1. El trabajo remunerado respecto a las personas condenadas a pena de prisión: a. Es un derecho de las mismas. b. Les sirve para redimir parte de la condena. c. Se deja a la voluntad de las propias afectadas. d. Nada de lo anterior es cierto.
2. La Constitución española sobre los partidos políticos señala explícita-
mente que debe ser democrático/a: a. Su creación. b. El ejercicio de su actividad. c. Su funcionamiento d. Su estructura externa.
3. El procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales ordinarios para recabar la tutela de las libertades y derechos constitucionales no se puede aplicar al siguiente derecho: a. De libre sindicación. b. A la inviolabilidad del domicilio. c. A la propiedad privada y a la herencia. d. De expresión. .
4. Es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, según la Constitución española, el siguiente: a. Igualdad. b. Seguridad jurídica. c. Legalidad. d. Jerarquía normativa.
5. Garantizar la soberanía e independencia de España se atribuye por la
Constitución española: a. A la Corona. b. Al Gobierno. c. Al Tribunal Constitucional. d. A las Fuerzas Armadas.
6. Los límites que la Constitución española impone a la creación y ejercicio de los sindicatos de trabajadores son: a. Ninguno, pues el derecho de sindicación es recogido por la misma. b. El respeto a la propia Constitución y a la Ley. c. Libertad y democracia. d. La defensa en exclusiva de los derechos de los trabajadores.
7. Según la Constitución española son fundamento del orden político y de
la paz social: a. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades. b. La garantía de la soberanía y de la independencia de España. c. La defensa de la integridad territorial española. d. El respeto a la ley y a los derechos de los demás.
8. Según se deriva de la Constitución Española, cuando una persona española se naturalice en un país iberoamericano: a. Tendrá doble nacionalidad. b. Pierde la nacionalidad española. c. Mantiene la nacionalidad española si el país en el que lo hace recono-
ce un derecho recíproco a sus ciudadanos. d. Deberá optar por una de las dos nacionalidades.
9. La Constitución española permite que se reconozca a los/las ciudadanos/as extranjeras el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones: a. Europeas. b. Generales. c. Autonómicas. d. Municipales.
10. El principio que, según la Constitución española, debe atenderse en materia de extradición es el de: a. Igualdad. b. Seguridad personal. c. Reciprocidad. d. Ninguno de los anteriores.
11. La Constitución española obliga a dar una comunicación previa a la autoridad con motivo del ejercicio del derecho de: a. Reunión en lugar público. b. Asociación. c. Creación de un partido político. d. Creación de una internacional sindical.
12. El Congreso de los Diputados, respecto al estado de alarma: a. Lo declara por mayoría simple. b. Autoriza su prórroga. c. Lo declara por mayoría absoluta. d. No tiene competencia alguna.
13. Las competencias de las Cortes Generales se atribuyen por: a. La Corona. b. El Gobierno. c. La Constitución exclusivamente. d. La Constitución y otras normas con rango de Ley Orgánica.
14. La validez de las actas y credenciales de los miembros de las dos Cámaras integrantes de las Cortes Generales está sometida, según la Constitución española, al control: a. Judicial. b. Del Tribunal Constitucional. c. De la Presidencia de las mismas.
d. De la persona titular de la institución del Defensor del Pueblo.
15. Puede decretarse la disolución del Senado, exclusivamente: a. Con autorización del Congreso de los Diputados. b. Por la Presidencia del Gobierno. c. Por la persona titular de la Corona, a propuesta de la Presidencia del
Gobierno. d. En ningún caso.
16. La iniciación de oficio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial: a. Sólo se permite en el procedimiento abreviado y por las causas en las
que se admite este procedimiento. b. No se admite en nuestro Derecho porque la Administración no puede
ir contra sus propios actos. c. Es perfectamente legal. d. Se reserva a los procedimientos de responsabilidad por funcionamien-
to de la Administración de Justicia.
17. Según la actual Constitución, ¿puede Navarra formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco? a. No b. Sí, tanto Navarra como el denominado País Vasco Francés. c. Sí, así lo permite también el Estatuto de Autonomía del País Vasco. d. Sí, pero sólo una porción del territorio de Navarra.
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18. El respeto por parte de una Administración Pública al ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias es una consecuencia del principio de: a. Lealtad institucional. b. Cooperación. c. Confianza legítima. d. Colaboración recíproca.
19. En sus relaciones con los/las ciudadanos/as, las Administraciones Públicas actúan de conformidad con el principio de: a. Transparencia. b. Lealtad institucional. c. Descentralización. d. Colaboración.
20. Los órganos de cooperación de las Administraciones Públicas de com-
posición multilateral y de ámbito sectorial que reúnen a miembros del Go-
bierno, en representación de la Administración General del Estado, y a
miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comisio-
nes Autónomas, se denominan: a. Comisiones Plurilaterales Sectoriales. b. Conferencias Sectoriales. c. Comisiones multilaterales Generales. d. Consorcios.
21. Cuando la gestión de un Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado y una Comunidad Autónoma haga necesario crear una organización común, ésta podrá adoptar la forma de: a. Agencia. b. Organismo autónomo. c. Sociedad mercantil. d. Conferencia Sectorial.
22. Como consecuencia de la celebración de un Convenio de Conferencia Sec-
torial, las Administraciones que lo celebran, respecto a sus competencias: a. Renuncian a las mismas. b. Las ceden al órgano que se cree. c. No renuncian a las mismas. d. Nada de lo expuesto es cierto.
23. El Senado, respecto a los Convenios de Conferencias Sectoriales: a. Los aprueba. b. Los refrenda. c. No tiene competencia alguna. d. Sólo les son comunicados.
24. Dentro de la clasificación doctrinal de los órganos administrativos, el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma es un órgano central: a. De competencia especial y activo. b. De competencia general y activo. c. De competencia general y consultivo. d. De competencia especial y consultivo.
25. Por la obligatoriedad de su existencia, tiene el carácter de órgano facultativo un/una: a. Secretaría de Estado. b. Ministerio. c. Consejería. d. Todos los anteriores son órganos obligatorios.
26. Según la ley de Procedimiento Administrativo Común no puede ser objeto de delegación una competencia relativa a: a. Materia tributaria. b. Recursos humanos. c. La adopción de disposiciones generales. d. Todas las anteriores pueden delegarse.
27. A efectos del recurso que se interponga contra la resolución de un procedimiento en el que se haya producido la avocación de las competencias, el acuerdo de avocación: a. No puede ser impugnado. b. Puede impugnarse en el recurso presentado contra la resolución. c. Queda suspendido mientras se sustancia el recurso. d. Nada de lo anterior es cierto.
28. Para su validez o eficacia, en su caso, no es necesaria la publicación de la: a. Encomienda de gestión. b. Delegación de competencias. c. Delegación de firma. d. Nada de lo anterior es correcto.
29. Se puede suscitar un conflicto de atribuciones entre órganos administrativos: a. De distintas Administraciones. b. Relacionados jerárquicamente. c. Sólo con motivo de la resolución de un recurso administrativo.
d. Sobre asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento,
siempre que los órganos sean de la misma Administración y no estén
relacionados jerárquicamente.
30. El recurso que puede interponerse contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación es el: a. De alzada ante el superior jerárquico del órgano recusado. b. Reposición ante el propio órgano recusado. c. Contencioso-Administrativo. d. Ninguno.
31. Según el Estatuto Básico del Empleado Público la actuación de un
funcionario que suponga discriminación de un ciudadano por razón de dis-
capacidad constituye: a. Un delito. b. Falta grave. c. Falta muy grave. d. Falta leve.
32. El derecho al uso privativo del dominio público, en una relación jurídi-
co-administrativa, forma parte de su: a. Objeto. b. Contenido. c. Causa. d. Fin.
33. Cuando la Administración ejerce el llamado ius variandi (derecho de
modificación) en un contrato administrativo, se dice que se modifica en
esa relación jurídico-administrativa su: a. Sujeto. b. Objeto. c. Contenido. d. Toda ella.
34. Para ser considerados como personas interesadas en un procedimien-
to, se exige la personación en el mismo en tanto no haya recaído resolución
definitiva respecto de: a. Aquellas personas cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos,
puedan resultar afectados por la resolución. b. La que los promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales o colectivos. c. Las que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos
que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se
adopte. d. Las que se encuentren en cualquiera de las circunstancias ante-
riores.
35. Si durante la tramitación de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte: a. Se les comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. b. Sólo hay obligación de notificarles la resolución que en él recaiga. c. Se procederá a la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial que
proceda recabando su personación en el procedimiento. d. Una vez personados, se reinicia el procedimiento.
