En cuanto a la estructura y al contenido de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señale la respuesta correcta: La citada Ley tiene un total de 41 artículos repartidos a lo largo de cuatro Títulos. El ámbito subjetivo de aplicación se recoge en el Título Preliminar. Dedica el Capítulo II del Título I a regular la publicidad activa. Todas las anteriores son correctas.
Entre el ámbito subjetivo de aplicación previsto en el artículo 2 de la Ley 19/2013 no se encuentra/n: La Casa de su Majestad el Rey. El Defensor del Pueblo. Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
El artículo 3 de la Ley 19/2013, que regula otros sujetos obligados; en el cual se establece que las disposiciones del Capítulo II del Título I (arts. 5 a 11) serán aplicables a: Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50% del total de -sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 120.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.
En relación a la Información económica, presupuestaria y estadística, el artículo 8 de la Ley 19/2013 cuando hace referencia a la publicación de la información relativa a los contratos menores establece que: Podrá realizarse semestralmente. Podrá realizarse trimestralmente. Podrá realizarse anualmente. No deberá publicarse la información relativa a los contratos menores.
Conforme la Ley 19/2013. la Administración General del Estado desarrollará un Portal de Transparencia dependiente de: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (actual Ministerio de Hacienda y Función Pública). Ministerio de la Presidencia (actual Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales). La Comisión Delegada del Gobierno creada al efecto.
Al hablar de los principios técnicos dentro de la publicidad activa aludimos a que se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. Ello responde, conforme a la Ley 19/2013, al principio de: Reutilización. Accesibilidad. Interoperabilidad. Ninguno de los principios anteriores.
En relación a la solicitud de acceso a la información a que alude la Ley 19/2013: El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá directamente a estas. El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a información. La ausencia de motivación será por si sola causa de rechazo de la misma. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, este debe informar al solicitante de esta circunstancia para que la remita al competente. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
En relación a la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información de la Ley 19/2013: Debe notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Debe notificarse al solicitante y a todos los terceros afectados en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Debe notificarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la solicitud con independencia de la fecha de recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. El plazo de un mes para resolver podrá ampliarse por otro mes en el caso de que la naturaleza de la información que se solicita así lo haga necesario.
Frente a las resoluciones en materia de acceso a la información podrá interponerse una reclamación potestativa y previa a la impugnación en vía contenciosa-administrativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será conforme la Ley 19/2013: 1 mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá estimada. 1 mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. 3 meses, transcurrido el. cual la reclamación se entenderá desestimada. 3 mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá estimada.
En cuanto a las infracciones disciplinarias recogidas en el artículo 29 de la Ley 19/2013, se considera infracción muy grave: Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, minusvalía, edad u orientación sexual: lengua. opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso pm razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, minusvalía, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio muy grave a la Administración o a los ciudadanos. La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por 2 infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa. Todas las respuestas anteriores constituyen faltas muy graves.
Conforme la Ley 19/2013 los sancionados por la comisión de infracciones muy graves serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de: Entre 1 y 5 años. Entre 5 y 10 años. Entre 3 y 10 años. Entre 1 y 3 años.
Cuando el Alto Cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el órgano competente para instruir el correspondiente procedimiento sancionador será conforme la Ley 19/2013: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. La Oficina de Conflictos de Intereses. Ninguno de los anteriores.
El plazo de prescripción de las infracciones será conforme la Ley 19/2013: 3 años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. 5 años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. 5 años para las muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. 3 años para las muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves.
A la luz de la Ley 19/2013 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no está compuesto por alguno de los siguientes órganos: Presidente. Vicepresidente. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Todos los anteriores componen el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
A la luz de la Ley 19/2013 la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convoca.ni n los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella. hallan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias: Al menos dos veces al año. Al menos una vez al año y cuando, de forma extraordinaria, así lo decida el Presidente. Al menos una vez al año, y cuando, de forma extraordinaria, así lo decidan la mayoría de sus miembros. Al menos una vez al año.
