Según el art. 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en caso de fallecimiento de una persona ¿quién podrá dirigirse al responsable o encargado del tratamiento con el objeto de solicitar el acceso a sus datos personales?
Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares y sus herederos pero, salvo autorización, sólo podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.
Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares y sus herederos.
Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos. Sus herederos pero, salvo autorización, sólo podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.
En relación con el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública recogido en la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, señale la respuesta incorrecta:
El procedimiento se inicia con la presentación de la correspondiente solicitud dirigida al órgano o entidad competente.
Es posible la inadmisión de una solicitud.
No es posible formular la solicitud de inicio del procedimiento de forma oral. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información.
.
Las infracciones graves previstas en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno prescribirán:
A los cuatro años.
A los dos años.
A los tres años. A los cinco años.
Según la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, una vez estimada una solicitud de acceso a información pública la información se proporcionará:
Siempre por vía electrónica.
En la modalidad que decida la Administración.
En la modalidad solicitada, a menos que no sea técnicamente posible, resulte excesivamente gravosa para el sujeto obligado o exista una alternativa más económica. En la modalidad que resulte más económica para la Administración.
De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se consideran infracciones graves:
La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con la estructura actual de los Ministerios, ¿de qué Ministerio depende la gestión del Portal de Transparencia?
Del Ministerio de Justicia.
Del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Ministerio de Política Territorial.
Las disposiciones de transparencia de la actividad pública contenidas en la ley 19/2013, ¿se aplica a las sociedades mercantiles?
Sí, pero sólo a aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades públicas previstas en la ley sea superior al 20 por 100
Sí, pero sólo a aquellas sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca totalmente a alguna de las entidades públicas previstas en la ley
Sí, pero sólo a aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades públicas previstas en la ley sea superior al 50 por 100 No, no se aplica a las sociedades mercantiles
.
Según el art. 75 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, interrumpirá la prescripción de las infracciones:
La iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante un año por causas imputables o no al presunto infractor.
La iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de un año por causas no imputables al presunto infractor. La iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor. La iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante seis meses por causas imputables o no al presunto infractor.
Las resoluciones de concesión o denegación de información pública a los particulares serán motivadas:
En todo caso
Sólo las que denieguen el acceso
Sólo las que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero En ningún caso es necesario que sean motivadas.
Según el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, para que la propuesta del Gobierno de Presidente y Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos sea ratificada en segunda votación es necesario que obtenga:
El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, siempre que los votos procedan de, al menos, dos grupos parlamentarios distintos.
El voto favorable de la mayoría de los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, siempre que los votos procedan de, al menos, dos grupos parlamentarios distintos.
El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, siempre los votos procedan de, al menos, dos grupos parlamentarios distintos. El voto favorable de la mayoría de los miembros del Congreso de los Diputados, siempre que los votos procedan de, al menos, dos grupos parlamentarios distintos.
.
Según el art. 13 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando el afectado, para el ejercicio del derecho de acceso, elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado:
La solicitud será considerada excesiva, por lo que el responsable del tratamiento podrá cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o negarse a actuar respecto de la solicitud.
La solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte, no siéndole exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho sin dilaciones indebidas.
La solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte, siendo solo exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho sin dilaciones indebidas. La solicitud será considerada excesiva, por lo que el responsable del tratamiento podrá negarse a actuar respecto de la solicitud.
Las disposiciones del Título I “Transparencia de la actividad pública” de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se aplicarán a:
Entre otros, a la Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Civil.
Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a todas sus actividades.
Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea inferior al 50 por 100.
Según la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, la gestión del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid se ejercerá por:
La Consejería de Participación ciudadana.
El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
La Oficina de Coordinación de la Transparencia. El Comité de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
Según el art. 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica, que deberá contener, al menos: Todas las respuestas anteriores son correctas. La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. La finalidad del tratamiento. La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
.
¿Cuál de las siguientes entidades no está integrada en el ámbito de aplicación subjetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?:
La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas. Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a todas sus actividades. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.
