Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo

Capítulo I Disposiciones Generales. .

La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función ... , con sujeción a la Constitución y a las Leyes. Señale la opción que debería ir en los puntos suspensivos. Del Ministerio del Interior. Del Gobierno. Del Estado. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Esta Ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante ¿qué?. La protección de personas. La protección de bienes. El mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos. Todas son correctas.

Las disposiciones de esta Ley son aplicables en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, hayan asumido las comunidades autónomas en el marco de... ¿qué norma/s?. La Constitución. Los estatutos de autonomía. La legislación del Estado en materia de seguridad pública. Todas son correctas.

Señale la proposición correcta. En particular, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley las prescripciones que tienen por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de las personas y bienes a través de una acción administrativa ordinaria, aun cuando la misma pueda conllevar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que esta se conciba como elemento integrante del sistema preventivo habitual del control del espectáculo. Esta Ley se aplicará sin menoscabo de los regímenes legales que regulan ámbitos concretos de la seguridad pública, como la seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o en los transportes, quedando, en todo caso, salvaguardadas las disposiciones referentes a la defensa nacional y la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio. A y B son correctas. A y B son incorrectas.

Señale cuáles de las siguientes proposiciones constituyen los fines de esta ley y de la acción de los Poderes Públicos en su ámbito de aplicación. La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. La garantía del normal funcionamiento de las instituciones. La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas. El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades. La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al uso y disfrute público. La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad. La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores y la sanción de las de esta naturaleza tipificadas en esta Ley. La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana.

El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta Ley a las administraciones públicas y, específicamente, a las autoridades y demás órganos competentes en materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las FF.CC.SS se regirá por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad y se someterá a ¿qué tipo de controles?. Al control administrativo. Al control jurisdiccional. A y B son correctas. A y B son incorrectas.

Señale la proposición CORRECTA. La actividad de intervención se justifica por la existencia de una amenaza concreta o de un comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana y, en concreto, atentar contra los derechos y libertades individuales y colectivos o alterar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Las concretas intervenciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana se realizarán conforme a lo dispuesto en el capítulo III de esta Ley. En particular, la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad está sujeta a los principios básicos de actuación regulados en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A y B son correctas. Ninguna es correcta.

¿A quién corresponde la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la administración general de la seguridad ciudadana, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras administraciones públicas en dicha materia?. Al Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes. Al Ministerio del Interior, a través del Secretario de Estado de Seguridad y de los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes. Al Gobierno, a través del Secretario de Estado de Seguridad y de los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes. Al Ministerio del Interior, a través del Secretario de Estado de Seguridad y de los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a sus órdenes.

¿Quiénes serán autoridades y órganos competentes, a los efectos de esta Ley?. Los correspondientes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias para la protección de personas y bienes. Los correspondientes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Los correspondientes de las Comunidades Autónomas que cuenten con un cuerpo de policía propio. Todas son correctas.

Las autoridades de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las autoridades locales ejercerán las facultades que les corresponden, de acuerdo ¿con qué?. La legislación de régimen local. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. La legislación sobre espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades clasificadas. Todas son correctas.

La Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con competencias en materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones, por los principios de ... , facilitándose la información de acuerdo con la legislación vigente y la asistencia técnica necesarias en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, y, cuando fuese preciso, coordinando las acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de esta Ley, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Coordinación y lealtad institucional. Cooperación y subordinación. Cooperación y lealtad institucional. Coordinación y subordinación.

Señale la opción CORRECTA respecto al deber de colaboración. Todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con su normativa específica, deberán colaborar con las autoridades y órganos a que se refiere el artículo 5, y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado para la consecución de los fines relacionados en el artículo 3. Cuando, por razón de su cargo, tengan conocimiento de hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana o de los que racionalmente pueda inferirse que pueden producir una perturbación grave, estarán obligados a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente. Las autoridades y órganos competentes y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán recabar de los particulares su ayuda y colaboración en la medida necesaria para el cumplimiento de los fines previstos en esta Ley, especialmente en los casos de grave calamidad pública o catástrofe extraordinaria, siempre que ello no implique riesgo personal para los mismos. Quienes sufran daños y perjuicios por estas causas serán indemnizados de acuerdo con las leyes. El personal que realice funciones de policía administrativa tendrá el especial deber de colaborar en la consecución de los fines previstos en el artículo 3 de esta Ley. Todas son correctas.

