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¿Qué significa que los recursos de apelación y de casación contra sentencias son admisibles en ambos efectos?. Que en principio queda en suspenso la ejecución de la sentencia recurrida, si bien cabe instar la ejecución provisional. Que es un recurso devolutivo a resolver por un órgano judicial distinto del que dictó la sentencia recurrida. Que la interposición del recurso tiene efectos suspensivos y devolutivos, lo que impide la ejecución de la sentencia recurrida. Que la interposición del recurso tiene efectos suspensivos y devolutivos, sin perjuicio de que sea posible instar la ejecución provisional de la sentencia recurrida.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, en los procedimientos sancionadores la falta de resolución expresa dentro del plazo establecido da lugar a: La prescripción de la infracción. La caducidad y el archivo. El silencio administrativo positivo. El silencio administrativo negativo.

Durante el mes de agosto no corre el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo: Salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. Salvo que exista previa habilitación por decisión judicial. No corre nunca, sin excepciones. Salvo para la tramitación de la cuestión de ilegalidad.

El plazo máximo para resolver una reclamación económico-administrativa es: Un año. Seis meses. Tres meses. Un mes.

En el orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo se entiende por capacidad procesal: La necesidad de comparecer representado por procurador y asistido por abogado. La facultad de realizar actos con eficacia jurídica dentro del proceso contencioso-administrativo. La relación o vínculo de la parte procesal con el objeto del proceso. La capacidad jurídica y de obrar en el seno del proceso.

¿En qué consiste la reversión en el ámbito de las concesiones?. Es la garantía última del expropiado, permitiendo recuperar el bien expropiado en ciertos supuestos legalmente establecidos. Es la obligación del concesionario de restituir los bienes de la concesión a su término a la Administración. Es un derecho de configuración legal, que se rige por la legislación vigente al momento de ejercer el derecho de reversión. Es la facultad de la Administración para restituir al concesionario las obras y bienes de la concesión a su término.

¿En qué supuestos no es admisible la petición de extensión de efectos de una sentencia?. En materia tributaria, de personal de la Administración o de unidad de mercado. Cuando se trate de una persona que no litigó ni fue parte en el proceso donde recayó la sentencia. Cuando el interesado cuente ya con una resolución firme en esa materia por no haberla recurrido. Cuando el tribunal que dictó la sentencia es competente territorialmente para atender la petición de extensión de efectos.

En relación con las técnicas de intervención administrativa, la declaración responsable previa al ejercicio de una actividad se caracteriza por: Constituir un acto administrativo generado por la declaración unilateral del interesado. Constituir un documento emitido por el interesado manifestando que cumple con los requisitos legales y que dispone de la documentación acreditativa exigible, con el compromiso de mantener tales condiciones y documentación. Constituir un documento emitido por el interesado informando de sus datos personales y otros exigibles para ejercer un derecho o iniciar una actividad. Constituir un supuesto especial de acto administrativo condicionado a la comprobación o verificación posterior por la Administración de la información y documentación presentada por el interesado.

¿Qué recurso cabe interponer contra la sentencia dictada en la instancia en un proceso con una cuantía establecida en 29.000 euros?. No cabe ningún recurso por razón de la cuantía. Recurso de apelación, previa interposición de recurso de reposición. Recurso de queja, únicamente, sin posibilidad de ulterior apelación en caso de desestimación. Recurso de apelación sólo en el supuesto de que la sentencia haya declarado la inadmisibilidad del recurso o se trate de un proceso especial para la protección de los derechos fundamentales.

Indique cuál es el plazo máximo de tramitación del procedimiento de inspección: Doce meses. Veintisiete meses. Dieciocho meses. Seis meses.

La cuestión de ilegalidad: Se presenta cuando la sentencia ya es firme. Se debe presentar antes de dictarse sentencia. Se presenta después de dictarse la sentencia. Se plantea antes de preparar el recurso de casación.

La declaración de una causa que haga imposible, legal o materialmente, ejecutar una sentencia corresponde: Al Juzgado o Tribunal que dictó la sentencia en cuestión. Al órgano administrativo encargado de la ejecución de sentencia. A la Administración que dictó el acto o disposición que fue impugnado en el proceso contencioso-administrativo en el que recayó la sentencia a ejecutar. A la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente por razón del territorio.

