Cuál de los siguientes NO es uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución
española de 1978:
a. Derecho de asociación
b. Derecho a la vida y a la integridad física y moral
c. Derecho a percibir las prestaciones que determinen las leyes
d. Derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
Según el Estatuto de Autonomía,
a. El Derecho emanado del País Vasco en las materias de su competencia exclusiva es el único
aplicable.
b. El Derecho emanado del País Vasco en las materias de su competencia exclusiva es el
aplicable con preferencia a cualquier otro y sólo en su defecto será de aplicación supletoria el
Derecho del Estado c. En las materias de competencia exclusiva o de desarrollo legislativo exclusivo de la comunidad
autónoma del País Vasco se aplicará siempre el Derecho emanado del País Vasco.
d. El Derecho del Estado no será aplicable en materias de la competencia exclusiva del País
Vasco.
La Ley 27/1983, de Relaciones entre las Instituciones Comunes y los Territorios Históricos prevé
que
a. Para la financiación y desarrollo de todas sus competencias y facultades, los Territorios
Históricos dispondrán de plena capacidad presupuestaria, sujeta a la posterior aprobación del
Parlamento Vasco. b. Para la financiación y desarrollo de todas sus competencias y facultades, los Territorios
Históricos dispondrán de plena capacidad presupuestaria, sujeta a la posterior aprobación de
las Cortes Generales.
c. Para la financiación y desarrollo de todas las competencias y facultades de los Territorios
Históricos, el Parlamento Vasco destinará las partidas presupuestarias necesarias a fin de
garantizarlas. d. Para la financiación y desarrollo de todas sus competencias y facultades, los Territorios
Históricos dispondrán de plena capacidad presupuestaria en los términos previstos en la
referida Ley.
La Norma Foral 3/1987 sobre elección, régimen y funcionamiento de las Instituciones Forales
establece que la Diputación Foral
a. Es el órgano colegiado compuesto por miembros designados por la mayoría de las Juntas
Generales para asumir el gobierno y administración de Bizkaia, correspondiéndole la función
ejecutiva, la potestad reglamentaria y la iniciativa normativa.
b. Es el órgano colegiado que asume el gobierno y administración de Bizkaia, correspondiéndole
únicamente la función ejecutiva. c. La Diputación Foral es el órgano colegiado que, en la esfera de sus competencias, asume el
gobierno y administración de Bizkaia, correspondiéndole las funciones ejecutiva, legislativa y
judicial.
d. Es el órgano colegiado que, en la esfera de sus competencias, asume el gobierno y
administración de Bizkaia, correspondiéndole la función ejecutiva, la potestad reglamentaria y
la iniciativa normativa.
5. Según la Norma Foral 3/1987, el Diputado General, previa deliberación de la Diputación Foral,
podrá plantear ante las Juntas Generales la cuestión de confianza sobre su programa o sobre su
declaración pública general. En ese caso,
a. Se entenderá otorgada la confianza cuando obtuviere la mayoría absoluta de los votos de
Juntas Generales. b. Se entenderá otorgada la confianza cuando obtuviere la mayoría simple de los votos de Juntas
Generales.
c. La denegación de la confianza dará paso a la tramitación de una moción de censura. d. Se entenderá otorgada la confianza cuando obtuviere dos tercios de los votos de Juntas
Generales.
Según sus Estatutos, el IFAS es
a. Una entidad pública empresarial dependiente del Departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Bizkaia b. Un organismo autónomo adscrito al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de
Bizkaia
c. Un organismo autónomo adscrito a la Diputación Foral de Bizkaia d. Un servicio del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
El órgano superior del IFAS, según determinan sus Estatutos, es
a. El gerente
b. El presidente c. El diputado foral de Acción Social d. La Junta de Gobierno.
A los efectos de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, NO tienen capacidad de obrar
a. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas
civiles. b. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya
actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza
la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados,
cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o
intereses de que se trate. c. Las personas físicas fallecidas, ejerciendo la representación los herederos legales
determinados conforme a la legislación civil.
d. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades
sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
.
Con el fin de la eficiente gestión de los servicios a prestar, el reglamento de estructura orgánica
prevé que el IFAS se estructure en
a. Servicios centrales para temáticas transversales y servicios descentralizados que se
corresponden con los centros del Instituto.
b. Servicios a personas mayores y servicios a personas con discapacidad.
c. Servicios a personas mayores, servicios a personas con discapacidad y servicios para la
infancia. d. Servicios generales y servicios asistenciales.
Según el reglamento de estructura orgánica del IFAS las figuras de dirección del Instituto son las
siguientes:
a. Gerente/a, Director/a de Servicios Asistenciales y Director/a de Servicios Generales.
b. Diputado/a foral de Acción Social, Gerente/a, Director/a de Servicios Asistenciales y Director/a
de Servicios Generales.
c. Diputado/a foral de Acción Social, Gerente/a y Junta de Gobierno. d. Gerente/a, Director/a de Servicios Asistenciales, Director/a de Servicios Generales,
Subdirección de Recursos Humanos, Jefes/as de Área y Directores/as de centros.
