La Constitución Española garantiza en el artículo 9.3 los principios constitucionales siguientes: c. El principio de cooperación
d. Son correctas las respuestas a) y b)
b. El principio de jerarquía normativa
a. El principio de legalidad
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¿En qué artículo de la Constitución se regula el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional? En el artículo 24
En el artículo 27
En el artículo 20
En el artículo 19
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El derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo: Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.
Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción en los términos previstos en la Constitución.
Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de alarma en los términos previstos en la Constitución.
Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de sitio en los términos previstos en la Constitución.
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¿Cuándo entran en vigor las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid? Al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", salvo que en las mismas se disponga otra cosa. Al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", salvo que en las mismas se disponga otra cosa.
A los quince días de su publicación en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", salvo que en las mismas se disponga otra cosa. Al día siguiente de su promulgación por el Presidente del Gobierno en nombre del Rey.
Las instituciones de autogobierno de la Comunidad de Madrid, según su Estatuto de Autonomía, son: La Asamblea y el Gobierno. La Asamblea, el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia. La Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad de Madrid. Ninguna respuesta es correcta.
¿Qué documentos electrónicos no requieren firma electrónica? a. Los emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo.
b. Los que no formen parte de un expediente administrativo. c. Todos los documentos electrónicos requerirán de firma electrónica.
d. Las respuestas a y b son correctas.
El funcionamiento del registro electrónico permite: La presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas. La presentación de documentos por Internet pero sólo dentro del horario de apertura del Registro correspondiente. La presentación de documentos por Internet todos los días del año pero sólo de 9:00 a 23:00. La presentación de documentos sólo en los días hábiles del año.
Según la Ley de Patrimonio Histórico Español, forma parte del patrimonio documental: Los de antigüedad superior a 40 años reunidos en el ejercicio de su actividad por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical, religioso y las culturales o educativas de carácter privado. Los de antigüedad superior a 100 años por entidades particulares o personas físicas. Los de cualquier época generados por un organismo público. Todas son correctas.
¿Quiénes de los siguientes sujetos no están obligados a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos? Los funcionarios cuando no actúen por razón de su condición de empleados públicos. Las empresas con forma de sociedad limitada. Los abogados y procuradores. Las entidades sin personalidad jurídica.
Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse: En el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. En el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. En el plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. En el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
Conforme al Decreto 21/2002, de 24 enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, para el cumplimiento de sus objetivos, la información contenida en el Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid se clasificará en: Información adecuada, especial y particular.
Información general, especializada y particular. Información administrativa y contable.
Información precisa, general y adecuada a los fines perseguidos.
Según la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, las mujeres y hombres son iguales: En honor y dignidad humana, y en derechos y deberes.
En dignidad humana, y en derechos.
En dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
En dignidad humana.
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El artículo 1 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid define como supuesto de discriminación, entre otros: La discriminación religiosa.
La discriminación por asociación.
La discriminación racial.
La discriminación sindical.
Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultural, desarrollará una de las siguientes actuaciones: Adoptar medidas para la creación y producción artística e intelectual equilibrada de mujeres y hombres.
Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública.
Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción equilibrada de mujeres y hombres en la cultura. Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría equilibrada entre hombres y mujeres.
El artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid establece que las transferencias de crédito de cualquier clase sólo estarán sujetas a la siguiente limitación general: No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
No minorarán créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias.
No incrementarán créditos que, como consecuencia de transferencias anteriores, hayan sido minorados.
Todas las anteriores lo son, si bien dichas limitaciones no son aplicables en los casos previstos por la Ley.
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El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid debe remitirse a la Asamblea: Antes del 15 de noviembre de cada año.
Antes del 1 de diciembre de cada año.
Antes del 1 de noviembre de cada año.
Antes del 1 de octubre de cada año.
