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El artículo 86 de la Ley 39/2015 establece la posible terminación convencional de los procedimientos: Nunca es posible. No se prevé en la norma, pero es posible. Se prevé en la LJCA, pero no en la Ley 39/2015. Es, en efecto, una forma de terminación prevista en la Ley 39/2015 con carácter general para los procedimientos administrativos.

En relación con el pliego de cargos, señala la respuesta correcta: El pliego de cargos debe comprender, en párrafos numerados: los hechos imputados, las faltas en las que se incardinan tales hechos y la sanción aplicable. El pliego de cargos debe comprender, en párrafos numerados: los hechos imputados, exclusivamente, y, potestativamente, las faltas en las que se incardinan tales hechos y la sanción aplicable. El pliego de cargos puede notificarse por la Administraciónión, cuando considere que sirve para agilizar la tramitación del procedimiento sancionador. El pliego de cargos debe notificarse, cuando el procedimiento sancionador se dirija contra una persona física, siendo potestativa dicha notificación cuando el procedimiento se dirija contra una persona jurídica.

Indique el plazo, desde que se produce el daño, para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial del Estado en vía administrativa: Depende de la legislación autonómica que corresponda. Un año. Dos meses, contados desde la notificación del acto. Ninguna de las otras opciones.

Marca la frase correcta y completa respecto al incidente de ejecución de sentencia: Permite identificar el órgano administrativo responsable de efectuar la ejecución. Concreta el plazo máximo para que quede realizada la ejecución. Determina con qué medios debe llevarse a efecto la ejecución y el procedimiento a seguir. Todas las otras opciones son correctas.

¿Cuál de los siguientes no es un requisito para que prospere la acción de impugnación contra la inactividad de la Administración?. Que la Administración tenga una obligación impuesta por una disposición normativa, contractual o convencional. Que la obligación de actuar de la Administración consista en la realización de una prestación concreta. Que dicha obligación esté directamente relacionada con un derecho fundamental. Que quienes tengan derecho a la prestación concreta en su favor reclamen de la Administración su cumplimiento y que esta, en el plazo de tres meses desde dicha reclamación, no haya dado cumplimiento a lo solicitado o haya llegado a un acuerdo con los reclamantes.

¿Desde qué día se computa el plazo de caducidad de un procedimieto sancionador?. Desde el día de la resolución que pone fin al procedimiento. Desde la fecha de la resolución de incoación del expediente. Desde el día de la comisión de la infracción imputada. Desde el día en que la sanción deviene firme.

De acuerdo con la regulación de la Ley de Contratos del Sector Público no se incluyen en el concepto de Sector Público: Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de otras entidades del Sector Público sea inferior al 50 por 100. Las entidades públicas empresariales estatales y a los organismos asimilados dependientes de las comunidades autónomas y entidades locales. Las fundaciones públicas.

Las medidas provisionales, en el orden Contencioso-Administrativo: No pueden ser dejadas sin efecto con posterioridad a su adopción, hasta que la sentencia haya sido dictada. Pueden estar sujetas a su eventual extinción o modificación, según evolucionen las circunstancias que llevaron a determinar su adopción. Implican necesariamente la necesidad de constituir garantía por parte del recurrente. Constituyen una manifestación más de la posición de prevalencia de la Administración con respecto del ciudadano.

¿Qué es una declaración tributaria?. Todo documento que se presenta ante la Administraciónión tributaria en el que se reconoce o manifiesta un hecho relevante para la aplicación de tributos. Todo documento que se presenta ante la Administració tributaria en el que se impugna un acto de aplicación del tributo. Todo documento que se presenta ante la Administraciónión tributaria en el que se confirma la voluntad del interesado para cumplir con sus obligaciones tributaries. Todo documento que se remite por la Administraciónión tributaria en el que se lleva a cabo la aplicación del tributo.

El procedimiento legal para la protección de los derechos fundamentales: Es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. Es el recurso contencioso-administrativo, tramitado como procedimiento abreviado, cuando dicha protección se refiera a una actuación administrativa. Tiene carácter preferente. No tiene plazo de ejercicio, dada la relevancia legal de su objeto.

Señala la opción que no forma parte del contenido necesario de una resolución administrativa sancionadora: Valoración de las pruebas practicadas. Fijación de los hechos y, en su caso, la persona responsable, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen. En su caso, la declaración de que no existe infracción o responsabilida. Una relación ordenada y exhaustiva de casos similares resueltos por el mismo órgano y que tengan relación con el objeto del procedimiento.

En caso de que ninguna norma especial establezca otro plazo, ¿Cual es el plazo de prescripciónón de las infracciones muy graves?. 1 año. 2 años. 3 años. 4 años.