El proceso de normalización lingüística en las Administraciones Públicas Vascas se realizará a
través de los Planes de Normalización del Uso del Euskera de cada entidad, que se llevarán a
cabo
a. En periodos de planificación con una duración de cinco años.
b. En periodos de planificación con una duración de tres años. c. En periodos de planificación con la duración que estime cada administración pública de forma
motivada. d. En periodos de planificación con una duración mínima de tres y máxima de cinco años.
La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales:
a. Distribuye las competencias entre las cuatro administraciones públicas: estatal, autonómica,
foral y municipal.
b. Incluye a los educadores y las educadoras sociales en el cuerpo profesional básico del
Sistema de Servicios Sociales, junto a los trabajadores y trabajadoras sociales.
c. Declara el derecho objetivo a los Servicios Sociales.
d. Establece un sistema de servicios y prestaciones de naturaleza colectiva, de manera que el
hecho de pertenecer a un colectivo desfavorecido facilita el acceso a las prestaciones gracias
a la centralización de los recursos en estos grupos de población en riesgo de exclusión social.
Cuando la administración pública competente acuerde el acogimiento residencial de un niño, niña
o adolescente como medida de guarda procurará:
a. Que el período de internamiento sea suficiente para favorecer la integración social de la
persona menor de edad en el centro donde sea acogida.
b. Que el período de internamiento sea lo más breve posible, salvo que convenga al interés de la
persona menor de edad, con objeto de favorecer el retorno a la familia biológica, el
acogimiento familiar, la tutela ordinaria, la adopción o la emancipación.
c. Que el ejercicio de la guarda recaiga en el equipo educativo del centro donde sea acogido el
niño, niña o adolescente como medida colegiada de atención a las necesidades inmediatas de
la persona menor de edad cuando se prevea un internamiento corto en el tiempo. d. Establecer convenios o acuerdos de colaboración con entidades colaboradoras de integración
familiar y ceder la titularidad y responsabilidad derivadas de su ejecución cuando no se
contemple la posibilidad de retorno a la familia biológica ni el acogimiento familiar.
La Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia
reconoce explícitamente el derecho a:
a. A la identidad.
b. A la identidad digital.
c. La identidad sexual y la libre asignación de género.
d. Las tres respuestas son correctas.
¿En qué plazos de tiempo puede solicitar una autorización de residencia temporal por
circunstancias excepcionales un menor extranjero no acompañado, tutelado por la administración
pública, cuando alcanza la mayoría de edad sin haber obtenido previamente la autorización de
residencia a pesar de cumplir los requisitos para ello?
a. Nunca si no ha obtenido autorización de residencia por circunstancias ordinarias previamente.
b. Durante los sesenta días naturales previos o en los noventa días naturales posteriores a la
fecha en que cumpla los dieciocho años.
c. Durante los noventa días naturales previos o posteriores a la fecha en que cumpla los
dieciocho años cuando acredite disponer de medios económicos suficientes para su
sostenimiento. d. Durante los noventa días naturales previos o en los sesenta días naturales posteriores a la
fecha en que cumpla los dieciocho años.
En los casos en que la difusión de información o la utilización de imágenes de un adolescente
mayor de doce años en los medios de comunicación pueda implicar una intromisión ilegítima en
su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, el ministerio fiscal sólo
deberá intervenir:
a. Cuando no exista consentimiento del adolescente ni de sus representantes legales.
b. Cuando no exista consentimiento del adolescente aunque lo haya de sus representantes
legales. c. Siempre, exista o no consentimiento del adolescente o de sus representantes legales.
d. A instancia del propio adolescente o de cualquier persona interesada, física o jurídica, o
entidad pública, pero nunca de oficio.
Según Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para
la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social, regula en la CAPV las diferentes
tipologías de programas, así como los diferentes tipos de estructuras residenciales e indica que:
a. Las Administraciones competentes en materia de protección deberán dotarse necesariamente
de programas específicos para la atención de madres adolescentes, procurando su atención
en centros específicos para la emancipación con una capacidad máxima de 8 plazas b. Para la atención de adolescentes con problemas de conducta mayores de 16 años, el Servicio
de Protección a la Infancia gestionará recursos residenciales cercanos a centros escolares que
potencien y garanticen la modificación de sus conductas hacia comportamientos más
adaptados
c. Se promoverán diferentes tipos de estructuras residenciales: Centros residenciales, con un
máximo de 24 plazas, Pisos de acogida, con una capacidad máxima de 10 plazas, Centros de
preparación a la emancipación, con una capacidad entre 9 y 30 plazas, y Pisos de
emancipación, con una capacidad máxima de 8 plazas. d. El plan educativo individualizado realizado por el personal educativo del recurso y
consensuado con el adolescente deberá incluir siguientes áreas: familiar, individual,
escolar/laboral, social, salud, comunitaria; Así como la designación de un educador o
educadora de referencia dentro del recurso de acogimiento residencial que cubra todas sus
necesidades emocionales y educativas.
