Módulo público CAS 2021

¿Debe un abogado revelar información sujeta a secreto profesional de su cliente con implicaciones en el ámbito tributario?. No, en ningún caso. Sí, en cualquier caso, a requerimiento de la administración tributaria. Solamente cuando la información tiene trascendencia tributaria. Solamente si así lo determina un juez.

¿Está regulada en España la cuestión relativa a “los actos políticos del Gobierno”, en cuanto a su posible impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa?. Sí, se encuentra regulada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, concretamente en su artículo 2, letra a). Sí, se encuentra regulada en la Ley 50/97, de 27 de noviembre, del Gobierno, concretamente en su artículo 22. Sí, se encuentra regulada en el artículo 25 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. No, dicha cuestión es una construcción jurisprudencial.

¿Por quién será asistida la Mesa del Senado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en un recurso interpuesto por un licitador?. Por el Letrado de las Cortes Generales. Por el Abogado del Estado. Por el Letrado del Consejo de Estado. Todas las anteriores son falsas.

¿Puede controlarse el ejercicio que hace el Gobierno de una delegación legislativa de las Cortes Generales a través de la elaboración de un Decreto Legislativo?. No, es una facultad que sólo puede controlar el Consejo de Estado. Sí, puede controlarlo la jurisdicción contencioso-administrativa en lo que afecta a los excesos ultra vires. Las respuestas a) y b) son correctas. Si, puede controlarlo el Tribunal Constitucional porque el Decreto Legislativo es una norma con rango de ley.

¿Pueden los obligados tributarios negarse a presentar un documento que la administración ya tiene en su poder?. Sí pueden negarse, así lo prevé expresamente la LGT. Sólo pueden negarse si dicha información carece de trascendencia tributaria. No, siempre tienen que presentar la documentación que la administración requiera para llevar a cabo sus funciones. De otra manera, dicha conducta podría ser objeto de sanción por obstrucción a la actividad de la administración. No pueden negarse, si bien su conducta no será objeto de sanción.

¿Son susceptibles de recurso contencioso-administrativo los actos dictados por la Federación Española de Fútbol?. No, no lo son en ningún caso. Sí, todos sus actos son susceptibles de recurso contencioso-administrativo. Son susceptibles de recurso contencioso-administrativo únicamente sus actos dictados en el ejercicio de funciones públicas. Todas las anteriores son falsas.

¿Tienen los menores de edad capacidad procesal para actuar ante la jurisdicción contencioso-administrativa?. Sí, siempre y cuando le acompañe al menos uno de sus progenitores en todas las actuaciones. Sí, pero sólo para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. No, en ningún caso. Sí, en todo caso.

Cabe recurrir en casación ante la Sala Tercera del TS una sentencia dictada por una la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ: Si se alega infracción de norma de derecho autonómico que reproduce un precepto básico. En ningún caso. Las letras a y c son correctas. Sólo si se alega infracción de norma estatal o de derecho de la UE, o de la jurisprudencia que la interpreta.

Claudia ha iniciado un procedimiento de autorización para la explotación de un quiosco de prensa, comidas y bebidas en un paraje natural declarado por el ayuntamiento de Guardamar del Segura como de especial protección, para lo que resulta preceptiva la emisión de informe por parte de la Concejalía de Medio Ambiente. Dado que la normativa reguladora del procedimiento no establece plazo máximo para la emisión del indicado informe, atendiendo a la legislación básica, ¿cuál es el plazo máximo?. Diez días. Quince días. Veinte días. Un mes.

Con relación al ámbito objetivo de la responsabilidad: La responsabilidad comprende la totalidad de la deuda tributaria, no alcanzando como regla a las sanciones ni al recargo de apremio, que sólo podrá aplicarse si el responsable no ingresa en el plazo voluntario que se le conceda para ingresar la deuda. La responsabilidad abarca en cualquier caso todos los conceptos que constituyen la deuda tributaria enumerados en el artículo 58.2 de la Ley General Tributaria. La responsabilidad se limita exclusivamente a la cuota tributaria y a los intereses de demora. La responsabilidad se limita exclusivamente a la cuota tributaria, pero no alcanza a ningún otro componente de la deuda.

Cuando en una solicitud o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuará con el representante o interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto con: El que figure primero. Cualquiera de ellos a elecciones del órgano administrativo. Todos ellos. El que figure en último término.

Cuando la sentencia recurrida se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea: Es un criterio indicativo de interés casacional objetivo. Se presume iuris et de iure la concurrencia de interés casacional objetivo. Ninguna de las anteriores es correcta. Se presume iuris tantum la concurrencia de interés casacional objetivo.