.
Como señala la Ley 10/2019, se consideran infracciones muy graves en materia de transparencia:
El retraso injustificado en el suministro de la información.
La ausencia de motivación en la denegación de la información solicitada.
El incumplimiento más de tres veces, en un período de dos años, de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública. La reincidencia en la comisión de faltas leves.
Como señala la Ley 10/2019, ¿cuántas firmas son necesarias para presentar propuestas de tramitación de iniciativas de carácter reglamentario sobre materias que afecten a derechos e intereses legítimos de los sujetos interesados?
15.000 firmas.
9.500 firmas.
10.000 firmas. 8.000 firmas.
Según la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid en relación con los costes de acceso a la información señale la opción correcta:
El acceso a la información estará sujeta al pago de las tasas establecidas, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora de las tasas.
El acceso a la información y la obtención de copias será gratuito.
El acceso a la información será gratuito, pero la obtención de copias estará sujeta al pago de las tasas establecidas. El acceso a la información y la obtención de copias estará sujeta al pago de las tasas establecidas, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora de las tasas.
Según el art. 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico de una persona:
Será necesario el consentimiento del interesado, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa.
Será necesario el consentimiento explícito del interesado.
No bastará con el consentimiento del afectado.
Solo será posible en los supuestos del apartado segundo del art. 9 del Reglamento (UE) 2016/679.
A la vista de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta incorrecta en relación con el consentimiento del afectado:
Puede hacerse mediante una clara acción afirmativa.
Ha de ser una manifestación de voluntad específica.
Se hará constar por escrito. Debe ser inequívoco.
Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál es el plazo de prescripción de las sanciones por comisión de infracciones muy graves? 5 años.
3 años. 4 años.
10 años.
El proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia de la Comunidad de Madrid data de:
Junio de 2015.
Marrzo de 2017.
Abril de 2016. Noviembre de 2013.
¿A qué tipo de sujetos se les aplica las disposiciones de la Ley 19/2013 relativas a la publicidad activa?
Los partidos políticos.
Las organizaciones sindicales.
Todas las respuestas anteriores son correctas. Las organizaciones empresariales.
Los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados por orden de:
El Gobierno.
El Ministro de Hacienda.
El Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos. El Ministro de Justicia.
Las solicitudes para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrán ser inadmitidas: (señale la respuesta incorrecta)
Cuando se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
Cuando sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
Cuando se dirijan a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se conozca el competente.
Cuando estén referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
.
Las disposiciones de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, ¿se aplican a los partidos políticos?
Sólo si tienen representación pública en la Comunidad de Madrid.
No, en ningún caso.
Sí, en todo caso. Sólo cuando perciban dichas ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior 60.000 euros.
Señale la respuesta incorrecta. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán la función de:
Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información
Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano
Realizar los trámites externos necesarios para dar acceso a la información solicitada Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información
.
Son infracciones disciplinarias graves del buen gobierno:
La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro
La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función
No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio
La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el:
Artículo 18.3 de la Constitución.
Artículo 17.3 de la Constitución.
Artículo 18.4 de la Constitución. Artículo 17.4 de la Constitución.
¿Existe el silencio administrativo negativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante reclamaciones frente a resoluciones expresas en materia de acceso?
No
Sí, transcurridos cuatro meses sin resolución ni notificación
Sí, transcurridos tres meses sin resolución ni notificación
Sí, transcurridos seis meses sin resolución ni notificación.
Como señala la LO 3/2018, en caso de fallecimiento de menores, ¿quién podrá dirigirse al encargado del tratamiento de los datos personales de éstos?
El Juzgado de Menores correspondiente.
El Juzgado de Guardia correspondiente. Sus representantes legales.
El Ministerio Fiscal, que actuará solamente de oficio.
.
Como señala la Ley 10/2019, la reclamación potestativa contra la resolución desestimatoria total de la solicitud de acceso a la información dictada por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley:
Se interpondrá por escrito.
