La fecha de entrada en vigor del actual reglamento penitenciario viene establecida en: Su Disposición Derogatoria. En su Disposición Transitoria. En su Disposición Final. En su Disposición Adicional.
Tal como señala el artículo 6 del Convenio sobre traslado de personas condenadas cuando haya de documentarse que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena en el Estado de condena constituyen una infracción penal, el Estado de cumplimiento: Remitirá copia de las disposiciones legales acreditativas de tal extremo. Acompañará copia compulsada de la sentencia recaída. Enviará los documentos que acrediten que el condenado es nacional de dicho estado. Remitirá al de cumplimiento todos los documentos requeridos al de condena.
¿Qué significado tiene el principio de publicidad normativa? Que los ciudadanos están obligados a conocer las normas para que les pueda ser exigible su contenido. Que todas las normas deben publicarse en un periódico de difusión nacional. Que todas las normas deben ser publicadas en un diario oficial. Ninguna de las otras respuestas es correcta.
A través del Protocolo 11 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se instauró: El Tribunal Europeo Permanente de Derechos Humanos. La Corte Internacional. El Tribunal Europeo Internacional. La Comisión Internacional.
Las normas de organización y funcionamiento de los Establecimientos de régimen abierto serán: Elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo. Elaboradas por el Equipo Técnico y aprobadas por la Junta de Tratamiento, debiendo ser remitidas al Centro Directivo. Elaboradas por el Equipo Técnico y aprobadas por el Centro Directivo. Elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Consejo de Dirección.
Cuando el condenado solicita expresamente el deseo de ser trasladado a su país en virtud de lo dispuesto en el Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas, el estado de cumplimiento, a petición del estado de condena, facilitará a este último la documentación justificativa entre la que no se encuentra: Una certificación oficial indicando que el condenado es nacional de cualquiera de los estados europeos. Una copia de las disposiciones legales del estado de cumplimiento de las cuales resulte que los actos u omisiones de los actos que hayan dado lugar a la condena en el estado de condena constituye una infracción penal con arreglo al derecho del estado de cumplimiento o la constituirían si se cometiera en su territorio. Una declaración en la que figure la información prevista en el artículo 9.2. Una declaración que indique que el condenado es nacional de dicho estado.
De los informes emitidos por el Defensor del Pueblo, ¿cuáles de estos serán publicados? Anual y Extraordinario. Anual y Especial. Extraordinario y Especial. Todos los informes serán publicados.
En relación con el sistema de protección del que gozan los internos en el ordenamiento penitenciario, señale la respuesta correcta: Los internos tienen derecho a dirigir quejas al Defensor del pueblo, que no podrán ser objeto de censura de ningún tipo. Los internos deberán formular las quejas dirigidas al Juez de Vigilancia Penitenciaria, en todo caso, a través de la dirección del Centro, quien las remitirá sin dilación en un plazo máximo de 5 días. Los autos en materia disciplinaria dictados por los Jueces de vigilancia penitenciaria son susceptibles de ser recurridos ante la Audiencia provincial correspondiente. Las peticiones y quejas que presentan los internos ante la Administración penitenciaria deberán formularse siempre ante el Director del Centro o quien legalmente le sustituya.
Corresponde el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años: Al Juez de lo Penal, en todo caso. Al Juez de lo Penal, excepto si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado. Al Juez de Instrucción. A la Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido.
Segun el artículo 8.1 del RD 782/2001, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de SS.SS. de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, son categorías de los internos trabajadores: No existen categorías, ya que las funciones superiores son realizadas por el personal laboral o por los Maestros de Taller. Existen dos categorías: operario base y operario superior. Existen tres categorías: operario aprendiz, operario base y operario superior. Existen tres categorías: operario base, operario superior y encargado.
En lo dispuesto en el artículo 102.5 RP conforme a lo dispuesto en el artículo 10 LOGP expone que se clasifican en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, ponderando la concurrencia de factores tales como: Pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, cuando muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas. Naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote la existencia de trastorno psicopatológico. Tenencia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidad importante, que haga presumir su destino al tráfico. Comisión de infracciones disciplinarias calificadas de leves, cometidas de manera reiterada y sostenidas en el tiempo.
En caso de presentación de una solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo común que no reúne los requisitos establecidos en la Ley, se concederá un plazo de subsanación de: Tres días hábiles. Tres días naturales. Diez días naturales. Diez días hábiles.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 54 del RP, los escritos de queja y de recurso presentados ante cualquier oficina de registro de la adminstración penitenciaria se remitirán al Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente: Sin dilación, y en todo caso en el plazo máximo de tres días. Sin dilación, en la mismo día o al siguiente día hábil. Sin dilación, y en todo caso en el plazo de diez días. En el plazo máximo de cinco días hábiles.