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El artículo 24 de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid reconoce el principio presupuestario de no afectación de los ingresos públicos, conforme al cual: Todos los ingresos públicos deberán destinarse de manera indistinta y global a la cobertura de los gastos públicos, salvo que por Acuerdo del Consejo de Gobierno se establezca su afectación para fines determinados. Todos los ingresos públicos deberán destinarse de manera indistinta y global a la cobertura de los gastos públicos, salvo que por Ley se establezca su afectación para fines determinados. Todos los ingresos públicos deberán destinarse de manera indistinta y global a la cobertura de los gastos públicos, salvo que por norma de ley o reglamentaria se establezca su afectación para fines determinados. Todos los ingresos públicos deberán destinarse de manera indistinta y global a la cobertura de los gastos públicos.
En materia de afiliación a la Seguridad Social, señale la respuesta correcta: La afiliación a la Seguridad Social deberá practicarse por las entidades obligadas a dicho acto.
La afiliación a la Seguridad Social deberá realizarse de oficio por la Administración de la Seguridad Social.
La afiliación a la Seguridad Social deberá practicarse a instancia de los interesados.
Ninguna de las anteriores es correcta.
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La obligación de cotizar a la Seguridad Social (señale la incorrecta): Se mantiene durante la situación de huelga.
Se mantiene durante todo el período en que el trabajador preste sus servicios aunque éstos sean de carácter discontinuo.
Nace con el inicio de la prestación de trabajo, incluido el período de prueba.
Se mantiene en la situación de incapacidad temporal.
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De conformidad con el artículo 66 de la Ley General de Seguridad Social, son entidades gestoras de la Seguridad Social: El Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social, las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y los Servicios Públicos de Salud.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
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El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad, es una falta disciplinaria: Muy grave. Leve. Leve, grave o muy grave, dependiendo del grado que haya vulnerado la legalidad.
Grave.
De acuerdo con el art. 79 del Estatuto Básico del Empleado Público, el concurso es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, y la valoración de los méritos y capacidades y aptitudes de los candidatos, corresponde a un órgano colegiado técnico cuyo funcionamiento se ajustará a las reglas: De imparcialidad y especialización.
De imparcialidad y profesionalidad.
De imparcialidad y competencia.
De imparcialidad y objetividad.
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Los funcionarios públicos en situación de servicios especiales tendrán derechos a que el tiempo que permanezcan en esta situación se compute a efectos de: Reconocimientos de trienios. Ascensos, reconocimientos de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de aplicación. Ascensos, reconocimientos de trienios y promoción interna. Ascensos y reconocimientos de trienios.
Las concesiones de obras y concesión de servicios, que comprendan la ejecución y la explotación del servicio, se otorgarán por el plazo que se acuerde en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que no podrá exceder, incluidas las prorrogas, de: 40 años.
20 años. 10 años.
30 años.
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Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan: Con su formalización.
Con la solicitud.
Con la ejecución.
Con la adjudicación.
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Los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que tengan la consideración de poder adjudicador necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos: a. Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a diez millones de euros.
b. Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cinco años.
c. Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a doce millones de euros.
d. Las respuestas a y b son correctas.
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Las infracciones cometidas en el ámbito de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno prescriben: Faltas muy graves y sanciones correspondientes: 3 años. Faltas muy graves y sanciones correspondientes: 5 años. Faltas muy graves y sanciones correspondientes: 3 años la falta y 5 años las sanciones. Faltas muy graves y sanciones correspondientes: 5 años la falta y 3 años las sanciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo para interponer la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será de:
a. Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado.
b. Un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
c. Tres meses a contar desde día siguiente al de la notificación del acto impugnado.
d. Las respuestas a y b son correctas.
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Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no se tiene que publicar la información relativa a: Las subvenciones y ayudas públicas concedidas. Las cuentas anuales que deban rendirse por las Administraciones Públicas. Los bienes inmuebles de los que la Administración Públicas sea arrendataria. Las autorizaciones de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.
Admitido, en su caso, el recurso contencioso-administrativo se emplazará a la Administración a remitir el expediente administrativo por plazo de: Veinte días. Quince días. Cinco días. Diez días.
