JUNIO 2019 (2a SEMANA). MODELO A.

¿Pueden las Administraciones Públicas utilizar o formar parte de relaciones jurídicas reguladas por normas no administrativas?: No es posible, ya que el Derecho Administrativo es un Derecho estatutario, el Derecho de las Administraciones Públicas. No es posible, porque normas del Derecho privado que regulan la propiedad y las obligaciones y contratos sólo afectan a las personas físicas, y nunca a las Administraciones Públicas. Sí, es posible. Y esto no es incompatible con la calificación del Derecho Administrativo como un Derecho estatutario, como el Derecho de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, la delimitación de las competencias de la Unión Europea se rige, básicamente, por: el principio de atribución y su ejercicio por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. el principio de atribución y su ejercicio, única y exclusivamente, por el principio de subsidiariedad. el principio de atribución y su ejercicio, única y exclusivamente, por el principio de proporcionalidad.

Los reglamentos independientes son aquellos que regulan materias,. que están reservadas, según nuestra Constitución, formal o materialmente al rango reglamentario y, por ello, deben ser objeto de regulación reglamentaria. que están reservadas, según nuestra Constitución, formal o materialmente al rango reglamentario o en las no se ha producido una previa regulación por ley (reserva material). en las que no se ha producido una previa regulación por ley (reserva formal) ni estén protegidas por la reserva material de Ley, que, en general, y al margen de otros supuestos puntuales, veda toda intromisión de la potestad reglamentaria en la propiedad y libertad de los ciudadanos.

De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, el Estado podrá dictar leyes que establezcan principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas: aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general, debiendo dichas leyes ser aprobadas por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general, debiendo dichas leyes ser aprobadas por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.

De acuerdo con lo previsto en la Ley del Gobierno (modificada en este punto por la Ley 40/2015), "sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia", con carácter general,. a los seis meses de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. al año de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puede afirmarse, con carácter general, que las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general: necesariamente darán lugar a ineficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales. no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, ya sean dichas sentencias o actos administrativos firmes o no. no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales.

La posibilidad de crear organizaciones especializadas, personificadas, de carácter instrumental, con arreglo al Derecho Público o Privado, para atender la realización de necesidades o servicios específicos dentro de sus competencias: sólo corresponde al Estado. sólo corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas. corresponde Estado y a las Comunidades Autónomas, y también a los municipios y provincias.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas: al ejercicio de la potestad sancionadora. a la adopción de disposiciones de carácter general. al ejercicio de la potestad sancionadora y a la adopción de disposiciones de carácter general.

La resolución de los conflictos que enfrentan al Estado o Comunidades Autónomas con las Entidades Locales con ocasión de disposiciones generales [de rango reglamentario] o actos administrativos que se considera lesionan la autonomía local corresponde: a la jurisdicción contencioso-administrativa. al Tribunal Constitucional. al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, "la participación de una Administración Pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente",. es siempre una técnica de coordinación forzosa. es una técnica de colaboración. es una técnica de cooperación.

De acuerdo con la Ley 40/2015, las Subsecretarías se crean, modifican y suprimen: por Real Decreto del Consejo de Ministros. por Real Decreto del Presidente del Gobierno. por Ley.

Conforme la Ley del Gobierno, el Gobierno en funciones,. Podrá presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados. No podrá presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados. No podrá presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados, pero sí aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución: corresponderán a las Comunidades Autónomas. podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos, y a las Entidades Locales, en virtud de su Reglamento Orgánico.

En relación con los municipios, la Constitución: niega la autonomía de los municipios, así como su personalidad jurídica, y los sujeta a la tutela del Estado. niega la autonomía de los municipios y los sujeta a la tutela de las Comunidades Autónomas, aunque dispone que estos gozarán de personalidad jurídica plena. garantiza la autonomía de los municipios y dispone que estos gozarán de personalidad jurídica plena.

De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, en el régimen de Concejo Abierto: el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los concejales. el gobierno y la administración municipales, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.

Las competencias de los municipios: están establecidas en la Constitución. no están establecidas en la Constitución, sino que se establecen de forma completa y acabada por la Ley de Bases de Régimen Local. no están establecidas en la Constitución, ni tampoco se establecen de forma completa y acabada en la Ley de Bases de Régimen Local.

Los miembros de las corporaciones locales que hubieran votado en contra de los actos y acuerdos de la corporación, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local,. están legitimados para impugnar dichos actos o acuerdos. no están legitimados para impugnarlos, porque ello supondría una excepción al principio de que las minorías deben acatar los acuerdos de las mayorías. no están legitimados para impugnarlos, aunque pueden exigir responsabilidad patrimonial a la corporación.

¿Pueden las entidades públicas empresariales de ámbito estatal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, financiarse con los recursos económicos que provengan de las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado?. No, porque las entidades públicas empresariales se financian única y exclusivamente con ingresos de mercado. Sí, excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación. Sí, siempre, porque las entidades públicas empresariales se financian única y exclusivamente con cargo a recursos económicos provenientes del sector público.

La Administración Corporativa (por ejemplo, un Colegio Profesional), ¿dicta actos sometidos al enjuiciamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa?. Sí, pues el enjuiciamiento de todos sus actos se somete a la jurisdicción contencioso-administrativa. No, porque el enjuiciamiento de todos sus actos se somete a la jurisdicción civil. Sí, el enjuiciamiento de algunos de sus actos se somete a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cuando en una resolución se hace constar la frase "oído el Consejo de Estado”, quiere decirse que: en la resolución se ha seguido la opinión del Consejo de Estado. en la resolución no se ha seguido la opinión del Consejo de Estado. únicamente quiere decirse que se ha solicitado dictamen al Consejo de Estado antes de su aprobación.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, el plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal que aprueba la Diputación o entidad equivalente podrá financiarse: exclusivamente con medios propios de la Diputación o entidad equivalente. con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, y excepcionalmente con aportaciones municipales. con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015 en relación con los consorcios, el ejercicio del derecho de separación de un consorcio: produce siempre la disolución del consorcio. no produce la disolución del consorcio que continua, sin más requisitos, con el resto de sus miembros. produce la disolución del consorcio, aunque no siempre, pues la Ley 40/2015 contempla la una excepción con determinados requisitos.