Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información públic

1. Según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, entre las medidas que constituyen el objeto de esta ley no se encuentra: a) Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública. b) Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública. c) Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. d) Promover y facilitar el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.

2. Según el artículo 2.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, las disposiciones del Título I de la Ley no se aplicarán a: a) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho Civil o Mercantil. b) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas. c) Las Diputaciones provinciales. d) Las Ciudades de Ceuta y Melilla.

3. Según el artículo 2.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, las disposiciones del Título I de la Ley, ¿son de aplicación al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana?: a) No, pues en el artículo 2.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre únicamente se contemplan instituciones y entidades de la Administración General del Estado. b) No, pues se encuentra entre las expresamente excluidas por la letra f) de dicho artículo. c) Sí, en todo caso, pues se encuentra entre las expresamente mencionadas en la letra f) de dicho artículo. d) Sí, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, pues se encuentra entre las expresamente mencionadas en la letra f) de dicho artículo.

4. Según el artículo 2.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, las disposiciones del Título I de la Ley, ¿son de aplicación a las sociedades mercantiles?: a) Sí, en aquellos casos en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre sea superior al 50 por 100. b) Sí, siempre que desarrollen actividades sujetas al derecho administrativo. c) Sí, en aquellos casos en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre sea inferior al 50 por 100. d) No, al encontrarse expresamente excluidas por lo dispuesto en el propio artículo 2, letra g) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

5. El artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, está dedicado al ámbito subjetivo de aplicación de esta norma. Entre las entidades o instituciones mencionadas en dicho artículo no se encuentra: a) La Casa de su Majestad el Rey. b) El Congreso de los Diputados. c) El Banco Español de Crédito Local. d) El Tribunal de Cuentas.

6. Señale la respuesta completamente correcta. Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, las disposiciones del capítulo II del Título I de esta ley serán también aplicables a: a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 10.000 euros. b) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. c) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, de ámbito estatal. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

7. Señale la respuesta completamente correcta. Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, los sujetos enumerados en el artículo 2.1: a) Remitirán al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de forma periódica y actualizada, la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. b) Someterán a la consideración de los organismos de transparencia, anualmente, la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. c) Publicarán anualmente la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. d) Publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

8. El artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre está dedicado a la información institucional, organizativa y de planificación. Según lo dispuesto en el apartado 1 de dicho precepto, los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación del título I de la ley, publicarán información relativa a: a) Las funciones que desarrollan. b) La normativa que les sea de aplicación, así como a su estructura organizativa. c) Incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

9. El artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación. c) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

10. El artículo 8.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre dispone que teniendo en cuenta las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas, los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación. Entre los actos indicados no se encuentra: a) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. b) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. c) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente. d) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

11. El artículo 9.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre establece que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de: a) Infracción muy grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. b) Infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. c) Infracción leve a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. d) Todas las respuestas anteriores son correctas, pues la mayor o menor gravedad derivada del incumplimiento, dependerá de la naturaleza y circunstancia de este.

12. El artículo 10 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre está dedicado al portal de transparencia. Según este artículo, la Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación. Conforme a lo dispuesto en el número 2 de dicho artículo, ¿Qué información ha de incluir este portal?: a) Incluirá, en los términos que establezca esta ley y las leyes autonómicas de transparencia que puedan aprobarse, la información pública, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. b) Incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. c) Incluirá, en los que términos que establezca esta ley y las leyes autonómicas de transparencia que puedan aprobarse, la información de la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

13. Entre los principios técnicos enumerados en el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no se encuentra el de: a) Accesibilidad. b) Interoperabilidad. c) Reutilización. d) Seguridad.

14. El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre regula el derecho de acceso a la información pública. Según este artículo, ¿quién tiene derecho a acceder a la información pública?. a) Todas las personas, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. b) Todas las personas, en los términos previstos en el artículo 20 de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. c) Todas las personas, en los términos previstos en el reglamento general de transparencia y acceso a la información pública. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

15. Conforme a la definición contenida en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se entiende por información pública: a) Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. b) Los documentos públicos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados en el ejercicio de sus funciones. c) Los documentos públicos o privados, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados en el ejercicio de sus funciones. d) Ninguna de las respuestas anteriores es completamente correcta.

