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Máster de acceso a la Abogacía. proc. contencioso - admini

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Título del test:
Máster de acceso a la Abogacía. proc. contencioso - admini

Descripción:
junio 2016 original nacional y de UE

Autor:
nines
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Fecha de Creación:
23/05/2020

Categoría:
UNED
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Temario:
- Es correcto afirmar que: La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. La estimación y desestimación por silencio administrativo tienen a todos los efectos la consideración de actos administrativos finalizadores del procedimiento. La estimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La estimación y la desestimación por silencio administrativo tienen los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
Señale la respuesta correcta: Los actos anulables no son susceptibles de convalidación. Los actos nulos son susceptibles de convalidación. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de éste. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, nunca producirán los efectos de éste.
Señale la respuesta correcta: Las Administraciones públicas, con el límite de cuatro años, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos en que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos en que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, únicamente por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos en que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que no hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos en que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho o anulabilidad.
En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución que ponga fin al procedimiento será congruente con las peticiones formuladas por el interesado, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin que la Administración pueda incoar de oficio un nuevo procedimiento. será congruente con las peticiones formuladas por el interesado, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. será congruente con las peticiones formuladas por el interesado, aunque la Administración podrá agravar su situación inicial cuando concurran razones de interés público o de terceros. será congruente con las peticiones formuladas por el interesado, aunque la Administración podrá agravar su situación inicial, pero no de incoar de oficio un nuevo procedimiento.
La interposición de un recurso en vía administrativa: suspende automáticamente la ejecución del auto impugnado no suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado, pero el órgano a quien competa resolver el recurso podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución de dicho acto. no suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado, pero el órgano a quien competa resolver el recurso podrá suspender, de oficio (nunca a solicitud del recurrente), la ejecución de dicho acto. no suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado, ni el órgano a quien competa resolver el recurso puede nunca suspenderlo, porque la suspensión sólo puede acordarse como medida cautelar en la vía contencioso-administrativa.
Los actos que pongan fin a la vía administrativa... Podrán ser recurridos en alzada. Podrán ser recurridos en reposición o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Podrán ser recurridos en reposición, pero no ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. No serán susceptibles de ningún recurso administrativo.
Los contratos administrativos: Se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo; y supletoriamente por las normas de derecho privado. Se regirán, únicamente en cuanto a su preparación y adjudicación por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. Se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, por el derecho privado.
La sociedad Parques Eólicos de Castilla, S.A. quiere recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa un acto de aplicación del nuevo reglamento que regula la retribución de las energías renovables. Pretende solicitar la anulación del acto de aplicación argumentando que el reglamento (y por tanto, también el acto que lo aplica) es contrario al ordenamiento jurídico. Sin embargo, no está segura de poder recurrir, porque en su momento no recurrió directamente el reglamento. Por ello, acude a Vd. para que le asesore. Vd. le indica que Efectivamente, no puede recurrir el acto de aplicación, porque debió recurrir directamente el reglamento. Sí puede recurrir el acto de aplicación con el fundamento de que el reglamento es contrario al ordenamiento jurídico. Sí puede recurrir el acto de aplicación, pero no con el fundamento de que el reglamento es contrario al ordenamiento jurídico, sino por otros motivos distintos de nulidad de pleno derecho o anulabilidad. Sí puede recurrir el acto de aplicación, pero no con el fundamento de que el reglamento es contrario al ordenamiento jurídico, sino únicamente por otros motivos distintos de nulidad de pleno derecho.
La sociedad Parques Eólicos de Castilla, S.A. ha sufrido unos daños importantes en uno de sus aerogeneradores como consecuencia de la realización de unas obras por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La sociedad está decidida a solicitar a la Administración de la Comunidad Autónoma que le indemnice los daños causados, pero no está segura del procedimiento para ello. Por ello acude a Vd. para que le asesore. Vd. le indica que: Debe formular la reclamación ante la Administración de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de un año y, en caso de no ser atendida, podrá recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Debe formular la reclamación ante la Administración de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de seis meses y, en caso de no ser atendida, podrá recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa Debe formular la reclamación ante la Administración de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de seis meses y, en caso de no ser atendida, podrá recurrir ante la jurisdicción civ Debe formular la reclamación directamente ante la jurisdicción civil en el plazo máximo de seis meses.
La sociedad Parques Eólicos de Castilla, S.A. ha sido sancionada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con una multa de 500.000 euros por cometer una infracción tipificada como muy grave en determinada Ley medioambiental. Sin embargo, en la sanción se expone que, aunque Parques Eólicos de Castilla, S.A. no ha cometido exactamente la infracción tipificada en dicha norma, sí ha realizado una conducta semejante a la expresamente tipificada y que, por tanto, procede la aplicación analógica de la norma definidora de la correspondiente infracción y sanción. La sociedad acude a Vd. para que le asesore sobre si hubiera algún argumento jurídico con el que poder recurrir la sanción. Vd. le indica que No es posible recurrir, porque el Código Civil expresamente establece que "procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón" Sí que es posible recurrir, porque las normas definidoras de infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica. No es posible recurrir, porque aunque las normas definidoras de infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica, sí lo son en el caso de que se trate de infracciones muy graves Sí es posible recurrir, porque las normas definidoras de infracciones y sanciones sólo son susceptibles de aplicación analógica en el caso de que se trate de infracciones leves o graves, pero nunca muy graves.
