¿QUÉ RECURSO ADMINISTRATIVO ES RESUELTO POR EL ÓRGANO SUPERIOR
JERÁRQUICO DEL QUE DICTÓ EL ACTO IMPUGNADO? El recurso potestativo de reposición. El recurso de alzada. El recurso extraordinario de revisión. Todas las respuestas anteriores son correctas.
SEÑALE EL ENUNCIADO CORRECTO A LA LUZ DE LA LEY 39/2015: Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Los procedimientos iniciados por denuncia se entienden iniciados a solicitud del interesado y se someten a su régimen jurídico. La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción Administrativa y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Interpuesta la denuncia, el órgano competente deberá en todo caso notificar a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.
EN MATERIA DE CADUCIDAD, EL ART. 95 DE LA LEY 39/2015 ESTABLECE:
(SEÑALE EL ENUNCIADO INCORRECTO) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, y los procedimientos caducados interrumpen el plazo de prescripción. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.
No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.
DISPONE LA LEY 39/2015 LO SIGUIENTE: (SEÑÁLESE LA CORRECTA) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan del órgano que dictó la disposición general.
CONFORME AL ART. 98 DE LA LEY 39/2015, LOS ACTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SUJETOS AL DERECHO ADMINISTRATIVO NO SERÁN INMEDIATAMENTE EJECUTIVOS: (SEÑALE AL INCORRECTA) Cuando se produzca la suspensión de la ejecución del acto. Cuando se trate de una resolución contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición
Cuando se necesite aprobación o autorización superior
Cuando una disposición establezca lo contrario.
LA REGULACIÓN DE LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN FORZOSA EN LA LEY 39/2015
CONTEMPLA LOS SIGUIENTES MEDIOS: Apremio sobre el patrimonio. Ejecución subsidiaria Compulsión sobre las personas Todas las respuestas son correctas.
A LA LUZ DEL ART. 11 DE LA LEY 40/2015, INDIQUE CUAL DE LAS SIGUIENTES
RESPUESTAS ES INCORRECTA: Las encomiendas de gestión podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la Ley 40/2015. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes.
SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA. DISPONE LA LEY 40/2015, EN MATERIA DE
COMPETENCIA. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde al órgano superior competente. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de Firma y la suplencia deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano titular de la competencia, y el ámbito territorial de ésta.
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DE LA LEY 39/2015, UNO DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES INCORRECTO: Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que lesionen derechos o libertades contemplados en la Constitución. Son nulos de pleno derecho lo actos de las Administraciones Públicas que tengan un contenido imposible. Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicarán anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Las actuaciones administrativas que incurran en infracciones formales sólo serán anulables cuando produzcan indefensión de los interesados.
SEÑALE EL ENUNCIADO INCORRECTO. EL ART. 4 DE LA LEY 39/2015, BAJO EL
TÍTULO DE “CONCEPTO DE INTERESADO”, CONTIENE LAS SIGUIENTES
PREVISIONES : Se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Se consideran interesadas en el procedimiento administrativo, sin haber iniciado el procedimiento ni personado en el mismo, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales cuyos intereses legítimos colectivos puedan resultar afectados por la resolución.
Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
SEÑALE EL ENUNCIADO INCORRECTO: No cabe recurso administrativo alguno contra los actos firmes en vía Administrativa. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.
Pone fin a la vía administrativa, la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
EL PLAZO DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ES DE: Diez días. Quince días. Cinco días Veinte días.
LA RESOLUCIÓN DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y
PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: No pone fin a la vía administrativa. Pone fin a la vía administrativa. Será recurrible siempre en reposición. Es un acto de trámite.
LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS SE CLASIFICARÁN POR LEY EN: Menores, graves y muy graves. Menos graves, graves y muy graves. Leves, graves y muy graves. Leves, menos graves y muy graves.
EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
COMENZARÁ A CONTARSE DESDE: El día en que la infracción se hubiera cometido. El día siguiente al que la infracción se hubiera cometido. El mes siguiente al que la infracción se hubiera cometido. El décimo día siguiente al que la infracción se hubiera cometido.
INDIQUE EL ENUNCIADO CORRECTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 39/2015: Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las disposiciones administrativas de carácter general favorables para los interesados que sean anulables, previa su declaración de lesividad para el interés público. La declaración de lesividad de acto anulable será susceptible de recurso de alzada y potestativo de reposición por los interesados. La declaración de lesividad podrá adoptarse en cualquier momento, salvo prescripción de acciones, o que por el tiempo transcurrido la revisión resulte contraria a la equidad, a la buena fé, al derecho de los particulares o a las leyes. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
SEÑALE EL ENUNCIADO INCORRECTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 39/2015: La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Aun cuando la interposición de un recurso no suspenda la ejecución del acto impugnado, el órgano a quien competa su resolución, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado siempre que concurran las circunstancias previstas en el art. 117.2 de la Ley 39/2015
La solicitud de suspensión se entenderá desestimada si transcurrido un mes desde que haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.
SEÑÁLESE LA RESPUESTA INCORRECTA A LA LUZ DE LA LEY 39/2015 En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. La adecuación a dichos principios deberá quedar suficientemente justificada en la exposición de motivos o en el preámbulo de la norma. El Plan Anual Normativo, una vez aprobado, se publicará en el Portal de Transparencia de la Administración Pública correspondiente Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de, entre otros extremos, la necesidad de su aprobación y los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. Únicamente
podrá prescindirse de esta consulta pública en el caso de normas presupuestarias u organizativas.
Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente.
SEÑALE EL ENUNCIADO INCORRECTO CONFORME A LA LEY 39/2015: Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las administraciones públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la administración u organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEBE DECIDIR: Sólo las cuestiones planteadas por los interesados. Sólo las cuestiones principales del procedimiento. lass cuestiones principales del procedimiento y las cuestiones planteadas por los interesados. Las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras que se deriven del expediente.
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