En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
La Nación Mexicana es única e indivisible.
Toda persona tiene derecho a recibir educación.
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.
Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición.
No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.
Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio.
Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.
Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.
A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos.
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva.
Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición.
El proceso penal será acusatorio y oral.
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías.
Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva.
Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión.
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación.
En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios.
En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías.
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