Si la instrucción de una causa (sumario) es declarada compleja el plazo de duración de la instrucción será de: Doce meses, pero el instructor de la causa podrá establecer una prórroga por igual plazo o uno inferior a instrancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. Dieciocho meses, como máximo, sin que el instructor de la causa pueda establecer prórroga alguna, salvo que ésta sea solicitada por las partes. Dieciocho meses, pero el instructor de la causa podrá establecer una prórroga por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. Al ser declarada compleja la instrucción no está sometida a plazo alguno.
En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se considera "discriminación indirecta por razón de sexo": La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo.
En el proceso penal, comparando el procedimiento ordinario con el abreviado, se puede afirmar: En ambos procedimientos la fase intermedia se sustancia en el órgano judicial competente para el enjuiciamiento En el procedimiento abreviado, a diferencia del ordinario, se permite la sentencia oral cuando la competencia corresponde al Juez de lo Penal La imputación judicial se realiza en ambos procedimientos mediante el auto de procesamiento Frente al ordinario, en el abreviado se prohíbe la celebración del juicio oral en ausencia del acusado.
El funcionario de Instituciones Penitenciarias que, con referencia a un informe sobre un incidente acaecido en el Centro Penitenciario en el que trabaja, falta a la verdad en la narración de los hechos, ¿comete un delito de falsedad?: Si, comete un delito previsto en el artículo 390 del Código Penal. No, sólo lo cometería si altera el informe en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. No, sólo lo cometería suponiendo en el incidente la intervención de personas que no la han tenido. No, la indicada en la pregunta es una acción atípica.
La Instrucción 11/2007, de 20 de junio, de la entonces Dirección General de Instituciones Penitenciarias, pretende instaurar un modelo de gestión unificada, aunando las tareas de las denominadas oficinas de régimen y de tratamiento, que se distribuirán siguiendo unos criterios específicos. Señale el incorrecto: Existirá un único expediente por interno, integrado por el expediente y protocolo penitenciario. Cada funcionario se hará cargo de un número determinado de expedientes, con los que trabajará en su integridad, realizando todas las anotaciones y tareas que se deriven desde el ingreso del interno en prisión hasta su libertad definitiva. El reparto de expedientes se hará distinguiendo las diferentes situaciones judiciales o penitenciarias de los internos (preventivos, penados, extranjeros, varones, mujeres, FIES, grados de clasificación, permisos u otras). Para una mejor organización de la oficina, aquéllos centros que lo consideren, podrán formar subgrupos dentro de la misma, integrados por tres o cuatro funcionarios, quienes se organizarán en el reparto de tareas, en los casos de ausencias, vacaciones, permisos, etc.
Según el artículo 2 del CP, ¿qué leyes tendrán efecto retroactivo? Leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Leyes penales que favorezcan al reo, aunque nunca si ya existe sentencia firme al entrar en vigor y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme, siempre que el sujeto aún no esté cumpliendo condena. Leyes penales que no favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.
De las siguientes definiciones indique cuál se corresponde con el principio de intervención mínima: No se puede juzgar dos veces por el mismo hecho. Es un principio que disminuye progresivamente el rigor de las penas. El derecho penal debe intervenir únicamente en los ataques más graves a bienes jurídicos relevantes y cuando no haya posibilidad de utilizar otros instrumentos jurídicos. Es un principio que abarca otros principios como personalidad, responsabilidad, doloso, culpa o imprudencia y culpabilidad en sentido estricto.
Sobre el uso de cuestionarios es cierta la siguiente afirmación: Aunque tienen muchas ventajas, uno se sus principales inconvenientes es que no se pueden puntuar de manera objetiva. Tienen una elevada razón coste-eficacia. Se han desarrollado para evaluar una amplia variedad de problemas objetivos, pero sólo pueden utilizarse en un tipo muy concreto de paciente. Sólo son los apropiados para evaluar la dimensión cognitiva de la conducta.
Indique a qué corresponde la siguiente definición: "Respuesta aprendida, que se asemeja a la RI" Estímulo incondicionado. (EI) Respuesta incondicionada. (RI) Estímulo condionadado. (EC) Respuesta condicionada. (RC).
¿En cuál de estos casos no declarará el Presidente del Congreso la vacante en el cargo de Defensor del Pueblo? En caso de muerte. En caso de incapacidad sobrevenida. En caso de renuncia. En caso de expiración del plazo del cargo.
