En España encontramos testimonios de una primera reglamentación de la tradición mediadora, en las
juntas vecinales, los Gremios medievales y las Hermandades agrarias y rurales. a. Es cierto b. Es falso c. En España hasta 1978 no se hace referencia a la mediación.
El primer ejemplo de mediación gubernamental en los Estados Unidos tuvo lugar: a) Bajo la presidencia de Martin van Buren, quien en 1838 negoció personalmente el fin de la huelga entre
trabajadores y compañías navieras comerciales b) Hasta 1918 al crearse el U.S. Conciliation Service en el seno del Departamento (Ministerio) de Trabajo,
el Department of Labor. c) En 1960 cuando comienza la mediación familiar.
El Libro Verde, el Código de Conducta y la propuesta de directiva se inscriben todos ellos: a) En el marco de los trabajos que la Comunidad Europea realiza para crear un espacio de libertad,
seguridad y justicia, y más concretamente para garantizar un mejor acceso a la justicia. b) Se elaboraron en España en 1989 c) Son válidas a) y b).
La conciliación (conciliation) es una modalidad de ADR que consisteen el acuerdo alcanzado entre las
partes en disputa por el que consensuan solicitar los servicios de un conciliador. a) Es cierto y además, quien se entrevistará separadamente con los interesados para obtener con la
mayor objetividad posible los diversos puntos de vista, e intentar mejorar la comunicación entre las partes
al reducir la tensión creada por la disputa. b) Esta es la definición de mediación c) Esta no es la definición de arbitraje.
Los principios informadores del proceso de mediación son: a) Imparcialidad b) Neutralidad c) a) + b) + Confidencialidad.
Antonio y Carmen deciden acudir a un arbitraje en su colegio de abogados para que un árbitro del
mismo y en base a las normas propias del ordenamiento jurídico, resuelva un conflicto surgido tras la
firma de un contrato firmado en Marbella. ¿De qué tipo de arbitraje se trata?: a) De un arbitraje institucional. b) De un arbitraje jurisdiccional. c) De un arbitraje internacional.
La sociedad mercantil “Limpiacasa, S.L.” decide subcontratar al empresario individual Sr. Hernández
determinados servicios que presta a algunos de sus clientes, para lo cual firman un contrato en el que
recoge una cláusula de sumisión a arbitraje en caso de conflicto ante las partes. El Sr. Hernández,
ante el impago de las 3 últimas facturas presentadas al cobro, insta un procedimiento ordinario ante el
juzgado. ¿Puede oponer alguna excepción procesal la citada sociedad a) Sí, puede oponer la falta de jurisdicción e instar declinatoria ante el tribunal. b) No, aunque exista cláusula de sometimiento a arbitraje, éste es voluntario y dicha cláusula no es
vinculante, por lo que no puede excepcionar nada. c) Sí, puede oponer pluspetición al haberse dirigido al tribunal habiéndose pactado sumisión al a arbitraje.
Una vez dictado un laudo arbitral, una de las partes en conflicto que no se halla conforme con lo
resuelto en el mismo, decide al cabo de un año reproducir la misma controversia ante el juzgado ¿Es
viable jurídicamente dicha reclamación judicial?: a) Sí, al haber transcurrido un año desde que se dictó el laudo. b) Sí, en cualquier caso, porque el laudo, al no ser una resolución jurisdiccional, no tiene valor de cosa
juzgada. c) No, ya que el laudo arbitral tiene valor de cosa juzgada.
De acuerdo con el art. 28 de la Ley 17/2001, de Marcas:
(una única a. Podrán someterse a arbitraje todas las cuestiones litigiosas que surjan con ocasión del registro de una
marca. b. En ningún caso podrán someterse a arbitraje las cuestiones litigiosas que surjan con ocasión del registro de
una marca que versen sobre prohibiciones absolutas de registro. c. En ningún caso podrán someterse a arbitraje las cuestiones litigiosas que surjan con ocasión del registro de
una marca que versen sobre prohibiciones relativas de registro.