Se interpondrá en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado.
Todas las opciones anteriores son correctas. Se interpondrá desde el día siguiente a aquel que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
.
Señale la afirmación correcta sobre el derecho de acceso de información pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:
Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información solicitada, se pedirá al solicitante que la concrete en el plazo de quince días.
La ausencia de motivación de las solicitudes de acceso a la información pública será causa de rechazo de la solicitud.
El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. La solicitud de acceso a la información pública sólo se podrá presentar por medio electrónicos.
.
¿A qué principio técnico del Portal de transparencia nos referimos si decimos que: "Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información"?
Interoperabilidad.
Reutilización.
Accesibilidad. Actuación.
La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso tendrá carácter:
Preceptivo y previo a la vía contencioso-administrativa.
Facultativo y complementario a la vía contencioso-administrativa.
Potestativo y previo a la vía contencioso-administrativa.
Potestativo y posterior a la vía contencioso-administrativa.
.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales no será aplicable:
c. A los tratamientos de datos de personas discapacitadas.
d. B y C son correctas. a. A los tratamientos de datos de personas fallecidas. b. A los tratamientos de datos de personas menores de edad.
Según la Ley de Transparencia, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, exclusivamente.
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser limitado en ningún caso.
La protección del medio ambiente. Los partidos políticos.
Según el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el cese del Presidente y el Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos deberá ser ratificado por la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados en caso de:
Incumplimiento grave de sus obligaciones.
Incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.
En todos los casos anteriores. Incompatibilidad.
Conforme a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿está obligado el solicitante a motivar su solicitud para ejercer el derecho de acceso a la información pública?
Sí, el solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Deberá exponer los motivos por los que solicita la información que serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.
Sí, ya que la ausencia de motivación será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
No, el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado en ningún caso a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.
¿Cuál de los siguientes no forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno?
Un representante del Defensor del Pueblo.
Un Senador.
Un representantes de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.
Un Diputado.
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante:
Todas las respuestas son correctas
La Administración de la que provenga tal resolución
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno El Registro general del Información.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo para interponer la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será de: d. Las respuestas a y b son correctas. c. Tres meses a contar desde día siguiente al de la notificación del acto impugnado. b. Un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. a. Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado.
.
La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado:
En el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver
En el plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud por el solicitante
En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver
En el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud por el solicitante.
Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública:
No son recurrieres en ningún caso
Son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir ante el Defensor del Pueblo
Son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en la ley
Son recurribles directamente ante la Administración, interponiendo la reclamación potestativa prevista en la ley.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales exige que los datos sean:
Públicos.
Todas son correctas. Exactos. Permanentes.
.
Según el art. 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál de estos organismos NO propone expertos para el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos?
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
El Consejo de Consumidores y Usuarios.
La Real Academia de la Historia. La Federación Española de Municipios y Provincias.
Según la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, cuando una solicitud esté formulada de manera que no se identifique de forma suficiente la información a que se refiere, ¿qué plazo se le concederá al solicitante para que la concrete?
Quince días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por allanado en su petición.
Quince días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición. Diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición. Diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por allanado en su petición.
.
Las infracciones cometidas en el ámbito de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno prescriben:
Faltas muy graves y sanciones correspondientes: 3 años.
Faltas muy graves y sanciones correspondientes: 5 años la falta y 3 años las sanciones. Faltas muy graves y sanciones correspondientes: 3 años la falta y 5 años las sanciones.
Faltas muy graves y sanciones correspondientes: 5 años.
.
Como señala la Ley 10/2019, las sanciones que pueden aplicarse, por la comisión de infracciones leves, cuando las infracciones sean imputables a personas que tengan la consideración de alto cargo o asimilado, son:
La declaración de incumplimiento de la Ley y la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
La suspensión de funciones y retribuciones durante un período de entre tres a seis meses para el ejercicio de alto cargo o asimilado.
La publicación de la infracción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Multa comprendida entre 30.001 y 300.000 euros.
¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones leves previstas en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?
2 años.
3 años. 1 año. 6 meses.
Según el artículo 19 de la Ley 19/2013, en caso de que la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, ¿qué plazo se les concederá para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas?
5 días.
10 días.
15 días. 3 días.
¿Cuál de las siguientes no es una infracción disciplinaria muy grave, según el artículo 29 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?
La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
El acoso laboral. El abuso de la autoridad en el ejercicio de cargo. La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
Respecto al ámbito subjetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones del Título I (Transparencia de la actividad pública) no se aplicarán a:
Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea el 50 por 100. Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.
Señale la respuesta incorrecta: El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
La defensa
La protección del medio ambiente La protección de la infancia
La política económica y monetaria.
La nueva Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:
Tienen carácter de ley ordinaria.
Tienen carácter de ley ordinaria con las excepciones previstas en la Disposición Final Primera.
Tienen carácter de ley orgánica.
Tienen carácter de ley orgánica con las excepciones previstas en la Disposición Final Primera.
De conformidad con Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el acceso a la información pública:
Será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de impuestos.
Dará lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
Será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
Será gratuito, así como la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original.
De acuerdo con la Ley 19/2013, cuando no pueda darse el acceso a la información solicitada en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a:
Un mes.
Quince días.
Diez días. Cinco días.
Según el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la propuesta del Gobierno de Presidente y Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos deberá ser ratificada:
Por el Congreso de los Diputados en votación pública por mayoría de dos tercios de sus miembros en primera votación.
Por la Comisión de Justicia en votación pública por mayoría de dos tercios de sus miembros en primera votación.
Por la Comisión de Justicia en votación pública por mayoría de tres quintos de sus miembros en primera votación.
Por el Congreso de los Diputados en votación pública por mayoría de tres quintos de sus miembros en primera votación.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo:
Mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por la expiración de su mandato anual.
A petición propia o por separación acordada por el Gobierno.
Incapacidad sobrevenida.
Señale la opción correcta. Como señala la Ley 10/2019, las sanciones por la comisión de infracciones graves que pueden aplicarse cuando las infracciones sean imputables a los partidos políticos son:
Multa comprendida entre 30.001 y 300.000 euros.
Retirada del documento de identificación y suspensión, durante un período de un año y un día a cinco años de la inscripción en el Registro de Transparencia.
Ninguna opción anterior es correcta. Inhabilitación para beneficiarse de ayudas públicas o para contratar con las Administraciones públicas durante un período de un año.
.
¿Cuál de las siguientes no es una función del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?
Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.
Aprobar las iniciativas relacionadas con los Planes de Acción de Gobierno Abierto que España presente ante la Alianza de Gobierno Abierto. Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Según el art. 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia de Protección de Datos se relaciona con el Gobierno a través del:
Ministerio de Hacienda.
Ministerio de Interior. Ministerio de Justicia. Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá en nuestro país con arreglo a lo establecido:
En la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Según la legislación española, en materia de protección de datos NO es un derecho de los ciudadanos:
El derecho a la portabilidad.
El derecho a la limitación de tratamiento.
Todos son derechos de los ciudadanos en materia de protección de datos. El derecho de supresión.
.
¿Quiénes tienen derecho a acceder a la información pública?
Todos los españoles
Todos los interesados
Todas las personas
Todos los españoles y los extranjeros residentes en España.
El Plan de Gobierno recogido en el Portal de transparencia de la Comunidad de Madrid facilita información acerca de:
El organigrama con identificación de los responsables de las unidades, su perfil y trayectoria profesional.
La información sobre altos cargos: retribuciones, declaraciones de bienes y de renta.
El conjunto de compromisos adquiridos por la Comunidad de Madrid. Las memorias e Informes incluidos en los expedientes de elaboración de textos normativos.
Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 19/2013, en el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán la función de:
Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.
Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con menos frecuencia. Recabar y difundir la información de publicidad activa.