¿Quién tiene un especial deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, prestarle la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones, en los términos previstos en la normativa de seguridad privada?. El personal de seguridad privada. Las empresas de seguridad privada. Los despachos de detectives privados. Todas son correctas.

Señale quiénes son autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito de la Administración General del Estado. El Ministro del Interior. El Secretario de Estado de Seguridad. Los titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan atribuida tal condición, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias. Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares. El Ministro de Defensa. El Presidente del Gobierno. El Director General de la Policía. El Director General de la Guardia Civil. El Rey.

Capítulo II Documentación e identificación personal. .

¿Cuál es un documento público y oficial y tendrá la protección que a estos otorgan las leyes, siendo el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular?. El Pasaporte. El Documento Nacional de Identidad. El Libro de Familia. Ninguna es correcta.

¿Qué figurará en el Documento Nacional de Identidad?. La fotografía de su titular. La firma de su titular. Los datos personales que se determinen reglamentariamente, que respetarán el derecho a la intimidad de la persona, sin que en ningún caso, puedan ser relativos a la raza, etnia, religión, creencias, opinión, ideología, discapacidad, orientación o identidad sexual, o afiliación política o sindical. Todas son correctas.

¿A partir de qué edad es obligatorio el Documento Nacional de Identidad?. A partir de los 12 años. A partir de los 14 años. A partir de los 16 años. A partir de los 18 años.

¿Cuál de las siguientes proposiciones sobre el Documento Nacional de Identidad NO es correcta?. El Documento Nacional de Identidad es personal e intransferible. El titular del Documento Nacional de Identidad debe mantenerlo en vigor y conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia. El titular del Documento Nacional de Identidad no podrá ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, sino en los supuestos en que, conforme a lo previsto por la ley, haya de ser sustituido por otro documento. De la sustracción o extravío del Documento Nacional de Identidad deberá darse cuenta tan pronto como sea posible a la comisaría de Policía o puesto de la Guardia Civil más próximo. Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad lo están también a exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad a las que se refiere el apartado 2 del artículo 8 cuando fueren requeridas para ello por la autoridad o sus agentes, para el cumplimiento de los fines previstos en el apartado 1 del artículo 16.

¿A quién corresponde la competencia exclusiva para la dirección, organización y gestión de todos los aspectos referentes a la confección y expedición del Documento Nacional de Identidad, conforme a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación sobre firma electrónica?. Al Director General de la Policía. Al Gobierno. Al Ministerio del Interior. Al Secretario de Estado de Seguridad.

¿Por quién será ejercida la dirección, organización y gestión de todos los aspectos referentes a la confección y expedición del Documento Nacional de Identidad, conforme a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación sobre firma electrónica?. El Ministerio del Interior. La Secretaría de Estado de Seguridad. La Dirección General de la Policía. La Comisión Permanente sobre custodia de Documentos de Estado.

Señale la opción CORRECTA respecto a la acreditación de la identidad de los ciudadanos españoles. Los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad. El Documento Nacional de Identidad es un documento público y oficial y tendrá la protección que a estos otorgan las leyes. Es el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular. El Documento Nacional de Identidad permite a los españoles mayores de edad que gocen de plena capacidad de obrar y a los menores emancipados la identificación electrónica de su titular, así como la firma electrónica de documentos, en los términos previstos en la legislación específica. Las personas con capacidad modificada judicialmente podrán ejercer esas facultades cuando expresamente lo solicite el interesado y no precise, atendiendo a la resolución judicial que complemente su capacidad, de la representación o asistencia de una institución de protección y apoyo para obligarse o contratar. El prestador de servicios de certificación procederá a revocar el certificado de firma electrónica a instancia del Ministerio del Interior, tras recibir éste la comunicación del Encargado del Registro Civil de la inscripción de la resolución judicial que determine la necesidad del complemento de la capacidad para obligarse o contratar, del fallecimiento o de la declaración de ausencia o fallecimiento de una persona. Todas son correctas.