Según la Ley 19/2013 el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Será nombrado por un período no renovable de 5 años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (actual Ministerio de Hacienda y Función Pública). Será nombrado por un período renovable de 5 años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (actual Ministerio de Hacienda y Función Pública). Será nombrado por un periodo no renovable de 5 años mediante Orden Ministerial, a propuesta del titular del Ministerio de Presidencia (actual Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales). Será nombrado por un período no renovable de 4 años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (actual Ministerio de Hacienda y Función Pública).
Para la consecución de sus objetivos, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones según la Ley 19/2013: Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en Ja Ley 19/2013. Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la Ley 19/2013 o que estén relacionados con su objeto. Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de Ja Ley 19/2013.
Señale la respuesta correcta sobre lo regulado en el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: El Consejo de estructura en 3 Subdirecciones Generales (de Reclamaciones, de Transparencia y de Buen Gobierno) que dependen jerárquicamente del Presidente del Consejo. El Presidente convocará a la Comisión, al menos, una vez al trimestre. Los vocales de Ja Comisión desempeñaran su cargo durante 5 años no prorrogables. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
En cuanto a las relaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con las Cortes Generales, el artículo 40 de la Ley 19/2013 señala: El Presidente del Consejo elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19/2013. El Consejo elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en Ja Ley 19/2013. El Consejo elevará semestralmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19/2013. El Consejo elevará a las Cortes Generales, cuando sea requerido para ello, una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19/2013.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, tiene por objeto: Ampliar y reforzar la transparencia de la información pública. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información y participación en la actividad pública. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias penales derivadas de su incumplimiento. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Tal y como establece el artículo 6 de la Ley 19/2013 relativo a la información institucional, organizativa y de planificación, los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación publicarán información relativa a (Señale la respuesta incorrecta): Normativa que les sea de aplicación. Funciones que desarrollan. Estructura organizativa. Declaración de bienes y situación patrimonial.
Conforme la Ley 19/2013 el Portal de la Transparencia contendrá información contemplada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios (señale la respuesta incorrecta) Publicidad. Accesibilidad. Interoperabilidad. Reutilización.
En relación a los principios de buen gobierno, las personas comprendidas en al ámbito de aplicación del artículo 25 de la Ley 19/2013 observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a· los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes principios generales: (señala la incorrecta) Actuarán con transparencia en la gestión de asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. Desempeñarán sus funciones con transparencia. Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.
¿Cuál de los siguientes no es un principio de actuación respecto al buen gobierno en el ámbito de la Ley 19/2013?: Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos. No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.
En cuanto a las infracciones disciplinarias recogidas en el artículo 29 de la Ley 19/2013, se considera infracción muy grave: La utilización indebida de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales. La violación de la independencia, utilizando las facultades atribuidas para interferir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
El plazo de prescripción de las sanciones recogidas en la Ley 19/2013 será de: 3 años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. 5 años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. 5 años para las muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. 3 años para las muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece una serie de principios generales de buen gobierno que habrán de observar las personas incluidas en su ámbito de aplicación. De entre estos principios generales hay que excluir uno de los siguientes. Señálelo: Eficacia, economía, eficiencia y transversalidad. Trato igual y sin discriminaciones. Conducta digna. Imparcialidad.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece un régimen sancionador en los artículos 27 a 32. Teniendo en cuenta lo regulado en ellos señale la respuesta correcta en todos sus términos: Una de las sanciones por comisión de infracciones muy graves o graves es la declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial que corresponda. La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, y el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, constituyen' supuestos tipificados, respectivamente, como infracciones graves y muy graves. Los plazos de prescripción de las infracciones muy graves y graves son, respectivamente, de 3 y 2 años. Serán criterios a tener en cuenta a la hora de sancionar la naturaleza y entidad de la infracción, número de participantes y ganancias que se ha dejado de obtener si el infractor desiste de la acción.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dispone que cuando la información pública solicitada por una persona no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración una serie de criterios entre los que no se encuentra uno. Señálelo: La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. El número de personas aludidas en el documento cuyo contenido se pretende acceder. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. La política económica y monetaria, la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad pública. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. Todas las respuestas anteriores son correctas.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado: Por un periodo renovable de cinco años mediante Orden Ministerial. Por un periodo renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por un periodo no renovable de cuatro años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por un periodo no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y AAPP.