Según el Decreto regulador de los recursos de acogimiento de año 2008, el programa
especializado de apoyo intensivo a adolescentes con graves problemas de conducta:
a. Se dirigirá a adolescentes de entre 14 y 18 años, cualquiera que sea su origen, que presenten
conductas particularmente disruptivas que hagan inviable su atención en el marco del
programa básico general b. Deberá prestarse en pisos que se dediquen exclusivamente a la prestación de servicios a ese
colectivo y que den la posibilidad de una vida integrada en la comunidad. c. Consistirá en una intervención de carácter intensivo e integral, de orientación socioeducativa
y/o terapéutica centrada primordialmente en el área personal, para promover la modificación
de actitudes y la adquisición de normas de convivencia que favorezcan su proceso de
socialización. Su intensidad y el tipo de recursos a aplicar se adecuarán a las necesidades y a
la gravedad de cada caso. Tendrá carácter temporal. d. En su artículo 101 establece que la medida de aislamiento, aplicable únicamente en el
marco del programa especializado de atención a adolescentes con graves problemas de
conducta y, en su caso, de los programas de acogida de urgencia, consistirá en la estancia de
la persona adolescente en una habitación específicamente destinada a la aplicación de esta
medida, de la que se impida su salida en un plazo no superior a 24 horas.
La Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, establece que:
a. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad
de estos, excepto cuando las autoridades competentes determinen de con-formidad con la ley
que tal separación es necesario en base al interés superior del niño.
b. Los Estados Partes garantizaran que en un proceso de adopción en otro país se realicen las
visitas oportunas al país de origen para obtener el asentimiento de los progenitores.
c. Los Estados Partes no otorgaran una protección especial a los niños considerados con
estatuto de refugiado.
d. Los Estados Partes reconocen el derecho de que un niño que se encuentra en internamiento
para su atención, protección o tratamiento de salud tenga una evaluación periódica judicial. .
Según se recoge en el Instrumento Balora, el inadecuado ejercicio por parte de los padres,
madres o personas que ejercen la tutela o guarda de los deberes de protección establecidos por la
guarda de las personas menores de edad, pudiendo provocar la privación de su necesaria
asistencia moral o materiales:
a. Siempre son competencia de los Servicios Territoriales (Diputaciones Forales).
b. Según su gravedad, estas situaciones pueden constituir: desprotección de gravedad
moderada o de gravedad elevada o muy elevada
c. Siempre supone la intervención de los Servicios Públicos de Salud
d. Según la edad de la persona menor de edad, estas situaciones pueden constituir:
desprotección de gravedad moderada o muy elevada.
Conforme al DECRETO 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y
obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad
Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas, la interposición de una queja:
a. Sustituye la vía procedimental de recurso administrativo.
b. Es una forma de participar directamente en el funcionamiento de los servicios al ser una
propuesta tendente a modificar algún aspecto de la dotación, de los procedimientos, de la
organización, del funcionamiento o de las prácticas profesionales de un servicio, con objeto de
mejorar la calidad del mismo.
c. Abre un plazo de 30 días hábiles para su tramitación por la unidad de atención a la persona
usuaria. d. Ninguna es correcta.
El ejercicio efectivo del derecho a la autonomía de las personas usuarias de los servicios sociales
implica:
a. Ser atendidas de forma individualizada y personalizada. b. Preservar su intimidad personal y relacional, sin que otras interfieran en las cuestiones que les
conciernen directa y exclusivamente. c. Acceder a una información completa, redactada de forma comprensible y, en su caso,
adaptada a sus necesidades especiales, acerca de todas las cuestiones que les puedan
afectar.
d. Todas son correcta.
2. Según la LEY 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la planificación
general y elaboración de normas y directrices generales en materia de igualdad de mujeres y
hombres, compete a:
a. Las Administraciones Forales.
b. La Administración de la Comunidad Autónoma.
c. La Administración de la Comunidad Autónoma y las Administraciones Forales.
d. La Administración de la Comunidad Autónoma, las Administraciones Forales y la
Administración Local.
Entre los principios rectores de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, se encuentra:
a. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de
información, atención y protección a las víctimas.
b. Formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre
hombres y mujeres
c. Asegurar una atención sociosanitaria integral a las mujeres víctimas de violencia de género.
d. Impulsar la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.
. El deber de confidencialidad en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, implica:
a. Tanto a las y los responsables y encargados del tratamiento de datos como a todas las
personas que intervengan en cualquier fase de este.
b. Su complementariedad con los deberes de secreto profesional de conformidad con su
normativa aplicable.
c. A y B son correctas.
d. Ninguna es correcta.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto:
a. Establecer los principios específicos relativos a la eliminación de los riesgos profesionales para
la protección de la seguridad y de la salud y la formación de los trabajadores en materia de
protección al usuario.
b. Establecer el derecho necesario máximo indisponible.
c. Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
d. Todas las respuestas son correctas.
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