option
Mi Daypo

PEACH 18

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
PEACH 18

Descripción:
QUESTIONS

Autor:
MADALI
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
18/11/2022

Categoría:
Ocio

Número preguntas: 26
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
¿Cuál es el texto legal que establece, de forma detallada, el régimen jurídico de los derechos de los ciudadanos y de los interesados en el marco del procedimiento administrativo?: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas penales. Los menores de edad, para cualquier tipo de actuación. Los patrimonios independientes o autónomos, cuando un reglamento así lo declare. Las respuestas anteriores son incorrectas.
El Punto de Acceso General electrónico de la Administración: El Punto de Acceso General electrónico de la Administración se limita a ser un portal informativo de las actividades y noticias de la Administración. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. Da cumplimiento a la obligación de las Administraciones Públicas de ofrecer a los y las ciudadanas conexión de internet de banda ancha. Las respuestas anteriores son incorrectas.
La Carpeta Ciudadana: Deberá ser portada por aquella persona que acuda personalmente ante la Administración. Deberá ser alojada exclusivamente en el ordenador o teléfono personal del ciudadano o ciudadana que lo solicite. A través de ella cada persona podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones en el ámbito de la Administración Pública competente, así como obtener certificaciones administrativas. Las respuestas anteriores son incorrectas.
El derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas: Supone, como contraparte, una obligación general e incondicional de utilizar medios electrónicos, incluso por parte de las personas físicas. Supone que las personas físicas no podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. No existe tal derecho. Las respuestas anteriores son incorrectas.
Respecto al derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, elija la afirmación correcta: El artículo 3 de la Constitución española enumera las lenguas cooficiales. El artículo 3 de la Constitución española solo admite el castellano como lengua oficial. El artículo 3 de la Constitución española concreta el régimen de utilización de las lenguas cooficiales en las Administraciones Públicas. Las respuestas anteriores son incorrectas.
Respecto a la lengua, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco: Dispone que el euskera y el castellano son lenguas propias del Pueblo Vasco. Dispone que el euskera tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi. Dispone que sus habitantes tienen el derecho de usar y el deber de conocer ambas lenguas. Dispone que los órganos forales garantizarán el uso de ambas lenguas.
La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera: A - Reconoce a todos los y las ciudadanas el derecho a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Administración Pública en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. B - Señala que se adoptarán las medidas oportunas y se arbitrarán los medios necesarios para garantizar de forma inmediata el ejercicio del derecho señalado en la respuesta anterior. C - Las respuestas a) y b) son correctas. D - Las respuestas a) y b) son incorrectas.
El acceso de los y las ciudadanas a los archivos y registros administrativos: Se menciona en la Constitución. Se menciona en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Se encuentra recogido como un derecho en la Ley vasca de desarrollo ciudadano. Las respuestas anteriores son incorrectas.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece ciertos límites por razón de la materia al derecho de acceso a la información pública (art. 14): Sí, como, por ejemplo, la seguridad nacional. Sí, como, por ejemplo, todos los datos de carácter sensible. Sí, como, por ejemplo, las relaciones industriales. No, no existen tales límites.
A tenor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en caso de denegación del acceso a la información: La denegación solo se puede producir de forma expresa, nunca de forma presunta. Contra la denegación solo se podrán interponer los recursos administrativos ordinarios. No se puede producir tal denegación. Las respuestas anteriores son incorrectas.
El derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones: Pretende convertir la relación activa de los administrados frente a la Administración en una relación más estrecha, cerrada y servicial, es decir, en algo, en suma, más pasivo y menos clientelar. No se trata de uno de los derechos centrales de la relación con la Administración. Afecta a quienes representan (en el sentido real y no jurídico) a la Administración, ya que impone la obligación de proporcionar cierto trato hacia las personas que se aproximen a la Administración Pública. Las respuestas anteriores son correctas.
Para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la observancia de las obligaciones por parte del personal administrativo: No se hace nada especial. Se establecen canales de comunicación, de quejas y de sugerencias que permiten al ciudadano poner en conocimiento el incorrecto funcionamiento de la Administración, a fin de que las deficiencias sean corregidas. Se admite la utilización de la potestad disciplinaria y sancionadora de los empleados públicos ejercida directamente por los ciudadanos. Las respuestas anteriores son incorrectas.
La Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, ha previsto un régimen disciplinario que sanciona la ligera incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados como (artículo 85.c): Infracción muy leve. Infracción leve. Infracción grave. Infracción muy grave.
La Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca ha previsto un régimen disciplinario que sanciona la falta grave de consideración con los administrados como (artículo 84.b): Infracción muy leve. Infracción leve. Infracción grave. Infracción muy grave.
La Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca ha previsto un régimen disciplinario que sanciona toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social como (artículo 83. b): Infracción muy leve. Infracción leve. Infracción grave. Infracción muy grave.
El derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente: A - Contiene el derecho a exigir responsabilidades de la propia Administración Pública. B - Contiene el derecho a exigir responsabilidades de los funcionarios o empleados públicos. C - Las respuestas a) y b) son correctas. D - Las respuestas a) y b) son incorrectas.
El marco de la responsabilidad administrativa objetiva nos sitúa: En el régimen propio de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en los términos reconocidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el régimen propio de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en los términos reconocidos en la Ley de Contratos del Sector Público. En el régimen propio de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en los términos reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Las respuestas anteriores son incorrectas.
Desde el punto de vista o vertiente subjetiva, el marco normativo se prevé, con carácter principal: En la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En la Ley de Contratos del Sector Público. En el Estatuto Básico del Empleado Público. En la Ley de la Función Pública.
Cuando las autoridades y personal al servicio de la Administración causan daños y perjuicios a los ciudadanos y ciudadanas: A - El o la ciudadana exigirá directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones pertinentes por los daños y perjuicios causados. B - El o la ciudadana exige la responsabilidad sin tener la obligación de identificar al funcionario o agente público que haya causado el daño. C - Las respuestas a) y b) son correctas. D - Las respuestas a) y b) son incorrectas.
Si la Administración, tras analizar una reclamación planteada por los daños y perjuicios causados por sus agentes, la estimara ¿podrá exigir a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad?: Sí, podrá exigirla de oficio si se dan las circunstancias legales para ello. Sí, se trata de una acción de regreso que ejercita contra las autoridades y demás personal a su servicio. Sí, las autoridades y demás personal a su servicio no están exonerados totalmente de responsabilidad. Las respuestas anteriores son correctas.
Si las autoridades, agentes o funcionarios causan daños por actividades delictivas: Es posible el inicio de una acción penal contra el mismo. No es posible el inicio de una acción penal contra el mismo, salvo que haya incurrido en negligencia grave. No es posible el inicio de una acción penal contra el mismo, salvo que haya dolo manifiesto. La acción penal que se dirija frente al agente público es independiente de la acción de responsabilidad administrativa que se dirija contra el o la ciudadana por los mismos hechos.
El Documento Nacional de Identidad electrónico: Se ha suprimido. Es un tipo particular de certificado electrónico que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular, en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Es un documento que incrementa la seguridad cibernética e impide la firma electrónica de documentos por menores de edad. Incorpora una firma manuscrita que se transmite automáticamente cuando se acerca dicho Documento Nacional de Identidad electrónico a ciertos lectores.
La correcta interpretación del derecho a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas: Conlleva hacer una remisión a la legislación de consumo. Conlleva hacer una remisión prácticamente en bloque a la normativa en materia de protección de datos constituida fundamentalmente por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Resultan de inevitable aplicación las disposiciones establecidas en la Declaración de Helsinki de 1964. La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales no es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española.
En cuanto a la cuestión del derecho a la protección de datos de carácter personal: Es evidente que, en el funcionamiento ordinario de la Administración, esta trata datos de carácter personal. Este derecho a la protección de los datos personales resulta oponible o puede hacer valerse frente a la Administración Pública. La actividad administrativa está sometida y debe desarrollarse en el marco del respeto a los derechos fundamentales entre los que se incluye el derecho a la protección de datos. Las respuestas anteriores son correctas.
En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se establece la lista de los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas: Se cierra dicha lista con la referencia a que existirán cualesquiera otros derechos que se les reconozcan por la Constitución y las leyes (así, las leyes de carácter sectorial). Dicha lista no admite más derechos que los reconocidos por la propia Ley 39/2015. Dicha lista se cierra con una cláusula derogatoria y una cláusula transitoria. Se cierra dicha lista con una remisión expresa y literal al Derecho de la Unión Europea.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor