Voltaire consideraba que las leyes penales: Debían ser expresamente confusas respecto a la conducta constitutiva del delito para dejar un mayor margen de maniobra a los jueces Debían minimizar la importancia del delito y expresar confusamente la pena correspondiente para ofuscar al delincuente Debían expresar con claridad el contexto en el que se producía el delito y el lugar donde se cumpliría la pena Debían expresar con claridad tanto la conducta constitutiva del delito como la pena correspondiente.
Montesquieu sostenía que: "La moderación, cuanto más lejos, mejor" "Los legisladores no han de ser moderados, sino progresistas" "El espíritu de la moderación debe ser el que inspire a todo legislador" "La moderación no es una virtud útil para legislar".
El derecho criminal español del siglo XVI: Apenas se había independizado todavía del derecho canónico Tenía fuertes vínculos con el derecho canónico en lo referente a delitos de sangre Tenía conexión con el derecho canónico, pero solo en lo referente de los asuntos eclesiásticos Ya estaba parcialmente secularizado.
El movimiento codificador liberal español del siglo XIX fue preferentemente deudor de: De la escuela penalista escolástica alemana De la codificación tradicional británica Del modelo codificador francés Del movimiento codificador merepenalista español del siglo XVI.
Los reformadores liberales de principios del siglo XIX: Propugnaron un nuevo Derecho penal que tuviera en cuenta la condición económica y social del delincuente a la hora de imponer una condena Nunca propugnaron que el Derecho penal observara una proporcionalidad entre el delito cometido y la pena Propugnaron un nuevo Derecho penal que observara una proporcionalidad entre el delito cometido y la pena Propugnaron un nuevo Derecho penal que vinculara los antecedentes del delincuente con los estragos del delito cometido.
El primer Código Penal español fue promulgado durante: Las Cortes de Cádiz (18910-1814) El Sexenio revolucionario (1868-1874) El Trienio Liberal (1820-1823) El Bienio Progresista (1854-1856).
La Escuela de Criminología fue fundada en España en 1906 por: Victoria Kent Rafael Salillas Cesare Lombroso Joaquín Francisco Pacheco.
La Segunda República Ofreció clases de ética como alternativa a los reclusos que no quisieran asistir a los actos religiosos Obligó a los reclusos a asistir a actos religiosos, por lo menos, dos veces a la semana Dispuso que los reclusos no estaban obligados a asistir a actos religiosos Nunca legisló sobre la obligación de los reclusos a asistir a actos religiosos.
La Ley de Seguridad del Estado de 1941: Se centraba únicamente en la represión de los delitos de carácter político En plena guerra mundial, se centraba por encima de todo en la seguridad exterior del Estado, estableciendo nuevos controles en las fronteras Regulaba la política penitenciaria del nuevo régimen Aunque reprimía los delitos políticos, también contenía una regulación específica para evitar el acaparamiento y especulación de todo tipo de productos y alimentos.
El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo funcionó entre: 1936 y 1975 1940 y 1963 1933 y 1970 1923 y 1931.
Según el Reglamento de prisiones de 1948, los "auxiliares de régimen" eran: Presos que ejercían funciones disciplinarias sobre sus compañeros Auxiliares administrativos del funcionariado de prisiones Enfermeros que auxiliaban a los presos heridos Ninguna de las anteriores.
La Constitución de 1812 reconoció que los militares debían: Someterse a la jurisdicción común Estar regidos por un fuero particular solo cuando estuvieran de servicio Estar regidos por un fuero particular Someterse a la jurisdicción foral del arbitrio regio en tiempo de guerra.
El Código de Justicia Militar de 1945 consideraba como delitos contra la seguridad de la Patria: La traición y el espionaje, pero no los delitos contra el derecho de gentes, devastación y saqueo La traición, el espionaje y los delitos contra el derecho de gentes, devastación y saqueo Los delitos contra el derecho de gentes, devastación y saqueo, pero no la traición y el espionaje La traición, el espionaje, pero solo si era favor de un enemigo externo en tiempo de guerra, y los delitos contra el derecho de gentes, devastación y saqueo.
¿Cuándo queda abolida definitivamente la Inquisición española? 1812, con la Constitución de Cádiz 1934, durante la Regencia de María Cristina 1822, durante el Trienio Liberal 1873, durante la Primera República.
El Código Penal de 1848: Afirmaba expresamente que solo eran delitos políticos los atentados contra la Corona No contenía ningún precepto que definiera qué era delito político Establecía una definición rigurosa del delito político Afirmaba expresamente que solo eran delitos políticos aquellos relacionados con la traición a la Patria y el espionaje.
La Ley de Orden Público de 1870, durante el Sexenio Democrático: Afianzó el papel del ejército y la justicia militar en los conflictos políticos y sociales Asignó a los cuerpos civiles de policía la competencia en exclusiva sobre los conflictos políticos y sociales No reguló los conflictos políticos y sociales Declaró que los conflictos políticos y sociales eran competencia exclusiva de la Guardia Civil.
El Código Penal republicano de 1932 y la Constitución española de 1978, cada uno en su momento: Abolieron la pena de muerte en la jurisdicción civil y militar El primero abolió la pena de muerte solo en la jurisdicción civil y la segunda en la civil y la militar Abolieron la pena de muerte solo en la jurisdicción civil El primero abolió la pena de muerte en las jurisdicciones civil y militar y la segunda solo en la civil.
Tras las elecciones de febrero de 1936, los gobiernos de Frente Popular: Estudiaron la posibilidad de aprobar una amplia amnistía para los delitos políticos y sociales, pero al final no llevaron a cabo esta medida Recibieron fuertes presiones para aprobar una amnistía para los delitos políticos y sociales, pero no hicieron caso Aprobaron una amplia amnistía para los delitos políticos y sociales Ni siquiera se plantearon la posibilidad de aprobar una amnistía para los delitos políticos y sociales.
La primera norma del Estado liberal que unificó la legislación dispersa sobre galeras y casas de corrección de mujeres fue: El Código penitenciario femenino de 1866 La Constitución de 1869 El Reglamento de Casas de Corrección de Mujeres de 1847 La Orden sobre Casas de Arrecogidas y Galeras de 1812.
A la altura de 1900, la Iglesia Católica condenaba a los duelistas que fallecieran en un lance de honor a: No establecía pena alguna al considerar que la muerte era castigo suficiente La denegación de funerales, pero admitía su enterramiento en cementerios católicos como medio para salvar su alma La pena de privación de sepultura eclesiástica La pena de septenio: la suspensión de sepultura eclesiástica durante un periodo de siete años, tras los cuales podían ser enterrados en cementerios católicos.
En los primeros años de la dictadura franquista: Las congregaciones religiosas fueron expulsadas definitivamente de las cárceles de mujeres Las congregaciones religiosas vieron limitada su actuación en las cárceles de mujeres Algunas congregaciones religiosas volvieron a asumir un papel destacado en las cárceles de mujeres Las congregaciones religiosas asumieron un papel destacado en las cárceles de mujeres, pero solo en las funciones de vigilancia nocturna.
Concepción Arenal, escritora, filántropa e inspectora de las Casas de Corrección desde 1867, consideraba que: Los progresos de la ciencia penitenciaria no habían llegado a las mujeres A la ciencia penitenciaria no le competía encargarse de la situación de las mujeres La situación de las mujeres en las cárceles españolas era envidiable La ciencia penitenciara trataba correctamente a las mujeres.
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