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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEtest general OP8

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Título del test:
test general OP8

Descripción:
tema 8 OP

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
09/05/2022

Categoría:
Personal

Número preguntas: 100
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Temario:
Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál es el plazo de prescripción de las sanciones por comisión de infracciones muy graves? 4 años. 10 años. 5 años. 3 años.
El proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia de la Comunidad de Madrid data de: Marrzo de 2017. Junio de 2015. Abril de 2016. Noviembre de 2013.
¿Cuál de los siguientes no forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno? Un Senador. Un Diputado. Un representantes de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Un representante del Defensor del Pueblo. .
Según el art. 73 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las infracciones consideradas graves prescriben: A los seis meses. Al año. A los tres años. A los dos años.
Según el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relativo a la información de relevancia jurídica: Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán publicar los proyectos de Decretos Legislativos cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán publicar los Anteproyectos de Ley hasta su aprobación Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda.
En relación con el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública recogido en la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, señale la respuesta incorrecta: El procedimiento se inicia con la presentación de la correspondiente solicitud dirigida al órgano o entidad competente. Es posible la inadmisión de una solicitud. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. No es posible formular la solicitud de inicio del procedimiento de forma oral. .
De acuerdo con la estructura actual de los Ministerios, ¿de qué Ministerio depende la gestión del Portal de Transparencia? Ministerio de Política Territorial. Del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. .
La LO 3/2018 de Protección de Datos, no será de aplicación: A los datos de personas fallecidas. A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos. Todas las respuestas anteriores son correctas.
De conformidad con Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el acceso a la información pública: Será gratuito, así como la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original. Será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de impuestos. Será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable. Dará lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable. .
Según el art. 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál de estos organismos NO propone expertos para el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos? La Federación Española de Municipios y Provincias. El Consejo de Consumidores y Usuarios. La Real Academia de la Historia. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora, el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa tendrá la consideración de: Falta. Infracción muy grave. Infracción grave. Infracción leve.
Según la legislación española, en materia de protección de datos NO es un derecho de los ciudadanos: El derecho a la portabilidad. El derecho a la limitación de tratamiento. Todos son derechos de los ciudadanos en materia de protección de datos. El derecho de supresión. .
Según el art. 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia de Protección de Datos se relaciona con el Gobierno a través del: Ministerio de Interior. Ministerio de Hacienda. Ministerio de Justicia. Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
¿Cuál de las siguientes no es una infracción disciplinaria muy grave, según el artículo 29 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno? La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. El acoso laboral. El abuso de la autoridad en el ejercicio de cargo. La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. .
Según el art. 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿quién propondrá al Vocal de la Administración General del Estado del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos? El titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El titular del Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros. .
Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 19/2013, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso a la información: Relativas a los intereses económicos Relativas a infraestructuras críticas Relativas a la información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración Relativas a la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión .
Según el art. 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica, que deberá contener, al menos: La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. La finalidad del tratamiento. La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Todas las respuestas anteriores son correctas.
El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones relativas a la publicidad activa contenidas en la Ley 19/2013 de Transparencia, será objeto de control por parte de: El Vicepresidente del Gobierno El Tribunal de Cuentas El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno El Defensor del Pueblo.
¿A quién corresponderá en el ámbito de la Administración General del Estado la evaluación del cumplimiento de los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos de las Administraciones Públicas? A las inspecciones locales de servicios A las inspecciones autonómicas de servicios A las inspecciones generales de servicios A las inspecciones provinciales de servicios.
Según el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, para que la propuesta del Gobierno de Presidente y Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos sea ratificada en segunda votación es necesario que obtenga: El voto favorable de la mayoría de los miembros del Congreso de los Diputados, siempre que los votos procedan de, al menos, dos grupos parlamentarios distintos. El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, siempre que los votos procedan de, al menos, dos grupos parlamentarios distintos. El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, siempre los votos procedan de, al menos, dos grupos parlamentarios distintos. El voto favorable de la mayoría de los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, siempre que los votos procedan de, al menos, dos grupos parlamentarios distintos.
El Plan de Gobierno recogido en el Portal de transparencia de la Comunidad de Madrid facilita información acerca de: El organigrama con identificación de los responsables de las unidades, su perfil y trayectoria profesional. Las memorias e Informes incluidos en los expedientes de elaboración de textos normativos. El conjunto de compromisos adquiridos por la Comunidad de Madrid. La información sobre altos cargos: retribuciones, declaraciones de bienes y de renta.