Señala la respuesta correcta: La Administraciónión está habilitada para no tener que compartir el expedienrte administrativo, cuando está debidamente justificado. La Administraciónión puede decidir el contenido del expediente a compartir con el Ayuntamiento. En un procedimiento contencioso-administrativo, si el expediente estuviera incompleto, el recurrente podrá solicitar que se complete, suspendiéndose en tal caso el plazo para formular demanda. En un procedimiento contencioso-administrativo, si el expediente estuviera incompleto, el recurrente podrá solicitar que se complete, si bien dicha decision nunca conllevará la suspensión del plazo para cumplir ningún plazo suspendiéndose en tal caso el plazo para formular demanda.

En relación con el procedimiento administrativo, señala la respuesta correcta: La obligación de someterse a un procedimiento limita la arbitrariedad administrativa. El procedimiento administrativo es un instrumento del poder ejecutivo para hacer prevalecer su autoridad sobre el legislativo. El procedimiento administrativo sirve de cauce de producción de los actos administrativos. El procedimiento administrativo puede configurarse como una fórmula de participación de varias Administracióniones en una decisión.

De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, el incidente de ejecución: Solo puede ser iniciado a instancia de la Administraciónión recurrida. Solo puede ser iniciado a instancia del Ministerio Fiscal. No puede ser apreciado de oficio por el órgano jurisdicciónonal. Puede tramitarse a instancia de parte.

Señala cuál de las siguientes opciones no es una forma de terminación del procedimiento de apremio: El pago de la cantidad debida. El acuerdo que, tras declararse fallidos todos los obligados al pago, declare que ese crédito es incobrable, en todo o en parte. Mientras no prescriba, el procedimiento se puede reanudar. El acuerdo de haber quedado extinguida esa deuda, por cualquier causa prevista en la Ley. La imposición de una sanción.

La declaración de lesividad: Es un remedio administrativo que permite a la Administración anular, previa audiencia de los interesados, sus propios actos anulables, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que esos actos fueron dictados. Es un acto administrativo que debe notificarse a todos los interesados y mediante el cual queda anulado un acto administrativo previo por causa de anulabilidad. Ninguna de las otras respuestas es correcta. Es un presupuesto procesal que habilita a la Administración para recurrir sus propios actos anulables ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que esos actos fueron dictados.

Señala cuál de los siguientes no es un recurso administrativo: Recurso de reposición. Recurso de alzada. Recurso de apelación. Recurso extraordinario de revisión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015, sus previsiones son de aplicación: A todas las Administracióniones territoriales, al sector público institucion y a las corporaciones de Derecho Público. Exclusivamente, a las Administracióniones territoriales. Exclusivamente, a la Administraciónión General del Estado. Exclusivamente, a la Administraciónión General del Estado y a los organismos públicos dependientes de ella.

Señala la figura que mejor se corresponde con la siguiente definición: acto administrativo a favor de un particular, con la finalidad de que este explote un bien de dominio público o gestione un servicio público durante un plazo concreto, sometido a condiciones, y usualmente mediante pago de un canon. Licencia. Subvención. Concesión. Concurso público.

¿A cuál de las siguientes entidades no es de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público?. Una sociedad mercantil participada mayoritariamente por la Administración General del Estado. Una sociedad mercantil participada mayoritariamente por un organismo público. A los ayuntamientos. A los bancos.

¿A partir de qué momento es ejecutiva una sanción administrativa?. Desde el momento en que la dicta el órgano administrativo competente, salvo que se resuelva expresamente en otro sentido. Desde el momento en que la dicta el órgano administrativo competente. Cuando la resolución sancionadora deviene firme en vía administrativa. Cuando la resolución sancionadora deviene firme en vía jurisdicciónal.

Señala la respuesta correcta, en relación con la potestad sancionadora de la Administración: La Ley 39/2015 exige que, en todo caso, existe una separación entre la fase instructora y resolutoria, y que las mismas no sean asumidas por el mismo órgano. La Ley 39/2015 exige que, en todo caso, existe una separación entre la fase instructora y resolutoria, sin perjuicio de que las mismas puedan ser asumidas por el mismo órgano. Cada concreta Administraciónión a la que el legislador le reconoce potestad sancionadora dispone de margen para atribuir internamente el ejercicio de dicha potestad, pudiendo atribuir, en razones debidamente justificadas, que el mismo órgano instruya y decida sobre un procedimiento sancionador. Cada concreta Administraciónión a la que el legislador le reconoce potestad sancionadora puede configurar libremente si existe una separación entre la fase instructor y la resolutoria.

Señala la respuesta correcta, en relación con el desistimiento como forma de terminación de un recurso contencioso-administrativo: No conlleva automáticamente la condena en costas. Conlleva automáticamente la condena en costas. Libera automáticamente de la condena en costas. Solamente se puede realizar por causas tasadas.

