar a la Administración en una determinada materia o sector de la realidad para la prestación de un servicio público.

La gestión interesada es propia de: La gestión directa descentralizada. La gestión directa. La gestión mixta. La gestión indirecta.

Cuando un particular gestiona un servicio público mediante concesión administrativa: El control permanece en manos públicas pero la dirección pasa al concesionario. Se le transfieren las potestades de dirección y control. La Administración concesionaria mantiene las potestades de dirección y control. El control pasa a manos privadas pero la dirección permanece en la Administración.

Cuando el concesionario no pueda prestar el servicio: Se abrirá un nuevo procedimiento de licitación. La Administración lo asumirá temporalmente mediante ejecución directa. Será objeto de sanción administrativa. La Administración rescatará la concesión.

La cláusula de progreso consiste: En la introducción en el servicio de las mejoras que el avance técnico haga posible. En la prestación del servicio según el nivel de los países de nuestro entorno. En la continua mejora del servicio. En el amejoramiento continuo del nivel de vida de los ciudadanos.

Antes de proceder a la contratación de un servicio público: Se paraliza la actividad del gestor que viene prestando el servicio. Deberá determinarse el régimen jurídico básico del servicio. Deberá realizarse una encuesta a la población sobre su procedencia. Se debe haber declarado la improcedencia de la gestión directa.

La imposición del deber del propietario de un solar de proceder a su limpieza y vallado: Dará lugar en todo caso a una indemnización que cubra el coste de los trabajos. No requiere ser declarado de manera específica, ya que se deriva en todo caso del contenido mismo del derecho de propiedad privada. Sólo puede realizarse a través de una licencia de obras. Se realiza a través de la figura de la orden administrativa.

En el caso de las concesiones de servicios públicos, el concesionario puede ser: Otra Administración. Tanto un particular como otra Administración. Un particular junto con una Administración mediante una sociedad interesada. Un particular.

De los siguientes supuestos, ¿quién puede exigir por vía judicial el establecimiento del servicio a las Administraciones Públicas?. Los ciudadanos comunitarios. Sólo los vecinos de un municipio respecto de los denominados servicios obligatorios. Cualquier ciudadano con respecto a los servicios contemplados en la Constitución. Cualquier ciudadano con respecto a los servicios esenciales.

Los servicios públicos estatales podrán gestionarse de modo directo y de forma descentralizada: Por cualquier fórmula organizativa, siempre que no tengan naturaleza mercantil. Por organismos públicos y sociedades mercantiles de capital exclusivo o mayoritariamente público. Exclusivamente mediante organismo público y entidades públicas empresariales. A través de organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, sociedades de capital público exclusivo y fundaciones públicas.

Las autorizaciones administrativas: No pueden incluir cláusulas accesorias como contenido accidental del acto administrativo. No pueden otorgarse de oficio. Solo se formalizan mediante resoluciones unilaterales y no a través de convenios con los interesados. No admiten condiciones suspensivas.

Cuando la Administración elabora el proyecto de construcción o el de fabricación del objeto de suministro, de los daños que se causen a terceros por los vicios del proyecto responde: La Administración en todo caso. El concesionario si es consecuencia de una orden directa de la Administración. El constructor. El fabricante.

Los servicios de interés económico general: No están sometidos a las normas de los Tratados de la Unión Europea. Están sometidos a las normas de los Tratados de la Unión Europea excepto las de competencia. Están sometidos a las normas sobre competencia de los Tratados de la Unión Europea. Pueden ser excluidos de las normas sobre competencia si éstas impiden el cumplimiento de la misión específica de los servicios.

El ius variandi se predica de la potestad de: Sancionadora. Dirección. Inspección. Control.

La Administración podrá gestionar indirectamente mediante contrato: Los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Los servicios de su competencia con contenido económico susceptibles de explotación particular. Los servicios que carezcan de rentabilidad económica. Los servicios de policía y bomberos.

Los actos de los concesionarios son recurribles: En alzada ante el superior jerárquico del órgano concedente. Ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En reposición ante el órgano concedente si se trata de actos ejercitados por delegación. En reposición ante el órgano concedente.

Son causas de resolución de la concesión: La no prestación del servicio en condiciones de seguridad. El incumplimiento de cualquier obligación imputable al contratista. El rescate de la concesión. La demora por tiempo superior a tres meses de la entrega al contratista de la contraprestación.

El desarrollo de la actividad administrativa de inspección: Se articula necesariamente a través de un procedimiento formalizado jurídicamente. Puede llevarse a cabo por Sociedades Mercantiles, ya que no implica el ejercicio de autoridad. Está sometido al principio dispositivo. Corresponde con carácter ordinario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El principio de taxatividad o de especificación exige que las normas administrativas definan con precisión: Todo tipo de medidas administrativas con efectos restrictivos de la libertad de los ciudadanos. Tan solo las infracciones y sanciones administrativas. La organización de los servicios públicos educativos y sanitarios. Cualquier posible decisión administrativa.

Indique cuál de los siguientes títulos habilitantes es transmisible: Una licencia municipal de obras. Cualquiera que tenga un valor económico propio. El título profesional de procurador de los Tribunales. El permiso de conducción de vehículos de motor de clase B1.

La orden de demolición de una construcción ilegal: Da lugar al nacimiento en el propietario de una pretensión indemnizatoria por el valor de lo demolido. Ha de adoptarse previa audiencia del interesado. Ha de adoptarse con respeto al principio de culpabilidad porque constituye una sanción administrativa. Sólo puede revisarse de oficio por causa de nulidad de pleno Derecho.