36. La capacidad jurídica de las personas se obtiene: a. A la mayoría de edad. b. Por reconocimiento explícito de la Administración con la que se rela-
cionan. c. Cuando inicien cualquier relación con la Administración, por el hecho
de hacerlo. d. Desde el nacimiento, prácticamente.
37. Un menor incapacitado tiene capacidad de obrar ante la Administración Pública para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela: a. En todo caso. b. En ningún caso. c. Sólo cuando la extensión de la incapacidad no afecte al ejercicio y
defensa de tales derechos e intereses. d. Sólo cuando la Administración actuante expresamente se lo permita.
38. En un procedimiento administrativo no se exige la acreditación de la representación del interesado por parte de otra persona en el siguiente supuesto: a. Si se desiste en el procedimiento. b. Cuando entable un recurso. c. Cuando presenta la solicitud. d. En su intervención en un acto de mero trámite.
39. La subsanación de la falta de representación: a. Ha de efectuarse en el plazo de diez días concedido al efecto, como
regla general. b. Es inviable.
c. Provoca que se reanude la tramitación del procedimiento paralizado al
detectarse dicha falta de representación. d. Ha de efectuarla de oficio la Administración.
40. El derecho a conocer en cualquier momento el estado de tramitación
de un procedimiento y a obtener copias del mismo se reconoce a: a. Cualquier persona, por su condición de ciudadana. b. Sólo las personas interesadas en el mismo. c. Los ciudadanos en general, pero sin obtención de copias hasta la fina-
lización del procedimiento. d. Nadie.
41. La determinación de los órganos administrativos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos debe efectuarse por: a. Ley. b. El superior jerárquico de cada órgano. c. Norma reglamentaria de la Administración de que se trate.
d. Un acto administrativo concreto y específico para cada caso.
42. En un procedimiento sancionador, hay obligación de notificar y acom-
pañar a la notificación una relación de los documentos obrantes en el pro-
cedimiento para que las personas interesadas puedan obtener copias de
los que estimen conveniente, en el siguiente trámite:
a.
a. Al notificarse la iniciación del procedimiento. b. Antes de efectuarse la propuesta de resolución. c. Cuando se notifica la propuesta de resolución. d. Cuando se notifique la apertura de un período de prueb.
43. Los defectos de tramitación en un procedimiento pueden ser alegados
por las personas interesadas: a. En todo momento. b. En el trámite de alegaciones sólo. c. A lo largo del procedimiento pero antes de la propuesta de resolución. d. Sólo con motivo de la interposición de un recurso contra la resolución
en su caso dictada.
44. No es necesario que figure en una citación de una comparecencia de
una persona ante la Administración: a. Su objeto. b. Los efectos de no atenderla. c. El lugar, fecha y hora. d. La norma en la que se basa la Administración para exigir dicha com-
parecencia.
45. Se rige por sus normas específicas el derecho de los ciudadanos de
acceso a los siguientes archivos o expedientes: a. Los que contengan información sobre la Defensa Nacional. b. Los relativos a materias protegidas por el secreto comercial. c. Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política
monetaria. d. Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del
ámbito de la función estadística pública.
46. El acuerdo de iniciación de un procedimiento abreviado en materia de
responsabilidad: a. Se deja a la voluntad de la persona afectada. b. Se efectúa siempre de oficio. c. Se realiza cuando se opte por no iniciar el procedimiento general. d. Ha de ser refrendado por la persona afectada.
47. Si se procede a notificar un acto administrativo en el domicilio de la persona interesada, estando ella ausente, y no quiere hacerse cargo de la notificación otra persona que se encuentre en el mismo que no sea tampoco su representante: a. Se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, ha-
ciéndose constar en el expediente esta incidencia. b. Se intentará notificar dos veces más dentro del plazo de los tres días
siguientes. c. Se procederá a publicar el acto en el Boletín Oficial que corresponda. d. Nada de lo expuesto es correcto.
48. La convocatoria de unas oposiciones es un ejemplo de acto: a. Simple y singular. b. Complejo y general. c. Presunto y general. d. Simple y general.
49. El control de los hechos determinantes del acto administrativo es un mecanismo típico de fiscalización respecto de los actos: a. De trámite. b. Reglados. c. Discrecionales. d. De todo tipo.
50. Comporta la nulidad absoluta del acto administrativo que se dicte el hecho de incurrir en un supuesto de incompetencia: a. Territorial. b. Jerárquica. c. Ilegal y jerárquica. d. En ninguno de los anteriores supuestos se incurre en ella.
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