Según la Ley 19/2013, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene como funciones: Gestionar el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Coordinar a las Unidades de Información de Transparencia de los ministerios. .
Según el art. 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico de una persona: Será necesario el consentimiento del interesado, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa. Solo será posible en los supuestos del apartado segundo del art. 9 del Reglamento (UE) 2016/679. No bastará con el consentimiento del afectado. Será necesario el consentimiento explícito del interesado. .
Según el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el cese del Presidente y el Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos deberá ser ratificado por la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados en caso de: Incumplimiento grave de sus obligaciones. Incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función. Incompatibilidad. En todos los casos anteriores.
La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de: Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario sin necesidad de notificación al solicitante. Un mes desde la presentación de la solicitud. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse en un plazo no superior a la mitad del inicial en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
Las disposiciones de transparencia de la actividad pública contenidas en la ley 19/2013, ¿se aplica a las sociedades mercantiles? Sí, pero sólo a aquellas sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca totalmente a alguna de las entidades públicas previstas en la ley Sí, pero sólo a aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades públicas previstas en la ley sea superior al 20 por 100 Sí, pero sólo a aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades públicas previstas en la ley sea superior al 50 por 100 No, no se aplica a las sociedades mercantiles.
Las infracciones graves previstas en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno prescribirán: A los cinco años. A los dos años. A los tres años. A los cuatro años.
Según el artículo 19 de la Ley 19/2013, en caso de que la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, ¿qué plazo se les concederá para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas? 3 días. 10 días. 5 días. 15 días.
Según el art. 74 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las infracciones consideradas leves prescriben: A los tres meses. A los seis meses. Al año. A los dos años.
Señale la respuesta incorrecta. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán la función de: Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información Realizar los trámites externos necesarios para dar acceso a la información solicitada Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
¿Existe el silencio administrativo negativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante reclamaciones frente a resoluciones expresas en materia de acceso? No Sí, transcurridos seis meses sin resolución ni notificación Sí, transcurridos cuatro meses sin resolución ni notificación Sí, transcurridos tres meses sin resolución ni notificación.
Según la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, una vez estimada una solicitud de acceso a información pública la información se proporcionará: En la modalidad que decida la Administración. . Siempre por vía electrónica. En la modalidad solicitada, a menos que no sea técnicamente posible, resulte excesivamente gravosa para el sujeto obligado o exista una alternativa más económica. En la modalidad que resulte más económica para la Administración.
¿A qué tipo de entidades privadas se les aplica las disposiciones de la Ley 19/2013 relativas a la publicidad activa? Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 50.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 10.000 euros Las entidades privadas que perciban durante el período de dos años ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 10.000 euros.
En caso de fallecimiento de menores, la LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales autoriza a solicitar el acceso, rectificación o supresión de sus datos a: Sus familiares. Su representante legal. El Ministerio Fiscal. Todas son correctas.
¿Cuál de las siguientes no es una función del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? Aprobar el anteproyecto de presupuesto. Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. Aprobar las iniciativas relacionadas con los Planes de Acción de Gobierno Abierto que España presente ante la Alianza de Gobierno Abierto. Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Las resoluciones de concesión o denegación de información pública a los particulares serán motivadas: En todo caso Sólo las que denieguen el acceso Sólo las que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero En ningún caso es necesario que sean motivadas.
Con respecto a las declaraciones anuales de bienes y actividades que deben realizar los representantes locales para cumplir con la obligación de transparencia, la Ley de Transparencia dispone expresamente: Que se omitirán los datos relativos a la localización y dimensiones concretas de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad de sus titulares Que se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes muebles e inmuebles Que se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares Que se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la intimidad y el pleno dominio de sus titulares .
La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, deberá notificarse: Únicamente al solicitante. Al solicitante y a todo tercero afectado. Al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado. Al solicitante en todo caso y a los terceros afectados únicamente en caso de denegación de la solicitud.