Establece la Ley de Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades de información especializadas. ¿Cuál de las siguientes funciones no es competencia de estas Unidades?: Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley. Asesorar en materia de transparencia. acceso alá información pública y buen gobierno. Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que se queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder el órgano. Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
Conforme a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿está obligado el solicitante a motivar su solicitud para ejercer el derecho de acceso a la información pública? Sí, el solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Deberá exponer los motivos por los que solicita la información que serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado en ningún caso a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. Sí, ya que la ausencia de motivación será por sí sola causa de rechazo de la solicitud.
Según la Ley de Transparencia, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La protección del medio ambiente. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, exclusivamente. Los partidos políticos. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser limitado en ningún caso.
¿En qué Artículo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública aparecen reguladas las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública?: En el Artículo 19. En el Artículo 17. En el Artículo 18. En el Artículo 16.
El artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no señala entre los objetivos que persigue dicha Ley: Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública. La ordenación de las relaciones "ad extra• de la Administración con los ciudadanos. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública.
el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es objeto de regulación ¿en qué Titulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno? En el Título Preliminar. En el Título l. En el Titulo II. En el Título III.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se transparencia, acceso a la información y buen gobierno ¿se aplica a la Casa de Su Majestad el Rey? No, en ningún caso. Si, en relación con sus actividades de naturaleza política. Sí, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Sí, en relación con todas sus actividades.
Las disposiciones del Titulo i de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se aplicarán a las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones 50.000 euros. 5.000 euros. 100.000 euros 150.000 euros.
Las disposiciones del Titulo I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se aplicarán a las entidades privadas cuando al menos: El 50% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, la cantidad de 5.000 euros. El 50% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, la cantidad de 4.000 euros. El 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, la cantidad de 4.000 euros. El 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, la cantidad de 5.000 euros.
El Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece una serie de obligaciones para los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, que habrán de difundir determinada información ¿qué tipos de datos no se incluyen en esa información obligatoria? Datos de naturaleza económica. Datos de relevancia social. Datos de naturaleza presupuestaria y estadística. Datos sobre información institucional, organizativa y de planificación.
Señale la afirmación falsa. La información sujeta a las obligaciones de transparencia: Será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web. Para su difusión, requerirá la previa solicitud concreta de los administrados. Será comprensible, de acceso fácil y gratuito. Será publicada, preferiblemente, en formatos reutilizables.
Los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como actividades, medíos y tiempo previsto para su consecución, y que deben ser objeto de publicidad activa por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, forman parte de los datos: De relevancia jurídica. De información económica De información presupuestaria y estadística. De información institucional, organizativa y de planificación.
Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a determinados actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria. De los siguientes, señale aquél que no está expresamente previsto como de publicidad obligatoria: Las indemnizaciones percibidas por los altos cargos con ocasión del abandono del cargo. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7 /1985, de 2 de abril. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos. Las resoluciones de nombramiento de empleados públicos por el procedimiento de libre designación cuando las retribuciones íntegras anuales superen los 50.000 euros.
Según el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se debe hacer públicos todos los contratos, con indicación de objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los cuales se han publicitado, número de licitadores e identidad del adjudicatario así como las modificaciones del contrato. La publicación de la información relativa a los contratos menores. No se exige en la Ley. Podrá realizarse mensualmente. Podrá realizarse trimestralmente. Podrá realizarse al finalizar cada ejercicio económico.
Los partidos políticos deberán publicar la información relativa a los contratos y convenios que suscriban: Cuando su importe sea superior a 5.000 euros. Cuando se celebren con una Administración Pública. En cualquier caso. Solamente cuando se trate de encomiendas de gestión.
El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa, a efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora, tendrá la consideración de: Infracción grave. Infracción muy grave. Infracción leve. Infracción menos grave.