La nota diferenciadora entre el contrato de concesión de obras y el contrato de obras: Las distintas prestaciones que se obliga a realizar el contratista y el concesionario. La asunción del riesgo operacional en las concesiones. La exclusión del principio de riesgo y ventura en los contratos de obra y servicios. No existe un criterio definido, todo depende de la normativa sectorial o especial aplicable.

Las sanciones leves prescriben: A los seis meses. Al año. A los dos años. A los dos meses.

¿Qué órgano es el encargado de resolver un recurso de reposición frente a una resolución del Letrado de la Administración de Justicia?. El Magistrado. El Letrado de la Administración de Justicia. El órgano judicial superior. No cabe recurso de reposición.

Señale cuál de los siguientes supuestos satisface el requisito de interés casacional objetivo para admitir el recurso de casación: La infracción de normas de derecho autonómico que haya sido relevante y determinante de la decisión que se pretende recurrir en casación. Cuando la resolución recurrida resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Cuando la resolución recurrida aplique el Derecho de la Unión Europea conforme a la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia. Siempre que se trate de resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Señale cuál de estas resoluciones judiciales no son susceptibles de recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo: Autos que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo dictados por la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia. Autos recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta. Sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma. Sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Señale en cuál de los siguientes procesos interviene necesariamente el Ministerio Fiscal: Procedimientos para la protección de los derechos fundamentales. Procedimiento abreviado. Procedimiento ordinario. Procedimiento para la defensa de la unidad de mercado.

Señale la respuesta correcta con relación a la falta de competencia de un órgano del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de un asunto: Únicamente podrá ser apreciada a instancia de la parte demandada. Se declarará necesariamente en sentencia. Supondrá que se declare la inadmisibilidad del recurso y el acto impugnado devendrá firme. Se declarará mediante auto y deberá efectuarse antes de la sentencia.

Señale cuál de los siguientes no es un recurso administrativo: Recurso de reposición. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de apelación.

La imposición de las costas procesales en la jurisdicción contencioso-administrativa: Se rige por el criterio subjetivo de la temeridad o la mala fe. Se rige por el criterio objetivo del vencimiento. No se imponen las costas en la jurisdicción contencioso-administrativa en ningún caso. Ninguna de las respuestas es correcta.

La impugnación de un acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante la jurisdicción contencioso-administrativa corresponde conocer a: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del domicilio de la empresa cotizada a la que afecte la resolución impugnada. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La Ley de Contratos del Sector Público no es aplicable a: Los ayuntamientos. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Los organismos autónomos, las universidades públicas y las autoridades administrativas independientes. Las entidades bancarias.

La asistencia de abogado en el orden contencioso-administrativo: Es potestativa en los procedimientos que se tramiten ante órganos unipersonales. Es potestativa en los procedimientos seguidos ante órganos colegiados. Es obligatoria, a menos que sea sustituido por un procurador. Ninguna de las opciones es correcta.

En un plazo señalado en meses, el último día del plazo es inhábil. ¿Cuándo acaba el plazo?. El día siguiente que sea hábil. El último día del mes. El anterior que sea hábil. El que determine la Administración en cada caso.

En los supuestos de inactividad material de la Administración Pública, el recurso contencioso-administrativo debe interponerse: En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado. En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. En el plazo de veinte días siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado. En el plazo de seis meses si el interesado no formuló el requerimiento previo.

En la revisión de oficio de actos administrativos, la emisión de dictamen por el Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente es: Preceptiva. Obligatoria, salvo en los supuestos de inadmisión. Preceptiva pero no vinculante. Potestativa, salvo en los supuestos de inadmisión.

¿Quién tiene la potestad para acordar y controlar el internamiento de un extranjero en un Centro de Internamiento?. La autoridad gubernativa, dando cuenta luego al órgano judicial competente por razón del territorio. El titular de comisaría local y puesto fronterizo. El Comisario provincial. El órgano judicial competente (instrucción), previa petición de la autoridad gubernativa.