16. Según lo dispuesto en el artículo en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, ¿se podrá autorizar el acceso a la misma?: a) No, en ningún caso, al tratarse de una de las excepciones del derecho al acceso contempladas en dicho artículo. b) Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. c) Únicamente se podrá autorizar a partir del momento en que el afectado haga manifiestamente públicos los datos a que se solicitase el acceso. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17. Lo dispuesto en los apartados 1 al 3 del artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, respecto al acceso a la información, no será aplicable, ¿en qué caso?: a) Si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. b) Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos. c) Cuando la información solicitada contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. d) Cuando la información solicitada no contuviera datos relativos al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos.

18. El artículo 16 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre regula el acceso parcial a la información. Según este precepto, en los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite, salvo que: a) En todo caso, el artículo 16 no contempla ninguna salvedad. b) Salvo que resulten afectados derechos fundamentales de terceras personas. c) De ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

19. El artículo 17.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre dispone que el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Este mismo artículo indica que cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a: a) En todo caso, al titular del órgano que posea la información. b) A la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 de la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre a las que se encuentren vinculadas. c) Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. d) El enunciado de la pregunta no es correcto, ya que dicho artículo no contiene referencia alguna a las personas físicas.

20. Señale la respuesta correcta. El artículo 17.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre dispone que la solicitud para el ejercicio del derecho de acceso a la información podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: a) La identidad del solicitante. b) La información que se solicita. c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

21. Entre las causas de inadmisión de las solicitudes de información reguladas en el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no se encuentra: a) Que se refieran a información que haya sido objeto de publicación. b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

22. Según lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre cuando la información objeto de la solicitud de acceso aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, pero haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro se...... a) La solicitud se remitirá al órgano superior jerárquico del que ha recibido la solicitud, que deberá decidir entre atender la solicitud o remitirla al órgano que elaboró o generó la información solicitada. b) Se le remitirá la solicitud al órgano que elaboró o generó la información para que decida sobre el acceso. c) Tramitará la solicitud, en todo caso, al obrar en su poder la información solicitada, con independencia de quien la haya elaborado o generado. d) Ese supuesto no se encuentra regulado en la Ley 10/2013, de 9 de diciembre.

23. Según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la resolución en la que se conced o deniegue el acceso en los procedimientos de solicitud de acceso a la información: a) Deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. b) Deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. c) El plazo para notificar la resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

24. Según lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, contra las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública, ¿se puede presentar algún recurso o reclamación?. a) Únicamente son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. b) Podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter preceptivo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. c) son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24. d) Al tratarse de un procedimiento de los denominados especiales, únicamente podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no siendo susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa. Contra la resolución de dicho Consejo únicamente cabría presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

25. El artículo 21.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre regula las unidades especializadas de información que existirán en: a) En el ámbito de la Administración General del Estado. b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. c) La Administración General del Estado y la de las Administraciones de las Comunidades Autónomas. d) En el seno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

26. El artículo 22 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre está dedicado a la formalización del acceso a la información. Según lo dispuesto en dicho precepto el acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse: a) En cualquier caso, en un plazo no superior a diez días. b) En cualquier caso, en un plazo no superior a quince días. c) En cualquier caso, en un plazo no superior a un mes. d) En cualquier caso, en un plazo no superior a quince días naturales.

27. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se interpondrá en el plazo de: a) Dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. b) Tres meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. c) Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, en todos los casos, ya que en materia de acceso el silencio administrativo es siempre estimatorio. d) Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

28. Señale la respuestacorrecta. Según el artículo 24.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en los casos en que se presente una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de: a) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. b) Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. c) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. d) Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.

29. Según lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la competencia para conocer de las reclamaciones frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿Cabe la posibilidad de que dicha competencia corresponda a otros órganos?: a) No, al no contemplarse en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. b) Sí, en los supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley. c) Sí, exclusivamente en los supuestos en que las Comunidades Autónomas tengan atribuida dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos de Autonomía. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.