Para impugnar una actuación de la Administración en vía de hecho: Debe acudirse directamente a la vía jurisdiccional, dada la gravedad del vicio de nulidad que se invoca. Debe realizarse previamente el requerimiento de cesación. Puede realizarse, con carácter previo, el requerimiento de cesación. Debe agotarse previamente la vía administrativa.

Señala la respuesta correcta, en relación con el allanamiento como forma de terminación de un recurso contencioso-administrativo: Es un acto unilateral del demandado. Requiere del acuerdo con el demandante. Evita que el órgano jurisdiccional dicte sentencia. Libera automáticamente de la imposición de condena en costas.

¿Cuál es el plazo para impugnar en vía jurisdicciónonal una actuación administrativa por parte de otra Administración?. Un mes. Dos meses. Tres meses. Un año.

Señala la resolución que es propia del letrado de la Administración de Justicia: Sentencia. Auto. Providencia. Diligencia de ordenación.

Señala la opción incorrecta, con respecto del recurso en garantía de la unidad de mercado: Tiene carácter preferente. Se tramita ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Puede ser instado por cualquier ciudadano que se considere afectado por una actuación que infrinja la normativa sobre unidad de mercado. El plazo para interponerlo es de dos meses.

El trámite de conclusiones: No puede servir para incluir argumentos nuevos. Solamente se celebra si se ha admitido el pleito a prueba. Solamente se celebra en el procedimiento abreviado. Solamente se celebra si lo solicitan todas las partes personadas en el proceso.

La valoración de la prueba por el órgano jurisdiccional, en el orden contencioso-administrativo: Debe basarse en la sana crítica y la razón. Debe dar preferencia a los elementos aportados por la Administración, por su presunción de veracidad. Resulta improcedente en aquellos casos en que la prueba admitida se refiera exclusivamente al expediente administrativo. Debe dar preferencia siempre a la documental sobre cualquier otro medio de prueba.

La asistencia de abogado en el orden contencioso-administrativo: Es potestativa en los procedimientos que se tramiten ante órganos unipersonales. Es potestativa en los procedimientos seguidos ante órganos colegiados. Es obligatoria, a menos que sea sustituido por un procurador. Ninguna de las otras opciones es correcta.

¿Puede el juez de lo contencioso estimar, o desestimar una demanda con base en argumentos o motivos no alegados por las partes?. Sí, tiene total libertad para ello. Jamás, pues opera el principio dispositivo. Solo cuando lo ha puesto de manifiesto previamente a las partes y se ha concedido a estas la posibilidad de formular alegaciones al respecto. Depende del grado: no puede hacerlo en primera instancia, pero sí en apelación.

Cuando el obligado tributario presenta algún recurso administrativo contra un acto administrativo que le obliga al pago de un tributo, tiene derecho a: Solicitar la suspensión del ingreso correspondiente, en tanto se resuelve esa reclamación. La tramitación preferente de su recurso contencioso-administrativo. Actuar por sí mismo ante el órgano jurisdiccional, sin necesidad de conferir la representación a un procurador. Beneficiarse de la justicia gratuita.

Cuando la impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se dirige contra una sanción tributaria: Su pago se suspende automáticamente, siempre que se ofrezcan garantías. Su pago no se suspende automáticamente si la Administración aprecia fumus boni iuris. Su pago se suspende automáticamente, cuando la cuantía de la sanción impuesta sea inferior a 30.000 euros. Su pago se suspende automáticamente, sin necesidad de aportar garantías.

¿A qué grupos les resultan de aplicación el régimen y procedimiento disciplinario?. Funcionarios de la administración civil, organismos autónomos, personal funcionario de la Seguridad Social, ciudadanos. Funcionarios de la administración civil, organismos autónomos, personal funcionario de la Seguridad Social. Funcionarios de la administración civil, organismos autónomos, ciudadanos. Organismos autónomos, personal funcionario de la Seguridad Social, ciudadanos.

Indica el elemento que no es impugnable ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Inactividad de la Administración. Disposiciones de carácter general dictadas por la Administración. Decreto legislativo. Actos administrativos presuntos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la Constitución: Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por cualquier perjuicio que les ocasione la actuación de los poderes públicos. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, excepto cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, incluso en los casos de fuerza mayor, excepto cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Las medidas provisionales, en el orden contencioso-administrativo: No pueden ser dejadas sin efecto con posterioridad a su adopción, hasta que la sentencia haya sido dictada. Pueden estar sujetas a su eventual extinción o modificación según evolucionen las circunstancias que llevaron a determinar que hubieran de adoptarse en su dia. Implican necesariamente la necesidad de constituir garantía por parte del recurrente. Constituyen una manifestación más de la posición de prevalencia de la Administración con respecto del ciudadano.

¿En qué parte de un escrito procesal debe solicitarse el recibimiento del pleito a prueba?. Mediante otrosí. En los fundamentos de derecho. Es indiferente. En el suplico.