Como señala la Ley 10/2019, las sanciones que pueden aplicarse, por la comisión de infracciones leves, cuando las infracciones sean imputables a personas que tengan la consideración de alto cargo o asimilado, son: Multa comprendida entre 30.001 y 300.000 euros. La declaración de incumplimiento de la Ley y la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. La publicación de la infracción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. La suspensión de funciones y retribuciones durante un período de entre tres a seis meses para el ejercicio de alto cargo o asimilado.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto: Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública Todas las respuestas son correctas Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones leves previstas en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno? 2 años. 3 años. 1 año. 6 meses.
Señale la respuesta incorrecta. A tenor de lo dispuesto en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las Administraciones Públicas publicarán: Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos. La memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre. El Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como las normas técnicas de interoperabilidad. Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes.
¿A qué principio técnico del Portal de transparencia nos referimos si decimos que: "Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información"? Interoperabilidad. Reutilización. Accesibilidad. Actuación.
Según el art. 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en caso de fallecimiento de una persona ¿quién podrá dirigirse al responsable o encargado del tratamiento con el objeto de solicitar el acceso a sus datos personales? Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares y sus herederos pero, salvo autorización, sólo podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares y sus herederos. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos. Sus herederos pero, salvo autorización, sólo podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. .
Señale la opción incorrecta. Como señala la Ley 10/2019, el desistimiento de una solicitud para el ejercicio del derecho de acceso: No impedirá la presentación de una nueva solicitud en la que concrete la información demandada. Se acordará mediante resolución expresa. Impedirá la presentación de una nueva solicitud en la que concrete la información demandada. Se acordará por el órgano competente.
Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 19/2013, en el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán la función de: Recabar y difundir la información de publicidad activa. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con menos frecuencia. Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano. .
¿Qué órganos componen el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y los Vicepresidentes. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y los grupos de trabajo La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Vicepresidente y la Junta de Transparencia y Buen Gobierno. .
Según el art. 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, propondrán dos expertos para el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Congreso de los Diputados. Las organizaciones sindicales más representativas. La Federación Española de Municipios y Provincias.
Como señala la Ley 10/2019, ¿cuántas firmas son necesarias para presentar propuestas de tramitación de iniciativas de carácter reglamentario sobre materias que afecten a derechos e intereses legítimos de los sujetos interesados? 15.000 firmas. 8.000 firmas. 10.000 firmas. 9.500 firmas.
Señale la respuesta incorrecta: El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La defensa La protección del medio ambiente La protección de la infancia La política económica y monetaria.
Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento: Si consta también el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela. Cuando sea mayor de 13 años. Cuando sea mayor de 14 años. Cuando sea mayor de 16 años.
Las disposiciones del Título I “Transparencia de la actividad pública” de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se aplicarán a: Entre otros, a la Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Civil. Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a todas sus actividades. Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea inferior al 50 por 100. .
Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública: No son recurrieres en ningún caso Son recurribles directamente ante la Administración, interponiendo la reclamación potestativa prevista en la ley Son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en la ley Son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir ante el Defensor del Pueblo .
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo: Incapacidad sobrevenida. Mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. A petición propia o por separación acordada por el Gobierno. Por la expiración de su mandato anual.
Según el art. 13 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando el afectado, para el ejercicio del derecho de acceso, elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado: La solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte, no siéndole exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho sin dilaciones indebidas. La solicitud será considerada excesiva, por lo que el responsable del tratamiento podrá cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o negarse a actuar respecto de la solicitud. La solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte, siendo solo exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho sin dilaciones indebidas. La solicitud será considerada excesiva, por lo que el responsable del tratamiento podrá negarse a actuar respecto de la solicitud.
¿A qué tipo de sujetos se les aplica las disposiciones de la Ley 19/2013 relativas a la publicidad activa? Los partidos políticos. Las organizaciones sindicales. Todas las respuestas anteriores son correctas. Las organizaciones empresariales.
El artículo 21 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dispone que: Las Administraciones Públicas podrán establecer sistemas externos para la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos Las Administraciones Públicas establecerán sistemas externos para la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos Las Administraciones Públicas establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna Las Administraciones Públicas podrán establecer sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna.
Las infracciones cometidas en el ámbito de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno prescriben: Faltas muy graves y sanciones correspondientes: 5 años la falta y 3 años las sanciones. Faltas muy graves y sanciones correspondientes: 3 años. la falta y 5 años las sanciones. Faltas muy graves y sanciones correspondientes: 5 años. Faltas muy graves y sanciones correspondientes: 3 años.