De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, es preceptiva la intervención de Procurador y Abogado para actuar en dicha jurisdicción:
a. En las actuaciones antes órganos unipersonales.
b. La respuesta a) es correcta, si bien los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
c. En las actuaciones ante órganos colegiados.
d. La respuesta c) es correcta, si bien podrán comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
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El órgano del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales: La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Las Salas de los Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Conforme al artículo 5.3. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para presentar una declaración responsable:
Deberá utilizarse siempre la vía telemática, tanto si el declarante es persona física como si es persona jurídica. Deberá acreditarse la representación, tanto si el declarante es persona física como si es persona jurídica. Nunca podrá presentarse en una oficina de asistencia en materia de registro.
Todas las respuestas anteriores son erróneas.
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En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento transcurrido: 1 mes.
6 meses.
2 meses. 3 meses.
De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, ¿qué trámites pueden acordarse en un solo acto? Aquellos que por su naturaleza no admitan un impulso sucesivo y sea obligado su cumplimiento simultáneo.
Aquellos que por su naturaleza admitan un impulso sucesivo y no sea obligado su cumplimiento simultáneo.
Aquellos que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
Aquellos que por su naturaleza no admitan un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento sucesivo.
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Conforme al artículo 32 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que: La lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
La lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo exclusivamente en los casos de fuerza mayor. Ninguna de las anteriores es correcta.
Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos que tengan contenido imposible: Son actos nulos de pleno derecho.
Son actos anulables
Constituye un supuesto de desviación de poder.
Son actos susceptibles de convalidación.
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Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo: Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. En ningún caso, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos. Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se publiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se efectuará un trámite de consulta pública para recabar la opinión de los sujetos potencialmente afectados. No obstante, se podrá prescindir de este trámite en el caso de que concurra alguna de las siguientes razones:
La elaboración de normas presupuestarias u organizativas.
En el caso de tramitación urgente de las iniciativas normativas.
Cuando no tenga impacto significativo en la actividad económica o no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios.
Todas son correctas.
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La aprobación de una Ley Orgánica exige: Mayoría absoluta de las Cortes Generales.
Mayoría de 3/5 del Congreso.
Mayoría absoluta del Congreso.
Mayoría de 2/3 del Congreso.
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Una diferencia entre los Decretos-Leyes y los Decretos legislativos es que: Sólo una de esas normas emana del Poder Ejecutivo.
Sólo una de esas normas tiene rango de ley.
Sólo una de esas normas es evaluada con posterioridad a su promulgación por parte del Poder Legislativo.
Ninguna es correcta.
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De conformidad por lo dispuesto en el "Decreto 58/2018, de 21 de mayo, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid", forma parte de la Administración de la Comunidad de Madrid: La Consejería de Transportes e Infraestructuras.
La Consejería de Políticas Sociales.
La Consejería de Educación e Investigación.
La Consejería de Cultura y Turismo.
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La constitución y disolución de sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos: Se autorizará por Acuerdo del Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, comunicado a la Asamblea de Madrid y publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Se autorizará por Acuerdo del Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, comunicado a la Asamblea de Madrid y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Se autorizará por la Asamblea de Madrid, a propuesta del Presidente del Gobierno, comunicado a la Asamblea de Madrid y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Se autorizará por la Asamblea de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, comunicado al Consejo de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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No constituye atribución de los Consejeros: El elaborar y proponer al Consejo de Gobierno el programa de actuación de su Consejería.
El decidir el nombramiento y ceses de Viceconsejeros y Directores Generales de la Consejería.
El formular el anteproyecto de presupuestos de su Consejería. El proponer al Consejo de Gobierno los Anteproyectos de Ley relativos a las cuestiones atribuidas a su Consejería.
En relación con la Asamblea de Madrid, señale la respuesta incorrecta: La Asamblea es elegida por cuatro años mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, atendiendo a criterios de representación proporcional. Los Diputados no estarán ligados por mandato imperativo alguno. Una ley de la Asamblea, regulará las elecciones, que serán convocadas por el Presidente de la Comunidad, de conformidad con los dispuesto en este Estatuto. La Asamblea estará compuesta por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 20.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos en este Estatuto.