El artículo 21 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dispone que:
Las Administraciones Públicas podrán establecer sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna
Las Administraciones Públicas podrán establecer sistemas externos para la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos
Las Administraciones Públicas establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna Las Administraciones Públicas establecerán sistemas externos para la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos.
Según el art. 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las sanciones prescriben:
A los tres años si son por infracciones graves.
A los tres años si son de importe superior a 150.000 euros.
A los tres años si son de importe superior a a 300.000 euros. A los tres años si son de importe superior a a 40.000 euros.
En base a lo establecido en la Ley 19/2013, transcurrido el plazo máximo para resolver una solicitud de acceso a información por parte de un ciudadano, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa:
Se entenderá que la solicitud ha sido estimada, salvo que se trate de información especialmente protegida
Se entenderá que la solicitud ha sido estimada
Se entenderá que la solicitud ha sido desestimada Se entenderá que la solicitud ha caducado.
Según el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos:
Ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
No ponen fin a la vía administrativa con las excepciones previstas en esta Ley, siendo recurribles ante el Ministro de Justicia.
Ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
No ponen fin a la vía administrativa con las excepciones previstas en esta Ley, siendo recurribles ante el Consejo de la Agencia Española de Protección de Datos.
Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no se tiene que publicar la información relativa a:
Las cuentas anuales que deban rendirse por las Administraciones Públicas.
Las subvenciones y ayudas públicas concedidas.
Los bienes inmuebles de los que la Administración Públicas sea arrendataria.
Las autorizaciones de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.
Como señala la Ley 10/2019, se consideran infracciones graves en materia de transparencia:
El retraso injustificado en el suministro de la información.
El incumplimiento más de tres veces, en un período de dos años, de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública.
El incumplimiento injustificado y reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública. La entrega injustificada de información incompleta, parcial o distinta a la solicitada o reclamada.
Señale la respuesta incorrecta en relación con la solicitud de acceso a información pública prevista en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:
El procedimiento se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información
Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad a las que se encuentren vinculadas
El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información
Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión.
Según el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relativo a la información de relevancia jurídica:
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán publicar los proyectos de Decretos Legislativos cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán publicar los Anteproyectos de Ley hasta su aprobación.
Señale la opción incorrecta. Como señala la Ley 10/2019, el desistimiento de una solicitud para el ejercicio del derecho de acceso:
No impedirá la presentación de una nueva solicitud en la que concrete la información demandada.
Se acordará por el órgano competente.
Impedirá la presentación de una nueva solicitud en la que concrete la información demandada. Se acordará mediante resolución expresa.
.
Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos de los menores de catorce años requiere el consentimiento de:
Las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
Todas son correctas. El titular de la patria potestad o tutela. El Ministerio Fiscal.
.
De acuerdo con el art. 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia de Protección de Datos:
Es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.
Es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.
Es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.
Es un organismo público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.
Según la Ley 19/2013, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene como funciones:
Gestionar el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
Coordinar a las Unidades de Información de Transparencia de los ministerios.
Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias:
Al menos una vez cada tres meses.
Al menos una vez al mes.
Al menos una vez al año. Al menos una vez a la semana.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia:
Al Defensor del Pueblo.
Al Consejo de Ministros. A las Cortes Generales. Al Ministerio competente en materia de Función Pública.
Cuando se realice una solicitud de acceso a información pública, pero la información solicitada no se encuentra identificada de forma suficiente, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de:
Quince días.
Cinco días.
Diez días. Treinta días.
Según el art. 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las sanciones prescriben al año:
Si son por infracciones graves.
Si son de importe superior a 40.000 euros.
Si son de importe igual o inferior a 40.000 euros. Si son de importe inferior a 40.000 euros.
En relación con los principios generales de publicidad activa recogidos en la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señale la respuesta incorrecta:
La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables
Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito
Se aplicarán los límites previstos en la ley para la protección de datos de carácter personal
Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural no existe obligación de publicar información sobre sus actividades.
