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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESELey 40/2015: Dispo. generales y principios de actuación.

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Título del test:
Ley 40/2015: Dispo. generales y principios de actuación.

Descripción:
Tema 14, segunda parte

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
20/09/2019

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 46
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Temario:
La ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula (señala la incorrecta): Las bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.
La ley 40/2015 se aplica al sector público, que comprende (señala la incorrecta): La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración Local. El sector público y privado institucional.
El sector público institucional se integra por: Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados dependientes de las Administraciones Públicas. Las entidades de derecho privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Las Universidades públicas. Todas son correctas.
Las entidades de derecho privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas: No quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas. No quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley, ni siquiera cuando ejerzan potestades administrativas. Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas, excepto cuando ejerzan potestades administrativas.
Las Universidades Públicas se regirán por: Las previsiones de la presente ley y supletoriamente por su normativa específica. Su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente ley. Exclusivamente por su normativa específica. Exclusivamente por las previsiones de la presente ley.
Tienen la consideración de Administraciones Públicas (señala la incorrecta): La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración Local. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas sirven con objetividad a los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y actúan de acuerdo a los principios de: Eficacia, legalidad, descentralización, desconcentración y coordinación. Eficacia, legalidad, descentralización, desconcentración y cooperación. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación.
Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. Responsabilidad por la gestión pública. Todas son correctas.
Las Administraciones Públicas: Se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios no electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas. Garantizarán la protección de los datos de carácter personal. Facilitarán preferentemente la prestación disociada de servicios a los interesados. Todas son correctas.
La actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico, bajo la dirección de (señala la incorrecta): El Gobierno de la Nación. Los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas. Los órganos de gobierno de las Entidades Locales. Los órganos de gobierno de las Universidades públicas.
Las Administraciones Públicas actúan para el cumplimiento de sus fines: Con personalidad jurídica propia. Con personalidad jurídica única. Con personalidad jurídica plena. Con personalidad jurídica física.
Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán (señala la incorrecta): Aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva. Motivar su necesidad para la protección del interés público. Justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, evitando en la medida de lo posible que se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.
La competencia es: Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.
La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
Cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en: Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público. Sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes. Sus entidades de derecho privado vinculados o dependientes. Ninguna es correcta.
En ningún caso podrá ser objeto de delegación las competencias lo relativo a (señala la incorrecta): Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. La adopción de disposiciones de carácter especial. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. Las materias en que así se determine por norma cn rango de ley.
Contra el acuerdo de avocación: Podrá imponerse recurso de alzada. Podrá imponerse recurso potestativo de reposición. No cabrá recurso, ni podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, a otros órganos o Entidades de Derecho Público de: La misma Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades. La misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades. La misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades. Distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades.
Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente: En los supuestos de vacantes o ausencia. En los supuestos de enfermedad. En los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Todas son correctas.
No es correcto respecto a los órganos colegiados: El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente ley, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Las Administraciones no podrán publicar el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento en otros medios de difusión. Cuando se trate de un órgano colegiado en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, la publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia.
Son motivos de abstención: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. Ser administrador de la sociedad o entidad interesada. Tener una cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. Todas son correctas.
Es motivo de abstención tener un parentesco con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento: De consanguinidad dentro del segundo grado de afinidad dentro del cuarto. De consanguinidad dentro del cuarto grado de afinidad dentro del segundo. De consanguinidad dentro del tercero grado de afinidad dentro del primero. De consanguinidad dentro del primer grado de afinidad dentro del tercero.
Si el recusado niega la causa de recusación, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos, el superior resolverá en el plazo de: 1 día. 2 días. 3 días, 7 días.
Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación: Podrá imponerse recurso de alzada. Podrá imponerse recuso extraordinario de revisión. Podrá imponerse el recuso pertinente. No cabrá recurso.
La ley 40/2015 tiene por objeto: Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de la responsabilidad de las Administraciones Públicas. Establecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. Regular los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Todas son correctas.
Se regirán por su normativa específica en el ejercicio de sus funciones públicas que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente ley. Pero, ¿qué ley es esta?: La 40/2015. La 39/2015. La a y la b son correctas. Ninguna es correcta.
De los siguientes principios, ¿Cual no se exigiría para la creación de cualquier órgano administrativo?: Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. Delimitación de sus funciones y competencias. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Todos se exigen.
¿Cómo dirigen los órganos administrativos las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes?: Mediante instrucciones. Mediante órdenes de servicios. La a y la b son correctas. Ninguna es correcta.
Si se incumplen las instrucciones u órdenes de servicio, afectaría a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos: El acto carecería de validez. No afectaría a la validez. Por sí solo no afectaría a la validez. Por sí solo no afectaría a la validez, aunque podría darse responsabilidad disciplinaria.
Es correcto respecto a la abstención: Ls autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den alguno de los motivos de abstención se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas como motivos de abstención le ordenarán que se abstengan de toda intervención en el expediente. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. La abstención en los casos en que concurra alguno de los motivos de abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda.
Las disposiciones sancionadoras: Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Producirán efecto irretroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Producirán efecto irretroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
Las infracciones administrativas se clasificarán en: Leves y graves. Graves y muy graves. Leves, graves y muy graves. Ninguna es correcta.
Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan: De forma solidaria. De forma subsidiaria. De forma individual. De forma mancomunal.
Las sanciones administrativas: Sean o no de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. Que no sean de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. Sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. Que sean de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios (señala la incorrecta): El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. La continuidad o persistencia en la conducta infractora. La naturaleza de los perjuicios causados. La reincidencia, por comisión en el término de dos años o más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
Si no se han fijado los plazos de prescripción, las infracciones my graves prescribirán: A los seis meses. Al año. A los dos años. A los tres años.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse: Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. Desde que finalizó la conducta infractora. Desde el día siguiente en que finalizó la conducta infractora.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde: El día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. El día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. El día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. El día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
Respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el daño alegado habrá de ser: Efectivo. Evaluable económicamente. Individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Todas son correctas.
Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste: Tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. No tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Tenga o no el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Ninguna es correcta.
La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para la ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a: Una Administración Pública. A uno o varios organismos públicos en el ejercicio de sus competencias. A una o varias entidades de Derecho Púbico en el ejercicio de sus competencias. Todas son correctas.
Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a: La información publicada. La sede electrónica. La a y la b son correctas. La a y la b son incorrectas.
Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en: El Esquema Nacional de Seguridad. El Consejo de Ministros. El Punto de Acceso General electrónico de la Administración. El Registro Electrónico General de cada Administración.
Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por: Las Administraciones Públicas o Privadas. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o de derecho privado. Las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. Todas son correctas.
Los convenios: Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la presente ley. Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la presente ley. No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.
Las normas del capítulo "De los convenios": Serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. Serán de aplicación a las encomiendas de gestión, pero no a los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. Serán de aplicación a los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos, pero no a las encomiendas de gestión. No serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos.
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