¿Cuál de las siguientes materias sí es regulable por medio de decreto ley? El régimen de las Comunidades Autónomas. El derecho electoral general. Los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución. Las materias objeto de ley ordinaria.
¿Cuánto dura el mandato del Defensor del Pueblo? Tres años. Cuatro años. Cinco años. Dos años.
Indique cuál de los siguientes instrumentos de reconocimiento mutuo están regulados en la Ley 23/2014: La resolución de decomiso. La resolución por la que se imponen sanciones pecuniarias. El exhorto europeo de obtención de pruebas. Todas las respuestas son correctas.
Las autoridades judiciales españolas no reconocerán ni ejecutarán las órdenes o resoluciones transmitidas en los supuestos regulados para cada instrumento de reconocimiento mutuo y, con carácter general, en los siguientes casos: Cuando se haya dictado en España o en otro Estado distinto al de emisión una resolución firme, condenatoria o absolutoria, contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, y su ejecución vulnerase el principio non bis in idem en los términos previstos en las leyes y en los convenios y tratados internacionales en que España sea parte y aún cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado. Cuando la orden o resolución se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades españolas y, de haberse dictado la condena por un órgano jurisdiccional español, la sanción impuesta hubiese prescrito de conformidad con el Derecho español. Cuando exista una inmunidad que impida la ejecución de la resolución. Todas las respuestas son correctas.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá, previa en su caso la progresión de grado, autorizar la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final, si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por: El dictamen de los servicios médicos del establecimiento penitenciario. El dictamen del médico forense. El dictamen del médico forense o de los servicios médicos del establecimiento penitenciario. El dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario.
Señala el artículo 51 de la LOGP de 1979 que las comunicaciones de los internos sólo pueden restringirse: Por razones de seguridad. Por razones de interés del tratamiento. Por razones del buen orden del Establecimiento. Por cualquiera de las razones citadas.
¿Qué Tratamiento ostentan los alcaldes de las capitales de provincia? Ilustrísima. Señoría. Vuecencia. Excelentísimo.
La aplicación de medios coercitivos sobre un interno detenido se comunicará: Al Consejo de Dirección. Al Centro Directivo. A la Autoridad Judicial de que dependa. Al Juez de Vigilancia.
¿En qué año se aprobó la Constitución inmediata anterior a la actual de 1978? 1936. 1933. 1931. 1940.
Es autoridad competente para reconocer y acordar la ejecución de una resolución de libertad vigilada transmitida por la autoridad compentente de otro Estado miembro de la Unión Europea, según la Ley 23/2014: El Juez Central de lo Penal. El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. Cuando la resolución se refiera a una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor la competencia corresponderá al Juez Central de Menores. Pueden ser tanto el Juez Central de lo Penal como el Juez Central de Menores si la resolución se refiere a un menor.
La Constitución Española de 1978 determina que el Presidente de una Comunidad Autónoma será elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, ¿necesita ser nombrado por el Rey? Sí, correspondiendo el refrendo de este nombramiento al Presidente del Gobierno. No, porque al ser elegido por la Asamblea no necesita dicho nombramiento, al ser una Administración autonómica. No, ya que tiene que ser nombrado por el Presidente del Gobierno español. Todas las alternativas son falsas, ya que al Presidente de la Comunidad Autónoma lo nombra el Consejo de gobierno de la Comunidad entre sus miembros.
La aplicación del régimen cerrado a los detenidos y presos: Se aprobará por el Consejo de Dirección previo informe del Equipo Técnico. Se aprobará por la Autoridad Judicial de que dependa el interno a propuesta de la Junta de Tratamiento. Se aprobará por el Centro Directivo a propuesta de la Junta de Tratamiento. No es posible la aplicación del régimen cerrado a detenidos y presos.
A tenor de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 39/2015 el incumplimiento del orden de despacho de expedientes previsto en la misma, para el funcionario: Será causa de remoción del puesto de trabajo. Dará lugar a responsabilidad disciplinaria y será causa de remoción del puesto de trabajo. Dará lugar a la posible exigencia de responsabilidad por parte de la Administración. La norma citada únicamente obliga al funcionario a certificar tal extremo, cuando sea requerido por sus superiores.
Según se establece en el artículo 92 CP (tras la reforma operada por LO 1/2015) el Tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan una serie de requisitos, entre los que se encuentran, que el penado: Se encuentre clasificado en tercer grado. Esté disfrutando de permisos de salida ordinarios. Haya cumplido la mitad de la condena impuesta. Muestre signos inequívocos de rechazo al o los delitos cometidos.
