RJC UGR D.ADMTVO. II-8

No es una normativa aplicable al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que así lo dispongan. El Estatuto de los Trabajadores (ET). Los convenios colectivos. El Estatuto del personal al servicio del sector público.

No se considera una clase de empleado público: Funcionario de carrera. Personal laboral. Personal eventual. Personal directivo profesional.

No es un procedimiento selectivo admitido en nuestro Derecho: El concurso. La oposición. El concurso-oposición. La libre designación.

Para poder acceder al Grupo B, hay que estar en posesión: Del título de graduado en educación secundaria obligatoria. Del título de bachiller. Del título de técnico superior. Del título universitario de grado.

No es una causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera: La pérdida de la nacionalidad. La sanción disciplinaria de demérito. La renuncia a la condición de funcionario. La jubilación total del funcionario.

El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial se considera: Funcionario interino. Personal laboral. Personal eventual. Funcionario de carrera.

El EBEP sólo les será de aplicación en aquellos aspectos no regulados expresamente por su normativa específica: Personal militar de las Fuerzas Armadas. Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Personal retribuido por arancel.

Cuál de los siguientes requisitos de acceso al empleo público no es correcto. Capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Edad (a partir de 16 años sin llegar a exceder la edad de jubilación). Titulación. Edad (a partir de 18 años sin llegar a exceder la edad de jubilación).

Cuál de los siguientes principios no es un deber de actuación de los empleados públicos: Integridad. Parcialidad. Transparencia. Eficacia.

No es una situación administrativa: Servicio activo. Servicio pasivo. Servicios especiales. Excelencia.

No incluye referencias al dominio público: El Código Civil. La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. La Ley de Aguas.

Según el artículo 5 LPAP son bienes del dominio público: Los bienes demandares y los patrimoniales. Los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público. Los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público y también aquellos a los que una ley otorgue expresamente al carácter de demaniales. Los bienes demaniales, comunales y patrimoniales.

El Patrimonio Nacional se refiere a: El Patrimonio del Estado. El Patrimonio Real, bienes afectos al uso y servicio del rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de sus funciones. El Patrimonio Histórico-Artístico, que no se considera dominio público. El Patrimonio de las Administraciones Públicas.

La desafectación de los bienes de dominio público natural se produce por: Su degradación o desnaturalización. Por la aprobación de una norma que califica los bienes como dominio público natural. Por un acto administrativo expreso de la Administración titular de los bienes. Puede producirse de forma expresa, implícita o presunta.

La potestad de desahucio de la Administración: Es consecuencia de algunas características de los bienes de dominio público, como la inalienabilidad. Es una forma que tiene la Administración de recuperar la propiedad de los bienes demaniales. Puede ejercitarse de oficio por la Administración. Requiere que la Administración acuda a los Tribunales para poder ejercitarla.

Un Plan General de Ordenación Urbana que reserva terrenos para las vías y parques públicos es un acto de: Afectación expresa de bienes al dominio público. Afectación implícita de bienes al dominio público. Afectación presunta de bienes al dominio público. Normativa urbanística de carácter local que es independiente de la legislación sobre patrimonio de las Administraciones Públicas.

La imprescriptibilidad: Es una característica de los bienes demaniales y patrimoniales. Es una de las potestades con que cuenta la Administración para la protección de sus bienes. Es una característica de los bienes demaniales y comunales. Es una característica que adquieren los bienes de las Administraciones públicas una vez que se inscriben en el Registro correspondiente.

Los modos de adquisición del patrimonio por la Administración son los siguientes. Por atribución legal, a título oneroso, a título gratuito, por prescripción, por ocupación y por cualquier medio previsto en el ordenamiento jurídico. Por concurso, por subasta y por adjudicación directa. Por atribución legal, a título oneroso, a título gratuito, por prescripción, por ocupación, por deslinde, por interdictum propium y por desahucio administrativo. Por afectación.

