METODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION CONFLICTOS

1. Los elementos definitorios del contrato de transacción son: a. La existencia de res dubia en una relación contractual previa y la intención de las partes involucradas de sustituir esta relación dudosa en cierta e incontestable mediante el acuerdo transaccional. b. La existencia de res dubia en una relación anterior, la intención de superar las dudas creadas por esa relación, y las recíprocas concesiones de contenido patrimonial que realizan las partes con el fin de superar la previa situación dudosa de la relación. La existencia de res dubia en una relación anterior, la intención de superar las dudas creadas por esa relación, y las recíprocas concesiones de contenido patrimonial o moral que realizan las partes con el fin de superar la previa situación dudosa de la relación.

2. Respecto a la eficacia de la transacción se puede afirmar lo siguiente: a. Toda transacción produce efecto de cosa juzgada material. b. En sentido estricto, sólo aquella transacción procesal arbitral, contenida en el laudo que pone fin al proceso arbitral, tiene efecto de cosa juzgada material. c. Ninguna transacción produce el efecto de cosa juzgada material.

3. El tutor de un menor de edad, para poder transigir sobre cuestiones de su representado: a. Requiere, en todo caso, de autorización judicial. b. Requiere autorización judicial para transigir sólo cuando el contrato de transacción afecte a bienes inmuebles del menor. c. Requiere autorización judicial para transigir sólo cuando el contrato de transacción afecte a bienes inmuebles del menor, y exista un conflicto de intereses entre el menor y el tutor.

4. La transacción será nula de pleno derecho: a. Por no tratarse de materia disponible. b. Por ilicitud de la causa. c. Las dos anteriores son correctas.

5. En aquellos casos en que se requiera la autorización judicial del representante legal, para transigir en nombre del representado, y ésta no exista: a. Conllevará la nulidad radical de la transacción practicada por el representante legal. b. Conllevará la anulabilidad de dicha transacción en los términos que recoge el artículo 1301 del Código civil. c. Se entenderá que dicha transacción es inexistente, al margen de la de posible responsabilidad civil personal que pueda exigirse al representante legal.

6. Según la Ley Concursal: a. Los procedimientos arbitrales que tengan por objeto controversias relativas al patrimonio del deudor concursado que se estén tramitando en el momento de la declaración del concurso necesariamente quedarán en suspenso. b. Todos los convenios arbitrales suscritos por el deudor concursado necesariamente quedarán sin efecto una vez declarado el concurso. c. Los laudos firmes dictados antes o después del concurso vincularán al juez del concurso y recibirán el tratamiento concursal que legalmente corresponda.

7. En relación con el arbitraje de consumo cabe afirmar que: a. El Colegio Arbitral es el órgano que en sentido estricto puede ser considerado como institución arbitral, al desarrollar la función arbitral propiamente dicha, resolviendo el conflicto entre las partes y concluyendo con el laudo. b. El Presidente del Colegio Arbitral, pertenece al personal de la administración de la que dependa la Junta y debe ser licenciado en Derecho. c. Todas las respuestas enunciadas son correctas.

8. De acuerdo con la normativa vigente: a. El presidente de una Junta Arbitral de transporte deberá ser Licenciado en Derecho. b. El presidente de una Junta Arbitral de transporte deberá ser Licenciado en Economía. c. Para ser presidente de una Junta Arbitral de transporte no se exige ningún título académico específico.

9. Conforme al art. 11 bis de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje: a. Cuando los estatutos sociales prevean la posibilidad de someter a arbitraje un conflicto planteado en el seno de una sociedad de capital, el arbitraje será necesariamente institucional. b. La impugnación de los acuerdos sociales debe llevarse necesariamente por la vía jurisdiccional. c. Cuando los estatutos sociales hayan establecido que la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o los administradores quede sometida a la vía arbitral, el arbitraje será necesariamente institucional.

10. La vigente regulación del arbitraje de consumo se encuentra recogida en: a. Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. b. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. c. Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

11. El Pater Familias de la Roma Clásica, recogido en el Derecho Romano de la época, se aproxima bastante: a. Al perfil de un mediador tradicional. b. Entre las comunidades de etnia Romaní, el Patriarca (una especie de Pater Familias) concilia y media, desde su posición de liderazgo, sobre una extensa red de vínculos parentales. c. Son correctas las respuestas a) y b).

12. El fundamento o uno de los fundamentos de la reparación en la justicia penal de menores, reside: a. En que el menor infractor asuma la responsabilidad de su actuación y proceda a reparar el daño causado. b. En que el menor infractor o subsidiariamente sus padres o tutores indemnicen los daños o perjuicios causados fijados por el Juez en la pieza de responsabilidad civil. c. En que el menor infractor reciba una pena de menor gravedad que la que se le pudiera imponer en el proceso penal.

13. En el derecho colaborativo (Collaborative Law): a. Las partes no deciden voluntariamente negociar las cuestiones derivadas de la ruptura de la comunidad matrimonial con el auxilio legal de sus abogados y para ello firman un compromiso. b. A diferencia de la mediación los abogados colaborativos ofrecen asesoría técnica a las partes. c. Son correctas a) y b).

14. En el ámbito penal de menores, ¿quién puede o debe realizar la labor de mediación?. a. Un mediador colegiado. b. Un miembro del Equipo Técnico de Menores. c. El Fiscal de Menores.

15. La Mediación tiene dos corrientes en Europa: a. Las mediaciones establecidas en el marco de procedimientos judiciales. b. Las mediaciones convencionales (negociación voluntaria). c. Son válidas a) y b).

16. ¿Qué derechos o garantías procesales pueden entrar en conflicto con la aplicación de la mediación en el proceso penal?. a. La presunción de inocencia. b. La seguridad jurídica. c. La igualdad ante la ley.

17. Los requisitos legales/académicos de los mediadores en España: a. Son diferentes según del ámbito de la mediación (familiar, civil y mercantil, comunitaria...) y la CCAA. b. Son los mismos para todos los ámbitos de las mediaciones. c. No son correctas ni a) ni b).

18. De acuerdo con la Recomendación (99) 19, los principios que deben informar en todo momento un proceso de mediación penal, son: a. Objetividad, voluntariedad y confianza en los mediadores. b. Compromiso ético, mandato judicial y neutralidad de los mediadores. c. Confidencialidad, voluntariedad y neutralidad de los mediadores.

19. El proceso de mediación consta de los siguientes pasos: a. Introducción y contrato de mediación. b. Recogida de información. Las partes comparten información y relatan el modo en que están viviendo la situación. Identificación de temas y creación de los esquemas a seguir. c. Además de a) y b), el mediador o la mediadora crean un plan para dividir el problema en sus partes factibles y establece el orden para abordar los temas.

20. La voluntariedad como principio básico de la mediación penal consiste en que: a. Se permite que el Juez obligue al infractor a participar en la mediación, bajo la amenaza de una pena si se sigue adelante con el procedimiento penal. b. No se puede obligar a ninguna de las partes (víctima y victimario) a participar en la mediación. c. La mediación se puede realizar tan sólo con el consentimiento libre y voluntario de la víctima.