LPAC 1-33 Dip CC para Alberto

Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuál de los siguientes datos no es obligatorio que aparezca en los asientos que se realicen los registros electrónico generales y particulares del apoderamiento?(artículo 6). Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado. Domicilio de poderdante. Tipo de poder según las facultades que otorgue. Período de tiempo por el cual se otorga el poder.

Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante:(artículo 5). Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado. Entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del representante. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del representante.

Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados: (artículo 32). Procederá el recurso de alzada. Procederá el recurso potestativo de reposición. Procederá el recurso extraordinario de revisión. No cabrá recurso alguno.

Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de: (artículo 24). 10 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 20 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 30 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

Dª. Sonia Fuentes, abogada en ejercicio, solicita una ayuda de la Junta de Extremadura para el comedor escolar de su hijo. ¿Está obligada Dª Sonia a presentar su solicitud electrónicamente, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo?: No, puede optar por presentar su solicitud presencial o electrónicamente. Sí, al tratarse de una abogada en ejercicio, que está colegiada. Sí, porque por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos queda acreditado que tienen acceso a los medios electrónicos necesarios. Si, por ser una persona jurídica.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el plazo para notificar la resolución expresa se contará: En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada cualquier registro electrónico. En los iniciados a solicitud del interesado, desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. En los procedimientos iniciados de oficio, desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación.

Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿quiénes podrán elegir el medio de comunicación con las Administraciones Públicas, salvo obligación expresa?. Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Las personas físicas. Los empleados públicos.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, ¿en qué casos no es obligatoria una resolución expresa por parte de la Administración?. En los procedimientos sancionadores. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Cuando la norma no fije un plazo de resolución. En procedimientos terminados por pacto o convenio y en aquellos relativos a derechos sometidos únicamente a declaración responsable o comunicación.

Conforme al artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), relativo a la obligación de resolver de la Administración: En los casos de procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, éste será de seis meses.

Conforme al artículo 30.6 de la Ley 39/2015, cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa: Se considerará hábil. Se considerará inhábil en determinados casos. Se considerará inhábil en todo caso. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Conforme al artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presumirá la representación para: formular solicitudes. los actos y gestiones de mero trámite. presentar declaraciones responsables. desistir de acciones.

Conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Podrá ser objeto de ampliación cualquier plazo, aun cuando haya vencido, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de recurso potestativo de reposición o recurso de alzada, según proced. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de recurso potestativo de reposición. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Los plazos expresados en días, conforme al artículo 30.3 de la Ley 39/2015, se contarán a partir del: día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Universidades Públicas: Se rigen por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya que tienen la consideración de Administraciones Públicas. Son Corporaciones de Derecho Público que se rigen por la Ley 39/2015, de 1 de octubre y supletoriamente por su normativa propia. Forman parte del sector público institucional y se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No forman parte del sector público institucional ya que tienen autonomía propia.

Según lo indicado en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Señala la respuesta correcta sobre los registros electrónicos de apoderamientos: Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de solicitud de la inscripción. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cuatro años a contar desde la fecha de inscripción. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cuatro años a contar desde la fecha de solicitud de la inscripción.

Según lo indicado en el artículo 11 de la Ley 39/2015Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Formular solicitudes. Desistir de acciones. Renunciar a derechos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según lo indicado en el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala la respuesta correcta: La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así lo indique el órgano competente para instruir el procedimiento. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia en todo caso. Ninguna respuesta es correcta.

Según lo indicado en el artículo 21 de la Ley 39/2015Señala la respuesta correcta: El plazo máximo en el que la Administración debe notificar la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. El plazo máximo en el que la Administración debe notificar la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno menor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. El plazo máximo en el que la Administración debe notificar la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. El plazo máximo en el que la Administración debe notificar la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno menor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Según lo indicado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala la respuesta correcta: En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. La desestimación por silencio administrativo no permite a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. Ninguna respuesta es correcta.

Según lo indicado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala la respuesta correcta: En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. La desestimación por silencio administrativo no permite a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. Ninguna respuesta es correcta.

Según artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), establece que, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición: En el caso de que el procedimiento no haya alcanzado el trámite de información pública. Sólo en el caso de que el procedimiento no se encuentra en fase de instrucción. Siempre que no se haya iniciado el trámite de audiencia. Cualquiera que sea el estado del procedimiento.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, ¿quién no se considera interesado en un procedimiento administrativo?. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. El funcionario o la funcionaria que ha de tramitar el procedimiento administrativo.

Cuándo los plazos se señalen en días, ¿cómo se entenderán estos según el artículo 30 de la Ley 39/2015?. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Siempre se entenderán que estos son naturales incluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.

En relación con el apartado 7 del artículo 16 de la Ley 39/2015, ¿qué obligación tienen las Administraciones Públicas respecto a la asistencia para la presentación electrónica de documentos?. Deberán proporcionar asistencia solo en días hábiles. Están exentas de hacer pública una relación actualizada de las oficinas que brindan asistencia. Deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. Solo están obligadas a proporcionar asistencia en sus sedes centrales.

Según el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, la Administración salvo precepto en contrario podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos: Que no exceda de una tercera parte de los mismos a petición de los interesados. Que no exceda de la quinta parte de los mismos. Que no exceda de la mitad de los mismos. No se puede conceder una ampliación de los plazos establecidos.

Según el artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si el plazo se fija en meses o en años, éste concluirá. Al día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento. En el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o años de vencimiento. A los treinta o trescientos sesenta y cinco días en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo. Ninguna de las opciones es correcta.

Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamiento tendrán: Una validez indefinida. Una validez máxima de doce meses a contar desde la fecha de inscripción. Una validez por el plazo que determine libremente el poderdante al inscribirlo en el Registro. Una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

En virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto del cómputo de plazos, cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo: Se considerará hábil en ambas sedes. No se prevé esta casuística en la Ley 39/2015. Se podrá considerar hábil, siempre que el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento así lo aprecie mediante acto motivado. Se considerará inhábil en todo caso.

Según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados, con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo deberán: Señalar un domicilio a efectos de notificaciones. Acreditar previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley. Acreditar previamente su capacidad de obrar. Ninguna es correcta.

Conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación al cómputo de plazos por horas, señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas comienzan a contar desde la primera hora del siguiente día hábil. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora desde la fecha en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas. Los plazos expresados en horas, únicamente se tendrán en cuenta en los procedimientos de licitación.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 39/2015, su ámbito subjetivo de aplicación comprende: La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración Local. Todas las respuestas anteriores más el sector público institucional.

Para interponer recursos en nombre de otra persona: Será preciso acreditar la representación. No hay un régimen específico. Únicamente vale el poder apud acta. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos: (artículo 6 Ley 39/2015). La Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas. Las Entidades Locales. Todas son correctas.

El derecho a la asistencia en el uso de medios electrónicos: (artículo 13 Ley 39/2015). Corresponde únicamente a las personas físicas. Es un derecho de quien tiene capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Solo corresponde a los funcionarios públicos. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La relación electrónica con las Administraciones Públicas para las personas jurídicas: (artículo 14 Ley 39/2015). Es una obligación. Es una opción. Es igual que para las personas físicas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 10 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, para los interesados que opten por relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, los medios de firma válidos son: Cada Administración Pública puede determinar si sólo admite algunos de los sistemas de firma regulados en el artículo para realizar determinados trámites o procedimientos de su competencia. Solo se admite el sistema de firma de Sello Oficial. Solo se admite la firma escaneada. Cada Administración Pública establece mediante exposición pública mensual las firmas electrónicas habilitadas y aceptadas.