El plazo de que dispone la Administración Pública autora de un acto administrativo para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa demandando su anulación es el de:
Cuatro meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad para el interés público.
Seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad para el interés público.
Dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad para el interés público. Seis meses, a contar desde la resolución administrativa en que se declaren anulables los efectos lesivos para el interés público del acto adoptado.
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Según el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocerán:
De todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado.
De los actos de las Entidades Locales cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.
En primera o única instancia de las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio del funcionarios de carrera.
No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de:
Los actos que sean reproducción de otros anteriores.
Los actos que se produzcan en aplicación de una disposición de carácter general. Los actos confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
Las actuaciones materiales de la Administración que constituyan vía de hecho.
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En relación con la representación de las partes en el proceso contencioso-administrativo, señale la respuesta correcta:
Las partes deberán estar representadas por Procurador en todas sus actuaciones, tanto ante los órganos unipersonales como colegiados.
Las partes en sus actuaciones ante los órganos unipersonales no podrán estar representadas por Procurador.
El Abogado deberá asistir a los funcionarios públicos cuando se refieran a cuestiones de personal que impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
El Procurador no podrá representar a los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
¿A quién corresponde el conocimiento, en única instancia, de los recursos contencioso-administrativos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de una Entidad Local?
A los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo.
A la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
A las salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
A los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
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¿La tramitación de qué procedimiento contencioso-administrativo especial tiene carácter preferente?
a. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona
b. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado
d. A y B son correctas. c. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos.
¿Cuál es el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo a contar desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso? Dos meses.
Quince días. Un mes. Seis meses.
¿Quiénes tienen legitimación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo?
En ningún caso se permitirá el ejercicio de la acción popular.
En todo tipo de procesos, el Ministerio Fiscal.
Los vecinos en nombre e interés de las Entidades locales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de régimen local.
En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo tanto la persona afectada como los organismos públicos con competencia en la materia, los sindicatos más representativos y las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres.
Una de las características fundamentales y específicas del procedimiento contencioso-administrativo abreviado, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa es:
El inicio del procedimiento mediante presentación del recurso contencioso-administrativo.
El Auto de admisión del recurso.
La oralidad del proceso. La reclamación del expediente al órgano autor del acto o disposición.
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El orden jurisdiccional contencioso-administrativo no se halla integrado por:
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Audiencias Provinciales.
Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdcción Contencioso-administrativa, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general:
Afectarán por sí mismas y en todo caso a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara los efectos generales.
No afectarán en ningún caso por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales.
No afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.
Afectarán por sí mismas y necesariamente a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.
De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general, y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, conocen en única instancia:
Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según su turno de reparto.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional, según cuantía del litigio.
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En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, ¿qué personas o entidades están legitimadas ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo?
Todas las personas o entidades citadas en las respuestas a), b) y c) están legitimadas.
El Ministerio Fiscal.
La persona acosada.
Los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados.
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Según indica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocerá del:
Recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.
Recurso contra resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político. Recurso contra actos y disposiciones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Recurso contra actos de las Entidades Locales y de las Administraciones de las Comunidades Autonómas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
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Quedan excluidas del ámbito contencioso-administrativo:
Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.
La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
El recurso contencioso disciplinario militar. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
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De los recursos que se deduzcan en relación con los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, conoce:
Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente por razón del domicilio del demandante
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Según Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa desde que el pleito haya sido declarado concluso, la sentencia se dictará en un plazo de:
Quince días.
Veinte días. Diez días. Siete días.
De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, es preceptiva la intervención de Procurador y Abogado para actuar en dicha jurisdicción:
b. La respuesta a) es correcta, si bien los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
d. La respuesta c) es correcta, si bien podrán comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. c. En las actuaciones ante órganos colegiados.
a. En las actuaciones antes órganos unipersonales.
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En el procedimiento abreviado contencioso-administrativo, la Administración deberá remitir el expediente:
En el plazo de 10 días.
En el plazo de 20 días. Con al menos 15 días de antelación a la celebración de la vista
Con al menos 10 días de antelación a la celebración vista.
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Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
De los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.
De los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.
