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¿Ante qué órgano debe interponerse la reclamación económico-administrativa en primera o única instancia?. Ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de la provincia. Ante el órgano administrativo que dictó el acto objeto de la reclamación. Directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Ante el Defensor del Pueblo.

¿Cuál de las siguientes categorías no está excluida del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)?. Las encomiendas de gestión. Las concesiones demaniales. La prestación de servicios públicos en los que el usuario deba pagar una tarifa. Los contratos sujetos a regulación armonizada.

¿Qué recurso cabe contra el auto de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia admitiendo a trámite y teniendo por preparado el recurso de casación contra una sentencia dictada en única instancia o apelación?. Recurso directo de revisión (artículo 102 LJCA). Recurso de reposición (artículo 79 LJCA). Recurso de queja ante el Tribunal Supremo que se tramita según la LEC. No cabe ningún recurso (artículo 89 LJCA).

El recurso especial en materia de contratación tiene carácter: Preceptivo y previo a la vía judicial contencioso-administrativa. Potestativo y gratuito para el recurrente. Obligatorio únicamente para los contratos de obras de cuantía inferior a 50.000 €. Solo puede interponerse contra los actos de adjudicación, pero nunca contra los pliegos.

En el supuesto de que el Reino de España sea condenado por aplicación de una ley declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, ¿ante quién procede interponer la reclamación de responsabilidad patrimonial y en qué plazo?. Ante el Consejo de Ministros y en el plazo de un año desde la publicación de la sentencia que declare dicha infracción. Ante el Consejo de Ministros y en el plazo de cinco años desde la publicación de la sentencia que declare dicha infracción. Ante la Comisión Europea en el plazo de un año desde la publicación de la sentencia que declare dicha infracción. Ante el Consejo de Ministros en el plazo de un año desde la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley.

Indique cuál es el plazo máximo para instar la ejecución de una sentencia firme condenatoria de la Administración: Seis meses. Cinco años. Dos meses. Tres meses si la condena es pecuniaria.

La falta de respuesta expresa a una solicitud de concesión para la construcción de una nave en suelo de dominio público, habiendo superado el plazo máximo para resolver el procedimiento, ¿qué efecto jurídico produce?. La caducidad del procedimiento y el archivo del mismo. El silencio administrativo negativo. El silencio administrativo positivo, al tratarse de un procedimiento iniciado a instancia de parte. El silencio administrativo positivo, impidiendo a la Administración dictar ya tardíamente una resolución denegatoria.

Según la Ley Orgánica 4/2000, ¿cuál es el plazo máximo de duración de la medida cautelar de internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)?. 30 días, improrrogables. 40 días, salvo que el juez autorice una prórroga de otros 20. 60 días, sin posibilidad de prórroga. Hasta que se sustancie el procedimiento sancionador, sin límite temporal definido.

Sobre los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), indique la respuesta correcta: Son siempre contratos administrativos, independientemente del sujeto que los celebre. Un contrato de servicios cuyo valor estimado sea de 100.000 € siempre se considerará SARA. Los contratos subvencionados por entidades del sector público pueden estar sujetos a regulación armonizada si cumplen determinados umbrales y objeto. El carácter de SARA lo determina exclusivamente el presupuesto base de licitación, sin tener en cuenta las prórrogas.

¿Desde cuándo (dies a quo) se computa el plazo para resolver un procedimiento administrativo sancionador?. Desde la notificación del acuerdo de incoación al interesado. Desde la apertura de actuaciones previas por la Administración. Desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento sancionador. Desde la apertura del trámite de alegaciones en el procedimiento sancionador.

¿En qué supuesto se presume que existe interés casacional objetivo para interponer el recurso de casación?. Cuando la sentencia a recurrir se ha dictado en un proceso con cuantía superior a 600.000 euros. Cuando la sentencia a recurrir se ha dictado en un proceso con cuantía superior a 30.000 euros. Cuando la Sentencia haya sido dictada por un Tribunal Superior de Justicia si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo. Cuando la sentencia a recurrir declare nula una disposición de carácter general.

¿Quién tiene la carga de la prueba para desvirtuar el contenido del acuerdo sobre el justiprecio emitido por el Jurado de Expropiación?. No es posible impugnar el acuerdo sobre el justiprecio del Jurado de Expropiación, que se presume válido, legal y acertado. Corresponde al recurrente que impugne el acuerdo, dado que se presume la validez, legalidad y acierto de los acuerdos del Jurado de Expropiación. Corresponde únicamente al expropiado. Corresponde a la Administración expropiante, previa declaración de lesividad del acuerdo sobre el justiprecio.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, en los procedimientos sancionadores la falta de resolución expresa dentro del plazo establecido da lugar a: La prescripción de la infracción. La caducidad y el archivo. El silencio administrativo positivo. El silencio administrativo negativo.

El plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo contra un acto presunto es de: Seis meses, contados desde su notificación. Seis meses desde que se produjo el silencio administrativo negativo. Dos meses, en todo caso. Seis meses desde que se produjo el silencio administrativo, si bien no resulta aplicable por doctrina expresa del Tribunal Constitucional.

En el procedimiento ordinario de expropiación forzosa, ¿cuándo puede llevarse a cabo la ocupación de la finca o bien expropiado?. Cuando el Jurado de Expropiación Forzosa haya dictado resolución sobre el justiprecio. De inmediato tras la declaración de urgencia. Después de la declaración de necesidad de ocupación. Cuando se haya hecho efectivo el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma.