Si en el ejercicio del derecho a la información pública, la información solicitada incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso: Sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado. Sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley. Sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley. No se podrá autorizar en ningún caso.
Según lo dispuesto por la Ley 19/2013, los sujetos incluidos en la obligación de transparencia de la actividad pública NO es necesario que hagan públicas: Las cuentas anuales Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios La relación de los bienes muebles e inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades .
Señale la respuesta incorrecta en relación con la solicitud de acceso a información pública prevista en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión El procedimiento se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad a las que se encuentren vinculadas.
De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿en qué plazo se interpondrá la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen gobierno? En el plazo de un mes a contar desde el día de la notificación del acto impugnado. En el plazo de dos meses a contar desde el día de la notificación del acto impugnado. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado.
Las solicitudes para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrán ser inadmitidas: (señale la respuesta incorrecta) Cuando sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. Cuando estén referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Cuando se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Cuando se dirijan a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se conozca el competente.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con una periodicidad: Semestral. Bianual. Anual. Trimestral.
Los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados por orden de: El Gobierno. El Ministro de Hacienda. El Ministro de Justicia. El Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos.
Conforme a la LO 3/2018, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales: Está prohibido. Requiere la autorización del juez o tribunal que esté conociendo del asunto. Solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. Exige el consentimiento del afectado.
Según la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid en relación con los costes de acceso a la información señale la opción correcta: El acceso a la información y la obtención de copias será gratuito. El acceso a la información estará sujeta al pago de las tasas establecidas, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora de las tasas. El acceso a la información será gratuito, pero la obtención de copias estará sujeta al pago de las tasas establecidas. El acceso a la información y la obtención de copias estará sujeta al pago de las tasas establecidas, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora de las tasas.
¿Quién deberá refrendar el nombramiento del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno por mayoría absoluta. El Ministro de Hacienda. El Congreso de los Diputados, a través de la comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta. El Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda.
De acuerdo con la Ley 19/2013, cuando no pueda darse el acceso a la información solicitada en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a: Quince días. Un mes. Diez días. Cinco días.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo para interponer la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será de: Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. Un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Las respuestas a y b son correctas. Tres meses a contar desde día siguiente al de la notificación del acto impugnado.
Según el art. 75 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, interrumpirá la prescripción de las infracciones: La iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante seis meses por causas imputables o no al presunto infractor. La iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante un año por causas imputables o no al presunto infractor. La iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor. La iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de un año por causas no imputables al presunto infractor.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el: Artículo 17.4 de la Constitución. Artículo 17.3 de la Constitución. Artículo 18.4 de la Constitución. Artículo 18.3 de la Constitución.
Uno de los siguientes principios técnicos no es de aplicación al Portal de Transparencia según el artículo 11 de la Ley 19/2013: Accesibilidad Interoperabilidad Dinamismo Reutilización.
Según la Ley de Transparencia, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, exclusivamente. Los partidos políticos. La protección del medio ambiente. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser limitado en ningún caso.
Como señala la Ley 10/2019, se consideran infracciones graves en materia de transparencia: La entrega injustificada de información incompleta, parcial o distinta a la solicitada o reclamada. El retraso injustificado en el suministro de la información. El incumplimiento injustificado y reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública. El incumplimiento más de tres veces, en un período de dos años, de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales no será aplicable: D. B y C son correctas. A. A los tratamientos de datos de personas fallecidas. B. A los tratamientos de datos de personas menores de edad. C. A los tratamientos de datos de personas discapacitadas.
La nueva Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Tienen carácter de ley orgánica. Tienen carácter de ley ordinaria. Tienen carácter de ley orgánica con las excepciones previstas en la Disposición Final Primera. Tienen carácter de ley ordinaria con las excepciones previstas en la Disposición Final Primera.
Las disposiciones de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, ¿se aplican a los partidos políticos? Sólo cuando perciban dichas ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior 60.000 euros. No, en ningún caso. Sí, en todo caso. Sólo si tienen representación pública en la Comunidad de Madrid.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período: De 7 años, renovables. De 5 años, renovables. De 5 años, no renovables. De 7 años, no renovables.
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante: Todas las respuestas son correctas La Administración de la que provenga tal resolución El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno El Registro general del Información.