Los convenios entre Administraciones Públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma. De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones Públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
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El procedimiento abreviado en el recurso contencioso-administrativo no procede en los asuntos que se susciten relativos a:
Inadmisiones de petición de asilo político.
Cuestiones de extranjería.
Aquellos asuntos cuya cuantía no supere los 60.000 €. Cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas.
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El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo contra un acto expreso será de:
Seis meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa
Seis meses contados desde el día de la publicación de la disposición impugnada o al del la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa Dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa
Dos meses contados desde el día de la publicación de la disposición impugnada o al del la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa
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En el procedimiento contencioso-administrativo, las Administraciones públicas se entenderán personadas:
Por la personación, en los autos, del Abogado del Estado dentro del plazo concedido
Por la reclamación del expediente administrativo al órgano autor de la disposición o acto impugnado Por el envío del expediente administrativo al Juzgado o Tribunal
Por la diligencia del Letrado de la Administración de Justicia, dirigida al Abogado del Estado, emplazando a la Administración para que se persone en el plazo concedido
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No se considera parte demandada en los procesos contencioso-administrativos, a los efectos del articulo 21 de la LJCA:
Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, la Administración autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida. Las aseguradoras de las Administraciones públicas cuando su responsabilidad sea solidaria.
En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso.
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Según el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de los recursos que se deduzcan en materia de personal, cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, conocerá:
En segunda instancia, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
En primera instancia, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
En única instancia, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
En única instancia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
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El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra un acto expreso es de: Dos meses. Tres meses. Un mes. Seis meses.
Según la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, no se considera actividad administrativa impugnable por vía judicial:
Las actuaciones materiales de la Administración que constituyan vía de hecho.
Las disposiciones de carácter general.
Los actos expresos y presuntos de la Administración que no pongan fin a la vía administrativa.
La inactividad de la Administración.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conocerá de:
Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros.
Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.
Las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
El órgano del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales:
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. Las Salas de los Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
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En los litigios entre las Administraciones Públicas:
No cabe interponer recurso en vía administrativa pero antes de interponer recurso contencioso-administrativo deberá requerir a la otra Administración para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.
Cabe recurso en vía administrativo y, sólo cuando esto no sea posible, deberá requerir, antes de interponer recurso contencioso-administrativo, a la otra Administración para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.
No cabe interponer recurso en vía administrativa pero antes de interponer recurso contencioso-administrativo podrá requerir a la otra Administración para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.
Sólo cabe recurso potestativo de reposición y, en cualquier caso, antes de interponer el recurso contencioso-administrativo podrá requerir a la otra Administración para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.
Con carácter general, el recurso contencioso administrativo se iniciará:
Por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y la legitimación que se atribuye el solicitante
Por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne Por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso
Por un escrito en que se citará la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne, se citarán los preceptos legales que se consideren infringidos y se solicitará que se tenga por interpuesto el recurso
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NO corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
Los contratos administrativos.
La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. El recurso contencioso-disciplinario militar.
La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
Indique cómo puede finalizar un procedimiento en vía contencioso-administrativa:
Por resolución del Letrado de la Administración de Justicia declarando el allanamiento de una de las partes.
Exclusivamente por sentencia.
Por decreto del Letrado de la Administración de Justicia en caso de desistimiento. Siempre con una sentencia o resolución, aunque si el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse en plazo, lo razonará debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que dictará resolución.
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¿Qué órgano del orden jurisdiccional contencioso-administrativo es competente para conocer de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa?
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
El recurso contencioso administrativo contra una actuación en vía de hecho, ¿en qué plazo se deberá interponer?
En el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo que la Administración tiene para cesar en la conducta previo requerimiento del interesado
En el plazo de un mes a contar desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho
En el plazo de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo que la Administración tiene para cesar en la conducta previo requerimiento del interesado
En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al inicio de la actividad de la Administración.
Admitido, en su caso, el recurso contencioso-administrativo se emplazará a la Administración a remitir el expediente administrativo por plazo de:
Cinco días.
Diez días. Veinte días. Quince días.
¿Cómo se determina, entre otras, la competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia, según lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa? (Señalar la correcta):
Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes, la competencia vendrá atribuida al órgano jurisdiccional que designe el Tribunal Supremo.
Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones será competente, en todo caso, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio. Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado.
Cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada, será competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.
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Señale la respuesta correcta respecto a la representación y defensa en el proceso contencioso- administrativo:
En las actuaciones ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo las partes podrán ser asistidas por un abogado y deberán conferir su representación a un procurador.
En las actuaciones ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo las partes podrán ser asistidas por un procurador y será a éste a quien se notifiquen las actuaciones. En sus actuaciones ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional las partes deberán conferir su representación a un procurador y ser asistidas por un abogado.
En sus actuaciones ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidas, en todo caso, por un abogado.
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¿Tienen los menores de edad capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo?
No, pues necesitan en todo caso la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
Sí, en aquellos supuestos que la ostente con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil Sí, para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
Sí, pero solo como integrante de grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, por ser entidades aptas para ser titulares de derechos y obligaciones.
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Según el artículo 46.3 de la Ley Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho y no hubiera habido requerimiento, ¿de qué plazo se dispone para interponer el recurso contencioso administrativo?
De diez días desde el día en que concluyó la actuación administrativa en vía de hecho
De diez días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho De veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho
De veinte días desde el día en que concluyó la actuación administrativa en vía de hecho
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¿Cuál es el plazo para dictar sentencia en el proceso contencioso-administrativo?
La sentencia se dictará en el plazo de veinte días desde que el pleito haya sido declarado concluso. No obstante, cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará debidamente y dictará la misma en el plazo de otros 20 días.
La sentencia se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso. No obstante, cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará debidamente y dictará la misma en el plazo de otros 10 días.
La sentencia se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso. No obstante, cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que se dictará la misma.
La sentencia se dictará en el plazo de veinte días desde que el pleito haya sido declarado concluso. No obstante, cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que se dictará la misma.
En relación con las partes legitimadas en los procesos contencioso-administrativos, señale la opción correcta:
Las personas jurídicas carecen, en todo caso, de legitimación pasiva en este tipo de procesos.
Las Aseguradoras de una Administración Pública serán parte solo si sus derechos legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos en las leyes, estará legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Mientras que la legitimación activa puede recaer en cualquier persona física, jurídica o Administración Pública que ostente un derecho o interés legítimo, solo las Administraciones Públicas contra cuya actividad se dirija el recurso pueden ser parte demandada.
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¿Cuál es el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra una actuación en vía de hecho si hubiese requerimiento previo del interesado intimando su cesación y este es desatendido?
Quince días.
Un mes.
Diez días. Tres meses.
Qué órgano conocerá de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en primera instancia.
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en única instancia.
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La competencia para conocer de los recursos contencioso-administrativos que se deduzcan en relación con los convenios celebrados entre Administraciones Públicas corresponde a:
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia o del Tribunal Supremo.
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, en todo caso. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional.
Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
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En el trámite de las alegaciones previas al procedimiento contencioso-administrativo, las partes demandadas podrán, dentro de los cinco primeros días del plazo concedido para contestar la demanda:
Pedir que se completen los antecedentes si estiman que el expediente no está completo.
Que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia.
Alegar los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 de la LJCA. Alegar los motivos que pudieren determinar la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 de la LJCA, pero no la incompetencia del órgano jurisdiccional.
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Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo son competentes para resolver sobre los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas, cuando tengan por objeto:
Sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 90.000 euros.
Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 60.000 euros. Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera o procedan de su respectivo Consejo de Gobierno.
Ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de un año.
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La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo:
Aun cuando no estén directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados Internacionales
Directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, incluidas las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales
Directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales
Directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales; vinculando además al orden jurisdiccional correspondiente.
¿Cuál de las siguientes no es una competencia de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo?
Conocerán del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.
Conocerán en primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.
Conocerán de las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses. Conocerán en primera o única instancia, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
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Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa:
Podrá acudir directamente a los órganos jurisdiccionales.
Deberá, previamente, anunciar su intención mediante la publicación en el Diario Oficial correspondiente.
Deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público. Deberá, previamente, requerir informe de su superior jerárquico.
El Ministerio Fiscal será parte del proceso:
Cuestión de ilegalidad.
Todas son correctas. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos.
Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos.
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