El artículo 10 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente: Del Ministerio de Hacienda y Función Pública. De la Presidencia del Gobierno. Del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
El Portal de Transparencia incluirá, además de la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa: Aquella cuyo acceso se solicite con más frecuencia. Aquella relativa a las entidades privadas que, voluntariamente, consientan su difusión. Aquel la cuyo contenido haya sido elaborado, en el ejercicio de sus funciones, por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
El derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos en el art. 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se reconoce: A todas las personas. Solamente a los ciudadanos españoles. A los que tengan la condición de interesados en los procedimientos correspondientes. Solamente a las personas residentes en territorio español.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se entiende por información pública: Exclusivamente aquella que deba ser objeto de publicidad activa. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte. que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley, que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones y no contengan datos de carácter personal. Los contenidos o documentos, en formato electrónico, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones de publicidad activa de información pública será objeto de control por: El Portal de la Transparencia. La Agencia Estatal de Evaluación de la Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Ministro de la Presidencia.
El artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para determinadas materias. Señale la que no corresponde: Los intereses económicos y comerciales. Las relaciones exteriores. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. La política social.
En relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos relativos a la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso: No se podrá autorizar en ningún caso. Únicamente se podrá autorizar contando con el consentimiento expreso del afectado. C) Únicamente se podrá autorizar contando con el consentimiento expreso y por escrito del afectado. La respuesta c) es correcta a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
El artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece una serie de límites al derecho de acceso. Señale el que no corresponde: La seguridad nacional. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. La calidad de la prestación de los servicios públicos. La seguridad pública.
Cuando la información pública solicitada no contenga datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada: Del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los ciudadanos. Del interés público en la divulgación de la información y la garantía de confidencialidad. Del interés del solicitante y los derechos de los ciudadanos. Del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada.
Si la solicitud de información pública no identifica de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de: 48 horas. 72 horas. 5 días. 10 días.
Señale la afirmación falsa en relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública: La solicitud de acceso debe dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posee la información. La ausencia de motivación de la solicitud podrá ser causa de rechazo de la solicitud. La solicitud se podrá dirigir por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, de la información que se solicita, de la dirección de contacto (preferiblemente electrónica) y de la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. La ley dispone la creación de unidades especializadas en la Administración General del Estado para gestionar las solicitudes de información.
Si la información pública solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados ¿qué plazo se les concederá para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas? 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.
La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública solicitada deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de: 10 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 15 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 20 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Señale la afirmación falsa en relación con la resolución de la solicitud de acceso a Información pública El plazo para resolver puede ampliarse por otros quince días en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita lo hagan necesario. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las resoluciones que concedan el acceso parcial a la información solicitada deberán ser motivadas.
Frente a la resolución expresa o presunta en materia de acceso a información pública, podrá interponerse reclamación, de carácter potestativo, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de: 20 días. Un mes. Dos meses. Tres meses.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de la reclamación a que alude la cuestión anterior será de: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.
Pese a la posibilidad prevista de interponer reclamación, de carácter potestativo, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, la resolución dictada por uno de los siguientes órganos solamente admite la interposición de recurso contencioso-administrativo. Señálelo: El Banco de España. Una entidad gestora de la Seguridad Social. Una Universidad Pública. Una Agencia Estatal.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está adscrito: A la Presidencia del Gobierno. Al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. A la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Cuando no pueda darse el acceso a la información pública en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a: Cinco días. Diez días. Quince días. Veinte días.
La formalización del acceso a la información pública solicitada por el ciudadano, se realizará: Preferentemente por comparecencia física del solicitante en la sede del órgano competente. Preferentemente por vía electrónica. Preferentemente a través de la unidad de quejas y sugerencias. Por cualquier de los medios que permita el acceso, sin preferencia al respecto.
¿En qué plazo se interpondrá la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra una resolución presunta en materia de acceso a la información pública? En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
La reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tendrá la consideración de: Sustitutiva de la queja o sugerencia. Sustitutiva de los recursos jurisdiccionales. Sustitutiva de los recursos administrativos. Sustitutiva del recurso contencioso-administrativo.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución contra la reclamación potestativa efectuada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será de: Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
Cuando la denegación de acceso a la información pública solicitada se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Ofrecimiento de desistimiento a la persona solicitante de información. Un plazo para la práctica de pruebas que pongan de manifiesto el interés público en la divulgación. Un trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que convenga a su derecho. Todas las respuestas son correctas.