Sobre el Título V De la Relación entre el Gobierno y las Cortes Generales, marque la incorrecta:
Trata sobre la disolución de las Cámaras. Trata de la responsabilidad del Gobierno ante el Congreso de los Diputados. Regula la moción de censura.
Crea la sustitución del Gobierno en casos excepcionales.
¿Qué trata el Título III de la Constitución?
Sobre la Monarquía y las funciones del Rey. Se listan los derechos y deberes fundamentales. El Poder legislativo de las Cortes Generales. Sobre el Presidente y los actos de Gobierno.
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¿Qué trata el Título Preliminar de la Constitución española?
Los derechos y deberes de la Corona. Los principios básicos que definen al Estado español y sienta los cimientos del mismo. Ninguna es correcta. Los Derechos Fundamentales más importantes.
1. ¿Qué trata el Título II de la Constitución española? Sistematiza el proceso de referendum. Sobre el poder legislativo de las Cortes. Regula la figura del Rey. Los derechos y deberes fundamentales.
Señale la respuesta incorrecta en relación con lo dispuesto en el Título VI Del Poder Judical de la CE:
Se establece el régimen jurídico de jueces y magistrados. Se señala al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del mismo. Se establecen las bases y principios del Poder Judicial en España.
Se regula la potestad legislativa del Poder Judicial.
En relación con el Título X de Reforma Constitucional, señale la opción correcta:
Instaura y regula la figura del Tribunal de Reformas.
Sienta el principio de subordinación a los poderes Estatales.
Regula las competencias, composición y nombramiento del Tribunal de Reformas como sumo modificador de la CE.
Establece los procedimientos para la reforma de la CE, así como los plazos, las mayorías y los órganos que participan en ella.
¿Qué trata el Título I de la Constitución española?
Las características de la Soberanía Nacional.
Se enumeran únicamente los derechos de los ciudadanos españoles.
Se reconocen y garantizan los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, así como la posibilidad de suspenderlos.
Sobre la Monarquía y el Estado Social de Derecho.
Señale la respuesta incorrecta de acuerdo en el Título VII De Economía y Hacienda de la CE:
Sienta el principio de legalidad tributaria. Delega poderes al presidente de las Cortes para que haga los Presupuestos del Estado.
Instaura y regula la figura del Tribunal de Cuentas.
Sienta el principio de subordinación de la riqueza al interés general.
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De conformidad con el Título IX de la CE, cuya rúbrica es Del Tribunal Constitucional, indique la opción correcta:
Instaura y regula la figura del Tribunal de Leyes.
Sienta el principio de subordinación a los poderes Estatales.
Sienta el principio de "legalidad suprema".
Regula las competencias, composición y nombramiento del Tribunal Constitucional como sumo intérprete de la CE.
¿Qué regula el Título IV de la Constitución española? El ejercicio del Poder Ejecutivo por parte del Gobierno.
Los derechos y deberes fundamentales.
Regula la figura del Rey y su potestad legislativa.
De las Cámaras y las Cortes Generales.
¿Qué Título de la Constitución española corresponde a la Organización territorial del Estado?
Título VIII.
Título VII.
Título X.
Título IX.
De acuerdo con su Preámbulo, ¿quién ratifica la Constitución española?
El Rey.
El pueblo español.
El Gobierno.
Las Cortes Generales.
Indica cuál de los siguientes no es un rasgo que caracteriza a nuestra Constitución: Rupturista.
Ambigua.
Extensa.
Oral.
Marque cuál de las siguientes no es una de las características de la Constitución: Rupturista. Completa. Extensa. Ambigua.
Señale la respuesta correcta en relación a los valores superiores del ordenamiento jurídico de la CE:
Todas las respuestas son correctas. Son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Inspiran a todas las demás normas.
Establecen los ideales y objetivos principales que persigue el Estado.
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Atendiendo a la literalidad del artículo 10 de la CE, ¿cuál de estos derechos de las personas no se contienen como fundamento del orden político y la paz social?
Todas son correctas.
Dignidad de la persona.
El respeto a la democracia y a los derechos propios.
El libre desarrollo de la personalidad.
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