Señale la opción CORRECTA. La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta eficaz ante los distintos tipos de emergencias y riesgos originados por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada. La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta eficaz ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada. La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y riesgos originados por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada. La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada. Señale la opción CORRECTA. El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la coherencia y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia. El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia. El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la coherencia y la eficiencia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia. El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficiencia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia. El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente mediante las siguientes actuaciones: Señale la opción INCORRECTA. Prever los riesgos colectivos mediante actividades dirigidas a conocerlos anticipadamente y evitar que se produzcan o, en su caso, reducir los daños que de ellos puedan derivarse. Planificar los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo. Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia. Adoptar medidas de recuperación para restablecer las infraestructuras y los servicios esenciales y paliar los daños derivados de emergencias. Efectuar una coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico del mismo. Las actuaciones del Sistema se regirán por los principios de: Señale la opción INCORRECTA. Colaboración. Cooperación. Coordinación. Solidaridad interterritorial. Subsidiariedad. Eficiencia. Eficacia. Participación. Inclusión. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad. ¿Quiénes participarán en el Sistema en los términos establecidos en esta ley? Los españoles y las personas jurídicas. Los españoles mayores de edad y las personas jurídicas. Los ciudadanos y las personas jurídicas. Los ciudadanos mayores de edad y las personas jurídicas. ¿En qué consiste la Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil? En analizar prospectivamente los riesgos que pueden afectar a las personas y bienes protegidos por la protección civil y las capacidades de respuesta necesarias. En formular en consecuencia las líneas estratégicas de acción para alinear, integrar y priorizar los esfuerzos que permitan optimizar los recursos disponibles para mitigar los efectos de las emergencias. A y B son correctas. Ninguna es correcta. ¿Quién aprobará las líneas básicas de la Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil y las directrices para su implantación, seguimiento y evaluación periódica, donde podrán establecerse planes de actuación anuales o programas sectoriales para su implementación? El Gobierno. El Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo Nacional de Protección Civil. El Ministerio del Interior. La Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil se revisará, al menos, ¿cada cuántos años? Cada dos años. Cada cuatro años. Cada tres años. Cada cinco años. La Estrategia Nacional de Protección Civil integrará y alineará todas las actuaciones de la Administración General del Estado en esta materia. ¿Por quién será aprobada la Estrategia Nacional de Protección Civil? Por el Consejo Nacional de Protección Civil, a propuesta del Ministro del Interior. Por el Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta del Gobierno. Por el Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta del Ministro del Interior. Por el Consejo Nacional de Protección Civil, a propuesta del Gobierno. Todos los residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones públicas en caso de ... , de conformidad con lo previsto en las leyes y sin más limitaciones que las impuestas por las propias condiciones peligrosas inherentes a tales situaciones y la disponibilidad de medios y recursos de intervención. Riesgo. Emergencia. Catástrofe. Peligro. ¿Quiénes velarán por que la atención de los ciudadanos en caso de catástrofe sea equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Constitución? Los Poderes Públicos. Los servicios públicos competentes. Las Administraciones Públicas. Los servicios de emergencias competentes. ¿Quiénes identificarán lo más rápidamente posible a las víctimas en caso de emergencias y ofrecerán información precisa a sus familiares o personas allegadas? Los Poderes Públicos. Los servicios públicos competentes. Las Administraciones Públicas. Los servicios de emergencias competentes. ¿Quiénes velarán para que se adopten medidas específicas que garanticen que las personas con discapacidad conozcan los riesgos y las medidas de autoprotección y prevención, sean atendidas e informadas en casos de emergencia y participen en los planes de protección civil? Los Poderes Públicos. Los servicios públicos competentes. Las Administraciones Públicas. Los servicios de emergencias competentes. Señale la opción INCORRECTA. Todos tienen derecho a ser informados adecuadamente por los servicios públicos competentes acerca de los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas que deban seguir para prevenirlos. Dichas informaciones habrán de proporcionarse tanto en caso de emergencia como preventivamente, antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes. Los ciudadanos tienen derecho a participar, directamente o a través de entidades representativas de sus intereses, en la elaboración de las normas y planes de protección civil, en los términos que legal o reglamentariamente se establezcan. La participación de los ciudadanos en las tareas de protección civil podrá canalizarse a través de las entidades de voluntariado, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y en las normas reglamentarias de desarrollo. Los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento de la autoridad competente de acuerdo con lo establecido ¿en qué artículo de la Constitución y en los términos de esta ley? El artículo 32.4. El artículo 31.4. El artículo 30.4. El artículo 29.4. Señale la opción INCORRECTA. En los casos de emergencia, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en materia de protección civil, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan. Cuando la naturaleza de las emergencias lo haga necesario, las autoridades competentes en materia de protección civil podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades. Quienes como consecuencia de estas actuaciones sufran perjuicios en sus bienes y servicios, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Cuando la naturaleza de las emergencias exija la entrada en un domicilio y, en su caso, la evacuación de personas que se encuentren en peligro, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 15.2, de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Las medidas restrictivas de derechos que sean adoptadas o las que impongan prestaciones personales o materiales tendrán una vigencia limitada al tiempo estrictamente necesario para hacer frente a las emergencias y deberán ser adecuadas a la gravedad de la misma. Señale la opción INCORRECTA. Los servicios de vigilancia y protección frente a riesgos de emergencias de las empresas públicas o privadas se considerarán, a todos los efectos, colaboradores en la protección civil, por lo que podrán asignárseles cometidos en los planes de protección civil correspondientes a su ámbito territorial y, en su caso, ser requeridos por las autoridades estatales para su actuación en emergencias. Reglamentariamente se establecerán las condiciones que garanticen que la asignación de cometidos a los servicios de vigilancia y protección de las empresas que gestionen servicios de interés general no afectará al mantenimiento de dichos servicios en condiciones de seguridad y continuidad, así como el régimen de indemnización de los daños y perjuicios causados por su actuación en este ámbito. Los medios de comunicación están obligados a colaborar de manera gratuita con las autoridades en la difusión de las informaciones preventivas y operativas ante los riesgos y emergencias en la forma que aquéllas les indiquen y en los términos que se establezcan en los correspondientes planes de protección civil. Los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así como exponerse a ellos.
Una vez sobrevenida una emergencia, deberán actuar conforme a las indicaciones de ... Las autoridades de las Administraciones Públicas competentes. Las autoridades de los servicios públicos competentes. Los agentes de los servicios públicos competentes. Los agentes de las Administraciones Públicas competentes. Los titulares de los centros, establecimientos y dependencias, públicos o privados, que generen riesgo de emergencia, estarán obligados a adoptar las medidas de autoprotección previstas en esta ley, en los términos recogidos en la misma y en la normativa de desarrollo. ¿Quiénes promoverán la constitución de organizaciones de autoprotección entre las empresas y entidades que generen riesgo para facilitar una adecuada información y asesoramiento? Los Poderes Públicos en materia de protección civil. Los Servicios Públicos competentes en materia de protección civil. Las Administraciones competentes en materia de protección civil. Las Comunidades Autónomas. Señale la opción CORRECTA. El voluntariado de protección civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, de acuerdo con lo que establezcan las normas aplicables, sin perjuicio del deber general de colaboración de los ciudadanos en los términos del artículo 7 bis. Las actividades de los voluntarios en el ámbito de la protección civil se realizarán a través de las entidades de voluntariado en que se integren, de acuerdo con el régimen jurídico y los valores y principios que inspiran la acción voluntaria establecidos en la normativa propia del voluntariado, y siguiendo las directrices de aquellas, sin que en ningún caso su colaboración entrañe una relación de empleo con la Administración actuante. La red de comunicaciones de emergencia formada por radioaficionados voluntarios podrá complementar las disponibles ordinariamente por los servicios de protección civil. Todas son correctas. ¿Quiénes promoverán la participación y la formación de los voluntarios en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil? Los Servicios públicos competentes. Las Administraciones Públicas. Los Poderes Públicos. Las Comunidades Autónomas.
