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LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE
TEST 4065
ART. 49 A .
Según el artículo 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué caso la nulidad o anulabilidad de un acto implica la de los sucesivos en el procedimiento? Cuando sean dependientes del primero. Cuando sean independientes del primero. Cuando no tengan relación con el primero. En ningún caso.
Según el artículo 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué implicará la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo? Implicará la nulidad o anulabilidad de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. No implicará la nulidad o anulabilidad de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. No tendrá relación con la nulidad o anulabilidad de las partes del mismo. Siempre implicará la nulidad o anulabilidad de las partes del mismo.
Según el artículo 50 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿a qué se refiere la conversión de los actos viciados? a) Los actos nulos que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. b) Los actos anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. c) Las respuestas a) y b) son ciertas. d) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
Juan Sánchez aparece excluido del listado de Admitidos a las oposiciones del Estado cuya fecha de examen se celebrará el 17 de septiembre de 2023. El motivo de la exclusión es que no ha conseguido acreditar la nacionalidad ya que no nació en España. Después de reclamar a la Comisión de Selección, se le deniega su reclamación y no se le permite hacer el examen. Dos años después, consigue que se le dé la razón en el recurso contencioso-administrativo. ¿Qué tendrá que hacer la Administración en ese caso si hace un año que se llevó a cabo la adjudicación de las plazas derivadas de este procedimiento selectivo? Al estar el listado de admitidos viciado, ya que Juan Sánchez salió excluido, se deberá retrotraer el procedimiento selectivo al listado de admitidos y excluidos y repetir la oposición, esta vez sí con Juan Sánchez. El listado de admitidos, a excepción de Juan Sánchez, no estaba viciado, por lo que se considera válido así como todo el procedimiento selectivo que se hizo con posterioridad pudiendo repetirse un examen de forma excepcional a Juan Sánchez o llevando a cabo una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración. Se le dará la razón a Juan Sánchez aunque eso no tendrá ninguna repercusión sobre el proceso selectivo. Al haber ganado el recurso contencioso-administrativo, la Administración deberá adjudicar a Juan Sánchez una plaza adicional que se cree al efecto para compensar el agravio sufrido al haber salido excluido.
¿A qué hace referencia la respuesta de la pregunta anterior? A la convalidación de los actos. A la conservación de los actos. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. A la nulidad de pleno derecho.
A Juan Sánchez le ofrecen una Dirección General para la que se exige el título de Grado. Después de dos años ejerciendo y dictando resoluciones al respecto, resulta que no tenía dicha titulación y es cesado. ¿Qué ocurriría con todas las resoluciones que dictó mientras fue Director General? Que seguirán siendo válidas. Que aunque sean nulas de pleno derecho, podrán ser convalidadas por el nuevo Director General que sustituya a Juan Sánchez. Que aunque sean nulas de pleno derecho, podrán ser convertidas en válidas, a través del nuevo Director General que sustituya a Juan Sánchez. Que todas serán nulas de pleno derecho sin posibilidad de que se mantenga su validez.
Juan Sánchez sale elegido Alcalde de un municipio en las elecciones del 28 de mayo de 2023 y crea una comisión de investigación para examinar las cuentas del anterior Alcalde, cuando esa atribución es del Pleno. ¿Podría convertirse este acto nulo de pleno derecho? No. Sí, si el Pleno consiente en mantener dicha Comisión de Investigación. En principio los Ayuntamientos no pueden crear comisiones de investigación. Ninguna es cierta.
Según el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿a qué se refiere la conservación de actos y trámites? a) Los actos nulos que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. b) Los actos anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. c) Las respuestas a) y b) son ciertas. d) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
Juan Sánchez aprueba la oposición del 4 de junio de Administrativo y en lugar de nombrarlo funcionario de carrera, lo nombran funcionario interino. Cuando detectan que el nombramiento de interinidad es un acto viciado, se subsana y se le lleva a cabo un nombramiento de funcionario de carrera. ¿Qué es lo que ha hecho la Administración en este caso? Una conversión de actos viciados. Una conservación de actos y trámites. Una convalidación. Ninguna de las anteriores, el nombramiento de interino de Juan Sánchez no podrá ser subsanado por lo que deberá volver a presentarse a las oposiciones del año siguiente.
Otro caso independiente de los anteriores. Para nombrar interino a Juan Sánchez, se precisa que Función Pública dé su autorización. Si la Consejería de Salud nombra a Juan Sánchez interino sin la autorización de Función Pública. ¿Cómo será dicho nombramiento? Nulo de pleno derecho. Anulable. Válido. Ninguna de las anteriores.