¿Pueden las Comunidades Autónomas atribuir la competencia para la resolución de la reclamación potestativa, frente a una resolución en materia de acceso a información pública, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? No, porque contra las resoluciones dictadas por las Comunidades Autónomas en materia de acceso a información pública, sólo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo. Sí, debiendo celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado. No. porque deben atribuir dicha competencia a un órgano específico independiente. No es necesario que las Comunidades Autónomas le atribuyan la competencia dado que la tiene ya atribuida, con carácter general, por la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
¿A cuál de los siguientes no resultan de aplicación las disposiciones del Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dedicado al Buen Gobierno? Un Secretario de Estado. Un alto cargo de la Administración Local Un alto cargo de una entidad estatal de Derecho Público. Un Subdirector General.
El Portal de Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a determinados principios técnicos. Señale el que no corresponde: Accesibilidad. Interoperabilidad. Transmisibilidad. Reutilización.
El art. 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título II observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico, promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas y adecuarán su actividad a: Unos principios generales y unos principios de actuación. Unos principios éticos y unos principios de conducta. Unos principios de organización y unos principios de funcionamiento. Unos principios individuales y unos principios colectivos de actuación.
Actuar con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la calidad en la prestación de los servicios públicos es, para las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: Un principio de actuación. Un principio de conducta. Un principio de funcionamiento. Un principio general.
No valerse de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales es, para las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: Un principio de actuación. Un principio de conducta. Un principio de funcionamiento. Un principio general.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, consagra en régimen sancionador que se estructura en tres ámbitos. Señale el que no corresponde: Infracciones disciplinarias. Infracciones en materia de conflictos de intereses. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria. Infracciones de índole penal.
Las conductas enumeradas en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en materia de gestión económico-presupuestaria, constituyen: Todas ellas infracciones graves. Todas ellas infracciones muy graves. Infracciones graves, menos graves o leves. Infracciones muy graves, graves o leves.
La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido, constituye infracción disciplinaria: Muy grave. Grave. Leve. Muy grave o grave.
La prevalencia en la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, constituye infracción disciplinaria: Menos grave. Leve. Grave. Muy grave.
No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio, constituye infracción disciplinaria: Muy grave. Grave. Leve. Leve o grave.
¿Cuál de las siguientes sanciones no está prevista para la comisión de una infracción grave de las tipificadas en el artículo 29.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre? La declaración del incumplimiento y la publicación en el BOE o diario oficial que corresponda. La no percepción, en el caso de que la lleve aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo. La destitución del cargo ocupado salvo que ya hubiese cesado. Todas las anteriores son sanciones previstas para las infracciones disciplinarias graves.
Una de las consecuencias derivadas de la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, es la de no poder ser nombrado para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo: De 5 años. Entre 1 y 3 años. Entre 4 y 8 años. Entre 5 y 10 años.
Cuando las infracciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, pudieran ser constitutivas de delito: Se dará cuenta a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento penal. Se pondrán los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal. Se pondrán los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado, sin perjuicio de continuar con el procedimiento sancionador. Se pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas para que proceda a incoar el oportuno procedimiento de responsabilidad contable.
El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, será sancionado de conformidad: · Con lo establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios al servicio de la Administración Civil del Estado. Con lo dispuesto en la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación. Con lo establecido en la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Civil del Estado.
La responsabilidad disciplinaria de las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, será exigible en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos, por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable: Al Ministro de Hacienda y Función Pública. Al Fiscal General del Estado. Al Ministerio Fiscal. Al Tribunal de Cuentas.
Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: Podrán ser objeto de reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Serán recurribles en vía administrativa. No pueden ser objeto de recurso alguno.
¿Cuál es el órgano competente para ordenar la incoación del procedimiento sancionador previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando el alto cargo tenga la condición de Secretario de Estado? El Ministro de Hacienda y Función Pública. La Oficina de Conflictos de Intereses. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública. El titular del Departamento Ministerial o Presidente del Gobierno del que dependa.
¿Cuál es el órgano competente para imponer las sanciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando el infractor sea un alto cargo al servicio de la Administración General del Estado que no reúna la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado? La Oficina de Conflictos de Intereses. El Ministro de Hacienda y Función Pública. El Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública.
¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones muy graves previstas en el Título 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre? Tres años. Cinco años. Dos años. Un año.
