La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función ..., con sujeción a la Constitución y a las Leyes Del Gobierno. Del Estado. Del Ministerio del Interior. De la Secretaría de Estado de Seguridad. Esta Ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de ... de los ciudadanos La tranquilidad. La convivencia. La seguridad. Todas son correctas. Señale la opción CORRECTA respecto a los ámbitos de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son aplicables en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, hayan asumido las comunidades autónomas en el marco de la Constitución, de los estatutos de autonomía y de la legislación del Estado en materia de seguridad pública. En particular, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley las prescripciones que tienen por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de las personas y bienes a través de una acción administrativa ordinaria, aun cuando la misma pueda conllevar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que esta se conciba como elemento integrante del sistema preventivo habitual del control del espectáculo. Asimismo, esta Ley se aplicará sin menoscabo de los regímenes legales que regulan ámbitos concretos de la seguridad pública, como la seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o en los transportes, quedando, en todo caso, salvaguardadas las disposiciones referentes a la defensa nacional y la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio. Todas son correctas. Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los Poderes Públicos en su ámbito de aplicación: Señale la opción INCORRECTA. La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por la Constitución Española. La garantía del normal funcionamiento de las instituciones. La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadana. Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los Poderes Públicos en su ámbito de aplicación: Señale la opción INCORRECTA. El respeto a las Leyes, a la convivencia y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades. La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al uso y disfrute público. Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los Poderes Públicos en su ámbito de aplicación: Señale la opción INCORRECTA. La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad. La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores y la sanción de las de esta naturaleza tipificadas en esta Ley. La buena fe en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana. El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta Ley a las Administraciones Públicas y, específicamente, a las autoridades y demás órganos competentes en materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por los principios de: Señale la opción INCORRECTA. Legalidad. Igualdad de trato y no discriminación. Oportunidad. Proporcionalidad. Eficacia. Eficiencia. Idoneidad. Responsabilidad. En particular, las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de: Señale la opción INCORRECTA. Los derechos de reunión y asociación. Las libertades de expresión e información. La libertad sindical. El derecho de huelga. En particular, la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad está sujeta a los principios básicos de actuación regulados en un artículo de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿De qué artículo se trata? Del artículo 4. Del artículo 5. Del artículo 6. Del artículo 7. La actividad de intervención se justifica por la existencia de ... o de un comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana y, en concreto, atentar contra los derechos y libertades individuales y colectivos o alterar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Las concretas intervenciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana se realizarán conforme a lo dispuesto en el capítulo III de esta Ley. Un riesgo concreto. Un peligro concreto. Una amenaza concreta. Una contingencia concreta. ¿A quién corresponde la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la administración general de la seguridad ciudadana, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras Administraciones Públicas en dicha materia? Al Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a sus órdenes. Al Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes. Al Ministerio del Interior y a los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes. Al Ministerio del Interior y a los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a sus órdenes. Son autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito de la Administración General del Estado: Señale la opción INCORRECTA. El Ministro del Interior. El Secretario de Estado de Seguridad. Los titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan atribuida tal condición, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias. Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares. El Presidente del Gobierno. Señale la opción CORRECTA. Serán autoridades y órganos competentes, a los efectos de esta Ley, los correspondientes de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y cuenten con un cuerpo de policía propio. Las autoridades de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las autoridades locales ejercerán las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y la legislación de régimen local, espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades clasificadas. A y B son correctas. Ninguna es correcta. La Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con competencias en materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones, por los principios de ..., facilitándose la información de acuerdo con la legislación vigente y la asistencia técnica necesarias en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, y, cuando fuese preciso, coordinando las acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de esta Ley, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Colaboración y lealtad institucional. Coordinación y lealtad institucional. Cooperación y lealtad institucional. Asistencia y lealtad institucional. Señale la opción INCORRECTA respecto al deber de colaboración. Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y el personal de seguridad privada tienen un especial deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, prestarles la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones, en los términos previstos en la normativa de seguridad privada. El personal que realice funciones de policía administrativa tendrá el especial deber de colaborar en la consecución de los fines previstos en el artículo 3 de esta Ley. Todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con su normativa específica, deberán colaborar con las autoridades y órganos a que se refiere el artículo 5, y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado para la consecución de los fines relacionados en el artículo 3. Cuando, por razón de su cargo, tengan conocimiento de hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana o de los que racionalmente pueda inferirse que pueden producir una perturbación grave, estarán obligados a ponerlo inmediatamente en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las autoridades y órganos competentes y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán recabar de los particulares su ayuda y colaboración en la medida necesaria para el cumplimiento de los fines previstos en esta Ley, especialmente en los casos de grave calamidad pública o catástrofe extraordinaria, siempre que ello no implique riesgo personal para los mismos. Quienes sufran daños y perjuicios por estas causas serán indemnizados de acuerdo con las leyes.