¿Qué artículos forman el Capítulo VII del Título II de la LOGP "Información, quejas y recursos"? Artículos 48 a 49. Artículos 49 a 50. Artículos 50 a 51. Artículos 51 a 52. .
El CP tipifica en su artículo 417 como delito de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos a: La autoridad o funcionario público que, sustrajere total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, y con la debida autorización, destruya documentos que debe custodiar. El funcionario que accediese o permitiese acceder a documentos secretos bajo su custodia. La autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo.
¿Dónde debe publicarse el cambio de denominación de un municipio? En el BOE. En el Boletín oficial de la provincia. En el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma. En todos los Boletines oficiales.
La iniciativa, concesión y acreditación del otorgamiento al personal, de menciones honoríficas y medallas al mérito penitenciario y al mérito social penitenciario con excepción de las medallas de oro le corresponde al Titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por delegación del: Titular del Departamento. Secretario de Estado de Seguridad. Subsecretario del Interior. Titular del Departamento y del Secretario de Estado de Seguridad. .
El Presidente de la Junta de Tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el Art. 269.1 del Reglamento Penitenciario, en caso de ausencia o enfermedad, será sustituido por: El Subdirector de Tratamiento. El miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad. Por el Subdirector del Centro que el Director designe. Por un Jurista del establecimiento.
Sólo una de las siguientes afirmaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia es correcta. Indíquela: La Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Se prevé la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con la participación bilateral de la AGE y las CCAA. Establece que el contenido total de derechos sea común para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español. Las acciones que desarollen las medidas en las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia serán dirigidas por la AGE.
Según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 39/2015, serán motivados los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, con referencia sucinta de hechos y fundamentos de derecho, cuando: Sean dictados por el órgano competente sólo a instancia de parte. Limiten derechos colectivos de los ciudadanos. Acuerden la aplicación de la tramitación ordinaria. Se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
De acuerdo con él no podrán ser aplicados los medios coercitivos a las internas mencionadas en el artículo 254.3 del presente Reglamento ni a los enfermos convalecientes de enfermedad grave, salvo en los casos en los que de la actuación de aquellos pudiera derivarse: Un evidente peligro para su integridad o para la de otras personas. Un peligro inminente para su vida o para la de otras personas Un inminente peligro para su integridad o para la de otras personas. Un peligro evidente para la salud o la vida de terceras personas.
El número de identificación sistemática es asignado: Por el Centro Directivo. Por el Centro Penitenciario en el que ingrese, salvo si el ingreso fuera por traslado. Por la Central de Observación. Por la Administración Penitenciaria si se trata del penados y por la Administarción de Justicia si se trata de preventivos.
El derecho de los internos a ejercitar los derechos políticos, y el de sufragio, salvo que sean incompatibles con el cumplimiento de la condena o el objeto de la detención, habrá de clasificarse: Entre los derechos que le asisten como recluido en un Establecimiento Penitenciario. Entre los derechos que le asisten como ciudadano de un Estado. Entre los derechos que le asisten como persona y hombre. Entre los derechos que le asisten en calidad de penado.
Dentro de los tipos de establecimientos de régimen abierto regulados en el RP, unos de ellos consite en instalaciones residenciales situadas fuera de los recintos penitenciarios, para facilitar el logro de objetivos específicos de tratamiento penitenciario de internos clasificados en 3º grado e incorporadas funcionalmente a la Administración Penitenciaria, las cuales contarán con: La colaboración de todos los profesionales penitenciarios en el desarrollo de los programas de tratamiento con el fin de conseguir los objetivos específicos establecidos. La colaboración de profesionales en el campo de la psicología ajenos a la Adminsitración Penitenciaria. La colaboración de entidades públicas y privadas dedicadas a la asistencia de los reclusos. La colaboración de las Administraciones Local y Autonómica a través de la asignación del personal preciso para el funcionamiento de las instalaciones residenciales.
¿Cuál es la diferencia entre un cacheo y una requisa? No existe diferencia alguna. En el cacheo se registra a personas o cosas, mientras que en la requisa se registran dependencias. En el cacheo no puede utilizarse ningún otro medio que no sea el propio funcionario, mientras que en la requisa éste puede ayudarse de medios mecánicos. El cacheo se realiza siempre en horario regimental, mentras que la requisa sólo se practica cuando los internos están durmiento.
A tenor de lo establecido en el apartado segundo del artículo 390 CP, el funcionario público que simula un documento en todo o en parte, comete delito de falsedad documental: Siempre. Sólo cuando induzca error sobre su autenticidad. Sólo cuando sea un elemento esencial. Sólo cuando consiga su objetivo.
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