Inmigración y extranjería 12

Abdul M., de origen maliense y nacionalidad española por residencia, tiene seis hijos, tres de ellos menores de edad. Los menores residen con su madre en Bamako (Mali). ¿Tienen derecho a la opción por la nacionalidad española?. a) Sí, porque están sujetos a la patria potestad de un español. b) No, porque el ejercicio del derecho de opción está condicionado a la residencia en España. c) No, porque Abdul es español no de origen.

Para que un extranjero pueda acceder a la pensión de invalidez no contributiva del Sistema de la Seguridad Social, se ha de encontrar en situación de: a) estancia. b) residencia temporal. c) residencia de larga duración.

El envío de dinero por un camerunés, residente en España, a su país sin comunicárselo a la Administración: a) constituye un delito. b) constituye un delito a partir de una determinada cantidad. c) no constituye un delito.

Para que las conductas de fomento, promoción o incitación recogidas en los delitos de odio del art. 510 CP sean consideradas delictivas: a) han de estar dirigidas a fomentar, promover o incitar a la comisión de delitos. b) basta con que estén dirigidas a fomentar, promover o incitar a la comisión de un ilícito administrativo. c) basta con que consistan en el fomento, promoción o incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia, sin que sea necesario que dichos sentimientos -odio, hostilidad- o conductas sean constitutivos de delito o infracción administrativa.

Hafida M. es una menor extranjera nacida en España. Su padre, de nacionalidad marroquí, tiene autorización de residencia de larga duración. Su madre, también marroquí, tiene autorización de residencia por reagrupación familiar. ¿Qué autorización de residencia obtendrá esta menor?. a) Una autorización de residencia temporal por arraigo familiar. b) La misma autorización de residencia de la que sea titular cualquiera de sus progenitores. c) Ninguna de las anteriores es correcta, porque Hafida es española por nacimiento en España.

22.- Según dispone expresamente la LOEx, las ofertas de empleo realizadas a través del procedimiento de gestión colectiva de contrataciones en origen, se orientarán preferentemente hacia: a) sectores especialmente necesitados de ocupación. b) empresas destinatarias de subvenciones públicas establecidas al efecto. c) países con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios.

Un demandante de asilo o de protección internacional al que le es denegada la admisión a trámite de la protección solicitada, podría obtener una autorización temporal de estancia o residencia en España por: a) razones humanitarias. b) arraigo social. c) seguridad internacional.

25.- Fátima Patricia A. N. es expulsada como consecuencia de la sustitución de una pena de prisión y antes de cumplir el plazo establecido es sorprendida en la frontera intentando entrar en territorio español. ¿Cuál será la consecuencia de dicho quebrantamiento?. a) Implicará una nueva expulsión cuyo plazo comenzará a contar de nuevo en su integridad. b) Implicará una nueva expulsión, descontándose en el cálculo de su duración el tiempo ya transcurrido fuera de España. c) La autoridad de fronteras deberá admitir su entrada en España para cumplir la pena sustituida en su integridad.

Los extranjeros mayores de ......... años precisarán, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar. a) 14. b) 16. c) 18.

Según el texto básico recomendado, si la trata de seres humanos supone a la vez la realización de alguno de los delitos contra el interés de Estado en el control de los flujos migratorios, se deberá penar: a) por ambas infracciones, siguiendo las reglas del concurso ideal de delitos. b) exclusivamente por el delito de trata de seres humanos, que consumirá a los delitos contra el interés del Estado en el control de los flujos migratorios. c) exclusivamente por los delitos contra el interés del Estado en el control de los flujos migratorios, que consumirán al delito de trata de seres humanos.

Para la delimitación del alcance y contenido de los derechos de los inmigrantes en España, habrá que considerar: a) El contenido regulado en la L.O. 4/2000 en materia de derechos y libertades con sus diversas modificaciones. b) El contenido de los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales válidamente celebrados por España en materia de derechos y libertades. c) El contenido de los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales válidamente celebrados por España en materia de derechos y libertades, y publicados en el BOE, puesto que es en ese momento cuando forman parte del ordenamiento jurídico español.

Según el modelo considerado correcto en el texto básico recomendado, los tipos básicos de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, regulados en el art. 318 bis CP protegen: a) un doble bien jurídico, los derechos fundamentales de los ciudadanos extranjeros y el interés del Estado en el control de los flujos migratorios. b) un único bien jurídico, los derechos fundamentales de los ciudadanos extranjeros. c) un único bien jurídico, el interés del Estado en el control de los flujos migratorios.