A los efectos del derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, la Ley 19/2013 de Transparencia entiende por información pública:
Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, elaborados por alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la ley y que tengan relevancia pública
Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, elaborados o adquiridos por alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la ley o por terceras personas, que tengan relevancia o interés público
Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, elaborados o adquiridos por alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la ley.
La LO 3/2018 de Protección de Datos, no será de aplicación:
A los datos de personas fallecidas.
A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
Todas las respuestas anteriores son correctas. A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos.
Conforme a la LO 3/2018, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales:
Exige el consentimiento del afectado.
Requiere la autorización del juez o tribunal que esté conociendo del asunto.
Solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. Está prohibido.
Según el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Presidente y el Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados:
Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, de entre los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia.
Por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno, de entre los miembros de la Agencia.
datos. Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. Por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de .
Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 19/2013, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso a la información:
Relativas a los intereses económicos
Relativas a infraestructuras críticas
Relativas a la información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración Relativas a la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión
.
Según la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de las siguientes resoluciones del procedimiento de acceso a la información pública deberá ser motivada?
Las que denieguen el acceso.
Las que concedan el acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada, debiendo motivar las causas de este cambio.
Todas las respuestas son correctas. Las que concedan el acceso parcial.
En caso de fallecimiento de menores, la LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales autoriza a solicitar el acceso, rectificación o supresión de sus datos a: Todas son correctas. El Ministerio Fiscal. Su representante legal. Sus familiares.
Contra la resolución desestimatoria, total o parcial de la solicitud de acceso a la información dictada por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid:
Podrá interponerse reclamación ante la Oficina de Coordinación de Transparencia de la Comunidad de Madrid, con carácter potestativo y previo a su reclamación ante el Consejo de Transparencia y Participación.
Deberá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y Participación, con carácter previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
Podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y Participación, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
No cabrá interponer recurso en vía contencioso-administrativa.
De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿en qué plazo se interpondrá la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen gobierno?
En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado.
En el plazo de un mes a contar desde el día de la notificación del acto impugnado.
En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. En el plazo de dos meses a contar desde el día de la notificación del acto impugnado.
Señale la opción incorrecta. La aplicación e interpretación de la Ley 10/2019 se regirá por los principios de:
Principio de reutilización.
Principio de veracidad. Principio de inscripción múltiple. Principio de transparencia pública.
.
Señale la opción incorrecta en relación a las causas de inadmisión recogidas en la Ley 10/2019:
No podrá considerarse información de carácter de apoyo los informes preceptivos ni aquellos otros documentos que sin serlo hayan servido de forma parcial directamente de motivación a resoluciones.
No podrá considerarse información de carácter auxiliar los informes preceptivos ni aquellos otros documentos que sin serlo hayan servido de forma total directamente de motivación a resoluciones.
En las resoluciones de inadmisión porque la información esté en curso de elaboración deberá especificarse el órgano que elabora dicha información pero sin necesidad de señalar el tiempo previsto para su conclusión.
No podrá considerarse como reelaboración que justifique la inadmisión de la información la que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.
Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento:
Cuando sea mayor de 16 años.
Si consta también el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela.
Cuando sea mayor de 14 años.
Cuando sea mayor de 13 años.
Según la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, las resoluciones sobre las solicitudes de acceso a la información pública se adoptarán y notificarán:
En el plazo máximo de veinte días desde su admisión.
En el plazo máximo de treinta días desde su recepción.
En el plazo máximo de veinte días desde su recepción. En el plazo máximo de treinta días desde su admisión.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período:
De 7 años, no renovables.
De 5 años, renovables. De 5 años, no renovables. De 7 años, renovables.
La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, deberá notificarse:
Únicamente al solicitante.
Al solicitante y a todo tercero afectado.
Al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado.
Al solicitante en todo caso y a los terceros afectados únicamente en caso de denegación de la solicitud.
El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones relativas a la publicidad activa contenidas en la Ley 19/2013 de Transparencia, será objeto de control por parte de:
El Tribunal de Cuentas
El Vicepresidente del Gobierno
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno El Defensor del Pueblo.
|