Según el art. 13 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso, a los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 : a. Cuando se ejercite en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. c. Cuando se ejercite en más de una ocasión durante el plazo de tres meses, a menos que exista causa legítima para ello. b. Cuando se ejercite en más de una ocasión durante el plazo de un mes, exista o no causa legítima para ello. d. Las respuestas A y B son correctas.
Señale la afirmación correcta sobre el derecho de acceso de información pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información solicitada, se pedirá al solicitante que la concrete en el plazo de quince días. La ausencia de motivación de las solicitudes de acceso a la información pública será causa de rechazo de la solicitud. El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. La solicitud de acceso a la información pública sólo se podrá presentar por medio electrónicos.
Según el art. 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las sanciones prescriben: A los tres años si son de importe superior a 150.000 euros. A los tres años si son por infracciones graves. A los tres años si son de importe superior a a 300.000 euros. A los tres años si son de importe superior a a 40.000 euros. .
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias: Al menos una vez al mes. Al menos una vez cada tres meses. Al menos una vez al año. Al menos una vez a la semana.
A los efectos del derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, la Ley 19/2013 de Transparencia entiende por información pública: Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, elaborados por alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la ley y que tengan relevancia pública Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, elaborados o adquiridos por alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la ley o por terceras personas, que tengan relevancia o interés público Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, elaborados o adquiridos por alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la ley.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales exige que los datos sean: Exactos. Todas son correctas. Permanentes. Públicos.
¿Quiénes tienen derecho a acceder a la información pública? Todos los españoles Todos los españoles y los extranjeros residentes en España Todas las personas Todos los interesados .
Según el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Presidente y el Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados: Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, de entre los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia. Por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno, de entre los miembros de la Agencia. Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. Por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. .
Según la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, cuando una solicitud esté formulada de manera que no se identifique de forma suficiente la información a que se refiere, ¿qué plazo se le concederá al solicitante para que la concrete? Quince días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por allanado en su petición. Quince días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición. Diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición. Diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por allanado en su petición.
La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso tendrá carácter: Preceptivo y previo a la vía contencioso-administrativa. Potestativo y posterior a la vía contencioso-administrativa. Potestativo y previo a la vía contencioso-administrativa. Facultativo y complementario a la vía contencioso-administrativa.
Según la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de las siguientes resoluciones del procedimiento de acceso a la información pública deberá ser motivada? Las que denieguen el acceso. Las que concedan el acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada, debiendo motivar las causas de este cambio. Todas las respuestas son correctas. Las que concedan el acceso parcial. .
A la vista de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta incorrecta en relación con el consentimiento del afectado: Ha de ser una manifestación de voluntad específica. Puede hacerse mediante una clara acción afirmativa. Se hará constar por escrito. Debe ser inequívoco.
Señale la opción incorrecta. La aplicación e interpretación de la Ley 10/2019 se regirá por los principios de: Principio de veracidad. Principio de reutilización. Principio de inscripción múltiple. Principio de transparencia pública. .
Como señala la Ley 10/2019, se consideran infracciones muy graves en materia de transparencia: El retraso injustificado en el suministro de la información. La reincidencia en la comisión de faltas leves. El incumplimiento más de tres veces, en un período de dos años, de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública. La ausencia de motivación en la denegación de la información solicitada.
De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se consideran infracciones graves: La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.
Respecto al ámbito subjetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones del Título I (Transparencia de la actividad pública) no se aplicarán a: La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea el 50 por 100. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
Según el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos: Tiene una duración de cuatro años y es renovable por una periodo de igual duración. Tiene una duración de cuatro años y no es renovable. Tiene una duración de cinco años y es renovable por una periodo de igual duración. Tiene una duración de cinco años y no es renovable.
Según el art. 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y, en todo caso: Una vez al trimestre. Una vez al año. Una vez al mes. Una vez al semestre.
En base a lo establecido en la Ley 19/2013, transcurrido el plazo máximo para resolver una solicitud de acceso a información por parte de un ciudadano, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa: Se entenderá que la solicitud ha caducado Se entenderá que la solicitud ha sido estimada Se entenderá que la solicitud ha sido desestimada Se entenderá que la solicitud ha sido estimada, salvo que se trate de información especialmente protegida.
Son infracciones disciplinarias graves del buen gobierno: La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales .
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