Según la Ley Concursal: a. Los procedimientos arbitrales que tengan por objeto controversias relativas al patrimonio del deudor
concursado que se estén tramitando en el momento de la declaración del concurso necesariamente quedarán
en suspenso. b. Todos los convenios arbitrales suscritos por el deudor concursado necesariamente quedarán sin efecto una
vez declarado el concurso. c. Los laudos firmes dictados antes o después del concurso vincularán al juez del concurso y recibirán el
tratamiento concursal que legalmente corresponda.
La iniciación del proceso de transacción corresponde: a. A cualquier persona que tenga intereses sobre el derecho cuya protección se solicita. b.Únicamente a quien ostenta la titularidad de derecho cuya protección se solicita. c. Las dos anteriores son correctas.
La falta de autorización judicial del representante legal a la transacción en los casos en que ésta es
legalmente requerida produce como consecuencia: a. La nulidad radical de la transacción. b. La anulabilidad de la transacción. c. No genera ninguna consecuencia.
El tutor de un menor de edad, para poder transigir sobre cuestiones de su representado: a. Requiere autorización judicial para transigir sólo cuando el contrato de transacción afecte a bienes
inmuebles del menor, y exista un conflicto de intereses entre el menor y el tutor. b. Requiere autorización judicial para transigir sólo cuando el contrato de transacción afecte a bienes
inmuebles del menor. c. Requiere, en todo caso, de autorización judicial.
Respecto a la eficacia de la transacción se puede afirmar lo siguiente: a. Toda transacción produce efecto de cosa juzgada material. b. En sentido estricto, sólo aquella transacción procesal arbitral, contenida en el laudo que pone fin al
proceso arbitral, tiene efecto de cosa juzgada material. c. Ninguna transacción produce el efecto de cosa juzgada material.
La transacción será nula de pleno derecho: a. Por no tratarse de materia disponible. b. Por ilicitud de la causa. c. Las dos anteriores son correctas.
El principio de oportunidad en el proceso penal, adquiere su justificación en: a. Razones de política criminal que desaconsejan la apertura del juicio y la imposición de una pena
privativa de libertad. b. Razones basadas en los Derechos humanos. c. Razones victimológicas.
En el proceso penal de menores español, el desistimiento como manifestación del principio de
oportunidad reglada, consiste en una decisión discrecional (pero no arbitraria) del: a. Juez de Menores. b. Equipo Técnico. c. Ministerio Fiscal.
Cuál de los siguientes elementos NO integra el término de justicia restaurativa, según la doctrina
mayoritaria: a. La noción de que el delito es más que una ofensa contra el Estado. b. La justicia restauradora pone un especial énfasis en el valor del reconocimiento de los hechos, el
arrepentimiento, la confesión y la colaboración con las autoridades en el esclarecimiento del delito. c. Uno de sus fines más importantes consiste en la reparación del daño causado ya sea directamente a la
víctima o indirectamente.
ROXIN, junto a un grupo formado por catorce penalistas alemanes, austriacos y suizos, conocidos
como “profesores alternativos”, propuso la introducción de la reparación como un tercer elemento
“autónomo” dentro de las consecuencias jurídicas del delito, junto a las penas y a las medidas de
seguridad, en el denominado: a. Código penal restaurativo. b. Proyecto Alternativo sobre Reparación penal. c. Proyecto Alternativo sobre Mediación penal y penitenciaria.
La mediación penal se puede definir como: a. Una forma informal o extrajudicial de resolución de conflictos (delitos) directamente entre las partes, con
un intermediario neutral (mediador) respetado por ambos. b. Un proceso penal formal en el que con la intervención de un mediador (el Ministerio Fiscal) se procura
que las partes lleguen a un acuerdo. c. Un programa de resolución extrajudicial de conflictos, al que se deben someter obligatoriamente los
implicados en el delito, cuando así lo determinen el Juez y el Ministerio Fiscal.
|
