El orden jurisdiccional contencioso-administrativo es una garantía judicial específica de la protección de los derechos de la Administración frente a la actuación del ciudadano y de la conformidad de su actuar a la ley y al derecho. la protección de los derechos del ciudadano frente a la actuación de los poderes públicos y de la conformidad de su actuar a la ley y al derecho. la protección de los derechos del ciudadano frente a la actuación de los poderes públicos y de la conformidad de su actuar a los reglamentos. la protección de los derechos de la Administración frente a la actuación del ciudadano y de la conformidad de su actuar a los reglamentos. El control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa se realiza: a través de los juzgados y tribunales determinados reglamentariamente. a través del Gobierno. a través de las administraciones determinadas en la Constitución. a través de los juzgados y tribunales determinados en la ley. La jurisdicción contencioso-administrativa consta de los siguientes tipos de órganos: por su ámbito territorial: 3 de ámbito estatal y 2 de ámbito inferior.
por su composición: 3 de naturaleza colegiada y 2 unipersonales. por su ámbito territorial: 2 de ámbito estatal y 3 de ámbito inferior.
por su composición: 2 de naturaleza colegiada y 3 unipersonales. ambas son correctas. ninguna es correcta. El sistema de control de la actuación administrativa es: judicial ordinario especializado todas son correctas. Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujeta al derecho administrativo. las disposiciones generales de rango inferior a la ley. los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. todas son correctas. Los juzgados de lo contencioso administrativo conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos: De las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. Que tengan por objeto materias de personal en actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado. Contra los actos de órganos centrales de la Administración General del Estado. de la Administración de las Comunidades Autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto cuestiones de personal (salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera); sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60 000 euros y cese de actividad que no excedan de 6 meses; reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30 050 euros. que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político. de la Administración Periférica del Estado y de las Comunidades Autónomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por aquéllos en vía de recurso, fiscalización o tutela. Los juzgados de lo contencioso-administrativo conocerán: De todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración Periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. De las impugnaciones contra actos de las juntas electorales de la zona, candidaturas y candidatos. De las autorizaciones para la entrada en domicilios, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo medidas de protección de menores. Todas son correctas. Los juzgados centrales de los contencioso-administrativo conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto: En única instancia, de las resoluciones dictadas por los tribunales administrativos territoriales de recursos contractuales. En única instancia, de los actos y disposiciones de juntas electorales provinciales y de Comunidades Autónomas. En única o primera instancia, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los ministros y secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de
30 050 euros. En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político. En única o primera instancia, de las resoluciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva. Las Salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán: En única instancia, de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas del Gobierno. En única instancia, de las disposiciones generales de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales. En única instancia, de los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. En única instancia, de los convenios entre administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los juzgados de lo contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja. De la casación y revisión contra sentencias firmes de los contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocerá: En única instancia, de los actos y disposiciones del personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo. De la revisión contra sentencias firmes de las salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. En única instancia, de los actos y disposiciones de los Ministros y Secretarios de Estado en general y cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio en funcionarios de carrera. De los recursos de casación de cualquier modalidad, y recursos de queja. Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de enjuiciamiento civil (los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles). Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación no les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomas, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones, en todo caso. Todas son correctas. La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa su declaración de lesividad para un interés particular. posteriormente deberá declararse su lesividad para el interés público. previa su declaración de lesividad para el interés público. posteriormente deberá declararse su lesividad para un interés particular. Legitimación para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres: además de los afectados, estarán legitimados los familiares de primer grado, sin necesidad de autorización. además de los afectados, estarán legitimados los sindicatos y asociaciones legalmente constituidas, sin necesidad de autorización. solamente estarán legitimados los afectados. además de los afectados y siempre con su autorización, estarán legitimados los sindicatos y asociaciones legalmente constituidas. En casos de acosos sexual y acoso por razón de sexo: ninguna es correcta. estarán legitimados, además de los afectados y siempre con autorización, los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad. la única legitimada será la persona acosada. estarán legitimados, además de los afectados y siempre con su autorización, los sindicatos y asociaciones legalmente constituidas. Son motivos de interposición del recurso de casación (señala la INCORRECTA): El abuso de la jurisdicción, solamente por exceso. La incompetencia o inadecuación del procedimiento. La infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia. El quebrantamiento de las normas esenciales del juicio. Las sentencias dictadas en única instancia por______________ y por _____________ serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. -Los juzgados de lo contencioso-administrativo.
-Los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo. -la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
-las Salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Todas son correctas. Ninguna es correcta.
