La prisión-servidumbre fue una práctica penitenciaria: De carácter privado, utilizada en la Edad Media como reminiscencia del Derecho visigodo. De carácter público que siguió vigente en la Edad Moderna. Prohibida con la Recepción del Derecho Común. Ampliamente utilizada por el Derecho Canónico.
Según el derecho castellano recogido en "las Partidas": La prisión del acusado era la forma ordinaria de iniciar el proceso penal. El reo acusado de un delito "liviano" debía podía permanecer en arresto domiciliario hasta que se dictaba la sentencia. Se embargaban los bienes del acusado hasta que concluía la instrucción de la sumaria, tras la cual se decidía sobre su ingreso en prisión. El reo solo podía permanecer en prisión cuando el delito era castigado con pena de muerte u otra pena corporal.
Las condiciones de vida en las cárceles del AR eran responsabilidad de: La Orden mendicante de San Dimas. El Despacho de Prisiones y Galeras del Consejo de Castilla. El alcaide de la cárcel. Las autoridades municipales.
En el AR las autoridades judiciales estaban obligadas a: Visitar las cárceles periódicamente. Nombrar y deponer a los alcaides de la cárcel. Denunciar en Cortes excesos de los alcaldes en el ejercicio del cargo. Administrar las limosnas que se donaban para auxiliar a los presos pobres.
¿Qué es el arbitrio judicial? La acción de un juez para intentar lograr un acuerdo entre las partes litigantes. La facultad de los jueces para interpretar lo que es el delito y el margen de discrecionalidad para imponer la pena. El acuerdo al que llegan el delincuente y el juez para que este pueda cumplir menos condena. La facultad que tiene el juez para imponer penas que no están establecidas por ley.
La pena más habitual aplicada por los tribunales en el s. XVII era: Pecuniaria para todos. Pecuniaria para hombre y castigo físico para mujeres. Penas físicas para hombres y reclusión para mujeres. Reclusión para todos.
Entre las cuestiones de carácter penal abordadas en las Cortes de Cádiz destaca: La elaboración urgente de una ley de procedimiento para las causas criminales. La necesidad de llevar a cabo una reforma general del sistema penitenciario español. La necesidad de eliminar la pena de muerte ante su aplicación reducida. La reforma urgente de la administración de justicia lastrada por la corrupción y la arbitrariedad de las comunidades autónomas.
El Reglamento de la penitenciaría de mujeres de Alcalá de Henares, promulgado en 1882, supuso: El establecimiento de un régimen interno diferente al de los presos masculinos. La creación de nuevos cargos para la administración del centro, por ejemplo los de alcaide, capataces y porteros. El establecimiento de un régimen educativo especial para fomentar su incorporación al mercado laboral. Una clasificación de las internas por clase de delito y por razón de edad.
¿Cuándo se previó la aplicación de la libertad condicional por primera vez en España? En el Real Decreto de 23 de diciembre de 1889, para los penado en la colonia penitenciaria de Ceuta. En el Real Decreto de 3 de octubre de 1931, para todos los penados en el cuarto periodo del régimen progresivo. En el Real Decreto de 17 de junio de 1901, para los penados menores de edad de la Escuela Central de Reforma y Corrección penitenciaria. En la ley de Libertad Condicional de 23 de junio de 1914.
En el Reglamento del servicio de prisiones publicado por Real Decreto de 5 de mayo de 1913 quedó consagrado: El régimen celular. El régimen mixto. El régimen tutelar. El régimen progresivo.
El Códico Penal de 1944 presta especial atención en la represión de: Los delitos económicos. Los delitos religiosos y políticos. Los delitos contra la propiedad. Los delitos contra la libertad sexual.
El objetivo prioritario de la política franquista de redención de penas por el trabajo, durante los años cuarenta, fue: Enseñar a los presos un oficio para facilitar su reinserción una vez fueran puestos en libertad. Reducir el nº de presos de las prisiones, sobresaturadas tras la guerra. Perfeccionar la condición moral de los presos y su formación religiosa. Mantener a los presos en prisión más tiempo, pero ocupados en un trabajo.
La legislación penitenciaria básica actual se recoge en: La ley general penitenciaria de 1979 y el reglamento penitenciario de 1996. La ley de bases de la reforma penitenciaria de 1980. La ley de crímenes y castigos de 1982. La ley general penitenciaria de 1979 y el reglamento de reforma penitenciaria de 1996.
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