6.- Para la delimitación del alcance y contenido de los derechos de los inmigrantes en España, habrá que considerar: a) El contenido regulado en la L.O. 4/2000 en materia de derechos y libertades con sus diversas modificaciones. b) El contenido de los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales válidamente celebrados por España en materia de derechos y libertades. c) El contenido de los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales válidamente celebrados por España en materia de derechos y libertades, y publicados en el BOE, puesto que es en ese momento cuando forman parte del ordenamiento jurídico español.

En el procedimiento de concesión inicial de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, se tiene en cuenta la situación nacional de empleo: ¿Quién determina esta situación?. a) El Servicio Público de Empleo Estatal. b) El Servicio Público de Empleo de las Comunidades Autónomas. c) La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

Señale la OPCIÓN INCORRECTA: La denegación de entrada en España es un acto administrativo que: a) exige la tramitación un expediente administrativo de expulsión. b) no lleva aparejada una prohibición de entrada futura en España. c) implica el regreso inmediato del extranjero a su lugar de origen, salvo que se dicte una medida cautelarísima de suspensión.

El visado de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios habilita para la entrada y estancia por un periodo máximo de tres meses y para el comienzo, durante los ......... meses posteriores a la fecha de entrada legal en España, de la actividad laboral en relación con la cual hubiera sido autorizado el extranjero. a) 3. b) 5. c) 6.

Los delitos de denegación de prestaciones por motivos discriminatorios de los arts. 511 y sig. CP se caracterizan por poderse realizar: a) tanto dolosa como imprudentemente. b) únicamente dolosamente, bastando con que el autor conozca la concurrencia de los elementos objetivos del tipo y actúe con la voluntad de realizarlos. c) únicamente dolosamente pero, además de que el autor conozca la concurrencia de los elementos objetivos del tipo y actúe con la voluntad de realizarlos, es preciso que concurra un ulterior elemento subjetivo: el ánimo discriminatorio.

Beneficiarios de las prestaciones de modalidad contributiva del Sistema de la Seguridad Social son los extranjeros que ........., siempre que ejerzan su actividad en territorio nacional. a) residan en España. b) se encuentren legalmente en España. c) residan o se encuentren legalmente en España.

Con respecto a la naturaleza de la sustitución de penas y medidas de seguridad a ciudadanos extranjeros no residentes legalmente en España por la expulsión ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a) Se trata de una consecuencia jurídica del delito que no aparece regulada en nuestro sistema penal, aunque sí en los de otros Estados de nuestro entorno. b) Se trata de una institución que posibilita alcanzar los objetivos de penas y medidas de seguridad con especial incidencia en la prevención general. c) Se trata de una consecuencia jurídica del delito de naturaleza sui generis, cuya aplicación se asienta tan solo en razones de conveniencia enraizadas en la idea del control de los flujos migratorios.

19.- Derecho Administrativo sancionador en el orden social. Para la determinación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en cuenta: a) el grado de culpabilidad. b) el daño producido. c) la capacidad económica del infractor.

Cuando la entrada de un ciudadano extranjero en territorio español se realiza con la finalidad de su explotación sexual y no concurre el consentimiento o se da un consentimiento viciado de la persona objeto de la misma, estamos ante un supuesto de: a) ayuda a la inmigración clandestina. b) tráfico de personas. c) trata de seres humanos.

En un procedimiento ADMINISTRATIVO, la resolución que acuerde la expulsión de un extranjero del territorio español conlleva la prohibición de entrada: a) por un periodo no superior a tres años. b) por hasta un máximo de diez años en determinados supuestos. c) No conlleva prohibición de entrada.

La expulsión como sustitutivo de medidas de seguridad y reinserción social puede aplicarse: a) únicamente a los ciudadanos extranjeros no residentes legalmente en territorio español. a) a cualquier ciudadano extranjero que cumpla los requisitos establecidos. b) tanto a ciudadanos españoles como extranjeros siempre que concurran los requisitos establecidos.

El derecho a entrar en España del artículo 19 CE: a) Se garantiza a toda persona sin distinción de nacionalidad. b) Tan solo es predicable respecto de los españoles. c) Los extranjeros pueden exigirlo mediante recurso ante el cónsul español.

El hecho de que una autoridad, agente de esta o funcionario público se prevalga de su condición para cometer un delito de trata de seres humanos: a) Supone la aplicación de la agravación de la pena basada en el mayor desvalor de lo justo. b) Supone la aplicación de una atenuación de la pena basada en la menor reprochabilidad de la conducta. c) No supone agravación ni atenuación alguna tras la reforma de delita de trata de seres humanos por LO 1/2015.