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LEY 39/2015, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO .
Según el artículo 8 de la LPACAP, si durante la instrucción de un procedimiento se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte: Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento si este no ha tenido publicidad. Se suspenderá el procedimiento hasta que se les comunique el estado del procedimiento y se les dé un plazo para presentar alegaciones. Se seguirá adelante con el procedimiento sin más. Se les comunicará y se volverá a iniciar el procedimiento.
El órgano administrativo podrá conceder un plazo para aportar o subsanar la falta o insuficiente acreditación de la representación teniendo por realizado el acto de que se trate. Dicho plazo, por regla general, es de: 5 días. 10 días. 15 días. 7 días.
Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima, a contar desde la fecha de inscripción, de: 3 años. 5 años. 7 años. 10 años.
La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, será obligatoria: Solo cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Cuando así lo requiera el órgano competente para dictar la resolución. Cuando el procedimiento se inicie a solicitud del interesado. En ningún caso, ya que la comparecencia siempre ha de ser voluntaria.
Cuando los plazos se señalen por horas: Se entenderá siempre que estas son hábiles. Los plazos se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Son hábiles las horas del día que formen parte de la jornada laboral de un día hábil. Las Administraciones Públicas no pueden fijar plazos de horas.
La aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia supone: La reducción a la mitad de todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. La reducción a la mitad del plazo total máximo del procedimiento. La reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. La reducción a la mitad de los plazos relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
A menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, los actos administrativos se producirán: Por escrito a través de medios electrónicos. Oralmente. Por escrito en papel. Oralmente a través de medios electrónicos.
No es cierto que toda notificación deba contener: Las Cortes Generales que lo tramitarán como ley. Una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ellas. Los Gobiernos de las provincias afectadas y los diputados y senadores elegidos en ellas. Ninguna es correcta.
Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, el órgano competente: Podrá acordar la refundición en único acto. Deberá acordar la refundición en único acto. Podrá acordar, a petición de los interesados, la refundición en único acto. Podrá acordar la refundición en único acto sin necesidad de individualizar los efectos del acto para cada interesado.
Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos: Siempre que dependan jerárquicamente entre sí. Siempre que pertenezcan a la misma Administración. Cuando así lo disponga una norma con rango de ley. Aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación: La que más convenga al interesado. La de aquella que se hubiera producido en primer lugar. La de aquella que se hubiera producido en último lugar. La de la notificación que se emitiera en primer lugar.
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas: En el momento de su emisión. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido. En el momento en que el interesado acredite su recepción. En el plazo de 10 días naturales desde su puesta a disposición del interesado.
Cuando un acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas: Podrá ser publicado si así lo establece la norma reguladora del procedimiento. Podrá ser publicado si lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Deberá ser objeto de publicación, surtiendo esta los efectos de la notificación. No podrá ser publicado.
¿Puede la Administración convalidar los actos anulables? No, los actos anulables no se pueden convalidar. Sí, siempre que no se dé lugar a la indefensión de los interesados. Sí, subsanando los vicios de que adolezcan. Sí, siempre que la anulabilidad se debiera a un defecto de forma.
Completa la frase. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015,uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de Simplicidad, claridad y ...: Economía. Eficacia. Proximidad a los ciudadanos. Racionalización.
Las Administraciones Públicas sirven con objetividad: Los intereses generales. Las políticas del Gobierno. Los valores superiores. Los derechos y deberes fundamentales.
En relación con la delegación de competencias entre órganos administrativos, no es cierto que: La delegación puede ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum. Las competencias que se ejercen por delegación pueden ser delegadas. No podrán ser delegadas aquellas materias en que así se determine por norma con rango de ley.
En relación con las instrucciones y órdenes de servicio, no es cierto que: El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio supone la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos. Son normas de carácter interno que no han de afectar a los administrados. No requieren un especial procedimiento de elaboración. Su cumplimiento se subordina al conocimiento de las mismas por sus destinatarios.
Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente, y el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios, ¿se podrá realizar una delegación de competencias? Sí, siempre que el delegante tenga igual o mayor rango que el delegado. No, en ningún caso. Sí, previa aprobación del órgano superior de quien dependa el órgano delegado. Sí, previa aprobación del órgano superior común.
En relación con las medidas provisionales no es cierto que: Solo podrán adoptarse antes de iniciarse el procedimiento administrativo. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. Se extingan cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
En relación con la declaración responsable y la comunicación, es cierto que: Ambas deben presentarse antes del inicio de la actividad. La declaración responsable podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad. La comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. Ambas podrán presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad.
En relación con los actos de instrucción no es cierto que: Deban realizarse a través de medios electrónicos. Se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para la Administración en aras a la seguridad del procedimiento. El órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.
El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender, cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de: 30 días. 45 días. 2 meses. 3 meses.
Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución se abrirá un trámite de audiencia para que los interesados puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo: No superior a 30 días ni inferior a 10. No superior a 30 días ni inferior a 15. No superior a 20 días ni inferior a 15. No inferior a 10 días ni superior a 15.
En relación con la resolución del procedimiento, no es cierto que: La resolución que ponga fin al procedimiento deba decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por este, pudiéndose agravar su situación inicial. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente.
Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias: Podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución. Suspenderá el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución. Podrá anular el procedimiento. Deberá anular el procedimiento.
La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba, por un plazo: De 10 días. Máximo de 10 días. De 15 días. Máximo de 15 días.
En los Procedimientos iniciados a solicitud del interesado, paralizados por causa imputable al mismo, se producirá la caducidad del procedimiento una vez haya transcurrido desde la advertencia al interesado por parte de la Administración: 1 mes. 2 meses. 3 meses. 15 días.
Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en un plazo, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, de: 15 días. 20 días. 30 días. 2 meses.
¿Incluyen el trámite de audiencia los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada? No, si la tramitación simplificada ha sido acordada por solicitud de los interesados. Sí, en todo caso. No, en ningún caso. Únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
Según la LPACAP, habrá lugar a la ejecución subsidiaria: Siempre. En el cobro de deudas dinerarias. Cuando se trate de actos personalísimos que puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. Cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, pueden ser realizados por sujeto distinto del obligado.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de reposición será de: 1 mes. 2 meses. 3 meses. 6 meses.
El recurso extraordinario de revisión contra actos firmes en vía administrativa se interpondrá ante: El órgano administrativo que los dictó. Ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo. Ante el órgano superior jerárquico del que dictó los actos. El Consejo de Ministros o equivalente de las distintas Administraciones Públicas.
De las siguientes circunstancias, ¿cuál cuenta con un plazo de 4 años desde la notificación de la resolución impugnada para la interposición de recurso extraordinario de revisión contra actos firmes en vía administrativa? Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos: Únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Potestativamente en reposición ante el órgano superior jerárquico al que los hubiera dictado o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En reposición ante el órgano superior jerárquico al que los hubiera dictado y, en caso de desestimación, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El plazo para la interposición del recurso de alzada será de: 1 mes, en todo caso. 2 meses, en todo caso. 3 meses, en todo caso. 1 mes, si el acto fuera expreso y si no lo fuera, de 3 meses.
El plazo para la interposición de un recurso de alzada de un acto expreso es de: 1mes. 3 meses. 15 días. 1 año.
En relación con actos dañinos o perjudiciales al interés público, se producirá la caducidad del procedimiento si desde la iniciación del mismo sin que se hubiera declarado la lesividad ha transcurrido un plazo de: 3 meses. 6 meses. 1 año. 4 años.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), establece que contra el acuerdo de acumulación de procedimientos: No cabe recurso alguno. Cabe recurso de alzada. Cabe recurso potestativo de reposición. Cabe recurso extraordinario de revisión.
Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán, en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas que procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto: Cuestiones de personal que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera. Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros. Las sanciones administrativas que consistan en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de 6 meses. Cuestiones de personal que se refieran a movilidad de los funcionarios.
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