Señale cuál es, respectivamente, el plazo de prescripción de las sanciones previstas en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, impuestas por infracciones muy graves, graves y leves: Tres años, dos años y un año. Tres años, dos años y seis meses. Cinco años, tres años y un año. Cinco años, dos años y un año.
La Comisión del Consejo Transparencia y Buen Gobierno estará compuesta, además de por el Presidente del Consejo por: 5 miembros. 6 miembros. 7 miembros. 8 miembros.
Señale la afirmación falsa en relación con la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Al menos una vez al año, la Comisión convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desempeñadas por ella, hayan sido creadas por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. La condición de miembro de la Comisión no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración, con excepción de lo previsto para el Presidente. Forma parte de la misma un representante de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Le corresponde informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un periodo de: Cinco años, no renovables. Cinco años, renovables. Cuatro años, no renovables. Cuatro años, renovables.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional a propuesta: Del Presidente del Gobierno. Del titular del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Del titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Del Consejo de Ministros.
El nombramiento del candidato propuesto para Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deberá ser refrendado: Por el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión correspondiente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta. Por el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión correspondiente y por acuerdo adoptado por mayoría simple. Por el Senado, a través de la Comisión correspondiente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta. Por el Senado, a través de la Comisión correspondiente y por acuerdo adoptado por mayoría simple.
Una de las siguientes funciones está expresamente atribuida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga. Aprobar el anteproyecto de presupuesto. Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
De acuerdo con el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, los vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno desempeñarán su cargo durante: Cuatro años, sin posibilidad de prórroga. Cinco años sin posibilidad de prórroga. Cuatro años, pudiendo prorrogarse su mandato por un periodo de igual duración. Cinco años, pudiendo prorrogarse su mandato por un periodo de igual duración.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno debe elevar una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: Anualmente, al Tribunal de Cuentas. Al finalizar la legislatura, al Congreso de los Diputados. Trimestralmente, al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Anualmente a las Cortes Generales.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece la previsión de que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La seguridad nacional, defensa o relaciones exteriores. La seguridad pública. La protección del medio ambiente, los intereses económicos y comerciales y la política económica y monetaria. Todas las respuestas anteriores son correctas.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 20 la siguiente regulación respecto a las resoluciones de concesión o denegación del acceso a la información pública: La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. El plazo anterior podrá ser ampliado por otros dos meses más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La reclamación potestativa aludida en la respuesta anterior se interpondrá en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo y que se resolverá y notificará en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
Respecto a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no es causa de inadmisión a trámite de las solicitudes que se formulen de acceso a la información, una de las siguientes. Señálela: Las solicitudes que se formulen de acceso a la información cuando el solicitante no la motive. Las solicitudes que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Las solicitudes que se manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley 19/2013.
Conforme lo dispuesto por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración una serie de criterios no encontrándose entre los mismos uno. Señálelo: La repercusión que haya tenido o pueda tener en la ciudadanía, valorándose especialmente que el número de solicitudes en un año formulada por la misma persona. La justificación del solicitante de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tenga la condición de investigador y motive el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá la~ siguientes funciones en virtud del artículo 38.2 de la Ley 19/2013: Aprobar el anteproyecto de presupuesto. Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por la Ley 19/2013. Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 39/2013.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece unos principios generales de buen gobierno, entre los que se encuentra uno de los siguientes. Señálelo: Igualdad de trato y diferenciado por sexo. Imparcialidad. Esmerada corrección en el trato a los ciudadanos, con los mismos derechos y deberes salvo el acceso a la información de relevancia para la seguridad nacional, sobre la que los extranjeros tendrán limitado su acceso. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
No es miembro de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno: Un representante del Defensor del Pueblo. Un representante del Tribunal de Cuentas. Un representante de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas (actual Secretario de Estado de Función Pública). Un representante del Consejo General del Poder Judicial.