¿Qué podría hacer la Dirección General de Función Pública para que el nombramiento fuera válido? Una conversión de actos viciados. Una conservación de actos y trámites. Una convalidación. Ninguna de las anteriores, el nombramiento de interino de Juan Sánchez no podrá ser subsanado.
A Juan Sánchez no le tienen en cuenta un curso de Word en las bolsas de trabajo del SMS, después del recurso de alzada, llega al contencioso, que le da la razón y obliga al SMS a valorar dicho curso en base a la convocatoria de bolsa de trabajo. ¿Qué ocurriría con los listados de puntuación de la bolsa del SMS que durante 2 años no incluía correctamente la puntuación de Juan Sánchez? Que se conservaría tal cual ya que el vicio no era de gran importancia, manteniendo el contenido igual del resto de aspirantes. Que se anularían todos los contratos que se hubieran adjudicado desde que salió el listado de puntuación sin la baremación correcta del curso de Word de Juan. Que se convertirían las bolsas de trabajo. Ninguna es cierta.
Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué tipo de actos podrá convalidar la Administración subsanando los vicios de que adolezcan? a) Los actos nulos de pleno derecho. b) Los actos anulables. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) La Administración no podrá convalidar ningún tipo de acto.
Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿desde cuándo producirá efectos la convalidación? a) Desde su fecha. b) Desde que se les otorgue eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Ninguna es cierta.
Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo podrá llevarse a cabo la convalidación si el vicio consintiera en incompetencia determinante de nulidad? La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea inferior jerárquico del que dictó el acto viciado. La convalidación no podrá realizarse en este caso. Ninguna es cierta.
Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo podrá llevarse a cabo la convalidación si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización? Podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por cualquier órgano. No podrá ser convalidado el acto en este caso. Ninguna es cierta.
La Administración concede una subvención a Juan Sánchez pero al no haberla validado el Interventor, es anulable. ¿Qué hará la Administración? Al ser anulable, la Administración anulará la subvención, aunque perjudique los intereses del interesado y Juan Sánchez se quedará sin subvención. La convalidará otorgando la autorización correspondiente preservando el interés general. Conservará los trámites. Convertirá los trámites.
¿Cómo se llama el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? De los interesados en el procedimiento. De la actividad de las Administraciones Públicas De los actos administrativos De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo? (indique la incorrecta) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. A presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, con carácter general, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo? (indique la incorrecta) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al período de prueba, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el art 98.2.
Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora? a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. c) Las respuestas a) y b) son ciertas. d) Todas las respuestas son falsas.
Según el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo podrán iniciarse los procedimientos? a) De oficio. b) A solicitud de interesado siempre que esta se realice por medios electrónicos. c) De oficio o a solicitud de interesado. d) Las respuestas a) y b) son ciertas.
Según el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo podrá el órgano competente abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento? Con anterioridad al inicio del procedimiento. Iniciado el procedimiento. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. Todas las respuestas son ciertas.
Según el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿a qué se orientarán las actuaciones previas en los procedimientos de naturaleza sancionadora? A determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento. A la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables. A identificar las circunstancias relevantes que concurran en los hechos y las personas que pudieran resultar responsables. Todas las respuestas son ciertas.
Según el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quién realizará las actuaciones previas? a) Los órganos administrativos competentes para resolver. b) Los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia. c) Si no hay órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. d) Las respuestas b) y c) son correctas.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo podrán adoptarse medidas provisionales? a) Una vez iniciado el procedimiento. b) Antes de la iniciación del procedimiento. c) Las respuestas a) y b) son ciertas. d) Todas las respuestas son falsas.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo se podrán adoptar las medidas provisionales por el órgano administrativo competente para resolver? a) De oficio y de forma motivada. b) A instancia de parte y de forma motivada. c) Por orden superior en todo caso. d) Las respuestas a) y b) son ciertas.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo podrá adoptar medidas provisionales el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento? En los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. En cualquier caso. En ningún caso, ya que esas medidas provisionales solo podrán ser adoptadas por el órgano competente para resolver para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. En los casos en los que se le delegue dicha potestad.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes no es un principio que se deba tener en cuenta a la hora de adoptar las medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello? El de proporcionalidad. El de eficacia. El de efectividad. El de menor onerosidad.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes medidas provisionales podrá acordarse si se dan las circunstancias adecuadas? Suspensión temporal de actividades y prestación de fianzas. Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable y embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble y la intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. Todas las respuestas son ciertas.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes medidas provisionales no podrá acordarse? Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. Aquellas medidas que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué se podrá hacer con las medidas provisionales durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción? Elevar las mismas. Reducir las mismas. Podrán ser alzadas. Todas las respuestas son correctas.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué caso se extinguirán las medidas provisionales? Según el caso, cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. En todo caso, cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. En ningún caso, cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. Ninguna es cierta.
Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quién podrá disponer la acumulación de un procedimiento a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión? El órgano administrativo competente para resolver. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento siempre que sean distintos el órgano que deba tramitar y el que deba resolver el procedimiento. Ninguna es cierta.
Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué recurso se podrá interponer contra el acuerdo de acumulación? Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso contencioso-administrativo. No cabe recurso.
¿Sería legal la solicitud de una vecina de acumulación en el caso de un incendio que haya ocasionado daños a varios vecinos habiéndose iniciado el mismo en el vertedero municipal, el cual es competencia del municipio. En el caso de que se hubiesen quemado varias casas y se fueran a tramitar varios expedientes de responsabilidad patrimonial, podría solicitarse que se acumularan todos los procedimientos los cuales guardan una íntima conexión, considerando que se van a resolver por el mismo órgano? Sí. No, ya que la acumulación deberá disponerse de oficio. No sería legal la solicitud como tal, pero sí la denuncia para que la Administración aplicara de oficio la acumulación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Ninguna es cierta.
Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes es una forma de inicio de oficio de un procedimiento administrativo? (indique la incorrecta) Por acuerdo del órgano competente por propia iniciativa. Por acuerdo del órgano competente como consecuencia de cualquier tipo de orden. Por acuerdo del órgano competente a petición razonada de otros órganos. Por acuerdo del órgano competente por denuncia.
¿Qué tipo de inicio de oficio del procedimiento será aquel en el que un vecino haga saber al Ayuntamiento que un bar hace mucho ruido y molesta a la vecindad? Por acuerdo del órgano competente por propia iniciativa. Por acuerdo del órgano competente como consecuencia de cualquier tipo de orden. Por acuerdo del órgano competente a petición razonada de otros órganos. Por acuerdo del órgano competente por denuncia.
¿Qué tipo de inicio de oficio del procedimiento será aquel en el que una Consejería le envía a un Ayuntamiento una solicitud? Por acuerdo del órgano competente por propia iniciativa. Por acuerdo del órgano competente como consecuencia de cualquier tipo de orden. Por acuerdo del órgano competente a petición razonada de otros órganos. Por acuerdo del órgano competente por denuncia.
Según el artículo 59 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo será el conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento para que el órgano inicie un procedimiento por propia iniciativa? a) Directo. b) Indirecto. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Todas las respuestas son falsas.
Según el artículo 60 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué deberán expresar de los siguientes en los procedimientos de
naturaleza sancionadora las órdenes superiores para iniciar el procedimiento de oficio? La persona o personas presuntamente responsables. La persona o personas presuntamente responsables y las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación. La persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. La persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron así como el plazo máximo de resolución del procedimiento.
Según el artículo 61 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿vinculará al órgano competente la petición razonada de otros órganos? a) Sí, si son de la misma Administración aunque no exista dependencia jerárquica. b) No, si son de distinta Administración. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) No, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación.
Según el artículo 61 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué se deberá hacer constar de los siguientes en la petición razonada de otro órgano de un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas. Su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público y su evaluación económica si fuera posible. El momento en que la lesión efectivamente se produjo. Todas las respuestas son ciertas.
Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué se entiende por denuncia? El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento de una obligación no legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. inguna es cierta.
Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué caso deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento? En todos los casos. En los casos en los que además de denunciantes se pueda presumir que podrían ser también interesados. En los casos en los que la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas. En ningún caso.
Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué caso el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario? a) En ningún caso. b) Cuando el denunciante sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. c) Cuando el segundo denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga. d) Las respuestas b) y c) son correctas.
Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué repercusión tendrá la presentación de una denuncia? La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. La presentación de una denuncia atribuye, en todo caso, la condición de interesado en el procedimiento. La presentación de una denuncia no atribuye, en ningún caso, la condición de interesado en el procedimiento.
Según el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo se iniciarán los procedimientos de naturaleza sancionadora? De oficio. A solicitud de interesado. De oficio o a solicitud de interesado. De oficio siempre por denuncia.
Según el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué fases se deben separar en los procedimientos sancionadores? La fase de tramitación y la de resolución. La fase de gestión y la de ejecución. La fase instructora y la sancionadora. En los procedimientos sancionadores no se procederá a la separación de ninguna de las fases.
Según el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en cuál de los siguientes casos no se podrá iniciar procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificados como infracciones? Cuando el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. Cuando el infractor no persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. En ningún caso. Todas las respuestas son falsas.
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