LEY_39/2015_T_4077

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TEST 4077 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TIPO EXAMEN ALEATORIO PREGUNTAS OFICIALES LEY 39 CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES TIPO 2 OPCIÓN JURÍDICA. .

Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Quienes gocen de personalidad jurídica con arreglo a las normas civiles. En todo caso, los menores de edad. En todo caso, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Según lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), todas las personas con capacidad de obrar son titulares de los siguientes derechos en sus relaciones con la Administración (señale la respuesta INCORRECTA): A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

¿Cuál de estas personas NO está obligada a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas?. El representante de una sociedad de responsabilidad limitada. El representante de un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Un funcionario de la CARM que solicita un permiso paternidad. Una comunidad de propietarios.

Conforme a lo establecido en el art. 35 de la Ley 39/2015, (LPACAP) serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señale la INCORRECTA): Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Las propuestas de resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.

¿De acuerdo con el art. 41.7 de la Ley 3912015 (LPACAP) cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, ¿qué fecha se tomará como fecha de notificación?. La que se practique por el medio y/o lugar señalado por el interesado a tal efecto. La de aquélla que se hubiera producido en primer lugar. No está prevista la realización de notificaciones por diferentes cauces, pero si la Administración enviara un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica, esta será la fecha que se tome como fecha de notificación. La que se realice a través del Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

Cuando el defecto de forma de un acto administrativo suponga que carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, dicho acto será: Nulo de pleno derecho. Anulable. Subsanable si lo pide el interesado. Válido pero ineficaz.

¿De qué plazo se dispone para interponer un recurso extraordinario de revisión cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida?. No es posible, los documentos han de ser, en todo caso, anteriores. 4 años a contar desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 4 años a contar desde el conocimiento de los documentos. 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos.

Si en virtud de una norma es preciso remitir el expediente electrónico: Se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de lnteroperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de lnteroperabilidad. Se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de lnteroperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Seguridad. Se enviará completo, firmado, autentificado y a ser posible de un índice de su contenido. Se enviará mediante correo electrónico encriptado.

Según lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 3912015 (LPACAP), en un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial: Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. No se establece un plazo.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que (señale la opción INCORRECTA): Se trate de una resolución que requiera efectuar compulsión sobre las personas, medio de ejecución que exigirá la previa intervención de un órgano judicial. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa incluido el potestativo de reposición. Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. Se necesite aprobación o autorización Superior.

Según lo señalado en el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, (LPACAP), el certificado acreditativo del silencio producido: Se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Se expedirá por el órgano competente para resolver a solicitud de persona interesada en el plazo de diez días a contar desde la solicitud. Se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de un mes desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Se expedirá por el órgano competente para resolver a solicitud de persona interesada en el plazo de un mes a contar desde la solicitud.

EI artículo 90.3 de Ia Ley 39/2015, (LPACAP) determina que la resolución que ponga fin aI procedimiento sancionador: Será ejecutiva desde la fecha en que se dicte, salvo que en ella se disponga otra cosa. Será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso en vía judicial. Será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso extraordinario en vía administrativa.

EL art. 117.1 de la Ley dispone que la interposición de cualquier recurso administrativo: Suspenderá la ejecución del acto impugnado. Suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario. Nunca suspenderá la ejecución del acto impugnado. No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.

PREGUNTAS OFICIALES LEY 39 CUERPO ADMINISTRATIVO. .

De acuerdo con el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el plazo para la interposición del recurso de alzada si el acto fuera expreso será de: 1 mes. 3 meses. 2 meses. 15 días.

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado: La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Española. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos desde que se expida el certificado acreditativo del mismo.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la anulabilidad: El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la anulabilidad del acto, en cualquier caso. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación del poder. Todas son incorrectas.

