Inmobiliario propuesta modelo A

1. La Ley del 56 tenía como principales pilares los siguientes: A. Es una función pública limitadora del concepto y contenido de la propiedad. B. Es una función privada ejercida por empresas privadas. C. Es una función pública que solo puede ejecutar el sector privado. D. Es tanto una función pública como una función privada cuyo contenido se desarrolla en el Plan General de Ordenación Urbana para la gestión de los intereses privados de los propietarios.

2. Las aportaciones del Texto Refundido del 76 a la Ley del 56 son: A. Intentó endurecer la tramitación de los planes, estableció criterios formales en cumplimiento de objetivos y calidad del plan, profundizó en la participación de la comunidad en las plusvalías a través de las cesiones gratuitas y disminuyendo la disciplina urbanística. B. Intentó flexibilizar la tramitación de los planes, estableció criterios materiales en cumplimiento de objetivos y calidad del plan, profundizó en la participación de la comunidad en las plusvalías a través de las cesiones gratuitas y mejora los mecanismos de equidistribución. C. Intentó flexibilizar la tramitación de la disciplina urbanística, estableció criterios materiales en cumplimiento de planes y programas, profundizó en la participación de la comunidad en las plusvalías impidiendo las cesiones gratuitas y mejora los mecanismos de equidistribución. D. Intentó flexibilizar la tramitación de los planes, estableció criterios materiales en cumplimiento de objetivos y calidad del plan, profundizó en la participación de la comunidad en las plusvalías a través de la disciplina urbanística y elimina los mecanismos de equidistribución.

3. La promulgación de la Constitución Española de 1978 condicionó el modelo de legislación urbanística con la regulación de: A. Artículo 33, 47, 45 y 46 de las Leyes Fundamentales del Estado. B. Artículos 1, 33, 45 y 52 de la Constitución. C. Artículos 33, 47, 45 y 46 de la Constitución. D. La Constitución no regula el Urbanismo, es competencia Autonómica.

4. La sentencia del TC 61/97, de 20 de marzo, subrayó las siguientes notas al respecto de esta cláusula competencial: A. El Estado tiene competencia para regular criterios básicos para el ejercicio de la propiedad sin regular procedimientos o técnicas urbanísticas. B. El Estado es competente para regular procedimientos y técnicas urbanísticas. C. El Estado tiene competencia para regular aspectos urbanísticos que afectan al derecho de propiedad tales como la clasificación del suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable. D. Las Comunidades Autónomas tienen la competencia absoluta en la regulación urbanística que abarca los criterios básicos para el ejercicio de la propiedad, impidiendo al Estado inmiscuirse en tales cuestiones.

5. Los Ayuntamientos conservan competencias para: A. Aprobar leyes urbanísticas que amparan su actuación. B. Regular el derecho de propiedad de los titulares de terrenos. C. Establecer criterios de valoración del suelo a efectos de expropiaciones. D. Proponer y aprobar (provisionalmente) el Plan. General, así como el planeamiento de desarrollo, los actos de gestión urbanística y tienen la potestad sancionadora y disciplinaria urbanística.

6. ¿Cuál de las siguientes actuaciones constituye una manifestación de la competencia estatal del artículo 149.1.13ª CE en materia urbanística según la jurisprudencia constitucional?. A. La potestad de imponer estándares urbanísticos mínimos vinculantes. B. La determinación del porcentaje de edificabilidad mínima destinado a vivienda protegida. C. La regulación del procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas. D. La fijación del régimen de clasificación del suelo urbano consolidado.

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión el régimen de valoraciones del TRLS 2015 para el suelo rural ?. A. Debe valorarse aplicando el método de comparación con fincas semejantes, salvo inexistencia de muestras. B. Se valora mediante el método de capitalización de rendimientos, quedando prohibida la incorporación de expectativas urbanísticas. C. Puede valorarse mediante el método residual estático siempre que exista posibilidad futura de transformación. D. Se valora atendiendo exclusivamente al valor fiscal actualizado del aprovechamiento urbanístico previsto.

8. ¿En cuál de los siguientes supuestos procede la declaración de ruina según el TRLS y el TR del 76?. A. Cuando el edificio no dispone de licencia de primera ocupación. B. Cuando el coste de reparación supera el 50 % del valor actual del edificio o plantas afectadas. C. Cuando el propietario opte voluntariamente por la demolición. D. Cuando el inmueble no cumpla las condiciones de accesibilidad universal.

9. ¿Qué carácter tiene la actividad urbanística según la normativa estatal?. A. Es una actividad privada dependiente de la voluntad del propietario. B. Es una función pública orientada al interés general. C. Es una competencia exclusiva estatal. D. Es una actividad económica liberalizada.