Señale la opción CORRECTA respecto al pasaporte de los ciudadanos españoles. La obtención del pasaporte por los ciudadanos sujetos a patria potestad o a tutela estará condicionada al consentimiento expreso de las personas u órgano que tenga encomendado su ejercicio o, en su defecto, del órgano judicial competente. Los titulares del pasaporte tienen la obligación de exhibirlo y facilitarlo cuando fuesen requeridos para ello por la autoridad o sus agentes. Los titulares del pasaporte estarán obligados a su custodia y conservación con la debida diligencia. De su sustracción o extravío deberá darse cuenta de manera inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o, en su caso, a la Representación Diplomática o Consular de España en el extranjero. Todas son correctas.

Los ciudadanos españoles tienen derecho a que les sea expedido el pasaporte, que sólo podrá ser exceptuado en las siguientes circunstancias: Señale la opción INCORRECTA. Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad privativas de libertad superior a tres meses, mientras no se hayan extinguido, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente. Haber sido acordada por el órgano judicial competente la retirada de su pasaporte de acuerdo con lo previsto por la ley. Haberle sido impuesta una medida de libertad vigilada con prohibición de abandonar el territorio nacional, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente. Cuando el órgano judicial competente haya prohibido la salida de España o la expedición de pasaporte al menor de edad o a la persona con la capacidad modificada judicialmente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

¿A quién corresponde la competencia para la expedición del pasaporte?. En el territorio nacional, a la Dirección General de la Policía. En el extranjero, a las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España. A y B son correctas. Ninguna es correcta.

¿A quién corresponde desarrollar esta Ley en lo referente al régimen jurídico del pasaporte?. Corresponde al Ministro del Interior, a propuesta exclusiva del Gobierno. Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministros del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministros del Interior y del Secretario de Estado de Seguridad. Corresponde al Ministro del Interior, a propuesta del Secretario de Estado de Seguridad.

Señale la opción INCORRECTA respecto a la acreditación de la identidad de los ciudadanos extranjeros. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación regular en España. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen, salvo en el curso de investigaciones judiciales de carácter criminal. Los extranjeros estarán obligados a exhibir la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación regular en España y permitir la comprobación de las medidas de seguridad de la misma, cuando fueran requeridos por las autoridades o sus agentes de conformidad con lo dispuesto en la ley, y por el tiempo imprescindible para dicha comprobación, sin perjuicio de poder demostrar su identidad por cualquier otro medio si no la llevaran consigo.

En particular, las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de ¿qué derechos?. Los derechos de reunión y manifestación. Las libertades de expresión e información. La libertad sindical y el derecho de huelga. Todas son correctas.

¿Qué incorporará la tarjeta soporte del Documento Nacional de Identidad?. Las medidas de seguridad necesarias para la consecución de condiciones de calidad e inalterabilidad. Las máximas garantías para impedir su falsificación. A y B son correctas. Ninguna es correcta.

¿A quién le corresponderá la custodia y responsabilidad de los archivos y ficheros relacionados con el Documento Nacional de Identidad?. A la Dirección General de la Policía. Al Ministerio del Interior. A la Secretaría de Estado de Seguridad. Todas son correctas.

¿Cuál es un documento público, personal, individual e intransferible que, salvo prueba en contrario, acredita la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles fuera de España, y dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de los españoles no residentes?. El Documento Nacional de Identidad. El Pasaporte español. La Tarjeta de Residencia. El Libro de Familia.