De acuerdo con el artículo 3 LPAC, los grupos de afectados tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones públicas: Nunca. Cuando la Ley así lo declare expresamente. Sólo si legal o reglamentariamente se reconoce. En todo caso.

De acuerdo con el 48 LPAC, el vicio o defecto formal solo determina la anulabilidad de acto cuando carezca de requisitos formales esenciales para alcanzar su fin o: Lo declare el órgano competente. No esté motivado. Dé lugar a indefensión de los interesados. No haya obtenido aprobación superior.

El artículo 139 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que “Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, _________________, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes”. Complete el espacio en blanco con una de las siguientes opciones: De acuerdo con la normativa sectorial especifica. En defecto de normativa sectorial especifica. Por acuerdo del Pleno de la Corporación. Atendiendo a lo dispuesto por el Título III de la presente Ley.

El artículo 51 LPAC establece que “el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones ___________ la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción”. Completa el espacio en blanco con una de las siguientes opciones: Propondrá a su superior jerárquico. Advertirá. Dispondrá siempre. Podrá acordar.

El carácter sumario del procedimiento de protección de derechos fundamentales determina: Que no existe trámite previo de admisión. Que es un proceso abreviado en su tramitación, pero de cognición plenaria. Que se trata de un proceso de cognición limitada. Que la sentencia no produce efecto de cosa juzgada.

El Gobierno de Murcia quiere incoar el expediente sancionador por organizar una carrera sin autorización ni seguros. Previendo la ley de aplicación que su conducta puede constituir una infracción de carácter muy grave a la que correspondería una sanción de multa de 12.000 €, plantea el Director General qué porcentaje de la sanción se le puede reducir a la presunta infractora a condición de que desista o renuncie de todo recurso o acción en vía administrativa contra la sanción, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 25%. 10%. 20%. 15%.

El objeto del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales se circunscribe: Seleccione una: A la protección de los derechos fundamentales susceptible de recurso de amparo constitucional. A la protección de los derechos fundamentales reconocidos en el capítulo II del título i de la Constitución. A la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la sección 1ª del capítulo II del título I de la Constitución. A la protección de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 y la sección 1ª del capítulo II del título I de la Constitución.

El órgano que conoce de los recursos económico-administrativos per saltum es: El Tribunal Económico-Administrativo Local que corresponda. El superior jerárquico de quien dictará el acto administrativo de recurso. El Tribunal Económico-Administrativo Central. El Tribunal Económico-Administrativo que corresponde.

Plazo procedimientos iniciados de oficio: Computa desde notificaciones de acuerdo inicio de actuaciones. Computa desde que el obligado tributario comparece ante la administración para presentar la documentación requerida. Computa desde que el obligado tributario manifiéstelas su conformidad o disconformidad con el inicio de actuaciones. Computa desde que la administración comience a comprobar la situación tributaria del obligado.

El plazo máximo que tiene el órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión es de: Tres meses. Un año. Nueve meses. Seis meses.

El principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias: Refleja el caracter temporal de la Peña. Refleja el carácter subjetivo de las normas punitivas. Refleja la posibilidad de que los responsables solidarios puedan tener que responder por las sanciones del obligado tributario. Refleja la posibilidad de que los responsables, solidarios y subsidiarios, puedan tener que responder por las sanciones del obligado tributario.

El procedimiento abreviado se inicia: Mediante demanda o mediante escrito de interposición, según proceda. Siempre mediante demanda. Sólo a través de escrito fundado y sin necesidad de reclamar el expediente administrativo. Mediante demanda, pero si se presenta escrito de interposición cabe subsanar el defecto.

El procedimiento simplificado establece en el art. 96 de la ley 30/2015 que debe resolverse con carácter general en: 30 días. Tiempo de reducir los plazos ordinarios a la mitad. Un mes. 20 días.

El recurso de apelación frente a autos y providencias dictadas por los Juzgados de lo contencioso-administrativo y los Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo en procesos de los que conozcan en primera instancia. No procede frente al auto de autorización de entrada en domicilio. No procede frente a autos que denieguen la ejecución provisional de una sentencia apelada. a y c correctas. Procede frente al auto sobre medidas cautelares dictado al amparo del artículo 130 LJCA.