10. Un acto urbanístico puede acceder al Registro cuando: A. Afecta a la situación jurídica de una finca. B. Se refiere únicamente a terrenos rústicos. C. Sea una simple propuesta sin aprobación. D. No implique modificación alguna.

11. Un acto urbanístico puede inscribirse en el Registro de la Propiedad cuando: A. No tenga efectos sobre ninguna finca. B. Sea simplemente una comunicación entre particulares. C. Afecte a la titularidad, descripción o derechos de una finca. D. Sea un contrato verbal sin documento.

12. Un fin esencial del urbanismo es: A. Fomentar la especulación del suelo. B. Permitir la expansión ilimitada del suelo urbano. C. Evitar la irradiación arbitraria y desordenada de los núcleos urbanos. D. Garantizar la edificabilidad máxima posible.

13. Un objetivo esencial de la ordenación territorial es: A. Crear suelos exclusivamente para actividades privadas. B. Articular el territorio mediante yuxtaposición espontánea de actuaciones. C. Conseguir un desarrollo territorial equilibrado y sostenible. D. Limitar el crecimiento demográfico de los municipios.

14. Una entidad de conservación se encarga de: A. Diseñar el plan general municipal. B. Mantener las obras de urbanización recepcionadas. C. Emitir licencias de obra. D. Gestionar las reparcelaciones.

15. Para la inscripción de transferencias del aprovechamiento urbanístico (art. 33 RIANU), se requiere: A. Documento privado firmado por los titulares. B. Escritura pública otorgada por los titulares afectados y por los titulares de derechos inscritos sobre las fincas. C. Un acuerdo administrativo posterior a la transmisión. D. La aprobación del Registrador sin título público.

16. Para inscribir una segregación o división de terreno, el Registro debe comprobar: A. Que exista licencia o que el Ayuntamiento declare que no es necesaria. B. Que la finca tenga más de 1.000 m². C. Que el terreno tenga más de diez años. D. Que el propietario haya presentado un plano manuscrito.

17. Para inscribir una obra nueva terminada, se exige: A. Una declaración del promotor sin más documentos. B. Un certificado técnico que confirme que la obra está finalizada correctamente. C. Una nota simple del Registro. D. Una autorización de los vecinos colindantes.

18. Para inscribir un proyecto de equidistribución, normalmente se necesita: A. Un documento privado firmado por los propietarios. B. Un informe voluntario del catastro. C. Un título público que recoja la aprobación del proyecto. D. Un contrato de arrendamiento.

19. Los propietarios incluidos en un ámbito urbanizable deben: A. Conservar el suelo sin intervenir. B. Cumplir los deberes de cesión y urbanización. C. Solicitar licencia de edificación sin más obligaciones. D. Únicamente pagar las tasas municipales.

20. Los Programas de Actuación Urbanística (PAU), tal como fueron concebidos en la LS de 1976, tenían como finalidad principal: A. Ordenar íntegramente el suelo urbano consolidado. B. Establecer la ordenación pormenorizada en suelo urbanizable programado. C. Fijar las bases de programación y la ordenación estructural en suelo urbanizable no programado. D. Sustituir a los Planes Especiales en actuaciones de reforma interior.

21. Los Estudios de Detalle tienen por objeto: A. Clasificar el suelo como urbano o urbanizable. B. Ajustar alineaciones y volúmenes sin modificar la ordenación estructural. C. Aprobar proyectos de reparcelación. D. Determinar los sistemas generales del municipio.

22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza correctamente el sistema de cooperación?. A. La Administración ejecuta las obras, pero no puede repercutir su coste a los propietarios. B. Los propietarios integran obligatoriamente una Junta de Compensación con potestades públicas. C. La Administración promueve y aprueba tanto el Proyecto de Reparcelación como el de Urbanización. D. El sistema exige que al menos el 60 % de los propietarios apoyen el inicio del procedimiento.

23. El IBI es un impuesto: A. Estatal sobre el incremento de valor del suelo. B. Local y directo que grava la titularidad de derechos sobre inmuebles. C. Municipal pero indirecto sobre consumos inmobiliarios. D. Regional y cedido a los municipios.

24. El ICIO grava: A. Las transmisiones onerosas de inmuebles. B. La realización de cualquier obra que requiera licencia urbanística. C. La primera transmisión de edificaciones. D. Únicamente obras de urbanización promovidas por entes públicos.

25. Entre los efectos jurídico-reales de la reparcelación se encuentra: A. La fijación del justiprecio en caso de expropiación. B. La subrogación real entre parcelas antiguas y nuevas. C. La compensación económica entre propietarios sin redistribución física. D. La aprobación de las obras de urbanización.