De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con el recurso contencioso-disciplinario militar. NO corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones que se susciten en relación con los contratos administrativos. La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo NO se extiende en ningún caso al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo. NO corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocerá: En única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial. En segunda instancia, de los recursos de apelación contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. En segunda instancia, de los recursos de apelación contra autos y sentencias dictados por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. En única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.
De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, el recurso contencioso-administrativo es admisible: En relación con la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, pero no respecto de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho En relación con los actos expresos y presuntos de la Administración pública, pongan o no fin a la vía administrativa, y ya sean definitivos o de trámite. Contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en propia Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa Respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa podrá hacerlo directamente mediante demanda, sin necesidad de previamente declararlo lesivo para el interés público. Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público La Administración autora de algún acto no podrá, en ningún caso, pretender su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa podrá hacerlo directamente mediante escrito de interposición del recurso, sin necesidad de previamente declararlo lesivo para el interés público.
De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando entienda que el recurso se ha interpuesto contra actividad no susceptible de impugnación, aunque ello no constare de modo inequívoco y manifiesto. - El Juzgado o Sala NO podrá inadmitir el recurso aunque se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme. El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará NO haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto la falta de fijación de la cuantía por el recurrente. Cuando se impugne una actuación material constitutiva de vía de hecho, el Juzgado o Sala podrá inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido.
De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, en el acto de la vista o en el escrito de conclusiones Podrán plantearse por las partes cualesquiera cuestiones aunque no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación. El demandante podrá solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, aunque no constasen probados en autos. No podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación. El demandante no podrá solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, aunque constasen ya probados en auto.
De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo producirá efectos para todas las personas afectadas. La anulación de una disposición o acto sólo producirá efectos entre las partes. La anulación de una disposición producirá efectos para todas las personas afectadas, y la anulación de un acto sólo producirá efectos entre las partes. La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo producirá efectos entre las partes.
Una asociación del sector del taxi está pensando recurrir la nueva ordenanza del taxi de una importante localidad andaluza, por entender que liberaliza el sector, facilitando la entrada de conductores que operan sin licencia en el marco de la denominada "economía colaborativa". Sin embargo, no sabe quién sería el órgano judicial inicialmente encargado de conocer el recurso interpuesto contra esta norma municipal, por lo que acude a Vd. Tras estudiar la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Vd. le indica a la asociación que el recurso debe interponerse ante Los correspondientes Juzgados de lo Contencioso-Administrativo La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
La sociedad Alojamientos Turísticos y Viviendas del Sur, S.A. solicitó en su día al Ayuntamiento de Málaga una licencia para la construcción de un edificio de diez plantas destinado a viviendas de lujo. Se trata de un proyecto cuya cuantía supera los quince millones de euros. El Ayuntamiento denegó la licencia por considerar que infringía lo dispuesto en la legislación urbanística andaluza. En el día de ayer, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Málaga acaba de dictar sentencia por la que desestima el recurso interpuesto por Alojamientos Turísticos y Viviendas del Sur, S.A. contra la denegación del Ayuntamiento. ¿Es posible recurrir dicha sentencia del Juzgado? Sí, por medio de un recurso de apelación ante los Juzgados Centrales de lo ContenciosoAdministrativo Sí, por medio de un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sí, por medio de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga Sí, por medio de un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
La sociedad que explota el restaurante "Vistas sobre la Alhambra, S.A." ha recurrido la licencia concedida por el Ayuntamiento de Granada para la construcción de un edificio de viviendas en el barrio granadino del Sacromonte; edificio que limitaría parcialmente las vistas del restaurante sobre la Alhambra. La sociedad recurrente quiere pedir como medida cautelar que se anote preventivamente la demanda en el Registro de la Propiedad; medida que considera idónea para asegurar la efectividad de la sentencia que en el futuro pueda recaer en el proceso. Sin embargo, no sabe si puede solicitar que se adopte esta medida y si puede hacerlo en este momento procesal (que es el de formular la demanda), porque no pidió la medida cautelar con el escrito de interposición del recurso. Por ello, acude a Vd. para que le asesore. Vd. le indica que - Que no puede pedir que se adopte esta medida de anotación preventiva de demanda (porque sólo puede adoptarse como medida cautelar la suspensión del acto impugnado) y, además, que ya no resultaría posible hacerlo (porque las medidas cautelares deben pedirse en el escrito de interposición del recurso). Que aunque sí hubiera sido posible solicitar esta medida cautelar (porque los interesados pueden solicitar la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia), ya no resulta posible hacerlo (porque las medidas cautelares deben pedirse en el escrito de interposición del recurso). Que sí puede solicitar que se adopte esta medida y puede hacerlo en este momento, porque los interesados pueden solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. Que sí puede solicitar que se adopte esta medida y podrá hacerlo después de formular la demanda, porque los interesados pueden solicitar en cualquier estado del proceso posterior a la formulación de la demanda la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia.
¿Pueden las Administraciones Públicas proceder a la ejecución forzosa de sus actos administrativos? No, sólo los Tribunales pueden ejecutar forzosamente un acto de la Administración Sí, como regla general, aunque con previo apercibimiento y, si fueran varios los medios de ejecución admisibles, eligiendo el menos restrictivo de la libertad individual. Sí, como regla general, eligiendo el menos restrictivo de la libertad individual si fueran varios los medios de ejecución admisibles, y sin necesidad de previo apercibimient Sí, como regla general, sin necesidad de previo apercibimiento y, sin necesidad de elegir el medio menos restrictivo de la libertad individual si fueran varios los medios de ejecución admisibles.
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