El Servicio de Inspección Tributaria de la Agencia Estatal de Administración tributaria ha comprobado en el seno de un procedimiento inspector, que el Sr. “X” no ha presentado su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Inspección Tributaria decide utilizar el método de estimación indirecta para regularizar la situación tributaria del obligado tributario, ante la falta de presentación de la autoliquidación del IRPF. Señale la respuesta correcta: La Inspección Tributaria Municipal acudirá al método de estimación indirecta para determinar la base imponible, conforme establece la Ley General Tributaria e interpreta la jurisprudencia, al no presentar el Sr. “X” la autoliquidación del IRPF solamente ante una imposibilidad objetiva de acudir al régimen ordinario de determinación de la base imponible. La Inspección Tributaria Municipal podrá acudir alternativamente al método de estimación objetiva o estimación indirecta para determinar la base imponible, conforme establece la Ley General Tributaria e interpreta la jurisprudencia, al no presentar el Sr. “X” la autoliquidación del IRPF. La Inspección Tributaria Municipal no puede emplear el método de estimación indirecta, pues no se da en este caso ninguno de los presupuestos necesarios para su aplicación. La Inspección Tributaria Municipal debe acudir al método de estimación indirecta para determinar la base imponible, conforme establece la Ley General Tributaria e interpreta la jurisprudencia, al no presentar el Sr. “X” la autoliquidación del IRPF.

En la ejecución forzosa de una sentencia condenatoria al pago de una cantidad líquida: Cabe solicitar el embargo de un bien patrimonial de la Administración. Sólo resultan inembargables los bienes de dominio público. Se puede embargar un bien de la Administración si no está afecto a un servicio o uso público. No cabe nunca el embargo de bienes de la Administración.

En relación con el desarrollo del procedimiento sancionador: Con carácter general, la imposición de sanciones se realizará en el mismo expediente instruido para la comprobación de la situación tributaria del sujeto infractor, salvo que hubiera conformidad a la propuesta de regularización, circunstancia que determinará la apertura de expediente distinto. Con carácter general, la imposición de sanciones se realizará mediante un expediente distinto o independiente del instruido para la comprobación de la situación tributaria del sujeto infractor. Con carácter general, la imposición de sanciones se realizará mediante un expediente distinto o independiente del instruido para la comprobación de la situación tributaria del sujeto infractor, salvo cuando el resultado de la misma hubiera arrojado una cuota tributaria a ingresar, en cuyo caso se tramitarán conjuntamente. Con carácter general, la imposición de sanciones se realizará por el juez mediante el expediente que le remita la Administración Tributaria instruido en la comprobación de la situación tributaria del sujeto infractor.

En relación con el ingreso correspondiente a una declaración-liquidación realizada fuera de plazo sin requerimiento previo. Si se efectúa dentro de los doce meses siguientes al plazo voluntario de presentación e ingreso dará lugar a la exigencia de un recargo único del 15% y las sanciones correspondientes. Si se efectúa dentro de los seis meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso se aplicará un recargo único del 10%, con exclusión de los intereses de demora y de las sanciones que en otro caso hubieran podido exigirse. Se aplicarán simplemente los intereses de demora y las sanciones por la infracción tributaria simple cometida. Si se efectúa dentro de los tres meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso se aplicará un recargo único del 5% y los intereses de demora.

La adopción de medidas cautelares: Se acordarán sin audiencia en casos de urgencia. Debe ser solicitada en el escrito de interposición o de demanda. Se acordará por auto que no será recurrible. Se acordará por auto siempre previa audiencia de las partes.

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 18 de junio de 2019, decidió rescindir la relación laboral que le unía con el Señor Pérez, miembro del personal laboral de dicha Cámara. ¿Ante quién puede impugnar el Señor Pérez dicha decisión?. Ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previa presentación de una reclamación previa en vía laboral. Ante la jurisdicción social. Todas las anteriores son falsas.

Las liquidaciones definitivas: Pueden emitirse como resultado únicamente de los procedimientos de inspección y de comprobación limitada y comprobación de valores. Pueden emitirse como resultado únicamente de los procedimientos de inspección y de comprobación limitada. Sólo pueden emitirse tras una comprobación inspectora completa. Pueden emitirse tras una comprobación inspectora o de gestión, si son llevadas a cabo por órganos de inspección.

Las sentencias de los Juzgados de lo contencioso-administrativo dictadas en única instancia: No pueden ser objeto del recurso de casación. Ninguna de las anteriores es correcta. Son recurribles si contienen una doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y son susceptibles de extensión de efectos. Sólo son recurribles si la cuantía del proceso excede de los 600.000 euros.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 14.2 LPAC, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Las personas jurídicas.

Señale cuál de los siguientes órganos no existe: Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Salas de lo Contencioso-Administrativo de las Audiencias Provinciales. Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las diligencias de ordenación y decretos dictado por el Letrado de la Administración de Justicia: Frente al decreto que resuelva el recurso de reposición no cabe ulterior recurso. Pueden ser impugnadas mediante recurso de reposición y, en algunos casos, mediante recurso directo de revisión. B y C correctas. La decisión del LAJ sobre un recurso de reposición siempre puede ser revisada ante el juez o tribunal.