Los vecinos de un municipio. No pueden ejercer acciones de investigación y deslinde de los bienes municipales. Únicamente pueden instar del Ayuntamiento el ejercicio de tales acciones. Pueden ejercer sin limitaciones las acciones de investigación y deslinde de los bienes municipales. Pueden instar el ejercicio de las acciones y, pasado un plazo de tiempo, si el Ayuntamiento no las lleva acabo, ejercitarlas en su nombre.

Al uso privativo del dominio público: Se accede mediante autorización o licencia otorgada por la Administración titular de los bienes en cuestión. Se accede mediante un convenio de uso privativo entre la Administración titular de los bienes y el interesado en su uso privativo. Se accede mediante la concesión demanial, que tiene carácter contractual. Se accede mediante la concesión demanial, que es un acto unilateral de la Administración.

El Derecho público económico es la rama del ordenamiento jurídico que estudia. La ordenación jurídica de la economía. Las técnicas de intervención de los poderes públicos en la economía. Las dos respuestas anteriores son correctas. Las principales leyes administrativas y la normativa sectorial.

Pueden suponer barreras a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales en el mercado único europeo: Las reglamentaciones técnicas diversas en cada país. Los requisitos administrativos en el cruce de fronteras. Las restricciones en el acceso a la contratación pública. Las tres respuestas anteriores son correctas.

Los servicios de interés económico general: Quedan fuera por lo general del ámbito de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia. Pueden incluir servicios públicos que impliquen ejercicio de poder o autoridad. Son prestaciones de interés público sometidas, con carácter general, a las normas comunitarias sobre la competencia. Realmente no tienen la condición de económicos, por la ausencia de ánimo de lucro.

La mayoría de la doctrina considera que el modelo económico que configura la Constitución española: Es un sistema de economia social de mercado. Es un sistema de economia centralizada o planificada. Es un sistema de liberalismo económico puro. Es un sistema de economía mixta, equidistante entre el liberalismo económico y el centralismo colectivista.

El derecho a la libertad de empresa recogido en el artículo 38 CE: Puede regularse por norma reglamentaria, siempre que respete el contenido esencial del derecho. En su vertiente institucional garantiza objetivamente la libertad empresarial para el mantenimiento del sistema de economía social de mercado. Está condicionado y limitado por otros preceptos constitucionales. Las dos respuestas anteriores son correctas.

El principio de neutralidad en relación con la iniciativa pública económica. Puede admitir en ocasiones la vulneración del principio de igualdad en el marco de la economía de mercado. Significa que las empresas públicas que concurran con las privadas en cualquier sector económico no han de respetar las reglas de la libre competencia. Ha visto reducido su significado por la intensa actividad de las autoridades comunitarias en orden al respeto del principio de igualdad. Obliga a los poderes públicos a intervenir en la economía.

Según el artículo 128 CE, mediante ley se puede: Reservar al sector público servicios sociales o funciones públicas, especialmente en caso de monopolio. Acordar la intervención de empresas cuando así lo exija el ordenamiento comunitario. Las dos respuestas anteriores son correctas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Las situaciones que afectan a la libre competencia son: Los cárteles; los medios abusivos; las absorciones; y las subvenciones. Las conductas colutorios; el abuso de posición dominante; la competencia desleal; las concentraciones; y las subvenciones. Los cárteles; el abuso de posición dominante; las deslealtades; las concentraciones; y las ayudas públicas. Las conductas colutorios; los cárteles; las fusiones; y las absorciones.

El TC ha afirmado que a través de los planes previstos en el artículo 131 CE el Estado puede fijar las bases: De la ordenación de la economía en general. De la ordenación de sectores económicos concretos. Las dos respuestas anteriores son correctas. De la unidad de mercado.

El nuevo artículo 135 CE: Introduce el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas españolas. Establece que ni el Estado ni las CCAA podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos. Establece que los límites de déficit estructural sólo podrán superarse en determinados casos excepcionales. Las tres respuestas anteriores son correctas.