A la luz de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ¿para qué tipo de infracciones no e puede Imponer Ju sanción de declaración de incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial que corresponda?: No se puede imponer por la comisión de infracciones muy graves. No se puede imponer por la comisión de infracciones leves. No se puede imponer por la comisión de infracciones graves. Dicha sanción se puede imponer por la comisión de infracciones muy graves, graves y leves.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece un régimen sancionador en los artículos 27 a 32. Teniendo en cuenta lo regulado en ellos señale la respuesta correcta en todos sus términos: Los plazos de prescripción de las infracciones leves y muy graves son, respectivamente, un año y cinco años. Una de las sanciones común por la comisión de infracciones muy graves y graves es la destitución del cargo que ocupe el sancionado salvo que ya hubiese cesado y no podrá ser nombrado para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre 5 y 10 años. Serán criterios a tener en cuenta a la hora de sancionar las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva, la reparación de los daños o perjuicios causados y el número y edad de los participantes. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en materia de publicidad activa será objeto de control por parte del: Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Comisión Nacional de Transparencia y Buen Gobierno. Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno.
A la luz de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando el Alto Cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el órgano competente para ordenar la incoación del procedimiento sancionador será: El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. El Ministro de Hacienda y Función Pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno regulado en la Ley 19/2013: Estará adscrito al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Es un organismo público cori personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia por lo que no está adscrito a ningún Ministerio. Depende orgánicamente del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales pero funcionalmente depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Conforme lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el artículo 7.2 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso: Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado sin excepción alguna. Se podrá autorizar cuando aquel estuviera amparado por una norma con rango de Ley. Se podrá autorizar en todos los casos al necesitarse, exclusivamente, consentimiento expreso del afectado cuando se trate de datos especialmente protegidos de los recogidos en el artículo 7.3 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre. Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
Los interesados en un procedimiento administrativo podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo: No inferior a diez días ni superior a quince. No superior a treinta días. No inferior a quince días ni superior a treinta. No inferior a diez días ni superior a treinta.
Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de: 10 días a contar desde el curso de la solicitud. 20 días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. 15 días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. 25 días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 30 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Señala aquél criterio correcto: Haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa. Gravedad de la infracción. Entidad del perjuicio causado. Los tres criterios anteriores son correctos.
A la luz de la Ley 19/2013, cuando el alto cargo tenga condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado, la competencia para imponer sanciones corresponderá a: Ministro de Hacienda y Función Pública. Oficina de Conflictos de Intereses. Ministro de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Consejo de Ministros.
Conforme a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 19/2013 de transparencia, a¡:ceso a la información pública y buen gobierno, ¿está obligado el solicitante a motivar su solicitud para ejercer el derecho de acceso a la información pública? Si, el solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Deberá exponer los motivos por los que solicita la información que serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado en ningún caso a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. Si. ya que la ausencia de motivación será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
¿En qué artículo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública aparecen reguladas las causas de inadmisión de las solitudes de acceso a la información pública? En el Articulo 19. En el Articulo 17. En el Artículo 18. En el Articulo 16.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado: Por un periodo renovable de cinco años mediante Orden Ministerial. Por un periodo renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por un periodo no renovable de cuatro años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por un periodo no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Establece la Ley de Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades de información especializadas. ¿Cuál de las siguientes funciones no es competencia de estas Unidades? Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley. Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano. Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 2 aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. En el apartado segundo de este Código están recogidos una serie de principios éticos; no está contemplado dentro de éstos: Se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la Administración General del Estado pone a su disposición por razón del cargo. Asumirán la responsabilidad de sus actuaciones ante los superiores y no las derivarán hacia los subordinados sin causa objetiva. Sus actividades públicas relevantes serán transparentes y accesibles para los ciudadanos con las únicas excepciones previstas en las leyes. Velarán por promover el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, y removerán los obstáculos que puedan dificultarla.
Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa: Salvo las que concedan el acceso parcial. Sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa ante la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Las dos respuestas anteriores son correctas. Las dos respuestas anteriores son falsas.
En cuanto a las infracciones disciplinarias recogidas en el artículo 29 de la Ley 19/2013, se considera infracción grave: El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio. La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados. La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de recusación legalmente señaladas.
Dispone la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado: En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. En el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. En el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud por el solicitante. En el plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud por el solicitante.
¿Cuál de las siguientes no es una infracción disciplinaria muy grave, según el artículo 29 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno? El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. El acoso laboral. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicios graves a la Administración o a los ciudadanos.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con una periodicidad: Anual. Trimestral. Semestral. Bianual.
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