De acuerdo con el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con el inicio de un procedimiento administrativo por denuncia: No cabe en el ordenamiento administrativo español. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona pero su presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Las denuncias podrán ser anónimas pero su presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona y su presentación confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

Conforme al art 125.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para interponer el Recurso extraordinario de revisión contra un acto que hubiera incurrido en error de hecho será: 3 meses a contar desde que se tenga conocimiento de los documentos. 3 meses desde que la sentencia judicial quedó firme. Dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la resolución impugnada. Ninguna es correcta.

Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. La fecha en que se notifiquen, en cualquier caso. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. El día siguiente a la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el procedimiento administrativo cuando la prueba consiste en la emisión de un informe de una Entidad de Derecho Público, se entenderá que éste tiene: Carácter preceptivo. Carácter preceptivo y vinculante. Carácter potestativo y no vinculante. Carácter vinculante.

De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a partir de qué importe de la indemnización reclamada será preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado: A partir de una cuantía igual o superior a 30.000 €. A partir de una cuantía superior a 30.000 €. A partir de una cuantía igual o superior a 50.000 €. A partir de una cuantía superior a 60.000 €.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta: En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. Como regla general, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el plazo se fija en meses o años ¿qué día de vencimiento se utilizará cuando no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo?. Se entenderá que el plazo expira el siguiente día hábil. Se prorrogará el plazo hasta el día equivalente del mes siguiente. Se entenderá que el plazo expira el día anterior que fuera hábil. Se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a la ampliación de plazos la Administración (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA): Podrá concederla de oficio o a petición de los interesados. La concesión no excederá de la mitad del plazo establecido. El acuerdo de ampliación podrá no ser notificado. Podrá concederla siempre que no se perjudiquen derechos de tercero.

Conforme al art 73.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Qué sucede, con carácter general, cuando un interesado no cumple con los trámites que deban ser cumplimentados en un procedimiento dentro del plazo concedido al efecto?. Podrá entenderse que desiste del procedimiento. Podrá entenderse la renuncia al derecho. Podrá ser declarado decaído en su derecho al trámite. Deberá ser declarado decaído en su derecho al trámite.

De acuerdo con el art. 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada” (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA): En supuestos o ámbitos sectoriales determinados. Cuando la especificidad de la materia así lo justifique. Por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje. Ante órganos colegiados o Comisiones específicas sometidas a instrucciones jerárquicas.

De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación al periodo de información previa a la incoación de un procedimiento de naturaleza sancionadora el órgano competente: Puede abrir un periodo de información o actuaciones previas. Ha de abrir un periodo de información o actuaciones previas. Según el número de afectados se puede o no abrir un periodo de información o actuaciones previas. El periodo de información o actuaciones previas no está previsto para los procedimientos de naturaleza sancionadora.

Según el artículo 5.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la representación del interesado quedará acreditada electrónicamente: Mediante comparecencia personal, en primer lugar. Mediante comparecencia en la sede electrónica o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de funcionarios habilitados. Mediante comparecencia en la sede electrónica o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. No cabe la acreditación electrónica de la representación en ningún caso.

SUPUESTO PRÁCTICO 2 Dª Carmen Nieto Segura presentó el día 7 de marzo de 2022 en el Registro General de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital una solicitud para la obtención de una licencia de pesca de recreo dirigida a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dentro del edificio de la Consejería de Hacienda y debido a una baldosa en mal estado Da Carmen Nieto tropezó y cayó al suelo produciéndose lesiones en el pie derecho de cierta gravedad por las que recibió el alta médica por curación el día 7 de marzo de 2023. De otro lado, la Consejería de Hacienda está tramitando un contrato que tiene por objeto la construcción de una nueva oficina de Registro. Tanto el proyecto como la ejecución de la obra se adjudican a la empresa “Construcciones, S.A”, teniendo el contrato un valor estimado de 5 millones de euros (5.000.000 €). Responda a las siguientes cuestiones: .

El procedimiento de responsabilidad patrimonial se iniciará: De oficio exclusivamente. Preferentemente de oficio a petición razonada del Director General de Patrimonio. De oficio por denuncia. A solicitud del interesado.

Iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial, se plantea acordar la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado, sería correcta esta actuación: En ningún caso. Sí, si así lo determina el Consejo de Gobierno. Sí, si se considera inequívoca la relación de causalidad, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización. Únicamente cuando sea inequívoca la cuantía de la indemnización.

El informe del servicio cuyo funcionamiento ocasionó la presunta lesión de Dª Carmen Nieto debe emitirse: En el plazo de un mes. En el plazo de 15 días. En el plazo máximo de 10 días. En el plazo máximo de 15 días.

La solicitud del informe anterior tiene carácter: Vinculante. Facultativo. Preceptivo. Informativo.

De acuerdo con lo dispuesto en la LPAC si la solicitud de Da Carmen Nieto adoleciera de alguno de los requisitos establecidos para este tipo de solicitudes: Se entenderá que su petición ha caducado, previa resolución. Se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Deberá otorgarse un plazo no inferior a 10 días para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Deberá otorgarse un plazo no superior a 15 días para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

El derecho que tiene Da Carmen Nieto para reclamar prescribirá: El día 7 de marzo de 2023, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil. El día 6 de marzo de 2023, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil. El día 7 de marzo de 2024, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil. El día 6 de marzo de 2024, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil.

El órgano competente para resolver la reclamación de responsabilidad patrimonial de Dª Carmen Nieto es: El Consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital. El Director General de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital. El Secretario General de Hacienda, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital. El Director General de Patrimonio.

PREGUNTAS REPASO. .

De conformidad con el art. 106.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En la revisión de disposiciones y actos nulos, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, producirá la caducidad del mismo: El transcurso del plazo de 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución. El transcurso del plazo de 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución. El transcurso del plazo de un 1 año desde su inicio sin dictarse resolución. El desistimiento del interesado.

Según el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración, salvo precepto en contrario: Podrá conceder solamente de oficio, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Podrá conceder solamente a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda del plazo inicial, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda del plazo inicial, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de alzada si el acto fuera expreso será de: De 15 días. De 1 mes. De 3 meses. Ninguna es correcta.

Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán rechazadas: Cuando haya transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido 5 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido 5 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que acceda a su contenido.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las tres son correctas.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale cuál de los siguientes es un derecho de los interesados en el procedimiento administrativo. A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. A identificar a las autoridades y a personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Todas son correctas.

En relación con la instrucción del procedimiento administrativo, de acuerdo con la Ley 39/2015, los interesados: Únicamente podrán alegar defectos de tramitación durante el trámite de audiencia. Podrán alegar defectos de tramitación en todo momento. Únicamente podrán alegar defectos de tramitación en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Únicamente podrán alegar defectos de tramitación en el trámite de audiencia y después de este trámite.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen la consideración de interesados en el procedimiento: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Todas son correctas.

Según la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio: La Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes. La Administración no podrá desistir en ningún caso en el procedimiento. La Administración podrá desistir, sin necesidad de motivar, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes. La Administración podrá desistir, libremente, cuando lo estime conveniente.

Contra la resolución de un recurso de alzada, según el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cabrá el recurso potestativo de reposición. No cabra ningún otro recurso administrativo. No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Todo interesado podrá desistir de su solicitud y renunciar a sus derechos: Expresándolo verbalmente. Cuando le obligue la Concejalía del área. No podrán desistir nunca. Cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico.

¿En qué procedimientos el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración de la obligación legal de resolver?. En los iniciados a instancia de parte. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En los iniciados de oficio. En los procedimientos sancionadores.

A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos para los interesados: La presentación de un documento en el registro electrónico en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo. La fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento en el registro electrónico. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de: 1 mes. 3 meses. 6 meses. No hay fijado un plazo legal para ello, puesto que el silencio es desestimatorio.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala en el art. 107, que: La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos seis años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo sin que sea necesaria la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.