En el supuesto de alcanzarse un acuerdo transaccional entre las partes (art. 77 LJCA), el órgano judicial deberá: Dictar auto declarando terminado el proceso. Dictar sentencia declarando terminado el proceso. Dictar sentencia aprobando los términos del acuerdo, salvo que fueren contrarios al ordenamiento jurídico o lesivos para el interés general o de terceros. Dictar auto declarando terminado el proceso, salvo que los términos del acuerdo fueren contrarios al ordenamiento jurídico o lesivos para el interés público o de terceros.

En materia de autorizaciones para actividades económicas y/o profesionales señale el enunciado correcto: Por regla general son de naturaleza declarativa y transmisibles, si bien ha de estarse a la legislación sectorial aplicable. Permite al particular hacer uso de un bien de dominio público durante un plazo concreto, sometido a condiciones y usualmente a cambio del pago de un canon o precio. Son intransmisibles y su duración está limitada en el tiempo. Están sujetas al régimen del silencio administrativo positivo, sin excepciones.

En qué consiste la reversión en el ámbito de las concesiones: Es la garantía última del expropiado, permitiendo recuperar el bien expropiado en ciertos supuestos legalmente establecidos. Es la obligación del concesionario de restituir los bienes de la concesión a su término a la Administración. Es un derecho de configuración legal, que se rige por la legislación vigente al momento de ejercer el derecho de reversión. Es la facultad de la Administración para restituir al concesionario las obras y bienes de la concesión a su término.

En relación con el régimen de libertad de prestación de servicios económicos, señale cuál de las siguientes actividades no está amparada por la Ley 17/2009, no resultándole de aplicación la misma: Hostelería y comercio. Servicios económicos de interés general. Servicios del ámbito del transporte. Servicios de limpieza.

En un proceso contencioso-administrativo con una cuantía establecida en 29.000 euros, ¿qué recurso cabe interponer contra la sentencia dictada en la instancia?. No cabe ningún recurso por razón de la cuantía. Recurso de apelación, previa interposición de recurso de reposición. Recurso de queja, únicamente, sin posibilidad de ulterior apelación en caso de desestimación. Recurso de apelación sólo en el supuesto de que la sentencia haya declarado la inadmisibilidad del recurso o se trate de un proceso especial para la protección de los derechos fundamentales.

En una licitación pública por una concesión de servicios con un valor determinado de 150.000 euros ¿Qué recurso administrativo cabe contra la decisión del órgano de contratación de excluir a un licitador?. El recurso especial, en el plazo de 15 días hábiles, exclusivamente. El recurso especial, salvo que se trate de un procedimiento de emergencia. El recurso especial, el de alzada o el de reposición, en función de la existencia o no de un superior jerárquico del órgano de contratación. El recurso de alzada o reposición.

Es característico de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el ámbito del poder judicial: La exigencia de informe del Consejo de Estado. El presupuesto de un funcionamiento normal o anormal de la Administración de Justicia. La competencia para resolver corresponderá al Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial. La reclamación debe presentarse ante el órgano judicial para ser tramitada por el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial.

La cuestión de ilegalidad: Se debe presentar antes de dictarse sentencia. Se plantea cuando la sentencia ya es firme. Se debe presentar cuando las partes recurrentes así lo plantean en sus conclusiones. Sólo puede plantearla la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La declaración de una causa que haga imposible, legal o materialmente, ejecutar una sentencia corresponde: A la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente por razón del territorio. A la Administración que dictó el acto o disposición que fue impugnado en el proceso contencioso-administrativo en el que recayó la sentencia a ejecutar. Al órgano administrativo identificado por la Administración para la ejecución de sentencia. Al órgano judicial que dictó la sentencia en cuestión.

Notificado un acto administrativo un día 31 de marzo (hábil), ¿cuándo vence el plazo para interponer el recurso de alzada?. El último día del mes siguiente, 30 de abril, salvo que fuese inhábil, pues entonces vencería el primer día hábil del mes de mayo. Se computarían 30 días, y si el último día fuese inhábil el vencimiento sería el siguiente día hábil. No existiendo el día 31 de abril, el plazo vence el día dos de mayo, dado que el día uno es festivo. El último día hábil del mes de abril.

Señale cuál de estas resoluciones judiciales no son susceptibles de recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo: Sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma. Autos de que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo dictados por la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia. Sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Autos recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta.

Señala el concepto que mejor se corresponde con la siguiente definición: acto administrativo que, partiendo de que existe un derecho del ciudadano a ejercer unas actividades, que está sujeto a ciertas restricciones por poder afectar al interés público, permite a una persona ejercer tal derecho. Autorización. Sanción. Concesión. Contrato público.

El documento que emite el interesado en ejercer un derecho o iniciar actividad y en el cual manifiesta cumplir los requisitos legales para que se le reconozca tal derecho y, además, disponer de la documentación acreditativa (poniéndola a disposición de la Administración, si se la requiere), comprometiéndose a mantener tales condiciones durante el tiempo que dure ese reconocimiento es una: Solicitud. Declaración responsable. Comunicación. Instancia.

¿Es posible impugnar ante el orden contencioso-administrativo una disposición de carácter general?. No, el orden jurisdiccional contencioso-administrativa solamente controla la legalidad de los actos administrativos. Sí, siempre que dichas disposiciones tengan rango reglamentario. Sí, cualquier disposición de carácter general es controlable por el orden contencioso-administrativo. Ninguna opción es correcta.

Las medidas cautelares en un proceso contencioso administrativo que impugne una disposición general pueden solicitarse: En cualquier momento del proceso. Únicamente en el escrito de interposición del recurso o en el escrito de demanda. Necesariamente con carácter previo a la interposición del recurso contencioso, debiendo solicitar su ratificación al interponerlo. No cabe la suspensión de las disposiciones generales.