¿Cuál es la peculiaridad procesal del procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos?. Debe tramitarse por el procedimiento abreviado y con intervención del Ministerio Fiscal. Exige un previo requerimiento por el Registro de Partidos por plazo de 2 meses. La competencia exclusiva de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La competencia exclusiva de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Indique en cuál de estos supuestos se presume que concurre el interés casacional objetivo: La sentencia recurrida resuelve recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas. La sentencia recurrida resuelve un proceso en que se impugnó un convenio entre Administraciones. La sentencia recurrida afecta a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso. La sentencia recurrida ha sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.

¿Quién tiene la carga de la prueba para desvirtuar el contenido del acuerdo sobre el justiprecio emitido por el Jurado de Expropiación?. No es posible impugnar el acuerdo sobre el justiprecio del Jurado de Expropiación, que goza de la presunción de validez, legalidad y acierto. Corresponde al expropiado para corregir el acuerdo que se presume válido, legal y acertado. Corresponde a la Administración expropiante para corregir el acuerdo que se presume válido, legal y acertado. Corresponde a la parte que recurra (expropiado y/o expropiante) contra dicho acto administrativo, que debe ser motivado y que goza de la presunción de validez, legalidad y acierto.

¿En qué supuestos debe interponerse el recurso de reposición contra un acto de la Administración Tributaria?. Cuando así lo decida el obligado tributario, al ser un recurso potestativo. Necesariamente con carácter previo a la interposición de una reclamación económico-administrativa. Siempre que se tenga la intención de acudir a los Tribunales Económico-Administrativos. En el plazo de un mes desde la resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta previamente.

La Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios es inaplicable al siguiente sector: Servicios de transporte. Servicios de abogacía y procura. Servicios de consultoría. Servicios de intermediación inmobiliaria.

¿Cuál es el plazo de que dispone la Administración para ejecutar voluntariamente una sentencia que le imponga una condena pecuniaria?. Dos meses. Tres meses. Dos meses, desde que se dicte auto acordando la ejecución provisional de la sentencia. Tres meses, desde que se dicte auto acordando la ejecución forzosa de la sentencia.

La condena por falso testimonio de los testigos permite a las partes de un proceso finalizado por sentencia firme: Interponer el recurso de casación para unificación de doctrina. Interponer el recurso de apelación. Interponer la revisión de oficio, previo dictamen del Consejo de Estado. Interponer la revisión del art. 102 de la Ley de la Jurisdicción.

Una de las notas características del proceso especial del art. 122 de la Ley de la Jurisdicción sobre la prohibición o propuesta de modificación de reuniones es: Debe interponerse en los 10 días siguientes a la notificación del acuerdo de la autoridad gubernativa. Será resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia sin ulterior recurso. El mes de agosto es hábil para la interposición de esta modalidad de proceso contencioso-administrativo. Se produce la suspensión automática de la resolución gubernativa, ex art. 127 quáter de la Ley de la Jurisdicción.

Una sentencia estimatoria de una pretensión de reconocimiento de una situación jurídica individualizada: Sólo produce efectos entre las partes del proceso. No afecta, por sí sola, a la eficacia de otras sentencias o actos firmes. Pueden extenderse sus efectos a terceras partes, en materia tributaria, de personal o de unidad de mercado, bajo ciertas condiciones. Genera efectos para todas las personas afectadas por la normativa de aplicación, previa publicación en un diario oficial.

La no presentación del escrito de demanda en el plazo legalmente establecido (20 días) dará lugar: A la terminación del proceso por caducidad en la instancia. A la terminación del proceso por desistimiento. Al requerimiento de subsanación por el Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no atenderlo, al archivo del proceso. A la terminación del proceso por caducidad, salvo que el mismo día de notificación del auto se presente la demanda.

Los procedimientos sancionadores y disciplinarios se caracterizan por: La exclusión de sanciones privativas de libertad (art. 25 Constitución española). El carácter inmediatamente ejecutivo de las resoluciones sancionadoras. La exclusión de sanciones privativas de libertad, salvo para Fuerzas Armadas y Guardia Civil. La exclusión de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.

Una sentencia que anule parcialmente una disposición general: Produce efectos sobre los destinatarios de la norma que se hubieren personado en el proceso, previo emplazamiento efectuado por la Administración demandada. Determinará cómo deben quedar redactados los concretos preceptos anulados por la sentencia. Permite la revisión de otras sentencias firmes que hubieren aplicado los preceptos anulados. Será publicada en el mismo diario oficial en que se publicó la disposición anulada.